Desayuno de Paz No. 17 de 2015

Invitado: Oscar Gómez. Psicólogo.

Tema: el daño social en contextos de violencia; desafíos del posconflicto.

30 de mayo de 2015

La conversación con Oscar, quien durante varios años ha trabajado con víctimas de la violencia, se orientó inicialmente a conocer su motivación para dedicarse a este difícil  campo. Cuenta que desde pequeño observaba cómo el más fuerte se aprovecha del más débil y que también  lo marcó la enseñanza de sus mayores sobre la importancia de ayudar a quien está en condiciones de desventaja.

Al entrar por primera vez en contacto con huérfanos y viudas víctimas de la violencia en Urabá, mujeres que habían perdido a sus familiares en la guerra, sentía que no tenía cómo ayudar; sin embargo,  aprendió que el solo hecho de escuchar, de facilitar que las personas hablaran de su dolor, de sus emociones negativas, y contaran su historia, representaba una gran ayuda para las víctimas.

Escuchar y contar

Saber escuchar a las personas en estas circunstancias requiere una preparación de quien escucha; es necesario sobretodo que el psicólogo o terapeuta se conozca a sí mismo y entienda el contexto. Más que un profesional con estudios especializados, debe ser alguien que conozca y pueda comprender la situación. En Chile, en la época posterior a Pinochet, había psicólogos con buena formación, pero ajenos a la experiencia de las víctimas, que se vieron sin la capacidad para brindar el apoyo que aquellas requerían. En Colombia, en varias regiones se ha estado promoviendo la formación de terapeutas populares, que no necesariamente deben ser psicólogos, pero sí tener las herramientas necesarias para ayudar. Es muy importante el primer contacto de las víctimas sea con una persona dispuesta a dar apoyo. Por esto, concluye Oscar, la salud mental no es un dominio exclusivo de los psicólogos, sino que también depende del apoyo que brinde la misma comunidad.

Cuando hablamos de afectación de la salud mental pensamos en el trauma. Cuando se produce, puede aparecer la desesperanza. Los actos violentos generan horror y emociones negativas, tan fuertes que muchas veces no se pueden traducir en palabras. Además, en muchos casos los victimarios prohíben a las víctimas contar lo que vieron o lo que pasó. Controlan así el poder de contar, de dejar salir el miedo y el dolor, y esto aumenta el daño. Por ejemplo, en el Genocidio Nazi; los horrores fueron tales, que hasta que no se vieron las evidencias reales, a las víctimas no les creían que fuera cierto lo que contaban. En Colombia, hace unos años se hablaba de fosas comunes con cuerpos desmembrados y nadie imaginaba que realmente esto existiera, hasta que las empezaron a descubrir. Por tanto, el hecho de contar y expresar los sentimientos es liberador, y muchas personas sólo necesitan que se les facilite esta posibilidad.

El daño

Oscar define el daño psicosocial como el impacto negativo que se genera en la vida personal y emocional, y que en algunos casos puede llegar a generar trastornos psiquiátricos. Aunque algunas personas sí requieren atención especializada, la mayoría necesita sobretodo solidaridad.

Quien ocasiona el daño quiere generar una fractura en la persona, que a la vez afecta su red social, pues los seres humanos son parte de redes sociales. Esto se observa en la creación de la comuna 13 en Medellín,  donde las familias desplazadas llegaban y recibían la solidaridad de todos; cuando llegaron los paramilitares cortaron la comunicación entre los sectores, fracturaron estas redes, y los habitantes de la comuna empezaron  a desconfiar de los que no conocían. La violencia rompe relaciones, rompe comunicaciones.

Reflexiones y comentarios

¿Cómo lograr que las personas aprendan a expresar las emociones? Esta prohibición es muy generalizada en nuestra sociedad; no sólo en el contexto de la violencia política.

¿Cómo llegar a responder a las necesidades de la gente? Colombia es modelo para muchos países por las instituciones que ha creado para atención a víctimas, restitución de tierras; tenemos muchos profesionales preparados, pero sin una idea real de lo que las personas han vivido.

