Snapshot de Reincorporación No 13

Abril 2021

En nuestro último snapshot reflexionamos sobre el desarrollo e impacto de la Peregrinación por la Vida y por la Paz – una movilización masiva organizada por antiguos miembros de las FARC-EP actualmente en proceso de reincorporación – la cual tuvo lugar entre finales de octubre y principios de noviembre de 2020.

A la creciente inseguridad pública y económica – que ha causado la muerte a más de 250 personas en proceso de reincorporación o firmantes de la paz (como se autoreconocen los ex integrantes de esta guerrilla) – y su desplazamiento involuntario, se suma la falta de avances en la implementación de la Política Nacional de Reincorporación (Conpes 3931) y en general del marco normativo el cual incluye el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Estas y otras razones llevaron a más de 2000 firmantes de la paz a marchar desde varios territorios hacia la ciudad de Bogotá para entregar sus propuestas al presidente de la República. Este snapshot analiza dichas propuestas, así como los avances y desafíos. 

Propuestas para una Reincorporación Integral y Sostenible

Divididas en tres categorías – marco normativo para la reincorporación, garantías de seguridad y la activación del enfoque territorial – las propuestas fueron presentadas por los voceros de la movilización ante el Presidente Iván Duque, el Consejero para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila y el Director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) Andrés Stapper el 6 de noviembre de 2020.

En cuanto a la normatividad y política pública para la reincorporación, las demandas incluyen una mayor coordinación institucional con los entes a cargo de la implementación. Otra demanda importante es la definición de un marco normativo para implementar el Sistema Nacional de Reincorporación que articule la oferta institucional en los territorios donde se adelanta este proceso – territorios que no se limitan a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs) y que deben ser incluidos en el ordenamiento territorial.  Además, los autores de las propuestas exponen las limitaciones acerca de la normatividad de la ruta de reincorporación al ser una resolución interna de la ARN, la necesidad de asignación de presupuesto y el funcionamiento de instancias de participación descentralizadas como son los Consejos Territoriales de Reincorporación. 

Con respecto a la seguridad, la lista contiene propuestas relacionadas con la creación de mapas de riesgo que den prioridad a las zonas más violentas del país, seguros de vida para los firmantes de la paz, y la instalación de una mesa técnica para analizar y tomar medidas sobre el impacto de las violaciones a los derechos humanos que afecta a esta población. Dentro de los puntos pactados dentro del Acuerdo de Paz, están la creación de una estrategia nacional destinada a prevenir y combatir la estigmatización y el debido cumplimiento de los planes y programas de seguridad y protección para el ejercicio de la política en todo el país, pero en especial en los territorios más afectados por el conflicto. 

Finalmente, las propuestas sobre dinámicas territoriales de la reincorporación están relacionadas con temas de tierra y acceso equitativo a salud, vivienda, educación y otros derechos básicos. Dentro de esta sección, los autores de pliego resaltan que la reincorporación integral de todos los firmantes de la paz requiere reconocer sus derechos sin importar el lugar donde se encuentren, reducir las inequidades socio-económicas entre los firmantes de la paz que se encuentran dentro de los ETCRs y la mayoría de ellos quienes ha tenido que reubicarse en las Nuevas Áreas de Reincorporación por temas de  arraigo, falta de garantías de seguridad y necesidades básicas insatisfechas. Estas propuestas hacen un llamado a eliminar cualquier restricción legal o de otro tipo que pueda generar desigualdad en el acceso a bienes, servicios y derechos.

Avances y Desafíos

Reflejando muchas de las preocupaciones expuestas por los manifestantes en su pliego de propuestas, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en su último informe trimestral del año pasado advirtió sobre cinco aspectos que se deben priorizar para blindar el Acuerdo de Paz. Estos incluyen, proteger la vida de los firmantes de la paz, apoyar la productividad de esta población con tierras y asistencia técnica, aumentar la presencia del Estado en zonas afectadas por la violencia, maximizar la eficiencia de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y apoyar el trabajo del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición . Por su parte los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, si bien reconocen los avances en cuanto a participación política y justicia transicional (ver nuestro Snapshot 17 de JT), hacen un llamado a avanzar en asuntos pendientes y a tomar acciones para frenar la violencia en contra de firmantes de la paz y líderes sociales en Colombia. 

En medio de la actitud del partido de gobierno – que va desde la hostil oposición al Acuerdo por parte de algunos de sus miembros hasta la visión parcial y desarticulada de la reincorporación enmarcada dentro de la política oficial Paz con Legalidad del presidente Duque – el diálogo de noviembre 2020 entre los voceros de la Peregrinación por la Vida y por la Paz y el jefe de Estado ha sido un indudable avance político. 

Finalmente, el pasado 3 de febrero de 2021, el Consejero Emilio Archila anunció la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reincorporación. Según explicó Archila, el sistema tiene como meta para este año llegar a un compromiso con los diferentes actores del gobierno para garantizar acciones en favor de los componentes de la ruta de reincorporación, la cual incluye sostenibilidad económica, vivienda, familia, educación y salud. La idea es dejar planteados objetivos y tiempos de ejecución de las acciones que se deben desarrollar dentro de los 15 años establecidos para la reincorporación. Sin embargo, para los firmantes de la paz esta decisión no se tomó dentro del marco del Consejo Nacional de Reincorporación como lo establece el Conpes 3931, y tampoco se ha expedido un marco normativo vinculante. Estas deficiencias desconocen el carácter participativo y consensuado que debe tener la implementación.

Rodeemos el Diálogo celebra las expresiones del gobierno y la comunidad internacional de acompañar permanentemente a quienes dejaron las armas y mantienen su compromiso con el Acuerdo. Sin embargo, reiteramos nuestra preocupación por la seguridad y protección de todos los colombianos, pero en especial de los firmantes de la paz, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.