Si se cumple este acuerdo, toda la política antidrogas de Colombia habría dado un vuelco y se pondría a la vanguardia de los cambios que han propuesto los expertos más reconocidos en el tema.

A nivel filosófico, el acuerdo incorpora un cambio de lenguaje y un enfoque más global. Dejaría la aproximación militarista que ha tenido el Estado frente a los cultivos ilícitos, cuyo fundamento es el Plan Colombia financiado por Estados Unidos.

Lo reemplazaría por la erradicación a partir de un proceso de planeación participativa con las comunidades involucradas, lo que permitiría una mayor integración social de los cocaleros.

La aspersión aérea es uno de los puntos en los que más les tocó ceder a las Farc, que también había propuesto inicialmente la legalización de los cultivos.

En el acuerdo quedó claro que la primera opción para acabar con los cultivos ilícitos será la erradicación voluntaria, luego la erradicación manual forzosa y, como última instancia, la fumigación. (Curiosamente la palabra ‘aspersión’ no aparece mencionada una sola vez en el comunicado conjunto).

Aunque ya quedó cerrado en la mesa de negociación, la guerrilla volvió a rechazarla categóricamente en un comunicado del sábado.

Dijo –posiblemente como un punto de honor- que se trataba de uno de dos “asuntos pendientes o salvedades que deberán ser abordadas o resueltsa, o antes de la firma del eventual acuerdo final, o dirimidos los disensos por el soberano en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente”.

El otro cambio de enfoque -en lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes- es que que se centra en atacar las amenazas criminales, más que en la reducción de la oferta (que no es mencionado ni una sola vez), que es la aproximación que ha habido hasta hoy y que ha tenido muy poco éxito.

Además, la desarticulación de las organizaciones criminales se plantea con un enfoque territorial, lo que en principio podría evitar que el espacio que dejen las Farc sea reemplazado por otras bandas delincuenciales o por los guerrilleros que se desmovilicen para asumir otras actividades ilegales como la minería criminal o el contrabando.

Es lo que uno de los mayores expertos en drogas del país denomina el ‘efecto globo’: “ya no son los cultivos pasando de un lado a otro, sino las organizaciones criminales pasando de una actividad a otra”, dice.

El nuevo acuerdo aborda el consumo con un enfoque de salud pública, en la misma línea a lo que ha venido proponiendo el Ministro de Salud Alejandro Gaviria pero diferente a la mirada represiva que tenían proyectos como el primero de seguridad ciudadana presentado por Germán Vargas Lleras cuando era Ministro del Interior.

“Retoman casi literalmente lo que hemos dicho en la Comisión Asesora del Gobierno sobre política de drogas”, dijo uno de sus miembros a La Silla. El enfoque es de salud pública, con una perspectiva de derechos humanos y basado en evidencia científica. Esto, si se aplica, involucrará un profundo cambio de mentalidad en la Policía.

Por último, las Farc se comprometen a dar información para ubicar y desmantelar las minas antipersonal que han sembrado alrededor de los cultivos ilicítos. Como ha contado La Silla, la necesidad de desminar es uno de los cuellos de botella para lograr una restitución masiva de tierras.

Si las Farc aportan información sobre esto, este proceso puede avanzar mucho más rápido pues el argumento con el que la fumigación ha ganado es que es muy difícil hacer una erradicación manual a gran escala mientras no se sepa dónde hay minas.  

Este acuerdo es revolucionario quizás por lo que le parece más obvio a todo el mundo, pero que no lo es: las Farc aceptaron por primera vez que no solo son los “representantes de los cocaleros” –que fue como se presentaron en la inauguración de los diálogos de paz en Noruega y en todas sus alocuciones después- sino que el narcotráfico ha financiado su operación más allá del gramaje, el ‘impuesto’ que le cobran a los cocaleros en sus zonas de influencia.

“El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”, dice el comunicado.

Aunque esa aceptación del vínculo con el narcotráfico es bastante más tímida de lo que lo ha presentado el gobierno, su compromiso con el esclarecimiento de este vínculo sí fue explícita.

“La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización  de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país”, dice la declaración.

Esta aceptación tendría grandes repercusiones para el fin del conflicto y para el negocio del narcotráfico, puesto que el narcotráfico ha sido el combustible central de esta guerra.

