Una de las tareas aplazadas desde 1991 en Colombia es la construcción del Estado social de derecho. Hacerlo es un mandato constitucional que no se ha podido cumplir a cabalidad. La hipótesis de los autores de este texto es que para cumplir dicho mandato es necesario que se amplíe, tanto la oferta de justicia que permite resolver los conflictos sin acudir a la violencia ni a los actores armados, como el mejoramiento de la coordinación entre las diferentes formas de administrar justicia que existen en el nivel local.