Reporte TERCER DESAYUNO DE PAZ
TERCER DESAYUNO DE PAZ
7 de febrero del 2015
Invitada: María Camila Moreno, Directora del ICTJ en Colombia
Tema: ¿Una Comisión de Verdad para Colombia?
El común denominador entre los asistentes fue el desconocimiento de las comisiones de la verdad (CV); se expresaron dudas respecto a su mandato, su función, la selección y el rol de sus miembros, su impacto en las víctimas, así como el papel del sector empresarial, de las comunicaciones, de la sociedad civil, entre otros.
Se esbozó en grandes rasgos el significado de la justicia transicional (JT) y de las CV en sociedades que han tenido que enfrentarse a un pasado de atrocidades, la sociedad decide encarar ese pasado para transformar la situación que la ha llevado a vivir violaciones a los DDHH y reconstruirse. Esto lleva agendas políticas de decisión y agendas sociales de transformación y reflexión. La justicia transicional comprende una serie de mecanismos para: (1) reconocer el pasado de violaciones a los DDHH (que los responsables rindan cuentas ante la sociedad y sus víctimas) y (2) reparar a las víctimas.
Entre estos mecanismos están: 1) La justicia penal, en que los responsables rinden cuentas ante la sociedad y las víctimas. La justicia penal sirve para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. 2) Mecanismos de verdad: la sociedad y las víctimas reclaman saber qué pasó, cómo y por qué. El mecanismo central es el de las comisiones de verdad, instancias oficiales que reconstruyen y explican lo que ha pasado para lograr una narrativa oficial (reconocida por la sociedad, pero que no es única ni absoluta), un meta-relato que permite tener un referente común de lo que pasó y por qué, para que la sociedad pueda seguir en el proceso de transformación. La CV no va a eliminar las otras historias y narrativas. Seguirán procesos de reconstrucción de memoria y otras versiones de la verdad desde las experiencias individuales de las víctimas. 3) La reparación y garantías de no repetición. De esto se desprenden agendas institucionales concretas, se producen nuevas constituciones o se reforman las existentes, se inician reformas de las fuerzas militares o del sector de seguridad, o se fortalecen las instituciones de defensa de los DDHH.
El éxito de una CV depende del grado de demanda social que exista por la verdad en ese momento en esa sociedad, así como de su legitimidad. Para generar confianza, la CV debe ser reconocida como seria y autónoma, y los comisionados moralmente probos y políticamente independientes, aunque al final el informe no llene todas las expectativas de la sociedad. Esta insatisfacción con el informe final puede generarse cuando el mandato de la CV ha sido muy amplio y las exigencias a la CV demasiado ambiciosas. Por tanto, el mandato debe ser realista y en concordancia con el respaldo que tenga la CV en la sociedad, con la demanda de verdad y con los recursos financieros, humanos y logísticos a su disposición.
En cuanto al mandato para una CV en Colombia, se requiere que identifique, entre otros, las responsabilidades políticas, individuales y colectivas, los patrones de violencia, la relación entre el estado y los paramilitares, la responsabilidad de las elites económicas y políticas del país, abordando las verdades negadas y que nunca han sido investigadas. El mandato puede centrarse en una explicación estructural y política de la violencia y contemplar escuchar a las víctimas y a los responsables. No obstante, esclarecer todos los hechos que afectaron a todas y cada una de las víctimas es imposible. Se deben contemplar los déficits de verdad que la CV no pueda resolver y cómo complementar el trabajo de la CV por medio de otros mecanismos de justicia transicional, tomando en cuenta que hay muchos sectores que se resisten a esclarecer la verdad.
La CV en Colombia será parte de un acuerdo político, por lo que el diseño saldrá de la negociación de paz entre el gobierno y las FARC. Es posible que el mandato se defina en La Habana, teniendo en cuenta las propuestas y demandas de la sociedad. Es probable que las partes deleguen en un tercero la conformación de la comisión. De acuerdo al Marco Jurídico para La Paz el Congreso de la República creará a través de una ley ordinaria la CV .
A la hora de seleccionar los comisionados, la CV no debe pretender representar a todos los sectores sociales ni grupos poblacionales; debe ser una comisión homogénea. El enfoque diferencial está incorporado en el mandato y no se garantiza por medio de la presencia de representantes de grupos sociales en la comisión. Todos los comisionados deben responder a criterios únicos y centrales: independencia, no tener agenda política ni antecedentes penales o de involucramiento con el conflicto armado, pero sí comprender el conflicto. Se propone que los comisionados sean nacionales y considerar una veeduría o asesoría internacional.
El periodo de funcionamiento de la CV debe extenderse entre 3 y 5 años, aprovechando la demanda de verdad y el interés de la sociedad que busca la transformación. La CV iniciaría su trabajo tras el acuerdo y después de la refrendación. No es posible poner en marcha una CV en medio de un conflicto. Se enfatiza que es poco realista pensar que la Comisión de la Verdad sea un instrumento de reconciliación; no obstante, sin verdad no hay reconciliación.
Los medios deberán informar y sensibilizar. Es importante promover una masa crítica para posicionar la CV y evidenciar la necesidad de verdad. También deben difundir los resultados y el informe final de la CV. Sin embargo, como reflexión final se planteó que esta labor no debe recaer sólo en los medios. Es necesario que la sociedad civil asuma una actitud proactiva y promueva discusiones pedagógicas para fortalecer la legitimidad de la comisión y garantizar la difusión del informe. Incluso, se sugirió que hoy cuando apenas está iniciando la discusión sobre una Comisión de la Verdad, la sociedad civil debe hacer propuestas para hacer de este ejercicio una oportunidad para la construcción de una ciudadanía activa.