Desayuno de Paz No. 5 de 2017

Tema: Retos y realidades de la implementación del Acuerdo final

18 de febrero 

Ante la ausencia involuntaria de nuestro invitado, se desarrolló una amplia y nutrida conversación, enriquecida por los aportes calificados de tres de los asistentes.

La situación en las Zonas Veredales

Un participante que conoce especialmente bien la situación en el Guaviare y Cauca. Describió uno de los mayores retos para la implementación: la falta de preparación adecuada de las zonas veredales por parte del Estado y la incertidumbre que esa situación genera. Contó también que, según personas de la comunidad, algunos de los guerrilleros que estaban entrando a las zonas de concentración no eran los mismos que estaban ocupando el territorio antes del Acuerdo y son desconocidos por la gente. Lo anterior genera un clima de desconfianza.

Las disidencias en el seno de las FARC

Persiste la disidencia del Frente Primero de las FARC, que no quiere desarmarse. Sus miembros no ven un incentivo para hacerlo, ya que están acostumbrados a ser la autoridad en la región, a ejercer el control territorial y a financiarse fácilmente con el producto del comercio de coca. No confían en que el Estado cumpla sus compromisos.

Brasil está investigando las conexiones entre las pandillas brasileras (entre ellas PCC-Primer Comando Capital- la más grande del Brasil) y el comercio de la coca en el Guaviare colombiano, lo que constituye una amenaza transnacional. Se sabe que están buscando reclutar a los disidentes de la guerrilla.

Cómo llevar a la práctica el Acuerdo: los instrumentos jurídicos

Para otra participante, conocedora de este tema, el reto principal de la implementación está en que el Acuerdo de La Habana se traduzca en normas, en herramientas jurídicas concretas que se puedan cumplir.

Un elemento clave es la Ley de Amnistía. Aunque se aprobó hace dos meses, ha faltado la voluntad política para aplicarla. Para el caso de los guerrilleros que están en las zonas de concentración, debe darse primero la condición de que hayan dejado las armas; para los que están en la cárcel el requisito es suscribir un acta de compromiso de que no volverán a armarse. Sin embargo, los jueces no han sabido cómo implementar el acta de compromiso ni las otras medidas que contiene. Por eso es de especial relevancia el Decreto 277, expedido el viernes 17 de febrero, mediante el cual se reglamenta la Ley y es el primer instrumento susceptible de destrabar la amnistía.

Otro elemento fundamental del Acuerdo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La participante expresa el temor de que el Acto Legislativo que crea la JEP, e incluye también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no sea aprobada por el Congreso, ya que se atraviesa en el debate legislativo el inicio de la campaña para las elecciones de 2018, que influye poderosamente. Como si fuera poco, se introducen también las repercusiones del caso Odebrecht, que debilita aún más a un gobierno ya débil, distrae y le quita protagonismo al debate sobre la JEP. El tema del Acuerdo de paz se está desdibujando, pues hay otros intereses en juego.

A la vez, se destaca la alta calidad de las cinco personas nombradas en el Comité de Selección de los magistrados de la JEP y los comisionados de la CEV.

La violencia contra líderes sociales y la sociedad civil

Otro participante, conocedor de la situación de violencia en las regiones, describe el miedo generalizado entre los habitantes; apoyan el proceso de paz, aunque saben que su realidad no va a cambiar a corto plazo. Anota que se registra un aumento marcado en el número de víctimas de violencia contra los líderes sociales. La respuesta del gobierno es insistir en que no es un fenómeno sistemático, y señala más bien su confianza en el proceso de paz y en las FARC.  No hay matices en la postura del gobierno y es difícil entender sus declaraciones a este respecto. Pero es claro que grupos neo-paramilitares están copando los espacios que dejaron las FARC en las veredas. Hasta se han registrado amenazas a miembros de organizaciones internacionales.

Otros factores adversos

• La falta de apoyo de los medios a la implementación del Acuerdo.
• La falta de gobiernos locales fuertes, de liderazgos regionales. Colombia sigue siendo un país profundamente centralizado.
• La corrupción: uno de los mayores obstáculos para la paz.
• El mismo sistema que propició la guerra propicia la corrupción
• Valores que no promueven la paz y la reconciliación.

¿Qué hacer?

1. Es necesario que la sociedad civil intensifique su función de veeduría. Debemos reinventar el papel de la sociedad civil. Trabajar en equipo, delegar tareas, sumar a lo que hacen los otros y “jalar” hacia el mismo lado. Crear un balance entre autonomía y cooperación.
2. No perder de vista que la implementación del Acuerdo es un proceso largo, de mínimo 10 años, como lo ha dicho Sergio Jaramillo. Por tanto, es importante acompañar y fortalecer a las comunidades.
3. En un contexto tan complejo de transición es fácil perder la esperanza, pero para derrotar al pesimismo, es preciso ver los matices, lo positivo. Por ejemplo, la concentración y el desarme de las FARC; la transformación del ejército; la voluntad de cambio que han expresado las FARC y el gobierno.