Relatoría desayuno 13

Desayuno de Paz No. 13.

Invitado: Manuel Garzón, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Tema: Para-economía, desplazamiento forzado, responsabilidad empresarial y los retos para el posconflicto.

Mayo 9 de 2015

El desayuno inició con Manuel cantando un rap, ya que combina el arte con su actividad profesional y social; pasó luego a una  reseña sobre las comunidades afro-colombianas e indígenas que habitan las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, poblaciones de la región del Bajo Atrato, Urabá Chocoano.  En las formas tradicionales de producción de estas comunidades, afrodescendientes, indígenas, y campesinas hay una cosmovisión étnica de defensa del territorio. Ellos viven en tierras muy ricas y fértiles que desafortunadamente son lugares de  tránsito de grupos armados, tráfico de armas y de drogas ilegales.

Manuel habló de una ofensiva paramilitar en connivencia con el Ejército Nacional liderada por los hermanos Castaño que tenían su base en el Urabá, a mediados de los años noventa. Mencionó cómo la Operación Génesis (febrero de 1997) que tenía como propósito ostensible combatir a la subversión,  originó un éxodo masivo de  miles de habitantes de todo el Bajo Atrato. Este éxodo favoreció los intereses de los empresarios de la costa atlántica,  quienes se dedicaron al cultivo de palma africana y la ganadería extensiva, apoyados por el paramilitarismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por estos hechos y 16 empresarios de la palma africana han recibido sentencia condenatoria en un caso llevado por Manuel ante la justicia colombiana.

En el año 2000 el Incora les tituló las cuencas ribereñas, que les pertenecen por Constitución, bajo la condición de preservar los recursos ambientales; sin embargo, las comunidades no ejercieron su derecho a esa titulación colectiva debido a la presencia de los actores armados del conflicto. En el año 2002, mientras que el gobierno daba incentivos a la palma africana,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado adoptar medidas cautelares para proteger a estas comunidades a fin de que pudieran retornar al territorio, y proteger la vida e integridad personal de las comunidades constituidas por los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias del Curvaradó. No obstante,  la arremetida paramilitar continuó, con asesinatos, desapariciones, torturas y destrucción de casas y cultivos. Como una forma de mantenerse en el territorio y de proteger sus derechos, las comunidades crearon “Zonas humanitarias de refugio”,  espacios de vida en medio del conflicto armado, en donde no tienen cabida los actores armados, mecanismo de protección basado en el Derecho Internacional Humanitario. Lo anterior ha resultado en persecución y señalamiento de ser refugio de grupos armados.

En el año 2005 la Defensoría del pueblo expidió una Resolución defensorial en la que exigía la protección de las comunidades. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz instauró una demanda penal contra representantes de juntas directivas de empresas palmicultoras. En el año 2014 se condenó a 29 personas y se ordenó la restitución territorial. Sin embargo, las comunidades no han podido regresar por causa de la presencia de grupos paramilitares.

De otra parte, campesinos que han sido traídos de otras regiones por los paramilitares con el objeto de repoblar el territorio, han llegado a terrenos que ya tenían su dueño, razón por la cual han chocado con sus verdaderos propietarios, por la tenencia de la tierra. Para agravar la situación que viven las comunidades, los empresarios que continúan en el territorio no sólo cuentan con poder regional, sino que tienen a su servicio grupos armados que los cuidan y que adicionalmente, incursionan en terrenos de campesinos rompiendo las cercas, metiendo su ganado, y destruyendo los cultivos de pancoger.

Después de una conversación entre los participantes al desayuno, surgieron varias reflexiones y algunas conclusiones:

¿Cómo lograr que realmente se logre restituir los derechos a estas comunidades, si a pesar de que parece existir voluntad política, permanecen en el territorio quienes con el poder de la fuerza y las armas se siguen oponiendo?

Aunque exista voluntad del Estado, se cuestiona cómo se piensan los empresarios como ciudadanos, cuando buscan desarrollar su negocio a costa de las comunidades y su forma de vida.

Se esperaría que se llegue al momento de imponer una “sanción ética” de la ciudadanía, que deberá pasar por un conocimiento de la verdad.

Las conclusiones más importantes fueron:

1. A pesar del panorama desalentador, el optimismo es un ingrediente fundamental que salta a la vista al estar en contacto con las comunidades. En medio de las circunstancias, son felices y quieren seguir luchando.
2. El ejercicio de resistencia y sobrevivencia de las comunidades nos muestra que es importante cuestionar nuestras prácticas de consumo, hacernos conscientes de lo que compramos, y de quién está detrás de la producción y/o cultivo de estos productos.
3. En Colombia los defensores de Derechos Humanos enfrentan situaciones muy difíciles, su trabajo es más reconocido y admirado en el exterior que en círculos sociales en nuestras ciudades, más espacios de interacción en nuestras redes sociales deberían servir para visibilizar y reconocer su contribución a la construcción de paz en Colombia.

Finalmente el desayuno concluyó a ritmo de rap. Manuel a través de sus versos  reforzó el mensaje de la necesidad de cambio de estas realidades que algunos sienten y para muchos son indiferentes Y qué mejor inspiración que “mantener la alegría como trinchera.”