Desayuno de Paz No. 20 de 2016

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) – Campus Cajicá

Conversación con Andrei Gómez (ReD)

17 de junio

Bogotá

 

El moderador resalta la importancia de desarrollar reflexiones académicas para construir paz e identificar los elementos de un proceso de paz en Colombia, así como la importancia de los procesos de reinserción en la vida civil. Afirma que estos espacios de reflexión contribuyen y dan elementos para comprender de manera más amplia el proceso de paz.

Los asistentes agradecen a Andrei Gómez Suárez por extender los desayunos de Rodeemos el Diálogo (ReD) a la UNMG, y los miembros de ReD a su vez agradecen a la UMNG por la invitación. Se presenta a ReD como un grupo transnacional de la sociedad civil que inició en Londres y que se rige por los siguientes principios: Respeto, Solidaridad, Generosidad y Honestidad. Apoya una salida negociada al conflicto armado y promueve una cultura de diálogo. Realiza diversas actividades y eventos en apoyo a la construcción de paz.

 

¿Pos-acuerdo o Posconflicto?

¿Qué diferencia hay entre pos-acuerdo y posconflicto? La palabra posconflicto se ha usado a lo largo de la historia de los estudios de paz para marcar un punto de inflexión de una sociedad que ha vivido en guerra; es decir, la situación posterior a un acuerdo de paz. No significa el fin de todos los conflictos, pues persisten conflictos económicos, sociales y políticos. En Colombia, la firma del acuerdo significa el fin del conflicto armado; evidentemente persistirán y se desarrollarán nuevos conflictos, propios de todas las sociedades.

Los asistentes sostienen que hay que darle oportunidades al país. Se requiere igualdad social. Uno de los grandes problemas es la corrupción, que produce desigualdad y violencia. En las regiones abandonadas, la ausencia del Estado permite la entrada y consolidación de actores armados. La firma de la paz afecta a ciertos empresarios que han suministrado recursos para la guerra y deberán cambiar su forma de pensar.

Es necesario reinventarse. Las fuerzas militares van a cumplir una actividad fundamental, para la cual están altamente capacitadas. Tiene que cambiar la idea del “enemigo interno.” Ellas han reconocido que en la arena internacional hay nuevos retos, por ejemplo, las misiones de paz con la OTAN y la ONU.

Con referencia a la necesidad de que la fuerza pública se reinvente, se menciona que la expresión de “reinventar la fuerza pública” tiene que usarse con cuidado: no se puede ver la intervención de las fuerzas armadas en misiones de paz como una función exclusiva, porque no se puede “mercenarizar” a las fuerzas armadas. Las fuerzas militares no van a reconstruir el país, no están facultadas para ello ni es su función. Por otra parte, el número de efectivos tiene que reducirse de manera paulatina, no dedicándolos a otros roles, sino disminuyendo su número paulatinamente.

No obstante, Andrei hace referencia a las peacekeeping operations como una forma de profesionalización del ejército y protección frente a actos terroristas. En clave de la primera fase del posconflicto, las fuerzas armadas son fundamentales, en lo que se llama “victorias tempranas;” por ejemplo, ayudar en la reconstrucción de infraestructura básica. La reducción de la fuerza pública es un proceso paulatino, que se desarrollará en la medida en que la seguridad se consolide en los territorios.

 

La sociedad civil en el pos-acuerdo

El reto profundo es transformar la cultura política y que la sociedad civil también reconozca la necesidad de reinventarse.

Algunos de los asistentes, profesores de la Facultad de Ingeniería, resaltan el papel de los ingenieros en el pos-acuerdo. Su rol es fundamental: generar posibilidades de empleo para los desmovilizados y las víctimas. Desde la ingeniería ambiental, se lee el impacto socio-ambiental del conflicto en ordenamiento territorial, migración y actividades extractivas. Se entiende que el pos-acuerdo va a generar problemas socio-ambientales en las regiones, derivados de estas dinámicas.

 

Reconocimiento de Responsabilidades: Estado y FARC

En julio de 2013, durante el lanzamiento del informe ¡Basta Ya!, el Presidente Juan Manuel Santos, admitió que agentes del Estado habían sido responsables –por acción u omisión– de graves violaciones a los derechos humanos, gesto que ningún otro Presidente había hecho, y lo hizo ante la comunidad internacional. En diciembre del mismo año, el Presidente Santos pidió perdón en nombre del Estado colombiano a la comunidad de paz de San José de Apartadó por la estigmatización realizada por el presidente Uribe en su contra en 2005 como auspiciadora de la guerrilla. Esta comunidad es reconocida internacionalmente por su neutralidad.

