Política de reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia

Snapshot de Justicia Transicional #10

A través de la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras, y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 el Estado creó un sistema de reparaciones (unidad de víctimas, tribunales de restitución, procesos administrativos, etc.) para las víctimas del conflicto armado. Este es considerado como el programa de reparaciones más ambicioso del mundo porque incluye medidas de asistencia humanitaria a las víctimas, contempla todas las formas de reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y busca reparar a más de 8 millones de víctimas.

El periodo de vigencia se fijó hasta junio del 2021. Sin embargo, en diciembre de 2019, la Corte Constitucional decidió prorrogar la Ley y los Decretos Ley hasta el 7 de agosto de 2030, si el Congreso de la República no regula la materia antes de que se venza el plazo. Esta decisión se sumó al Acuerdo Final de Paz de 2016 (AFP) que plantea una articulación integral con la Ley 1448 y los Decretos Ley.

Por tanto, es importante entender los principales logros del sistema de reparaciones, así como algunos de los obstáculos que enfrenta para satisfacer el derecho a la reparación integral de las víctimas. Este Snapshot reflexiona al respecto con base en la presentación de Clara Sandoval en nuestro evento “reparaciones, lecciones desde Colombia y más allá”.

Avances

A diferencia de otros contextos de post-conflicto caracterizados por fuertes déficits institucionales, el programa de reparaciones colombiano se apoyó en institucionales que ya existían. El programa se articuló con instituciones al nivel local, regional y nacional, lo que creó un contexto que favoreció la implementación de las reparaciones. Por ejemplo, funcionarios locales apoyaron a la Unidad de Víctimas en el proceso de identificación de las víctimas a reparar. A su vez, al articularse con dicha institucionalidad, el sistema contribuyó a aumentar, fortalecer y mejorar la presencia del Estado en algunos lugares del país antes abandonados.

El sistema de reparaciones se apoyó en una red de organizaciones de víctimas en todo el país. Es más, las organizaciones presionaron políticamente para que se creara un sistema de asistencia y reparación para las víctimas. Este rico sustrato organizativo es el que ha buscado constantemente la mejora en la implementación de la Ley y los Decretos Ley, al tiempo que ha mantenido vigente el apoyo político que necesita la reparación de las víctimas.

La reparación de las víctimas del conflicto armado sigue siendo parte sustancial de la agenda política. Este momento político se inició durante el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares entre el 2003 y el 2006, cuando se identificó la obligación ética de reparar a las víctimas, y no ha dejado de estar presente desde entonces. Esto quedó evidente en el proceso de paz con las FARC-EP, donde se acordó hacer efectiva la reparación a través del sistema creado con la Ley 1448 y los Decretos Ley.

Retos

El principal obstáculo que enfrenta la política de reparaciones es la persistencia del conflicto armado. Este no sólo hace que se sigan presentando nuevos hechos de violencia que afectan a la población civil, sino que incluso dificulta la reparación de aquellas víctimas que han sufrido la violencia en el pasado. Por ejemplo, a los reclamantes de tierras no se les inicia el proceso de restitución si la zona donde tienen sus predios todavía cuenta con presencia activa de actores armados.

Hoy, a casi nueve años de vigencia de la ley, sólo se ha indemnizado monetariamente al 11% del total de víctimas registradas. A este ritmo, el Estado tardaría más de 70 años para indemnizar a todas las víctimas. Tratándose de restitución de tierras es más difícil determinar el avance de la política puesto que no hay consenso sobre la magnitud del despojo. A la fecha, hay sentencias de restitución sobre 380 mil hectáreas, mientras que las estimaciones más conservadoras señalan que se despojaron cerca de 1.500.000 hectáreas.

Pese a que en el AFP se respaldó el sistema de reparaciones, todavía resta ver cómo se desarrollan y articulan. Por un lado, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que fueron previstos como elementos reparadores de las víctimas en los territorios más afectados por la violencia, se formularon, pero no se ha avanzado en su implementación (el punto 1 del AFP es el menos ejecutado). Por otro lado, la JEP debe imponer unas Sanciones Propias en cuya esencia está la idea de reparar a las víctimas, pero aún hace falta que se doten de contenido concreto y se apliquen en la práctica para saber su dimensión reparadora.

El sistema de reparaciones no puede producir por sí solo los cambios estructurales que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de las víctimas y de la sociedad en general. Avanzar en la consolidación de una democracia más justa implica cambios estructurales que complementen los esfuerzos hechos con el sistema de reparaciones. En tanto esto no suceda, será imposible que la reparación integral consolide sus efectos positivos en las víctimas del conflicto armado.

Píldora de innovación

Mientras el Estado se encarga de la reparación de las víctimas a través del sistema de reparaciones y transforma las condiciones socioeconómicas de las zonas más golpeadas por el conflicto, los comparecientes ante la JEP contribuyen a la reparación, por ejemplo, a través de su participación en la ejecución de programas de desarrollo rural.

Rodeemos el Diálogo reconoce los esfuerzos por consolidar el sistema de reparaciones más ambicioso en el mundo, valora sus efectos positivos, y resalta el papel que han jugado las organizaciones sociales en su continuo mejoramiento. Entendiendo las dificultades que limitan el éxito de la política, ReD anima a las instituciones y actores a perseverar en el deber ético de lograr la reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado.

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