Aunque el texto del comunicado es un tanto vago, lo más importante del Acuerdo es un tema conceptual: la idea de democracia directa que introduce y desarrolla. Es una democracia para ser ejercida más allá de los partidos políticos y focalizada en las zonas donde las Farc tienen influencia.

Como contó La Silla hace unos meses, uno de los “nudos gordianos” de la negociación durante este ciclo eran las diferencias que existían entre el Gobierno y las Farc sobre qué se debe entender por representación política.

Para el Establecimiento, los partidos políticos y sus representantes elegidos por voto popular -por más desprestigiados que estén- son el instrumento que permite representar los intereses de los ciudadanos en el escenario público. Las Farc, en cambio, defienden la idea de que los movimientos sociales son mucho más representativos de los intereses del pueblo que los partidos políticos y una de sus reivindicaciones en la mesa era que las garantías de un eventual Estatuto para la Oposición se hicieran extensivas a estas movilizaciones sociales como la MANE, la Minga Indígena o las Dignidades que participaron en el paro agrario.

Esta fue una discusión complicada pues no es fácil encontrar un indicador objetivo -como el número de votos ganados en una elección- para determinar qué tan representativo es un movimiento social y esto podría abrir una puerta para una suerte de autoritarismo como el que existe en Venezuela, en el que el líder de turno define qué movimientos son legítimos como interlocutores.

Sin embargo, finalmente las partes llegaron a un acuerdo sobre este punto: el Estatuto de la Oposición se debatirá con los partidos políticos una vez se llegue a un Acuerdo de Paz y en esa discusión las Farc participarán como movimiento ya legal y de acuerdo a las reglas de juego de la democracia.

Pero desde ya quedaron acordadas varias garantías para la participación política directa de los movimientos sociales: una “legislación de garantías” para los movimientos sociales que será discutida con ellos; la posibilidad de que los movimientos sociales den a conocer sus propuestas en “medios institucionales y regionales” (sobre todo televisión); la posibilidad de que formen parte de veedurías ciudadanas que ejerzan control  frente a los gobernantes; la posibilidad de que participen en la elaboración y seguimiento a los planes de desarrollo local, integrando los consejos territoriales de planeación; y “apoyos especiales” a nuevos movimientos y partidos políticos (no se específica en este punto qué tipo de apoyos pero seguramente podría incluir financiación estatal).

Fuera de esas garantías, que fortalecerán sin duda los movimientos sociales, cuyas reivindicacionesy banderas en algunos casos coinciden con las de las Farc, el acuerdo tiene un punto, que es quizás el más significativo de todo: las circunscripciones transitorias especiales de paz.

Estas circunscripciones buscan integrar a las regiones más golpeadas por el conflicto (es decir, aquellas donde tiene presencia las Farc) y es el mecanismo para garantizarles a las Farc una mayor representación política de sus bases en el Congreso. Básicamente, en lo que consisten estas circunscripciones es en permitir que en estas regiones (al parecer son 11 zonas), y durante un período de tiempo determinado, se puedan elegir “representantes adicionales con unas reglas especiales”.  Esto, traducido, significa que, por ejemplo, la mesa campesina del Catatumbo pueda postular en esta región sus candidatos y lo mismo pueda hacer la Minga en el Cauca y que los ciudadanos de esas regiones puedan votar (o no) por ellos.

Esto le daría una plataforma poderosa a las Farc para tener un caudal político de entrada a la vida civil si es que realmente demuestran que tienen bases sociales que creen en sus ideas y que votan por ellos sin la presión de las armas.

Este acuerdo logrado -si se pone en práctica como está pensado- es muy significativo pues puede modificar desde “abajo” el mismo sistema electoral ya que la participación de la gente sería mucho más directa en asuntos de planeación, de veeduría y de quienes llegan al Congreso.

El riesgo de este punto sería que las Farc mezclaran armas con votos o que utilizaran plata mal habida para empujar sus candidatos creando un desequilibrio en la contienda. Sin embargo, en el Acuerdo también quedó explícito que el objetivo es romper el vínculo entre las armas y la política y que todo esto presupone la previa dejación de armas.

En ese asunto de la dejación de armas, a juzgar por el comunicado conjunto, se evidencia un cambio en la posición de las Farc. Pues en uno de los apartes del mensaje dice que la implementación del acuerdo final “implicará la dejación de las armas”. Y hasta hace poco algunos de los jefes de esa guerrilla habían afirmado que el país no vería la foto de ellos entregando las armas, y que lo que podían hacer es un tránsito “gradual” de armas por votos. Ambas frases las dijeron en entrevistas con La Silla los plenipotenciarios de la guerrilla Marcos Calarcá y Andrés París, respectivamente.

“En cuanto a otras decisiones específicas para facilitar el tránsito de las Farc a un movimiento político legal, como la posibilidad de que accedan al sistema político en condiciones especiales o que eventualmente ostenten representación especial en el Congreso, este tema será tratado en el punto tres de la agenda”, agregó después en su declaración el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.

Lo que quiere decir que uno de los aspectos que hacían tan sensible este punto -la posibilidad de que el Estado les de curules por decreto a las Farc-, sobre el cual se esperaban acuerdos hoy, quedó para ser discutido después cuando se discuta en el tercer punto de la agenda: la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de las Farc. Este punto se discutirá después del punto 4, que es el del narcotráfico y los cultivos ilícitos.

Tampoco, como se llegó a especular, las partes acordaron el contenido del Estatuto de la Oposición que pedía la guerrilla. En cambio, se acordó que se convocará en un evento nacional a los voceros de los partidos y movimientos políticos, para que integren una comisión que “defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición”, como dice el comunicado conjunto. Esta comisión hará un foro para que también participen en la elaboración del Estatuto los expertos, los académicos y las organizaciones sociales.

Las reformas electorales, que son un tema extremadamente sensible, sobre todo ad portas de elecciones y para ser discutido con una guerrilla, también se aplazó para después de la firma del Acuerdo Final. Se delegó a una Misión de Expertos, que “hará una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.”

A pesar de que no se conoce la minucia debido a la cláusula de confidencialidad, la firma de este punto es un gana-gana porque sin -ofrecer concesiones difíciles de tragar- el Gobierno muestra avances justo en momentos en los que el presidente Juan Manuel Santos debe decir si aspirará o no a la reelección y enfrenta una pequeña tormenta promovida por el uribismo por el tema de la foto de las Farc paseando en un catamarán.

También en un gana-gana porque las Farc logran introducir cambios significativos viables que garantizan la participación en política de sus bases sociales.

Con este acuerdo ganan los colombianos pues finalmente se aborda una de las razones que siempre ha aducido la insurgencia para justificar la violencia y es la imposibilidad de ejercer una verdadera oposición política dentro de la democracia.

Si este acuerdo se logra llevar a la práctica, finalmente será posible en Colombia tener una voz en la decisiones políticas, incluso si se está en la periferia del poder, sin que lo maten. Pero más importante aún, si este acuerdo se vuelve realidad, las Farc se han comprometido públicamente a intentar ejercer la política sin armas.