¿Existe una brecha entre la institucionalidad y lo que realmente reciben las víctimas? ¿Por qué es más difícil perdonar para quienes no han sido víctimas directas? ¿Qué tan necesarios son el perdón y la reparación para sanar? ¿Cómo recomponer la solidaridad? ¿Cómo se podrá reconstruir el tejido social, donde los  actores armados van a tener que volverse invisibles?

Oscar nos invita a comprender que estos son procesos de largo plazo. Dice que es propio de los colombianos querer encontrar las soluciones a todos los problemas. Necesitamos tener presente que cada individuo es una realidad, un mundo complejo. Cuando hablamos de las víctimas en general, los desplazados, los falsos positivos, tendemos a invisibilizarlos.

Hay que reconstruir la memoria. Y esto es especialmente una labor de las  mujeres. Hay instituciones trabajando en esto, como el Centro de Memoria Histórica, que  hace una gran labor. Pero es importante ver quién escucha a las víctimas; quién reconstruye las escenas; si realmente son las víctimas, u otros lo hacen por ellas.

Sobre la necesidad de perdonar, de ayudar a otros a cambiar la rabia o el odio  por otros sentimientos, nos dice que no tenemos por qué cambiar al otro: cada quién es dueño de sus emociones. El perdón es un acto individual; como un don. Es cuestión de construir y reconstruir relaciones.

Finalmente, llama la atención que la violencia nos ha quitado la capacidad de soñar y necesitamos recuperarla.

Desayuno de Paz No. 22  

Invitado: Alejandro Parra, miembro de la  Acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia (ACOOC).

4 de julio de 2015.

Alejandro, quien trabaja con la Secretaría de Integración Social del Distrito y colaboró con la organización Coalicon (Coalición contra la vinculación de niños al conflicto armado), se hizo objetor de conciencia siendo estudiante del INEM. Cuando le faltaba un año para presentarse al servicio, un amigo mayor que él, quien ya había tenido la experiencia, le insistió en que no fuera. Esto fue hace 12 años, cuando este derecho no estaba tan claramente sustentado en la Constitución. Sin embargo contó con el respaldo de organismos como la Fellowship of Reconciliation y logró resistirse a pesar de la presión del Ejército, el cual finalmente le propuso pagar una suma, que ante sus reiteradas negativas iba siendo cada vez menor. Se negó a entregar dinero para esta institución y propuso a cambio entregarlo a una obra social, pero no se le aceptó. Posteriormente fue demandado por “evasión de impuestos” pero allí tuvo el apoyo de la Comisión Colombiana de Juristas, hasta que los militares desistieron. Al final, en el año 2009 mediante la sentencia C-728 se reglamentó la objeción de conciencia, definida como: el derecho de la persona a rehusarse a cumplir una norma o una ley si ésta va en contra de su conciencia.

Mientras tanto, por no tener Libreta Militar, sólo en abril de este año, después de 5½ años de egresado Alejandro obtuvo su título profesional, luego de ganar una demanda para exigir el reconocimiento de ese derecho, sin el requisito de la libreta. Recientemente, dentro de la nueva Ley de Orden Público, se incluyó la eliminación de la Libreta Militar como condición para poder graduarse. Actualmente se sigue exigiendo para la vinculación laboral, sólo en el sector público. Además, mediante la sentencia T-455 del 2014, la Corte Constitucional estableció que el Ejército tiene la obligación de informar, además de las causas de exención y de aplazamiento del servicio, sobre el derecho a la objeción de conciencia. Esta divulgación  es también parte de la labor que cumple la ACOOC.

La militarización y el militarismo

Desde 1907, se estableció en Colombia la llamada “conscripción universal” que significaba que todos debían ir al servicio militar; sin embargo en la práctica, esta obligatoriedad les ha correspondido a los grupos socioeconómicos más bajos de la población: actualmente, el 98% de los reclutas pertenecen a los  estratos 1 y 2. Aunque el pago de la Libreta Militar no está contemplado en la ley, con tres millones de pesos se puede “comprar” este documento sin  tener que prestar el servicio militar obligatorio.

Este servicio, que dura 18 meses, en muchas regiones de Colombia se considera un honor, más que una obligación.  Al existir pocas oportunidades para los hombres jóvenes de niveles socioeconómicos bajos, el servicio militar y la posibilidad de hacer la carrera militar, es una alternativa  de empleo que da prestigio, con ciertas ventajas  como la jubilación temprana.

