Reincorporación- Snapshot 14

Julio 2021

Nuevo estallido social en 2021

El descontento social que ya en noviembre de 2019 había movilizado a varios sectores de la población en contra de las reformas laborales, pensionales y educativas propuestas por el gobierno de Iván Duque tuvo un nuevo detonante en 2021. El anuncio de una reforma tributaria en un contexto de creciente pobreza y desigualdad socioeconómica causadas por las medidas de contención del COVID-19 desató desde el pasado 28 de abril una nueva ola de protestas ciudadanas masivas en varias ciudades colombianas, en particular en Cali y Bogotá.

Distintas agrupaciones de estudiantes, trabajadores de la salud, asociaciones de mujeres, movimientos indígenas y afrocolombianos, víctimas del conflicto armado y firmantes del acuerdo de la paz han sumado sus voces en un gran paro nacional. Desde abril, las marchas se transformaron también en espacio de expresión de reivindicaciones en torno a temas como la corrupción, la violencia estatal y el incumplimiento a los acuerdos de paz, entre otras. 

Sin embargo, el excesivo uso de la fuerza policial y militar para contener a los manifestantes ha dejado heridos, muertes, casos de tortura y  arrestos arbitrarios, los cuales han sido documentados por varias ONG y denunciados frente a la CIDH en su visita a Colombia. Esta violencia ha agudizado la tensión en las calles, en particular en Cali, donde 44 manifestantes han sido asesinados por la policía anti motín ESMAD, la policía civil y civiles armados.

La participación de los firmantes del Acuerdo de Paz 

Como paso importante en el proceso de reincorporación a la vida política del país de los miembros de la antigua guerrilla FARC-EP está el ejercicio a hacer oposición y el derecho a la protesta pacífica. La participación de los firmantes de paz en el paro nacional es una muestra de la apertura democrática de espacios para la política, estipulados en el punto 2.2.2 (página 44) del acuerdo de paz.

En este contexto, algunos se han movilizado de forma colectiva por medio de su afiliación al Partido Comunes nacido del acuerdo de paz, otros como parte del colectivo de personas en proceso de reincorporación—como lo hicieron en octubre de 2020 dentro de la Peregrinación por la Vida y por la Paz — y otros de forma individual. 

Representantes de Comunes han expresado repetidamente su apoyo al paro nacional argumentando la necesidad de exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz, la reanudación de los diálogos con el ELN, y la investigación de los asesinatos de ex-combatientes ocurridos entre 2016 y hoy. Además, Comunes ha denunciado las formas escogidas por el gobierno nacional para negociar con el Comité Nacional de Paro y los otros sectores movilizados, y ha definido la actitud de la actual administración como una confirmación del “desinterés del gobierno, frente a los grandes problemas del país.” 

Ya sea de forma individual o colectiva, los firmantes de paz se han involucrado en espacios de participación ciudadana no-violenta, demostrando su compromiso con la acción política pacífica y su interés a contribuir a un proceso de diálogo democrático, puntos claves de su reincorporación política.

La estigmatización: un riesgo para la reincorporación política

A lo largo de los más de cuarenta días de paro, el gobierno nacional se ha negado a reconocer las razones políticas de los sectores sociales movilizados, y ha utilizado una retórica que condena la acción de los manifestantes como vandálica y violenta. Afirmando que grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN estarían detrás de las manifestaciones o habrían infiltrado las marchas, el gobierno ha justificado la intervención policial y militar en nombre de la necesidad de garantizar la seguridad del país. 

Estas acusaciones desconocen la voluntad de los firmantes de la paz de participar de manera no violenta en el debate democrático y agudizan las tensiones dejadas por el conflicto armado en la sociedad colombiana. Por otro lado, los seguimientos y amenazas en contra de los firmantes por haber asumido un rol activo en las manifestaciones generan nuevos hechos violentos en contra de esta población y ponen en riesgo su naciente proceso de reincorporación política y en general socava el camino hacia la reconciliación y la paz.

Rodeemos el Diálogo reconoce el compromiso de los firmantes de la paz de participar en política de forma no violenta dentro y fuera del contexto del reciente Paro Nacional y llama al gobierno nacional a entender la movilización de los firmantes como una importante etapa del proceso reincorporación política de la antigua guerrilla y de apertura democrática. Urgimos al gobierno y sus instituciones garantizar el derecho a la protesta pacífica y la seguridad de los firmantes de paz y de todos los colombianos que ejercen dicho derecho como elemento esencial de un proceso de reconciliación nacional y de construcción de paz.