El 17 de diciembre de 2015, el comandante de las FARC-EP, Pastor Alape pidió perdón a la comunidad de Bojayá. Según el periodista Paco Gómez, el acto de perdón de las FARC fue honesto y las víctimas se sintieron reparadas. El acto concluyó con el acuerdo de medidas de reparación a la comunidad.

Estos actos de ambas partes son ejemplos de lo que necesita este país para sanar sus heridas. Andrei manifiesta que en años anteriores el problema de la verdad se ha abordado de manera contradictoria por parte del Estado; se han creado comisiones que han producido informes y recomendaciones sobre las causas de la violencia y la construcción de paz desde hace varias décadas, informes desconocidos por gran parte de la sociedad colombiana. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido el esfuerzo institucional más ambicioso del Estado colombiano, con un mandato de Ley que opera hasta el 2021. Ha logrado desarrollar informes que han contribuido a la dignificación de las víctimas.

En sociedades transicionales se suelen establecer comisiones de la verdad. Este mecanismo se ha usado en Sudáfrica -el caso más reconocido- en Perú y en otros países. En Colombia, las partes han acordado conformar una comisión con once miembros, tres de ellos internacionales, con una altura moral y ética intachable, que informe final sobre el impacto de la violencia. La Comisión es extrajudicial y quienes acuden a ella lo harán voluntariamente. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) establece un tribunal en el que se establecerán penas alternativas, algunas restrictivas de la libertad pero sin cárcel, que serán de entre 5 y 8 años para quienes admitan su responsabilidad; para quienes no la admitan, habrá privación de la libertad en cárceles ordinarias por veinte años. Se busca con estos mecanismos no repetir los errores del pasado, asociados con la cultura de impunidad.

 

Antídoto contra la polarización

La polarización, también tiene que ver con los ciudadanos que la reproducen, no sólo con los líderes que la promueven; debemos entender que el momento coyuntural que vivimos va más allá de dos apellidos o partidos. Se trata de la construcción de paz en Colombia. En Colombia urge un proceso de transformación de la cultura política que promueva el debate sobre políticas públicas y no sobre el personalismo característico del caudillismo.

Parte del antídoto contra la polarización también pasa por cuestionar los medios de comunicación. En Colombia algunos de los medios están en función del negocio y no de informar. Su posición está sesgada por los gremios que los controlan. Se requieren medios independientes, que respondan a la necesidad de los ciudadanos de estar informados. Por ahora una alternativa es acudir a medios de comunicación alternativos, como La Silla Vacía o Pacifista.

Lo logrado no es poco. Hay que usar el capital de la guerra para la paz, en función de statebuilding. El acuerdo de La Habana es valioso porque pide a Naciones Unidas la creación de un organismo de verificación del proceso de dejación de armas. Se ha creado un Comité Técnico para definir un protocolo de desmovilización de niños menores de 15 años. Las FARC se han comprometido a entregar rutas e información sobre la dinámica del narcotráfico; además el Gobierno se ha comprometido a crear una política criminal para desmantelar la actividad ilegal que alimenta la espiral de violencia política.

¿Cuál es el papel de la Academia en este escenario? La academia tiene que informarse e informar sobre los procedimientos en la construcción de los acuerdos y sus contenidos. A través de RedUnipaz, por ejemplo, debería promover un día de inducción de los estudiantes sobre el proceso de paz.

En cuanto a la refrendación y los mecanismos del plebiscito y el referendo, Andrei explica que aunque los acuerdos de paz en el pasado no se han refrendado, el Gobierno y las FARC acordaron refrendar los actuales acuerdos. Esta es una oportunidad para desmontar la lógica de guerra, que no es un estado natural. Irlanda del Norte y Sudáfrica nos enseñan que si es posible.

¿Qué sucede si en la refrendación gana el no? Cuando se ha logrado que la guerrilla se someta a un tribunal – algo que ninguna guerrilla ha hecho antes – y la sociedad internacional apoya el acuerdo. En esa medida, debemos reconocer que el proceso de paz no pertenece a los colombianos, pertenece al mundo.

Si votamos que sí ¿se acabó la tarea? No, queda mucho por hacer. No será fácil implementar los acuerdos, se requieren más profesionales comprometidos con esa implementación más allá de sus intereses personales individuales.

Para dar cierre al desayuno se resalta la frase: “Colombia es un país de contrastes”: algunos apoyan el proceso, otros no; el Gobierno y las FARC se ponen de acuerdo, los ciudadanos no. Se invita a construir un acuerdo sobre la construcción de paz como docentes, a buscar que nuestros hijos y nuestros nietos vivan lo que no hemos vivido nosotros: la paz. Un país democrático e incluyente. El papel de la academia es decirles a los estudiantes que ellos son parte de la construcción de paz en un país en conflicto.