Se habló de dos conceptos clave: el militarismo y la militarización. El primero comunica, con valores y símbolos, que el uso de la fuerza es la principal manera de afrontar los conflictos del país. La militarización se refiere a los medios que se utilizan – efectivos, armamento, presupuesto, inversión – para fines bélicos. Colombia es un país a la vez militarista y militarizado. Tiene una larga tradición de guerras y durante muchos años ha priorizado los valores militares; además, tiene el segundo ejército más grande de nuestro continente (después de Brasil), con más militares per cápita que médicos o docentes. Colombia pasó de un Ejército con 148.000 miembros en el 2002 a 473.000 en 2015. Nuestro grado de militarización solo se compara con algunos de los llamados regímenes totalitarios como Corea del Norte, China, Rusia, y varios países africanos.

Se dijo La mentalidad militarizada genera violencia, especialmente contra civiles: en estos años hemos tenido un aumento significativo de agresiones contra las mujeres, desplazamientos, niños reclutados a la fuerza, etc. Las víctimas civiles son mucho más numerosas que las militares. Las cifras oficiales hablan de 4,3 millones de personas desplazadas, mientras que ACNUR y otras ONG cuentan 6,5 millones. A esto se suman 65.000 víctimas de desaparición forzada, y aproximadamente 17.000 secuestrados en los últimos 20 años, de los cuales 4.380 han muerto en cautiverio.

El aumento del militarismo tiene una relación directa con el incremento de la violencia, del número de desplazados, y con la inseguridad en las ciudades. En el año 2010 Cali y Medellín estuvieron entre las ciudades más violentas del mundo, ocupando el 5º  y el 9º  lugar respectivamente. Se planteó que es un error pretender que para garantizar la seguridad hay que aumentar el número de soldados: lo que hay que hacer es recortar los recursos para el negocio de las armas. El costo financiero de un mes de guerra, $600.000 millones, equivale al valor de 21.000 viviendas de interés social.

Las mujeres vs la militarización

Las mujeres, desde la antigüedad, han tenido un rol en contra de la mentalidad militarizada. Se mencionan la Antígona de Sófocles (“mi conciencia antes de la ley”) y Lisístrata de Aristófanes, de la época clásica, Bertha von Suttner en Europa- la primera mujer en recibir el Nobel de la Paz-(1905) y, en Colombia, la tolimense Carlota Rúa, apoyada por organizaciones religiosas. A partir de allí las mujeres vienen exigiendo la objeción de conciencia en muchos lugares. En 1991 se reconoció la objeción de conciencia en Colombia, al ser incluida en el Artículo 18 de la Constitución.

Las demandas a La Habana

En cuanto a las demandas a los negociadores en las actuales conversaciones de paz en La Habana, la ACOOC ha enviado una carta que plantea cuatro elementos “para una paz duradera”:

1. Desmilitarizar el presupuesto de la nación para invertir más recursos en temas sociales como la educación, el empleo y la salud.
2. Educar para la paz, promoviendo un cambio en la educación para formar a los jóvenes para la paz.
3. Tomar en cuenta la perspectiva de las mujeres en la construcción de paz – una perspectiva no guerrerista, no patriarcal. No se está dando la suficiente relevancia a la representación de la mujer  en La Habana.
4. Verdad y reparación: dar a conocer qué grupos, qué empresas, qué inversiones se vieron beneficiados por la guerra y se lucraron con ella. Reconocer la amplitud de los intereses detrás de la guerra.

Desayuno de Paz  No. 18  

Invitado: Christian Voelkel, analista International Crisis Group (ICG)

6 de junio de 2015

¿Puede ser el anuncio de la creación de la Comisión de la Verdad una coincidencia en momentos en que el proceso de paz parece estancarse por los ataques de las FARC, o es el resultado de un trabajo extenso? ¿Es la comisión de la verdad suficiente para llegar a los procesos de reconciliación a la que están llamados los colombianos? ¿Cómo lidiar con las verdades oficiales y con el esclarecimiento de los actos cometidos tanto por el Estado como por las FARC? Estos fueron algunos cuestionamientos que orientaron el desayuno de paz.

