“La UBPD es una oportunidad para que la sociedad recupere y ejerza sus derechos políticos”: Luz Marina Monzón
Desayuno de paz No.1
20 de enero de 2018
Luz Marina Monzón, elegida como directora de la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD), nos acompañó en el primer desayuno de 2018 de Rodeemos el diálogo. Luz Marina es abogada y se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, principalmente en el tema de desaparición forzada; fue postulada al cargo con apoyo de varias organizaciones de derechos humanos.
Con ella dialogamos sobre los retos que existen para llevar a cabo las labores de la Unidad, desde su constitución y posicionamiento, hasta la sensibilización sobre la importancia del tema para la construcción de paz.
Relevancia de la UBPD
La UBPD hace parte del Sistema integral para Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creado en el marco de los acuerdos de La Habana con el fin de realizar la búsqueda de las personas desaparecidas con ocasión y en razón del conflicto armado. Se creó por iniciativa de las víctimas debido a que los mecanismos existentes no habían dado respuesta a sus reclamos. Aunque desde hace 18 años existe la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada por la ley 589 del 2000, cuando se reconoció que había un delito que iba más allá del de secuestro, su mandato consiste solo en apoyar la búsqueda, la cual ha estado a cargo de otros organismos como la Fiscalía. La UBPD, por el contrario, tiene el mandato de buscar, encontrar, identificar y entregar a las personas. Tiene carácter extrajudicial (es decir, no determina ni juzga los responsables, ni aporta pruebas) y un enfoque humanitario.
La búsqueda de personas desaparecidas es un mecanismo cuya finalidad es contribuir a la verdad para que las familias de las víctimas de desaparición forzada logren aliviar su sufrimiento. Además del enfoque humanitario, que significa en esencia actuar desde las necesidades de las víctimas y proteger la confidencialidad, esta unidad tendrá un enfoque territorial, entendido más como una acción itinerante que como la presencia de una delegación en cada municipio, y de participación, lo que implica que tanto las víctimas como la comunidad harán parte activa de los procesos de búsqueda.
Además, complementará a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y contribuirá al proceso de definición de responsables, con documentación técnica para la construcción de casos, que estará a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este sentido, es muy importante la sincronía del funcionamiento del SIVRJRNR, y por tanto estos tres mecanismos deben funcionar de manera articulada para que se cumpla con el compromiso de justicia, reparación y no repetición.
Los retos de la UBPD
Esta unidad enfrenta muchos retos. En primer lugar, a pesar que el Comité de Escogencia ha elegido a Luz Marina como la directora en su cargo, ella no ha sido posesionada, razón por la cual aún no se ha definido el funcionamiento, ni asignado el presupuesto de la unidad.
En segundo lugar, se está a la espera de su constitución: hasta el momento la Corte Constitucional no ha declarado exequible el decreto presidencial que define sus funciones. Se espera que esto suceda pronto. Ya que este decreto, determina que la UBPD debe ser un órgano independiente, con autonomía presupuestal, que a pesar de pertenecer al sector justicia, no depende de este ministerio. Sin embargo, para su conformación deben intervenir: el Ministerio de Justicia, el Departamento de la Función Pública, del Ministerio de Hacienda que dictamina si hay recursos, y otras instituciones que contribuyen a determinar su carácter y alcance. El decreto además estipula que entre las condiciones para su funcionamiento están su carácter extrajudicial y la garantía de confidencialidad en el manejo de la información y de sus fuentes.
En tercer lugar, establecer un universo de víctimas en un contexto de cifras oficiales divergentes. Diversas instituciones y organizaciones como la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, Medicina Legal, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otras, establecen un rango de entre 20.000 y 60.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Es importante igualmente que se establezca una metodología clara de identificación de restos y de documentación de los casos para evitar el riesgo de una doble desaparición si no se tiene claridad sobre qué hacer una vez se hayan recuperado los cuerpos. Por esto enfatiza en que no se deben hacer inhumaciones indiscriminadas.
En cuarto lugar, es importante establecer el procedimiento para la protección de las zonas en donde se tienen indicios de que puede haber restos de personas. Finalmente, en quinto lugar, el enfoque humanitario debe incluir tanto el acompañamiento psicosocial en articulación con la Unidad de Víctimas, como el apoyo a los equipos de trabajo y su capacitación permanente.
El papel de la comunidad internacional
El papel de la comunidad internacional ha sido muy importante para el desarrollo de la UBPD. Su papel ha sido relevante en dos sentidos: 1) como acompañante en el proceso de constitución y puesta en marcha; 2) a través de los recursos de cooperación internacional que aportan a su funcionamiento, pues estos no están garantizados por el Estado colombiano.
Reflexiones finales: el papel de la sociedad civil
La sociedad civil tiene un papel muy importante. De ahí la pertinencia de sensibilizar e informar sobre el tema de la desaparición forzada. Deben generarse campañas de sensibilización para que las personas que desconocen el delito de desaparición forzada, o no han sido afectadas por él, sean informadas y así mismo sean garantes del cumplimiento de los acuerdos en esta materia.
La creación de la UBPD es una oportunidad para la sociedad recupere y ejerza sus derechos políticos y pueda realizar una veeduría activa, permanente, sistemática y estratégica de la implementación de los acuerdos. Sobre todo, de los mecanismos de reparación, pues son estos los que van a permitir que se pueda hablar de paz. Esta veeduría debe incluir un diálogo con los actores políticos postulados y los elegidos en los próximos comicios, quienes tienen la responsabilidad