Marco Jurídico

Luego de varios meses de discusión, el 29 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-525 de 2023, declaró en su mayoría exequible la Ley 2272 de 2022, que modificó la Ley 418 de 1997 (también conocida como Ley de Orden Público) y que sirve de marco jurídico para la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional. La Corte avaló la facultad del Ejecutivo para adelantar negociaciones de paz y diálogos sociojurídicos con grupos armados ilegales y estructuras criminales de alto impacto, pero estableció límites constitucionales a esa facultad. En particular, declaró inexequible la expresión “a juicio del Gobierno Nacional” contenida en el artículo 5 de la ley, por considerar que otorgaba una discrecionalidad excesiva al Ejecutivo. También declaró inconstitucional la posibilidad de que personas privadas de la libertad (es decir, encarceladas) fueran designadas como voceros o facilitadores de paz, por vulnerar el principio de legalidad y las competencias judiciales. La Corte señaló que decisiones como la suspensión de órdenes de captura, la designación de voceros de paz y los términos del eventual sometimiento a la justicia deben ser adoptadas conforme a la ley y con participación de las demás ramas del poder público, especialmente el Congreso y el poder judicial.