Se trató no solamente de discutir las implicaciones y retos de una Comisión de la Verdad en el post-conflicto, sino también de recoger lo que ha sucedido en el último año de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC.  El cese unilateral al fuego y el acuerdo de desminado orientaron en un primer momento la discusión y pusieron sobre la mesa la importancia de que las próximas medidas que se tomen sean de carácter bilateral. Por un lado, se reconoció la desconfianza que generó el fracaso del cese unilateral en la opinión pública y sus implicaciones humanitarias. Por otro lado, al retomar el acuerdo de desminado se identificó éste como un gesto de voluntad conjunta de las partes, que lastimosamente ha sido subvalorado por la sociedad colombiana.

Después llegamos al punto crucial: reconocer la importancia de la creación de la Comisión de la Verdad. Esta discusión generó diferentes posturas, desde lo semántico hasta los efectos sociales y políticos de crear una comisión de este corte. Se dijo que este primer acercamiento a la creación de una Comisión de la Verdad no debe ser visto como una coincidencia sino como el resultado de tensiones y presiones políticas dentro de la mesa de negociación. En ese sentido, también es relevante reconocer el trabajo que hay detrás, que se ha visto reflejado en la consulta de diferentes expertos del mundo que han trabajado en comisiones de la verdad.

Frente a las expectativas que esta Comisión de la Verdad puede generar, vale mencionar que ésta no puede ser vista como la respuesta a las exigencias de las dos partes;  si bien es cierto que el punto central son las víctimas, esta comisión no será suficiente para la reconciliación y para resolver problemas de carácter estructural que han aquejado al país desde el inicio del conflicto armado. No obstante, al evaluar el diseño de la comisión es importante resaltar sus puntos positivos. Uno de ellos, la orientación extrajudicial de esta comisión, significa que las declaraciones que allí se realicen no tendrán valor judicial, por lo que se espera que lo que allí sea manifestado  sea veraz. Este punto permitió responder algunos cuestionamientos sobre la trascendencia de la verdad colectiva, crucial para los procesos simbólicos de memoria histórica.

Sin embargo, esta comisión tiene vacíos que pueden hacer que la verdad que allí se construya entren en tensión con la justicia penal y con las garantías de no repetición. Este vacío condujo a una mirada retrospectiva hacía ejercicios anteriores como lo fue la de la Ley de Justicia y Paz del 2005. Se habló de la efectividad de una comisión que carece de obligatoriedad y que adicionalmente cuenta con un método interesante de escogencia de los comisionados. También surgieron preguntas sobre el tipo de victimas que hacen parte del diseño de la comisión. Se expresó el temor frente a un posible  proceso de justicia transicional donde son invisibilizadas unas víctimas y sólo se piensa en las victimas que están en La Habana.

Al concluir se resaltó la importancia de admitir que la comisión no puede reconocer una sola verdad, ya que hay diferentes actores en el conflicto y habrá diversas versiones del mismo. En esta construcción de la verdad, es importante pensar en capítulos regionales que puedan dar respuesta a hechos violentos locales. La comisión es aún maleable y aún está sujeta a cambios. Sin embargo, esto último no debe generarnos falsas expectativas, ya que esta comisión más que dar soluciones a las víctimas debe entenderse como un espacio de diálogo.

Desayuno de Paz No. 13.

Invitado: Manuel Garzón, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Tema: Para-economía, desplazamiento forzado, responsabilidad empresarial y los retos para el posconflicto.

Mayo 9 de 2015

El desayuno inició con Manuel cantando un rap, ya que combina el arte con su actividad profesional y social; pasó luego a una  reseña sobre las comunidades afro-colombianas e indígenas que habitan las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, poblaciones de la región del Bajo Atrato, Urabá Chocoano.  En las formas tradicionales de producción de estas comunidades, afrodescendientes, indígenas, y campesinas hay una cosmovisión étnica de defensa del territorio. Ellos viven en tierras muy ricas y fértiles que desafortunadamente son lugares de  tránsito de grupos armados, tráfico de armas y de drogas ilegales.

