Comunicados relacionados con la implementación del acuerdo

Víctimas en el exterior: ¿Qué papel juegan y jugarán en el proceso de paz?

/in , , /by

Víctimas en el exterior: ¿Qué papel juegan y jugarán en el proceso de paz?

Análisis de coyuntura

Juan Carlos Villamizar

Analista CODHES

Aunque parezca obvio en una comunidad impactada frontalmente por la guerra y que tuvo que abandonar el país para salvaguardar su vida, preguntarse por el estado de un proceso de paz,  vislumbrar un regreso a partir de la firma de un acuerdo no es un tema que esté en las prioridades e intereses. Para miles de personas residentes en el exterior la paz es tan distante como el exilio.

Los últimos acontecimientos relacionados con la negociación en La Habana y las conversaciones con el ELN dan cuenta de avances significativos hacia la irreversibilidad de la negociación. ¿Qué es la irreversibilidad? es un límite a partir del cual el proceso entra en un punto de no retorno. Luego de un cese al fuego unilateral decretado por parte de las FARC en diciembre de 2014 y la suspensión de bombardeos por parte del Gobierno en marzo de 2015 vino un escalamiento del conflicto a causa del ataque a un campamento del ejecito por parte de las Farc que dejó 11 soldados muertos en el Cauca el pasado mes de abril. Posterior a ello, se reanudaron los bombardeos y en uno de ellos murieron 26 guerrilleros, entre ellos dos que habían sido parte del equipo negociador y estaban haciendo pedagogía en las filas, situación que conllevo a la suspensión del cese unilateral de las Farc.

Tras la reanudación de los ataques de las FARC a la fuerza pública y a la  infraestructura  petrolera, la sociedad civil, pero sobre todo la comunidad internacional, jugaron un papel fundamental en solucionar la crisis que se estaba gestando en La Habana. Por primera vez, los delegados del Gobierno cubano y noruego hicieron público un comunicado de prensa en el que llamaban a las partes a desescalar la intensidad del conflicto. A primera vista resulta extraño que durante esas semanas de enfrentamientos, atentados y bombardeos la Mesa de Negociación no haya dejado de sesionar, sin embargo, no lo es. Las partes siguieron el guion establecido, el de negociar en medio de la guerra y no levantarse de la mesa independientemente de la intensidad de la confrontación, eso explica porque mientras el país vivía un recrudecimiento de la violencia las partes seguían cumpliendo con los ciclos de negociación.

Aun así los principios que rigen la mesa no son lineales y los efectos de la reanudación de la guerra a gran escala provocaron la desafección de gran parte de la sociedad colombiana y la presión internacional. Luego del comunicado público de los países facilitadores, Noruega y Cuba, además de diversas manifestaciones de la sociedad civil colombiana, las FARC volvieron a declarar un cese unilateral del fuego y el Presidente ordenó parar los bombardeos aéreos. El 12 de julio las partes acordaron “desescalar en Colombia y acelerar en La Habana”,  el Presidente de la República fijó un plazo de cuatro meses para evaluar los avances.

Al margen del ruido producido por la confrontación armada, la última fase de la negociación en La Habana ha dejado resultados tangibles de mucha relevancia. Comenzó el proceso de desminado en Antioquia, se acordó la creación de una futura Comisión de la Verdad y la comunidad internacional ha nombrado delegados para acompañar la recta final de la negociación, ese es el caso de Estados Unidos, Alemania, la ONU, Uruguay y previsiblemente el Vaticano. El debate de fondo tiene dos elementos que aún no terminan de encontrar su cauce, se trata de la elaboración de un mecanismo de justicia transicional que  logre un balance entre amnistías a delitos políticos y conexos y penas para los crímenes internacionales por una parte y la satisfacción de los derechos de las víctimas por la otra. Es entendible que sean dos temas muy sensibles para la sociedad colombiana, prueba de ello es la polarización que hay en las opiniones cuando se trata de establecer unos lineamientos básicos de aplicación de justicia para los involucrados en el conflicto, al tiempo para suscribir un acuerdo lo suficientemente amplio y reparador para las víctimas.

