Voceros de Paz

El Presidente Gustavo Petro anunció que centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas sociales serán declarados gestores de paz en las próximas semanas, con el objetivo de liberarlos a tiempo para Navidad. El 9 de diciembre, se emitió el decreto que creó la comisión que estudiaría la liberación de algunos de los jóvenes capturados en el marco de las protestas del paro nacional. Esta comisión, que expidió su propio reglamento, lleva el nombre de “Comisión  Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana”, y la integraron el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, y el director del Departamento Administrativo de Presidencia. La comisión tiene entre sus funciones “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022

•  Cabe mencionar que la última palabra sobre cada uno de estos casos la tienen los jueces tras la elección que haga la Comisión. El 15 de diciembre, el gobierno confirmó que en el decreto también se incluirá a los policías judicializados por abusos durante el estallido social. El 16 de diciembre de 2022, el gobierno (amparado por la Ley 2272), designó a los primeros siete ‘Voceros de Paz’, “para acompañar la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total y, de esta forma, arrebatarles los jóvenes a la violencia.” [El 22 de diciembre, fueron liberados los dos primeros voceros de paz, a pesar de que la Procuraduría denunció irregularidades en el proceso jurídico que llevó a la liberación de estos dos voceros, y demandó a la jueza que les otorgó la libertad aduciendo que no tenía la competencia para hacerlo. Desde entonces, el gobierno ha hecho varios intentos por liberar voceros de paz, encontrándose reiteradamente con la negativa de los jueces de los casos bajo el argumento de que “el marco jurídico con el que el Gobierno Nacional solicitó las liberaciones no está del todo claro”, en otro obstáculo jurídico de la paz total.