Caso 004: Situación territorial en la región del Urabá

Snapshot de Justicia Transicional #6

En septiembre de 2018 la Sala de Reconocimiento de la JEP decidió abrir un caso dedicado a la región del Urabá para investigar los responsables de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en entre 1986 y 2016. El macrocaso incluye un total de 10 municipios, seis de los cuales se encuentran en el departamento de Antioquia (Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba) y los 4 restantes en el departamento del Chocó (Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí).

Este macrocaso es el resultado de la articulación de diversos enfoques de priorización en la JEP. Un enfoque territorial determinado por la importancia de la región en el contexto del conflicto armado dada su ubicación geostratégica en conexión con el Golfo de Urabá; un enfoque diferencial basado en la presencia de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, y en el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre ellas; y un enfoque de género que se concentra en las victimizaciones sufridas por las mujeres.

¿Por qué se priorizó esta región?

El macrocaso se abrió con base en los informes presentados por instituciones como la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, entre ellas el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Corporación Reiniciar y la Ruta Pacífica de las Mujeres. Lo anterior permitió establecer aspectos determinantes para la priorización del caso, entre otros:

La región como un epicentro del conflicto armado, situación que la Sala considera como un hecho notorio, y actualmente como una zona de relevancia económica por diversos proyectos de infraestructura y agroindustriales, a lo que se suma fuerte presencia de narcotráfico.
La existencia de suficiente información disponible sobre las características y el impacto del conflicto armado en la región, lo que permitió establecer que al menos el 50% de los crímenes identificados están impunes.
La ocurrencia de un importante número de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, entre las cuales destaca el desplazamiento forzado, despojo de tierras y territorios, desapariciones forzadas, así como la persecución hacia organizaciones sociales (e.g. Comunidad de Paz de San José de Apartadó), sindicales, partidos políticos (UP) y otros colectivos.

Múltiples Responsables

Este macrocaso difiere de otros abiertos por la JEP, ya que en este no predomina la responsabilidad de uno solo de los actores del conflicto. Según la información recibida por la Sala, las conductas fueron cometidas por la Fuerza Pública (Brigadas XV y XVII del Ejército Nacional) en conjunto con grupos paramilitares, pero también por las antiguas FARC-EP (Frentes 5, 34 y 57) quienes cometieron crímenes en su afán de controlar e influir en el territorio. Se estima que al menos el 42% de los presuntos responsables de los crímenes eran miembros de las FARC-EP y 8% miembros de la Fuerza Pública. Por lo tanto, este macrocaso es importante para avanzar de forma simultánea y equilibrada en el esclarecimiento de crímenes cometidos por los principales actores involucrados en el conflicto armado.

Avances

Se han rendido 14 versiones individuales y un total de 9 informes de la sociedad civil y de víctimas. El último de estos informes fue presentado en enero de 2020 por representantes del Consejo Comunitario Curbaradó, Departamento de Chocó, en el que se da cuenta de situaciones de desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos selectivos y amenazas de las que han sido víctimas las 24 comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario. También se destaca que entre la apertura del macrocaso en septiembre de 2018 y lo que va del 2020, alrededor de 5.000 personas de la región se han acreditado como víctimas. En septiembre de 2019 se presentó la primera acreditación colectiva: un total de 22 grupos, organizados bajo la figura de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en el Bajo Atrato chocoano, fueron acreditados como víctimas y tienen el derecho a participar en la investigación del caso.

Para hacer efectiva esa participación, la Sala decretó medidas cautelares a favor de comunidades indígenas y afrodescendientes del Bajo Atrato, pues se estaban presentando hechos de violencia con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas de la región conformaron una Comisión Mixta de Seguimiento para verificar el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares.

Rodeemos el Diálogo valora el esfuerzo de la JEP por atacar la impunidad en la región de Urabá, al investigar a los múltiples responsables y garantizar la participación de las víctimas a través de medidas cautelares que eviten que la violencia impida su participación.

Píldora de innovación

En este caso se construyó una ruta de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena con los pueblos del Urabá antioqueño y del Bajo Atrato. Esto permite que la labor de la JEP se desarrolle respetando las autoridades tradicionales en los territorios, y además fomenta la participación colectiva de los pueblos, respondiendo así de forma más adecuada a sus necesidades de verdad y justicia.

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