Entender las disputas por la tierra y los recursos naturales como base del conflicto colombiano es un paso fundamental tanto para reconocer la justicia ambiental como un componente del proceso de construcción de la paz, como para tomar medidas que garanticen la no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está adoptando un innovador enfoque racial, étnico y territorial para la inclusión del medio ambiente en el proceso de justicia transicional. Este enfoque reconoce la importancia de la relación establecida por las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas con sus territorios, e investiga la degradación de los recursos naturales locales como una violación de los derechos colectivos de las comunidades. Tres de los macrocasos actualmente abiertos investigan los daños causados al medio ambiente en el contexto del conflicto armado: los casos 002, 004 y 005. Además, la JEP ha establecido una "Comisión Territorial y Ambiental" para investigar los vínculos entre el conflicto y la degradación ambiental y al mismo tiempo promover una reflexión de enfoque territorial y ambiental en los diversos órganos de la JEP. 

A principios de septiembre de 2020, la Procuraduría General de la Nación presentó, ante el Congreso de la República el segundo informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz. Un capítulo aborda la reincorporación económica y social de los exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil. Este snapshot reflexiona sobre los avances, retos  y recomendaciones presentadas por la Procuraduría.