Snapshot 1

Marzo 18, 2023

La solución negociada al alzamiento armado de las FARC-EP pasó por al menos tres intentos y casi medio siglo de confrontaciones para lograr una mesa de negociación con las condiciones necesarias para lograr el Acuerdo Final para La Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en noviembre de 2016.

Sin embargo, este logro histórico se ha visto empañado tanto por el resultado negativo de la refrendación del acuerdo, como por el incumplimiento del Estado durante su implementación, lo cual demuestra la persistencia de factores económicos, sociales y políticos que prolongan la guerra y la desigualdad. En este contexto, una fracción pequeña de las FARC-EP decidió mantenerse en armas, a la cual se han sumado algunos excombatientes que sí firmaron el Acuerdo Final.

 Con el surgimiento de las disidencias de las FARC-EP se han reciclado ciclos de violencia, en la medida que estos actores han luchado por recuperar el control de los territorios históricos que ocupaban las FARC-EP. 

La llegada de Gustavo Petro al poder en agosto de 2022 y su propuesta de ‘Paz Total’ tuvo una respuesta positiva por parte de los grupos disidentes, reflejado en comunicados públicos. Además, durante el segundo semestre de 2022, se fue configurando una unidad de mando alrededor del autodenominado Estado Mayor Central (EMC).

 La Oficina del Alto Comisionado de Paz (OACP), en cabeza de Danilo Rueda, junto a la comunidad internacional y otros intermediarios, ha logrado acercamientos que ponen al país ad portas de iniciar negociaciones formales con el EMC. Todo inició con reuniones confidenciales que resultaron en un comunicado público el 17 de septiembre de 2022 por parte del EMC, manifestando su intención de dialogar con el gobierno en un espacio más formal.  

El 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro hizo público el Decreto 2656, con el cual ordenó la suspensión de operaciones militares y  declaró el inició de un cese al fuego bilateral entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. El decreto también creó un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación conformado por el gobierno nacional (Ministerio de Defensa, OACP, y la fuerza pública), el EMC, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia Católica, y un componente internacional conformado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA. El protocolo para avanzar en los acercamientos como propone el decreto, que cobija aproximadamente 3.200 personas alzadas en armas en 23 frentes, fue firmado por el EMC y el gobierno el 8 de febrero de 2023. 

Los intercambios entre Petro y el Fiscal General Francisco Barbosa desde finales de enero de 2023 han pavimentado el camino hacia una fase formal de conversaciones con el EMC, ofreciendo claridad a la opinión pública sobre aspectos jurídicos de los procedimientos propuestos para permitir el desescalamiento del conflicto armado mientras se desarrollan los diálogos de paz.  

La decisión del Fiscal Barbosa el 13 de marzo de 2023 de aprobar la solicitud del presidente Petro de suspender las órdenes de captura contra 19 integrantes del EMC, es fundamental para facilitar el acercamiento entre las partes. Esto permitirá adelantar una cumbre de dirigentes guerrilleros, lo cual implica su movilización a un punto de concentración con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la embajada de Noruega en Colombia. 

En este contexto, tanto Petro como el comisionado Rueda anunciaron el mismo 13 de marzo que la decisión del Fiscal abría la puerta para pronto iniciar un proceso de paz y que en los próximos días se daría a conocer los nombres de  los negociadores de ambas partes. 

Este conjunto de avances genera las condiciones necesarias para que, en la fase de negociación, las partes acuerden una agenda para desarrollar la fase pública de conversaciones, por lo que será clave retomar las lecciones aprendidas en experiencias previas. Estas incluyen la responsabilidad de las partes de aportar  verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la del Estado de garantizar sus vidas y proyectos de reincorporación a la vida civil. Igualmente, es fundamental que la comunidad internacional respalde este proceso, según lo acuerden las partes.

Desde Rodeemos el Diálogo valoramos los avances entre las partes y respaldamos la intención de iniciar un proceso de diálogo formal y público para suspender la violencia y superar las causas estructurales que la perpetúan. Esperamos que la Segunda Marquetalia, sus estructuras aliadas, y el gobierno puedan también concretar sus acercamientos en el inicio de una negociación que aborde las causas de la prevalencia del conflicto armado y el cumplimiento del Acuerdo Final de 2016.