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Avances y desafíos en la implementación de los Acuerdos de Paz con garantías para la vida
Snapshot de Reincorporación #9
El 9 de julio de 2020, Rodeemos el Diálogo y el Instituto Kroc mantuvieron un diálogo público para discutir el Cuarto Informe del Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz sobre el estado de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, el cual examina el período de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 (ver video aquí, en inglés).
El Instituto Kroc es responsable de la verificación técnica y del seguimiento a implementación del acuerdo a través de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM). Es la primera vez que un centro de investigación universitario ha desempeñado un papel tan directo en apoyar la implementación de un acuerdo de paz y que la implementación ha sido evaluada por investigadores en tiempo real. Este snapshot presenta reflexiones sobre el diálogo público y los hallazgos del informe del Instituto Kroc.
Desafíos de la implementación
El acuerdo de paz colombiano, uno de los más amplios del mundo, cuenta con un enfoque diferencial que tiene en cuenta a grupos específicos, los cuales se han visto afectados de manera desproporcionada por el conflicto armado. Los mayores desafíos que enfrenta el acuerdo, según el Instituto Kroc, son los retrasos en su implementación y el desconocimiento por parte del gobierno colombiano sobre la interdependencia existente entre los seis puntos del acuerdo.
Las demoras son especialmente evidentes en los componentes étnico y de género, donde hasta noviembre de 2019 solo se había implementado el 11% y el 4% de acuerdo, respectivamente. Algunos compromisos a nivel local, tales como el mecanismo para incluir a mujeres y comunidades afrocolombianas en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, siguen pendientes. También hay una falta de coordinación institucional, especialmente en las zonas rurales. En el caso de la reincorporación, por ejemplo, se ha avanzado a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y a través del diseño e implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs). Sin embargo, a pesar de operar mayoritariamente en los mismos territorios, estas iniciativas no han logrado articularse.
En general, la falta de coordinación institucional, de reformas estructurales, y de garantías de seguridad y protección ha perjudicado el impacto y el avance de las iniciativas que buscan implementar el acuerdo. El impacto en la reincorporación se hace aún más evidente si se considera que 2019 ha sido el año más violento para los excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. La inseguridad que enfrentan los excombatientes, la mayoría de los cuales ahora viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs), se ve agravada por la falta de articulación en la implementación de los mecanismos de seguridad y protección. Estos están contenidos en los puntos 2 (participación política) y 3 (fin del conflicto) del acuerdo de paz. También ha habido poca participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Avanzando juntos
Los estudios realizados por el Instituto Kroc han demostrado que el riesgo de fortalecimiento de grupos disidentes disminuye con el tiempo cuando se da una sólida implementación. Lo mismo ocurre cuando la situación se invierte. Otros contextos han demostrado que la polarización inicial que suele darse después de los acuerdos de paz a menudo se convierte en apoyo público que aumenta a medida que avanza la implementación. Esto ofrece esperanza para el caso colombiano.
Colombia está subutilizando una herramienta poderosa: un acuerdo transformador que incida positivamente en la vida de todos sus ciudadanos. La implementación es un proceso continuo y los resultados de largo plazo no se verán antes de 15 años. Gestionar las expectativas de los ciudadanos y partidarios del acuerdo de paz, a la vez que se garantiza un progreso tangible en la implementación de los diferentes componentes, es fundamental para asegurar su éxito. El gobierno y las agencias encargadas deben garantizar que la implementación sea sistemática y completa, ya que una operación desarticulada por parte de las entidades y agencias de seguridad solo conducirá a una paz fragmentada.
Además, quienes implementan el acuerdo de paz deben asegurarse de que el proceso no vuelva a victimizar a aquellos a quienes debería proteger. La falta de articulación entre los sistemas existentes y las organizaciones que se han creado como parte del acuerdo ha llevado a que las víctimas tengan que repetir varias veces sus testimonios a diferentes entidades a lo largo de los años. Esto les obliga a revivir innecesariamente su dolor, lo que podría profundizar su trauma. La implementación del punto 5 (enfocado a las víctimas) ha experimentado uno de los mayores avances, en parte debido a la instauración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto ya ha generado algunas iniciativas conjuntas de documentación de testimonios por parte de las instituciones encargadas- Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Aunque todos ellos operan independientemente del gobierno, el apoyo gubernamental es indispensable para que las víctimas reciban el apoyo efectivo que merecen.
Un mensaje clave del informe es que una paz transformadora, duradera e inclusiva requiere mucho más que esfuerzos coordinados entre el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los excombatientes. Nosotros, como individuos, tenemos el poder de hablar, cuestionar y dialogar, y es la corresponsabilidad de todos a nivel local, nacional e internacional lo que hace de la idea de paz una realidad.
Rodeemos el Diálogo insta al gobierno colombiano a implementar el acuerdo de manera coordinada e integral de forma que represente a aquellas voces históricamente silenciadas, como las de las mujeres y las minorías étnicas. Solicitamos que se implementen medidas institucionales para garantizar la seguridad y protección de los líderes sociales y excombatientes. También hacemos un llamado a todos los colombianos y amigos de Colombia a participar en la transformación que el camino hacia la paz requiere.
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