Un proceso para reparar y restituir derechos a las víctimas

Desde el primer momento el proceso de negociación se ha constituido en una oportunidad para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Las declaraciones de las partes en este sentido han recalcado la importancia central de clarificar responsabilidades, dignificar la memoria, restituir las tierras, resarcir el daño y garantizar la no repetición de los hechos. Las delegaciones del Gobierno y de las FARC hicieron una declaración conjunta presentando los 10 principios para discutir el quinto punto de agenda y reconociendo las victimas que ha dejado a su paso el accionar militar. No es un reconocimiento menor, incluso en los años más dramáticos de la confrontación y bajo pruebas fehacientes de los hechos los organismos de seguridad del Estado y la Insurgencia han sido reacios a dichos reconocimientos.

Una cosa es que la Mesa discuta sobre víctimas y otra muy distinta que garantice su participación. En ese mismo comunicado acordó delegar a la ONU, Universidad Nacional y Conferencia Episcopal de Colombia la realización de tres foros regionales y uno nacional de víctimas además de definir 5 delegaciones de 12 personas que representaran todas las violencias ligadas al conflicto armado colombiano.

El desarrollo de los foros y las audiencias con las delegaciones en La Habana dejaron en evidencia varios aspectos que sugieren una reflexión más detallada. Por una parte que la sociedad colombiana se encuentra muy polarizada y que el concepto de la paz en el imaginario colectivo no va ligado al ejercicio de la reconciliación, prueba de ello fueron los altercados en los foros nacionales entre víctimas de Estado y víctimas de las FARC. En el fondo de este rechazo mutuo se encuentra la falta de reciprocidad para reconocerse unos a otros en su condición de víctimas, justificar desde las perversas razones que se esgrimen para alentar la guerra los motivos que causaron un hecho victmizante (ej.: a ustedes los asesinaron por ser auxiliadores de la guerrilla, a aquel lo extorsionaron porque financiaba a los paramilitares etc.) y finalmente por actitudes orientadas desde intereses políticos. En el caso de las delegaciones se presentaron amenazas y hostigamientos a las víctimas que decidieron participar en el proceso y reunirse con los negociadores. En segundo lugar que las medidas tomadas hasta el momento por parte del Estado para asistir y resarcir el daño en las víctimas sigue siendo insuficiente. En tercer lugar quedó en evidencia la invisibilidad hasta último momento de las víctimas en el exterior. Sobre este punto volveremos más adelante, entre tanto lo que queda de manifiesto después de desarrollar varios ejercicios de participación como los anteriormente descritos queda claro que una tarea urgente es desmontar las actitudes y los lenguajes beligerantes que distorsionan el trabajo por la reconciliación y que esta tarea recaerá en la práctica sobre la sociedad civil organizada .

Existen muchas expectativas sobre los alcances del acuerdo sobre víctimas que surja de la mesa de negociación. Uno, porque tendrá el reto de recoger las propuestas realizadas en los foros, enviadas por los sectores sociales y por las personas que a título individual aportaron sus reflexiones a los negociadores. Dos, porque el acuerdo obligará seguramente a la reformulación de la Ley 1448 y ubicará los nuevos principios rectores sobre el proceso de reparación integral y reconocimiento de las víctimas. Tres, porque como lo han planteado diversos analistas, la amplitud en el reconocimiento de las reivindicaciones de las víctimas será en el fondo el reconocimiento de los problemas estructurales que han causado la confrontación y en consecuencia la piedra angular de otros puntos de la agenda, en particular incidirá en la subcomisión de fin del conflicto. Todo ello sin ignorar que los reconocimientos suscritos en ese acuerdo incidirán en el modelo de justicia transicional que acoja la Mesa como mecanismo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 Para qué negociar?

