Snapshot 21

September 2021

El día 4 de agosto de 2021, la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro de reconocimiento de responsabilidades en el cual participaron con sus testimonios el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y el antiguo comandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño. Este encuentro contó con la presencia de víctimas, comunidad internacional y los diferentes Comisionados, quienes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas relacionadas con el accionar de dichos ex comandantes en medio del conflicto armado. El encuentro giró alrededor de dos temas: el primero, la relación de los grupos armados con el establecimiento político y las instituciones del Estado; el segundo, la lógica y las prácticas de victimización.

Los grupos armados y el establecimiento político

De los testimonios presentados por Londoño y Mancuso, se deriva una distinción clave en cuanto a la forma como los grupos armados ilegales se aproximaron al establecimiento político. De acuerdo a Londoño, el accionar de las antiguas FARC estuvo encaminado a torpedear el funcionamiento normal del Estado en aras de generar ingobernabilidad. Esto explica las diferentes amenazas que fueron realizadas a candidatos en elecciones locales y reconoce los asesinatos del gobernador de Antioquia, Guillemo Gaviria Correa, y de su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía. Londoño admite que dichos asesinatos fueron un error.

Por otro lado, el vínculo de las antiguas AUC es de una complejidad mayor. Mancuso rescata el rol de los llamados “comisarios políticos”, quienes eran las personas encargadas de establecer pactos con el establecimiento político, local, regional y nacional, y que jugaron un rol clave en la expansión de la organización. Según Mancuso, las Autodefensas buscaron cooptar el sistema político en aras de expandir el accionar del Estado sobre territorios históricamente olvidados y así proveer desarrollo económico. Esta apreciación fue cuestionada por parte de los comisionados quienes recordaron que esta política fue sostenida a través del asesinato de cualquier forma de disidencia política. Adicional a lo anterior, Mancuso recordó la importancia que jugaron las Convivir – cooperativas de seguridad, creadas por el Estado – en la connivencia entre el Estado y el paramilitarismo, pues arguyó que éstas permitieron el trabajo conjunto entre grupos armados legales e ilegales, y subrayó el rol de algunos sectores del Estado colombiano en la provisión de lista de asesinatos selectivos y, de manera más clara, en el exterminio de la Unión Patriótica.

Lógica y prácticas de victimización

El testimonio de Londoño sobre las formas y lógicas de la victimización de las antiguas  FARC giró alrededor de dos asuntos principales: las tomas guerrilleras de municipios y el uso indiscriminado de minas antipersona – ambas con un denominador común, la inconsistencia entre las prácticas utilizadas y los principios declarados por la organización pues en medio siempre quedó la sociedad civil. Respecto a lo primero, Londoño argumentó que el objetivo principal de las FARC era la toma de los puestos de policía y bases militares, ya que eran fuentes de abastecimiento de armas. Sin embargo, reconoció que las tomas guerrilleras nunca fueron prohibidas dentro de la organización a pesar de que existía consciencia sobre sus consecuencias sobre la población civil. Respecto a las minas antipersona, Londoño explicó que se trataba de una estrategia para retrasar el avance del enemigo. Admite que muchas de estas minas nunca fueron extraídas por la guerrilla, sin profundizar sobre las consecuencias que éstas tuvieron sobre la población civil.

Por su parte, Mancuso fue cuestionado sobre las masacres realizadas por los paramilitares y el despojo de tierras. Mancuso reconoció que las masacres fueron una estrategia encaminada a la destrucción de las supuestas bases sociales de la guerrilla en medio del conflicto armado, afectando profundamente a la sociedad civil, estigmatizada en medio del maniqueísmo de los actores del conflicto. A su vez, se refirió al ataque a las comunidades indígenas en las cuales, según su interpretación, había presencia guerrillera dada la facilidad de acceso a recursos y a la imposibilidad por parte del Estado de entrar allí a combatir. El despojo de tierras, por otro lado, fue realizado en connivencia con grupos empresariales que vieron en ello una oportunidad para acceder a terrenos productivos a un costo irrisorio. Mancuso arguyó que esto se llevó a cabo en aras de promover un modelo de desarrollo agroexportador a costa de la economía campesina. El caso paradigmático lo constituyó la participación de gremios agroexportadores en el Urabá antioqueño, que Mancuso expuso a través del caso de Tulapas, donde hubo más de 4000 víctimas de desplazamiento forzado.

Otros temas tocados durante el evento fueron los vínculos entre el narcotráfico y el conflicto armado, además de los orígenes de cada uno de los grupos armados al margen de la ley, entre otros, lo que convierte a estos testimonios en materiales esenciales para el reconocimiento, la no repetición y el esclarecimiento de lo sucedido en el conflicto armado.

Rodeemos el Diálogo celebra la realización de estos espacios públicos de reconocimiento de responsabilidades como pasos fundamentales en la recolección de testimonios de quienes fueron protagonistas del conflicto armado.