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Caso 003: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o “falsos positivos”
Snapshot de Justicia Transicional #5
Pese a las dificultades para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante el 2019, el año terminó con un balance esperanzador para las víctimas y la sociedad civil. Dos casos han reflejado avances significativos en materia de verdad, de participación de las víctimas y del sometimiento de los presuntos victimarios a esta jurisdicción. El Caso 001 sobre secuestro (ver JTS 4), y el Caso 003 sobre ejecuciones extrajudiciales, han puesto en evidencia la responsabilidad tanto de las extintas FARC-EP, como de las Fuerzas Armadas. A diciembre de 2019, la JEP reportó que 12.234 personas se habían presentado voluntariamente a la JEP; 9.721 ex miembros de las FARC-EP y 2.429 de la Fuerza Pública. Este JTS se enfoca en el Caso 003.
Caso 003 y Corte Penal Internacional
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene abierta una investigación preliminar en contra del Estado Colombiano desde el año 2004, por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, los homicidios de civiles para presentarlos como miembros de actores armados ilegales dados de baja en combate, cometidos presuntamente por miembros de la Fuerzas Armadas de Colombia, conocidos como falsos positivos.
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha manifestado públicamente su apoyo al Acuerdo de Paz y especialmente a la JEP, recordando su permanente atención y seguimiento a los avances en materia de justicia e impunidad.
La existencia de un posible caso en la CPI, la vulnerabilidad de las víctimas, la gravedad y magnitud del hecho y su extensión en el territorio nacional fueron factores para la priorización del Caso No. 003 por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR). El caso se fundamenta en el Informe No. 005 de la Fiscalía General de la Nación (FGN) denominado “Muertes ilegitimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”1.
Las víctimas
El Informe de la FGN reportó 2.248 víctimas entre 1985 y 2016. A partir del año 2002 se observa un incremento sustancial de dicha práctica, el momento más crítico ocurrió entre 2006 y 2008. Las víctimas fueron principalmente pobladores de zonas rurales y personas en condiciones de vulnerabilidad. El 45% fueron campesinos señalados de estar relacionados con las guerrillas y el 30% trabajadores informales en las ciudades. Adicionalmente, se encuentran defensores de derechos humanos, sindicalistas, defensores de víctimas, minorías y derechos de las mujeres, personas LGTBI, indígenas, adolescentes y personas con discapacidad física o mental. A diciembre de 2019, 360 víctimas habían sido acreditadas en la JEP.
Presuntos responsables
Los falsos positivos reconocidos por el Consejo de Estado como una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones de derechos humanos, ocurrieron en 29 de los 32 departamentos colombianos. Entre ellos, Antioquia reporta el mayor número de casos. De las ocho divisiones del Ejército, la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima concentran el 60% de los casos; en estas se ha reportado la presunta responsabilidad de personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar.
De los 1.944 miembros que se acogieron de manera voluntaria a la JEP, 202 habían rendido versiones a diciembre de 2019, tres de ellos en rango de generales. La SRVR, a través de Auto 261 de 2019, ordenó al general (r) Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército Nacional (2006-2008) y quien se acogió a la JEP en 2018, rendir versión el 12 de febrero de 2020. Su vinculación se debe a que ha sido nombrado en al menos 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública y en diferentes informes allegados a la JEP.
Avances
A través de las versiones rendidas por quienes se acogieron a la JEP, el 9 de diciembre de 2019 el país conoció de la primera diligencia de exhumación de 45 cuerpos de personas que fueron enterradas en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, entre el 2005 y 2007. Esta diligencia fue llevada a cabo en el territorio con presencia de los Magistrados y militares que se acogieron a la JEP, quienes detallaron sus acciones y prácticas a lo largo del recorrido. Esta etapa de contrastación entre lo declarado y las pruebas recaudadas permitirá construir una verdad sobre hechos que se encontraban impunes.
Rodeemos el Diálogo reconoce los importantes avances en el caso 003, el arduo trabajo de la JEP en la búsqueda de verdad y justicia a lo largo del 2019, y reafirma el compromiso de acompañamiento y visibilización de su trabajo en 2020.
Píldora de innovación
El derecho de las víctimas a la participación se garantiza en todas las etapas procesales. Incluso cuando la JEP ordena vincular a una persona para que rinda versión, como en el caso del general (r) Mario Montoya Uribe, la JEP ha dispuesto la participación de las víctimas y sus representantes.
1 Auto No. 005, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, JEP. 17 July, 2017. En: https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-005_17-julio-2018.pdf
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