A priori un proceso de paz es una negociación entre dos partes sumidas en una confrontación armada para lograr acuerdos que pongan fin al uso de las armas, esto no significa y mucho menos garantiza la resolución del conflicto. Esta idea, sencilla pero muy relevante para mantener en su justa medida las expectativas frente a la paz, se va extendiendo poco a poco en la sociedad colombiana, que firmar un acuerdo no acabara con el conflicto ni las causas que lo generan. Entonces ¿para qué un proceso de paz? A parte de resultados tangibles y directos derivados de las conversaciones como el proceso de desminado iniciado en Antioquia o el compromiso de la insurgencia de no reclutar y desvincular a los menores de sus filas, la creación de la subcomisión de género para abordar el difícil tema de la violencia sexual ligada al conflicto y otros aspectos sustantivos, el proceso de paz genera un clima en el cual se desescala el escenario de confrontación y la sociedad civil tiene un margen para la participación. Un efecto concreto ha sido la decisión del Gobierno Nacional de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato que fueron durante los últimos 15 años un inamovible de la política antidrogas del Estado y que por otra parte era foco de múltiples denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas y campesinas de las zonas afectadas. Se trata si de resolver el conflicto armado, evidentemente, pero subyace el objetivo de restituir derechos y reparar individual y colectivamente a la sociedad colombiana.

Otro debate surgido a partir de ese “clima propicio” tuvo que ver con los colombianos y colombianas en el exterior. Hace un momento enunciábamos la invisibilidad de las víctimas en el exterior que hasta hace muy poco no contaban con ningún tipo de política que mitigara los efectos de un desplazamiento forzado transnacional. La ley 1448 no recoge específicamente el hecho y toda referencia sobre casi 400 mil personas, según cifras de ACNUR, se circunscribe a una mención. El informe emblemático del Centro Nacional de Memoria Histórica “Basta Ya” directamente omitió el relato del exilio y en la legislación colombiana no existe tipificación alguna sobre este hecho victimizante. En este contexto las posibilidades de participación en el proceso de paz eran escasas, sin embargo un movimiento organizado de víctimas en el exterior que se creó justamente para demandar voz propia en la discusión del quinto punto de agenda y el esfuerzo de las organizaciones acompañantes permitió que se abriera un espacio de participación en el proceso de paz. Las consecuencias han sido múltiples y muy variadas, aunque no es un tema con mucha fuerza en las discusiones de la Mesa, el tema está allí y eso en sí mismo representa un avance. El Centro Nacional de Memoria Histórica abrió una línea de investigación exclusiva que permitirá recoger los testimonios de las víctimas en el exterior. La Unidad de Víctimas y de Restitución de Tierras está implementando gradualmente medidas para ampliar la cobertura en el exterior.

Algunas de las más importantes organizaciones acompañantes y de víctimas se han unido en un esfuerzo por elaborar una política pública integral para las personas en condición de refugio constituyendo una Comisión especializada en temas de exilio y reconciliación.

Finalmente todos los debates promovidos a partir de esta coyuntura le han dado una dimensión regional al problema y en consecuencia se están vinculando organizaciones de otros países en las elaboraciones que ha emprendido dicha Comisión.

En el mes de abril la Comisión Primera de Senado y Cámara convocó al primer debate de control político sobre víctimas en el exterior. Es significativo que en un contexto tan difícil se haya promovido un debate de estas características. Es sin duda en medio de ese ambiente proclive de una negociación y la capacidad de las organizaciones por posicionar el tema la que generan esos resultados. El debate en el momento político y social que vive Colombia dejó algunos desarrollos a los que cabe hacer un seguimiento exhaustivo. Por una parte se creó una subcomisión de seguimiento de Senado y Cámara para víctimas en el exterior. Se fortaleció la iniciativa de la Unidad de Víctimas de crear una mesa interinstitucional para coordinar al interior del Estado las acciones en materia de connacionales (colombianos y colombianas residentes en el exterior). Supuso el primer paso para acelerar un debate muchas veces postergado sobre la participación de las personas refugiadas en la Mesa Nacional de Víctimas y en el Consejo Nacional de Paz. Todas estas iniciativas y avances surgidos en el marco de una negociación política del conflicto buscan mejorar las condiciones de vida de las personas que han tenido que abandonar el país a causa de la violencia, restituirles sus derechos perdidos o vulnerados y procurar la posibilidad de un retorno digno.

