El 29 de julio de 2021, Rodeemos el Diálogo y el Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester recibieron a Giovanni Álvarez para debatir los últimos avances en materia de justicia transicional en Colombia como parte de una serie de eventos sobre reconciliación. Este diálogo permitió determinar los principales desafíos, logros y esperanzas para el futuro.

Las protestas sociales a nivel nacional en Colombia comenzaron en abril de 2021 y siguen en curso, afectando negativamente el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  El aumento de la violencia en los centros urbanos ha desviado los recursos y la atención pública de las áreas prioritarias de la JEP y ha dado lugar a un mayor riesgo para las víctimas, los testigos y otras personas que participan en la JEP. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP elaboró un informe sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante las protestas de mayo de 2021, con conclusiones preocupantes sobre 13 casos de violencia sexual y el resurgimiento de grupos civiles armados en al menos 27 ciudades de Colombia.

No obstante, en los últimos meses se han producido dos acontecimientos importantes con respecto a la justicia transicional. En primer lugar, la secretaría de las FARC aceptó su responsabilidad en la imputación realizada por la JEP por secuestros como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En segundo lugar, hubo otra imputación histórica contra oficiales del ejército (incluyendo un general) que participaron en ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo, pero que hasta ahora han negado su responsabilidad, por lo que la UIA está recogiendo pruebas para iniciar un juicio adversarial en su contra. La UIA también ha establecido un Sistema Integral de Prevención y Protección para garantizar que los antiguos miembros de las FARC puedan cumplir sentencias no privativas de libertad en diversas regiones de Colombia con garantías de seguridad para proteger sus vidas. Esto es fundamental para el proceso de justicia transicional, en particular a la luz de acontecimientos como la serie de homicidios cometidos contra antiguos miembros de las FARC.

Teniendo en cuenta el trabajo de investigación de la JEP hasta la fecha, estamos seguros de que en estos momentos hay suficiente evidencia y voluntad para que la JEP abra un macrocaso sobre violencia sexual relacionada con el conflicto armado. Este será un paso importante, especialmente dada la prevalencia de violencia sexual en el país durante las recientes protestas.

A la luz de estos últimos avances, reconocemos el impacto de las protestas en Colombia en las actividades del Sistema de Justicia Transicional y esperamos que se investigue de manera efectiva tanto el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas armadas colombianas en este contexto, como la aparición de civiles armados organizados que atacan a los manifestantes. Apoyamos a la UIA en su mandato de salvaguardar la vida y la integridad de las víctimas, testigos y declarantes que comparezcan ante la JEP, y celebramos la creación del Sistema Integral de Prevención y Protección. Por último, subrayamos la gravedad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que la JEP está investigando. Hacer que todos los responsables rindan cuentas es una condición fundamental para la reconciliación y la paz duradera.