El gobierno colombiano debe considerar cuidadosamente las recomendaciones realizadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos

En la primera semana de marzo de 2020, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidos lanzó un reporte hecho por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y de las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, luego de su visita a Colombia en 2019 para investigar la situación actual de derechos humanos en este país. Este reporte ha sido fuertemente criticado por la administración Duque y sus aliados políticos. El reporte reconoce los diferentes compromisos hechos por el Estado colombiano para reducir las violaciones de derechos humanos, como el empeño de la Fiscalía General por reducir la impunidad de los asesinatos de los defensores de derechos humanos, y la firma por parte del gobierno del Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Sin embargo, el reporte recalca la situación crítica que actualmente están enfrentando los defensores de derechos humanos en Colombia. Estos continúan siendo blanco de amenazas de muerte y homicidios por parte de diferentes grupos armados, haciendo a Colombia el país más peligroso para ser un defensor de derechos humanos. El reporte sugiere un conjunto de reformas, incentivando al gobierno colombiano a implementar plenamente el Acuerdo de Paz de 2016 firmado con la antigua guerrilla FARC-EP, el cual, tomando como un todo interdependiente, plantea medidas sólidas para prevenir la recurrencia de futuros ciclos de violencia. No es aún tarde para esto, pero el tiempo se agota y, mientras tanto, los asesinatos de lideres sociales y defensores de derechos humanos continúan en aumento.

El gobierno colombiano reaccionó inmediatamente al reporte de las Naciones Unidas, socavándole en declaraciones públicas y sosteniendo que sus recomendaciones constituían un ataque a la soberanía del gobierno. Adicionalmente, durante una entrevista radial, Alicia Arango, Ministra del Interior, comparó el asesinato de defensores de derechos humanos a aquellos asesinatos producidos en medio de atracos por celulares, negando así el carácter político y premeditado de los primeros. Algunos aliados políticos del gobierno en el Congreso incluso sugirieron el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El 9 de marzo, para reducir las crecientes tensiones entre el gobierno colombiano y las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque se reunión en Nueva York con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, donde acordaron continuar con la cooperación con todas las agencias de las Naciones Unidas presentes en el territorio colombiano. El presiente Duque señaló públicamente que el gobierno colombiano no rechazaba la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y que, por el contrario, recientemente se le había renovado su mandato en Colombia.

Rodeemos el Diálogo reconoce el rol fundamental que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha jugado a lo largo de los años en la protección de los derechos humanos durante el conflicto armado y, más recientemente, durante la implementación del Acuerdo de Paz. Apoyamos su trabajo e invitamos al gobierno colombiano a considerar muy cuidadosamente sus recomendaciones para una implementación completa del Acuerdo de Paz. También instamos a la administración Duque a implementar políticas de protección de los defensores de derechos humanos, quienes permanecen en alto en riesgo en Colombia.