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El apoyo de la Comunidad Internacional a la Jurisdicción Especial para la Paz
Snapshot de Justicia Transicional #11
El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para rodear el Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Desde el inicio de las negociaciones, el apoyo de los países garantes y acompañantes —Cuba, Noruega, Chile y Venezuela— fue clave para crear confianza entre las partes y continuar los diálogos en sus momentos más difíciles. Igualmente, apoyos concretos de algunos actores, como Estados Unidos que nombró a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz, la Unión Europea y las Naciones Unidas que hicieron lo propio con Eamon Gilmore y Jean Arnault, respectivamente, constituyeron un impulso adicional a la mesa.
El respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) al acuerdo y su implementación ha sido unánime. Ese órgano creó la misión política de verificación del cese bilateral y dejación de armas de la ONU con la Resolución 2261 de 2016 y renovó su mandato al crear una misión de verificación para la reincorporación e implementación de los acuerdos con la Resolución 2366 de 2017. Además, las resoluciones y reportes del Consejo de Seguridad, así como los informes del Secretario General António Guterres han respaldado de forma constante la implementación.
Apoyo político y financiero
Colombia es signataria del Estatuto de Roma, es decir, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que no sean investigadas, juzgadas y sancionadas por las instancias nacionales. La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sigue de cerca la situación en Colombia ya que la Corte tiene abierto un examen preliminar en el país por el caso de los falsos positivos. En ese contexto, ha manifestado su apoyo al funcionamiento del marco de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016, en especial a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y ha alentado a esa instancia a seguir trabajando para combatir la impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su apoyo a la JEP al afirmar que su funcionamiento es “clave para el modelo restaurativo de justicia transicional, indispensable para avanzar en la implementación del Acuerdo y garantizar los derechos de las víctimas”. El apoyo de la CPI y la CIDH dotan de legitimidad a la JEP.
Para la etapa de la implementación el apoyo político y financiero de la comunidad internacional también ha sido fundamental. La ONU, a través de su Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, ha destinado alrededor de 150 millones de dólares desde 2016. El aporte de cerca de 5 millones de dólares provenientes del Fondo Multidonante en 2017 permitió que la Secretaría Ejecutiva de la JEP, así como sus Salas y Secciones, entraran en funcionamiento. El Fondo Europeo para la Paz ha destinado desde 2016 más de 125 millones de euros para la implementación del acuerdo. En 2019, los aportes de ese Fondo permitieron que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición llegara de forma más efectiva a las regiones del país, a pesar de la disminución del presupuesto destinado por el gobierno nacional a las instituciones que componen al Sistema.
La comunidad internacional jugó un papel clave durante las objeciones a la Ley Estatutaria 1957 de 2019 (que reglamenta el funcionamiento de la JEP), presentadas por el presidente Iván Duque y apoyadas por el gobierno estadounidense. El Consejo de Seguridad de la ONU, los diferentes órganos de las Naciones Unidas en Colombia, la CIDH, la CPI, así como las embajadas de la Unión Europea y varios países europeos, enviaron mensajes solicitando al gobierno la firma de dicha ley. La Corte Constitucional sentenció que el presidente debía firmar la ley finalmente, pero la presión política de la comunidad internacional fue esencial para crear un ambiente favorable para dejar en firme el funcionamiento de la JEP.
La comunidad internacional y la legitimidad de la JEP
El apoyo de la comunidad internacional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuará siendo clave en el futuro. Con las primeras sentencias de la JEP, las expectativas de la sociedad y las víctimas frente al alcance punitivo de esas sentencias podrían no ser cumplidas en su totalidad.
La JEP está diseñada para ofrecer un balance entre justicia restaurativa —centrada en la reconstrucción del tejido social, la reconciliación, la verdad, reparación y restitución de derechos a las víctimas— y justicia retributiva —que tradicionalmente se entiende en términos de cárcel para los perpetradores. La JEP privilegia la justicia restaurativa, pero no descarta algunas formas de justicia retributiva. Aun en los casos en los que los perpetradores de crímenes no amnistiables ofrecen plena verdad acerca de sus acciones, éstos deben cumplir algunos años con restricción efectiva de la libertad; mientras que aquellos que no reconozcan sus actos y no ofrezcan plena verdad a las víctimas pueden pagar hasta veinte años de cárcel.
La confusión acerca del tipo de justicia que la JEP impartirá, sumada a los ataques políticos, puede socavar su legitimidad. En este sentido, la comunidad internacional podría jugar un papel trascendental para rodear a la JEP, fortaleciendo procesos de pedagogía jurídica que ayuden a comprender la dimensión ética de sus sentencias y aterricen en la vida cotidiana y el imaginario colectivo tareas para reconstruir el tejido social y garantizar no repetición de la violencia.
Píldora de innovación
El Acuerdo de 2016 encargó al Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame el seguimiento técnico a la etapa de implementación. El monitoreo que hace Kroc como centro académico e independiente es una herramienta valiosa para que el gobierno, la comunidad internacional y la sociedad colombiana tome acción con respecto al progreso y los retrasos en la implementación. En su último reporte, se identifica que si bien hay avances importantes en el funcionamiento de las instituciones de justicia transicional, también hay alertas urgentes en cuanto a la lenta implementación del acuerdo en su integralidad durante el gobierno de Iván Duque.
Rodeemos el Diálogo reconoce el papel de la comunidad internacional en la implementación en acuerdo de paz del 2016. Su apoyo a la JEP es importante dado el ambiente político desfavorable. Invitamos a la comunidad internacional a continuar apoyando a la JEP para derrotar la impunidad que prevalece frente a los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
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Colombia Reports 
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