Hoy en día, las principales zonas cocaleras están en zonas de influencia de las Farc y éstas controlarían un 60 por ciento de estos cultivos, según un estudio que hicieron en 2011 los economistas Daniel Mejía Londoño y Daniel Mauricio Rico.

Esas zonas de mayor producción son el suroccidente del país (sobre todo Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá), el Guaviare, el cnetro del Chocó, el sur de Bolívar, noreste antioqueño y el Catatumbo, según el censo de cultivos ilícitos que hace cada año la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En todos ellos hay una presencia de las Farc y son frecuentes sus acciones guerrilleras.

Las Farc se han financiado tradicionalmente con la coca, pero también ayudan a regular la producción a través de cobrar el ‘gramaje’, definir el precio de compra y el monopolio de la compra de toda la producción. Por eso han sido un obstáculo para las labores de erradicación con campos minados, amenazas y asesinatos de erradicadores, por ejemplo.

A nivel estructural, el negocio del narcotráfico, por su caracter ilegal, ha necesitado de una organización ilegal como las Farc para su regulación. Con la desaparición de este protagonista, será más fácil dedicarse a combatir a las bandas criminales, que hoy en día controlan otros eslabones del negocio y que seguramente tratarán de ocupar los espacios que dejen las Farc.

Lo revolucionario de este acuerdo, es que el compromiso de las Farc de ayudar a esclarecer el vínculo entre el narcotráfico y el conflicto podría arrojar información valiosa sobre rutas, sobre lavadores de activos (algunos de ellos elegantemente camuflados en la alta sociedad), sobre las alianzas con la Fuerza Pública, los empresarios y los políticos que son cómplices de los ilegales.

Identificar esos ‘enlaces grises’ de los que habla el investigador Luis Jorge Garay podría ayudar a desarticular de manera más estructural y definitiva el negocio.

La idea de que la sustitución de cultivos se hará mediante un proceso de planeación participativa –en la línea de lo explicado por Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado de Paz, en su reciente conferencia en Harvard– podría evitar que las bandas criminales o los guerrilleros que no se desmovilicen ocupen el territorio y las actividades que hoy monopolizan las Farc.

Es una forma de crear Estado e institucionalidad desde abajo. Y una aproximación a la consolidación muy diferente a la que ha existido hasta ahora, jalonada por los militares (así sea disfrazados de payasos) y con una mentalidad esencialmente contrainsurgente.

Esta transformación en la forma de abordar los cultivos ilícitos podría ayudar a mejorar en el mediano plazo la relación entre las comunidades de las zonas más remotas del país y la Fuerza Pública pues ya no se les tratará de entrada como criminales.

Este acuerdo es totalmente concordante con los dos anteriores logrados entre Gobierno y Farc. Los refuerza. Lo que no es explícito en este acuerdo, es que la erradicación de los cultivos ilícitos será una oportunidad más para que los guerrilleros desmovilizados puedan fortalecerse como alternativa política en las zonas de influencia y para que desde el primer día incidan en el rumbo de estas regiones.

“Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e  implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales”, dice el Acuerdo.

Estas asambleas comunitarias -como las circunscripciones especiales de paz, creadas en el segundo acuerdo– forman parte de una nueva institucionalidad de base que se está comenzando a gestar desde La Habana.

Organizaciones como la Cumbre Agraria, recientemente integrada por trece organizaciones campesinas y con la participación de muchas de las comunidades de base en regiones donde las Farc y el ELN tienen presencia, podrán tener un mayor protagonismo en las políticas agrarias que se hagan en sus territorios.

Esto será un cambio gigantesco en la política pues implicará integrar el país rural no desde el centro sino desde el corazón de la misma periferia.

El otro ‘invisible’ tiene que ver con el reconocimiento del vínculo entre la rebelión y el narcotráfico. Este era uno de los puntos más difíciles para las Farc puesto que ellos siempre se habían negado a aceptar que eran eslabones fundamentales del narcotráfico. Al final, después de mucho tire y afloje, lo hicieron.

El beneficio para ellos de haber reconocido esto es que podrán obtener un tratamiento jurídico del narcotráfico como crímen conexo con la rebelión, lo que eventualmente los podría blindar frente a una extradición (el gran tema ausente de este acuerdo).