En próximas semanas el país espera conocer el acuerdo sobre el quinto punto de agenda sobre víctimas, varios de los supuestos aquí contemplados quedarán clarificados con ese documento. Se  está avanzando en mecanismos para la participación del exilio colombiano en la política pública de Reparación Integral y en escenarios de construcción de paz, además se espera un anuncio del inicio de conversaciones con el ELN que abrirá seguramente otros espacios de participación que redundan en el mismo esfuerzo de reparación y restitución de derechos.

Featured image

Comunicado ReD sobre el anuncio de desescalamiento

/in , , /by

Desde Rodeemos el Diálogo celebramos los recientes anuncios en relación con el cese al fuego unilateral de las FARC y el desescalamiento del conflicto por parte del Gobierno a partir del 20 de julio próximo. Creemos que las partes han tomado el pulso del país en cuanto a la necesidad de acelerar el proceso y llegar a acuerdos concretos sobre el fin del conflicto.

A pesar de que el desecalamiento está programado para empezar el 20 julio, hacemos un llamado a las partes para que sigan a partir de ahora la lógica de su propio acuerdo, buscando medidas inmediatas para reducir los impactos adversos humanitarios y sobre la infraestructura del país, que hacen daño a todos, y en particular a la población civil.

Resaltamos que el comunicado de La Habana del 12 de julio se refiere explícitamente a la necesidad de la construcción de confianza en la mesa de negociación y fuera de ella. En esta medida, aplaudimos la introducción de un mecanismo de verificación y saludamos la presencia de Uruguay (como presidente de turno de Unasur) y de Naciones Unidas en esta nueva etapa del proceso.

El Presidente Santos ha dejado claro – por primera vez en este proceso – que los diálogos llegarían a su fin en caso de una evaluación negativa de los avances. Conviene llamar la atención que este marco temporal nos lleva más allá de las elecciones de octubre, y así, en cierta medida, saca el proceso de paz del ejercicio electoral. Sin embargo, la imposición de tiempos y el componente subjetivo de la evaluación crea una presión adicional sobre el proceso, razón por la cual proponemos mantener una actitud flexible, paciente y generosa.

Confiamos en que el actual acuerdo permitirá que la negociación en materia de justicia transicional – crucial para las partes y para todos los colombianos – se lleve a cabo en un ambiente de mayor tranquilidad en la mesa y donde los enfrentamientos hayan bajado en cantidad e intensidad en los lugares conflictivos. Creemos que esto contribuirá enormemente a que se llegue más rápido a un acuerdo sobre este punto.

Finalmente, reiteramos nuestro llamado para que la sociedad civil, organizada y no organizada, se articule para rodear el diálogo. Creer en la buena fe de las partes para lograr un acuerdo final permitirá que todos nos unamos en la construcción de un diálogo amplio que haga realidad la paz en el país.

Lo bueno, lo revolucionario y lo invisible del acuerdo de drogas con las Farc

/in , /by

Tomado de La Silla Vacía, 18-05-2014.

El viernes por la tarde, el gobierno y las Farc anunciaron su tercer acuerdo conjunto en lo que va de las negociaciones en La Habana. Aunque todos los rivales del presidente Juan Manuel Santos –salvo Clara López– se centraron en el oportunismo del momento en el que éste se da justo antes de las elecciones del domingo, es un acuerdo que, de aplicarse, podría darle un vuelco total a la política antidrogas que tanto daño le ha hecho a Colombia. Esto es lo bueno, lo revolucionario y lo invisible.

Si se cumple este acuerdo, toda la política antidrogas de Colombia habría dado un vuelco y se pondría a la vanguardia de los cambios que han propuesto los expertos más reconocidos en el tema.

A nivel filosófico, el acuerdo incorpora un cambio de lenguaje y un enfoque más global. Dejaría la aproximación militarista que ha tenido el Estado frente a los cultivos ilícitos, cuyo fundamento es el Plan Colombia financiado por Estados Unidos.

