Diálogos con organizaciones criminales de alto impacto

La OACP solicitó la libertad de 16 integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), con el objetivo de adelantar diálogos con representantes de estas estructuras criminales de alto impacto. Sin embargo, dicha solicitud fue negada por la Fiscalía, bajo el argumento que estos grupos son herederos de estructuras paramilitares sin carácter político, y sólo podrían adelantarse acercamientos y conversaciones con el fin de que se sometan a la justicia y sean desmanteladas. La Fiscalía arguyó que, sin marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no podía levantar la orden de captura. La Fiscalía aclaró que la Ley 2272 permite adelantar acercamientos con grupos criminales, pero – en ningún caso – permite darle a sus jefes beneficios equiparables a los de tratamiento político, ya que todavía no existe un “marco normativo que precise los términos del sometimiento de grupos armados organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, sin el cual no se podría tomar una decisión que no afecte los derechos de las víctimas. El Gobierno respetó la decisión tomada por la Fiscalía e invitó a avanzar en un diálogo directo y formal entre ambas partes, debido a que, según el ministro del Interior Alfonso Prada, la ley 2272 facultó al presidente de la República para “avanzar en el proceso de diálogos de paz con las organizaciones a las que se les reconoce estatus político y con conversaciones con estructuras de alto impacto, armadas y del crimen que se mueven en la economía ilegal con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento”. La OACP también reafirmó que “todas las actuaciones del gobierno se enmarcan en lo estipulado por la Ley 2272 de 2022”, sin dar más detalles de cómo procederá el gobierno frente a la Fiscalía. Ahora, el gobierno estudia varias alternativas, como insistir a la Fiscalía en la petición o trasladar la solicitud directamente a los jueces. El Presidente y el Fiscal aceptaron reunirse el 30 de enero de 2023 para dialogar sobre los alcances jurídicos de la Ley 2272 y para buscar destrabar la ejecución de la agenda de paz total del gobierno, después de que Petro admitiera que el Fiscal “tiene razón en algunos” de sus reparos.