Manuel habló de una ofensiva paramilitar en connivencia con el Ejército Nacional liderada por los hermanos Castaño que tenían su base en el Urabá, a mediados de los años noventa. Mencionó cómo la Operación Génesis (febrero de 1997) que tenía como propósito ostensible combatir a la subversión,  originó un éxodo masivo de  miles de habitantes de todo el Bajo Atrato. Este éxodo favoreció los intereses de los empresarios de la costa atlántica,  quienes se dedicaron al cultivo de palma africana y la ganadería extensiva, apoyados por el paramilitarismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por estos hechos y 16 empresarios de la palma africana han recibido sentencia condenatoria en un caso llevado por Manuel ante la justicia colombiana.

En el año 2000 el Incora les tituló las cuencas ribereñas, que les pertenecen por Constitución, bajo la condición de preservar los recursos ambientales; sin embargo, las comunidades no ejercieron su derecho a esa titulación colectiva debido a la presencia de los actores armados del conflicto. En el año 2002, mientras que el gobierno daba incentivos a la palma africana,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado adoptar medidas cautelares para proteger a estas comunidades a fin de que pudieran retornar al territorio, y proteger la vida e integridad personal de las comunidades constituidas por los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias del Curvaradó. No obstante,  la arremetida paramilitar continuó, con asesinatos, desapariciones, torturas y destrucción de casas y cultivos. Como una forma de mantenerse en el territorio y de proteger sus derechos, las comunidades crearon “Zonas humanitarias de refugio”,  espacios de vida en medio del conflicto armado, en donde no tienen cabida los actores armados, mecanismo de protección basado en el Derecho Internacional Humanitario. Lo anterior ha resultado en persecución y señalamiento de ser refugio de grupos armados.

En el año 2005 la Defensoría del pueblo expidió una Resolución defensorial en la que exigía la protección de las comunidades. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz instauró una demanda penal contra representantes de juntas directivas de empresas palmicultoras. En el año 2014 se condenó a 29 personas y se ordenó la restitución territorial. Sin embargo, las comunidades no han podido regresar por causa de la presencia de grupos paramilitares.

De otra parte, campesinos que han sido traídos de otras regiones por los paramilitares con el objeto de repoblar el territorio, han llegado a terrenos que ya tenían su dueño, razón por la cual han chocado con sus verdaderos propietarios, por la tenencia de la tierra. Para agravar la situación que viven las comunidades, los empresarios que continúan en el territorio no sólo cuentan con poder regional, sino que tienen a su servicio grupos armados que los cuidan y que adicionalmente, incursionan en terrenos de campesinos rompiendo las cercas, metiendo su ganado, y destruyendo los cultivos de pancoger.

Después de una conversación entre los participantes al desayuno, surgieron varias reflexiones y algunas conclusiones:

¿Cómo lograr que realmente se logre restituir los derechos a estas comunidades, si a pesar de que parece existir voluntad política, permanecen en el territorio quienes con el poder de la fuerza y las armas se siguen oponiendo?

Aunque exista voluntad del Estado, se cuestiona cómo se piensan los empresarios como ciudadanos, cuando buscan desarrollar su negocio a costa de las comunidades y su forma de vida.

Se esperaría que se llegue al momento de imponer una “sanción ética” de la ciudadanía, que deberá pasar por un conocimiento de la verdad.

Las conclusiones más importantes fueron:

1. A pesar del panorama desalentador, el optimismo es un ingrediente fundamental que salta a la vista al estar en contacto con las comunidades. En medio de las circunstancias, son felices y quieren seguir luchando.
2. El ejercicio de resistencia y sobrevivencia de las comunidades nos muestra que es importante cuestionar nuestras prácticas de consumo, hacernos conscientes de lo que compramos, y de quién está detrás de la producción y/o cultivo de estos productos.
3. En Colombia los defensores de Derechos Humanos enfrentan situaciones muy difíciles, su trabajo es más reconocido y admirado en el exterior que en círculos sociales en nuestras ciudades, más espacios de interacción en nuestras redes sociales deberían servir para visibilizar y reconocer su contribución a la construcción de paz en Colombia.

Finalmente el desayuno concluyó a ritmo de rap. Manuel a través de sus versos  reforzó el mensaje de la necesidad de cambio de estas realidades que algunos sienten y para muchos son indiferentes Y qué mejor inspiración que “mantener la alegría como trinchera.”