“La paz no es cuestión del gobierno ni de los actores armados, es cuestión de movilizarnos alrededor de la verdad y justicia”: Jomary Ortegón

Invitada: Jomary Ortegón, Vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Desayuno de paz No. 4 de 2018

17 de febrero

Casi nunca se habla de crímenes de estado. Sólo se habla de crìmenes de la guerrilla. Hay que rodear el diálogo para lograr la paz completa.

Jomary Ortegón es abogada constitucionalista y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Es una mujer comprometida en la defensa de las vìctimas de violaciones de los derechos humanos, principalmente por actores estatales. Durante muchos años ha representado a esta población ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Algunos de los casos más frecuentes que llegan a CAJAR tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y graves masacres. Estos crímenes deberían ser prioridad en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), pero hay gran incertidumbre después de las diferentes modificaciones que se le hizo a la JEP en la Corte Constitucional y el Congreso.

El CAJAR y el caso Manuel Cepeda Vargas

Uno de los casos icónicos del CAJAR ha sido la defensa de la familia del congresista Manuel Cepeda Vargas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Manuel Cepeda fue senador electo de la Unión Patriótica en 1994, cuando empezaba el gobierno de Ernesto Samper. Entonces ya habían ocurrido varios magnicidios, entre ellos los de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Cepeda se presentó a las oficinas del CAJAR y habló con su director Alirio Uribe, quien más adelante sería electo Representante a la Cámara. Cepeda le encomendó al CAJAR su defensa en caso de ser asesinado.

El caso se ha vuelto icónico por un número de razones. Su hijo, Iván Cepeda, ha sido clave en lograr que hubiera verdad en este caso. Se convirtió en Representante a la Cámara y luego en Senador, logrando llevar los casos de la Unión Patriótica de nuevo a la vida nacional. También Alirio Uribe fue congresista y desde su posición ha sido clave en la defensa de los Derechos Humanos. Por otro lado, este caso logró que la Corte Interamericana declarará responsabilidad del Estado sobre el genocidio de la Unión Patriótica y de esa manera fue un paso importante hacía reconocimiento de responsabilidad que hizo primero Germán Vargas Lleras como Ministro de Interior y luego el Presidente Juan Manuel Santos.

Consideraciones sobre la JEP

En muy difícil crear una justicia que le convenga a todas las posiciones de la guerra, en la cual, para citar un ejemplo, encontramos que tanta culpabilidad tiene un soldado de rango bajo al asesinar o herir a un combatiente si él simplemente estaba recibiendo órdenes de un superior. ¿Es más viable judicializar a estos jóvenes o judicializar a los superiores que dieron las órdenes? Cabe recalcar que este sistema no es sólo para el ejército nacional, JEP también es para los excombatientes de las FARC. Y debería incluir también a los terceros no armados que fueron parte determinante del conflicto.

Uno de los grandes riesgos es que las verdades y reparaciones queden incompletas, ya que terceros no armados que tuvieron influencia decisiva en la toma de decisiones no están obligados a comparecer ante la JEP, según la sentencia de la Corte Constitucional. Esto genera incertidumbre sobre si ellos participaran en la Comisión de Esclarecimeinto de la Verdad (CEV) y contribuiran con información a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Impunidad

El mayor temor expresado por Jomary es que la gente crea que esto llevará a la impunidad y que las víctimas no tendrán reparación simbólica ni verdad, a menos que hayan sido de las Farc. Además, existe el precedente del proceso de Justicia y Paz, en el que la verdad de los paramilitares fue parcial. Sin estos insumos es difícil el trabajo de la CEV en busca de la verdad completa del conflicto armado. También falta la desmovilización del ELN y su adhesión al Sistema Integral. De esta manera, quedan grandes vacíos en la implementación del punto de Víctimas y Justicia del Acuerdo de La Habana. Añade Jomary que se va a requerir una masiva movilización para lograr la restauración total de los derechos de las víctimas, en un país donde la impunidad tiende a ser la norma. Para eso es importante rescatar la pregunta con la cual se inició el desayuno: ¿Será el Sistema Integral suficiente para acabar con la cultura de impunidad en Colombia?

Jomary enfatiza que se va a requerir un movimiento social detrás de la verdad y la memoria histórica que haga que este Sistema realmente cierre el conflicto armado. Pero también es necesario que las víctimas de todos los lados del conflicto se sientan satisfechas con el proceso. La insatisfacción de las víctimas puede desatar en nuevas violencias.