Lo reemplazaría por la erradicación a partir de un proceso de planeación participativa con las comunidades involucradas, lo que permitiría una mayor integración social de los cocaleros.

La aspersión aérea es uno de los puntos en los que más les tocó ceder a las Farc, que también había propuesto inicialmente la legalización de los cultivos.

En el acuerdo quedó claro que la primera opción para acabar con los cultivos ilícitos será la erradicación voluntaria, luego la erradicación manual forzosa y, como última instancia, la fumigación. (Curiosamente la palabra ‘aspersión’ no aparece mencionada una sola vez en el comunicado conjunto).

Aunque ya quedó cerrado en la mesa de negociación, la guerrilla volvió a rechazarla categóricamente en un comunicado del sábado.

Dijo –posiblemente como un punto de honor- que se trataba de uno de dos “asuntos pendientes o salvedades que deberán ser abordadas o resueltsa, o antes de la firma del eventual acuerdo final, o dirimidos los disensos por el soberano en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente”.

El otro cambio de enfoque -en lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes- es que que se centra en atacar las amenazas criminales, más que en la reducción de la oferta (que no es mencionado ni una sola vez), que es la aproximación que ha habido hasta hoy y que ha tenido muy poco éxito.

Además, la desarticulación de las organizaciones criminales se plantea con un enfoque territorial, lo que en principio podría evitar que el espacio que dejen las Farc sea reemplazado por otras bandas delincuenciales o por los guerrilleros que se desmovilicen para asumir otras actividades ilegales como la minería criminal o el contrabando.

Es lo que uno de los mayores expertos en drogas del país denomina el ‘efecto globo’: “ya no son los cultivos pasando de un lado a otro, sino las organizaciones criminales pasando de una actividad a otra”, dice.

El nuevo acuerdo aborda el consumo con un enfoque de salud pública, en la misma línea a lo que ha venido proponiendo el Ministro de Salud Alejandro Gaviria pero diferente a la mirada represiva que tenían proyectos como el primero de seguridad ciudadana presentado por Germán Vargas Lleras cuando era Ministro del Interior.

“Retoman casi literalmente lo que hemos dicho en la Comisión Asesora del Gobierno sobre política de drogas”, dijo uno de sus miembros a La Silla. El enfoque es de salud pública, con una perspectiva de derechos humanos y basado en evidencia científica. Esto, si se aplica, involucrará un profundo cambio de mentalidad en la Policía.

Por último, las Farc se comprometen a dar información para ubicar y desmantelar las minas antipersonal que han sembrado alrededor de los cultivos ilicítos. Como ha contado La Silla, la necesidad de desminar es uno de los cuellos de botella para lograr una restitución masiva de tierras.

Si las Farc aportan información sobre esto, este proceso puede avanzar mucho más rápido pues el argumento con el que la fumigación ha ganado es que es muy difícil hacer una erradicación manual a gran escala mientras no se sepa dónde hay minas.  

Este acuerdo es revolucionario quizás por lo que le parece más obvio a todo el mundo, pero que no lo es: las Farc aceptaron por primera vez que no solo son los “representantes de los cocaleros” –que fue como se presentaron en la inauguración de los diálogos de paz en Noruega y en todas sus alocuciones después- sino que el narcotráfico ha financiado su operación más allá del gramaje, el ‘impuesto’ que le cobran a los cocaleros en sus zonas de influencia.

“El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”, dice el comunicado.

Aunque esa aceptación del vínculo con el narcotráfico es bastante más tímida de lo que lo ha presentado el gobierno, su compromiso con el esclarecimiento de este vínculo sí fue explícita.

“La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización  de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país”, dice la declaración.

Esta aceptación tendría grandes repercusiones para el fin del conflicto y para el negocio del narcotráfico, puesto que el narcotráfico ha sido el combustible central de esta guerra.

Hoy en día, las principales zonas cocaleras están en zonas de influencia de las Farc y éstas controlarían un 60 por ciento de estos cultivos, según un estudio que hicieron en 2011 los economistas Daniel Mejía Londoño y Daniel Mauricio Rico.

Esas zonas de mayor producción son el suroccidente del país (sobre todo Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá), el Guaviare, el cnetro del Chocó, el sur de Bolívar, noreste antioqueño y el Catatumbo, según el censo de cultivos ilícitos que hace cada año la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En todos ellos hay una presencia de las Farc y son frecuentes sus acciones guerrilleras.

Las Farc se han financiado tradicionalmente con la coca, pero también ayudan a regular la producción a través de cobrar el ‘gramaje’, definir el precio de compra y el monopolio de la compra de toda la producción. Por eso han sido un obstáculo para las labores de erradicación con campos minados, amenazas y asesinatos de erradicadores, por ejemplo.

A nivel estructural, el negocio del narcotráfico, por su caracter ilegal, ha necesitado de una organización ilegal como las Farc para su regulación. Con la desaparición de este protagonista, será más fácil dedicarse a combatir a las bandas criminales, que hoy en día controlan otros eslabones del negocio y que seguramente tratarán de ocupar los espacios que dejen las Farc.

Lo revolucionario de este acuerdo, es que el compromiso de las Farc de ayudar a esclarecer el vínculo entre el narcotráfico y el conflicto podría arrojar información valiosa sobre rutas, sobre lavadores de activos (algunos de ellos elegantemente camuflados en la alta sociedad), sobre las alianzas con la Fuerza Pública, los empresarios y los políticos que son cómplices de los ilegales.

Identificar esos ‘enlaces grises’ de los que habla el investigador Luis Jorge Garay podría ayudar a desarticular de manera más estructural y definitiva el negocio.

La idea de que la sustitución de cultivos se hará mediante un proceso de planeación participativa –en la línea de lo explicado por Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado de Paz, en su reciente conferencia en Harvard– podría evitar que las bandas criminales o los guerrilleros que no se desmovilicen ocupen el territorio y las actividades que hoy monopolizan las Farc.

Es una forma de crear Estado e institucionalidad desde abajo. Y una aproximación a la consolidación muy diferente a la que ha existido hasta ahora, jalonada por los militares (así sea disfrazados de payasos) y con una mentalidad esencialmente contrainsurgente.

Esta transformación en la forma de abordar los cultivos ilícitos podría ayudar a mejorar en el mediano plazo la relación entre las comunidades de las zonas más remotas del país y la Fuerza Pública pues ya no se les tratará de entrada como criminales.

Este acuerdo es totalmente concordante con los dos anteriores logrados entre Gobierno y Farc. Los refuerza. Lo que no es explícito en este acuerdo, es que la erradicación de los cultivos ilícitos será una oportunidad más para que los guerrilleros desmovilizados puedan fortalecerse como alternativa política en las zonas de influencia y para que desde el primer día incidan en el rumbo de estas regiones.

“Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e  implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales”, dice el Acuerdo.

Estas asambleas comunitarias -como las circunscripciones especiales de paz, creadas en el segundo acuerdo– forman parte de una nueva institucionalidad de base que se está comenzando a gestar desde La Habana.

Organizaciones como la Cumbre Agraria, recientemente integrada por trece organizaciones campesinas y con la participación de muchas de las comunidades de base en regiones donde las Farc y el ELN tienen presencia, podrán tener un mayor protagonismo en las políticas agrarias que se hagan en sus territorios.

Esto será un cambio gigantesco en la política pues implicará integrar el país rural no desde el centro sino desde el corazón de la misma periferia.

El otro ‘invisible’ tiene que ver con el reconocimiento del vínculo entre la rebelión y el narcotráfico. Este era uno de los puntos más difíciles para las Farc puesto que ellos siempre se habían negado a aceptar que eran eslabones fundamentales del narcotráfico. Al final, después de mucho tire y afloje, lo hicieron.

El beneficio para ellos de haber reconocido esto es que podrán obtener un tratamiento jurídico del narcotráfico como crímen conexo con la rebelión, lo que eventualmente los podría blindar frente a una extradición (el gran tema ausente de este acuerdo).