DESMONTANDO MITOS DEL PROCESO DE PAZ

Reporte Desayuno 11

 Bogotá 30 de agosto 2014

El sábado 30 de julio se llevó a cabo el onceavo Desayuno de Paz, en torno a los mitos que existen sobre el proceso de paz. La idea de “desmitificar” el proceso de paz nació ante el sentimiento de escepticismo que encontrábamos durante el período electoral en nuestras charlas con círculos sociales personales basadas en numerosos mitos sobre los diálogos en la Habana. Hoy, tras la victoria de Santos y de cierta forma una victoria para el proceso de paz, todavía existen muchos críticos y escépticos de los diálogos que se agarran ferozmente de dichos mitos.

¿Y qué son estos mitos? En palabras de una de las participantes del desayuno, los mitos son “una ingenua percepción de conocer algo”. Es decir, son construcciones sesgadas, producto de falta de información o de información incorrecta. Frente a estas construcciones desinformadas nace la iniciativa de usar los Desayunos de Paz de Rodeemos el Diálogo (ReD) con la participación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y en particular para este desayuno el apoyo de Hagamos la Paz, para obtener información acertada sobre el proceso de paz y así poder desmontar dichos mitos con verdades. El propósito es obtener mejores herramientas veraces y concretas para difundir un mensaje de diálogo informado en nuestros círculos.

Entre los participantes del desayuno, propusimos los mitos más comunes y luego con el liderazgo principal de las representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y nutrido por el debate, tratamos de dar respuesta a estos.

Este reporte pretende ser una herramienta para los que quieran volverse multiplicadores de las verdades sobre el proceso de paz:

1. Las negociaciones en la Habana pretenden acabar todos los conflictos del país.

Este mito hace referencia al alcance del proceso de paz. Muchas veces encontramos que se alega que es ingenuo pensar que las negociaciones con las FARC pueden resolver todos los problemas del país y acabar la violencia. Sin embargo, no pretenden hacerlo. De acuerdo a la OACP, el proceso busca dar respuesta a las causas que han permitido que el conflicto armado se perpetúe, para acabar con el conflicto armado. Lo que se pretende es poner de acuerdo a dos actores para silenciar las armas e intentar llevar las demás problemáticas a ser resueltas por vías pacíficas y democráticas. Una vez logremos un cese al fuego definitivo, el país entero deberá entrar en un proceso de transición de construcción de paz, que tomará tiempo y esfuerzos de la sociedad en su conjunto.

2. El proceso de paz nos está llevando hacia el Castro-Chavismo

Por el hecho de que las FARC sea un grupo de izquierda, se ha generado la concepción de que al estar sentados dialogando en La Habana se está legitimando el comunismo y el Castro-Chavismo en el país. Estamos en un país democrático y parte esencial de darle fin al conflicto armado implica abrir espacios para distintas voces que han sido reprimidas por años. El hecho de negociar con las FARC no quiere decir que el país haya tomado un giro hacia la izquierda Castro-Chavista.

Desafortunadamente, el proceso de paz fue fuertemente politizado por las elecciones presidenciales. Pero en palabras de la OACP, “no debemos politizar la paz.”. El optar por un fin pacífico del conflicto armado no tiene por qué determinar la posición ideológica que se tenga en otras materias como lo puede ser el modelo económico del país. Este proceso no es un proceso de gobierno, ni es únicamente el proceso de Juan Manuel Santos. Es un producto de un trabajo mancomunado de distintos sectores del Estado, con ideologías políticas distintas y de la sociedad civil.

En La Habana se trabaja con una agenda cerrada que contiene 5 puntos específicos entre los cuales no está incluido el modelo económico del país. El capitalismo en Colombia no se está  abierto a discusión en la Habana. Y para aquellos escépticos que siguen considerando al Castro-Chavismo como una amenaza latente, es relevante recordar el apoyo reiterado que ha dado Estados Unidos al proceso. Siendo Estados Unidos el país capitalista por excelencia, no va a apoyar un proceso que conduzca una nación al “Castro-Chavismo”.

3. Le están entregando el país a las FARC

Frente a este mito es fundamental recalcar que en La Habana se trabaja con una agenda muy clara compuesta de cinco puntos. Lo que no esté contenido en estos puntos, no está abierto a negociación. Los diálogos se llevan a cabo de manera completamente independiente a la creación de políticas públicas del país y de los proyectos del gobierno. La asociación que algunos alegan entre las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los diálogos con las FARC, según la cual afirman que estos son territorios que el Estado va a entregar a la guerrilla para su control, es errónea. Las ZRC son parte de una política pública independiente y anterior a los diálogos de la Habana.

4. El proceso va a conducir al desmantelamiento de las Fuerzas Militares

La reforma a las fuerzas militares tampoco está en la agenda y no está siendo negociada. Los militares son actores esenciales que tendrán un papel importante en la fase de aplicación del acuerdo. En cuanto a su presencia en la mesa, ésta es de carácter técnico y específicamente limitado a aportar conocimiento en temas de dejación de armas, cese bilateral de fuego y desmovilización. Estos insumos son fundamentales pues nadie mejor que quienes han participado en la guerra como autoridad en la materia.  Además del conocimiento que tienen del conflicto, figuras como el General Oscar Naranjo tienen una larga trayectoria en la cual han tenido a las FARC como su enemigo. Así, por decirlo en palabras coloquiales, “Naranjo no se va dejar meter los dedos en la boca”. Es poco factible que el General Naranjo le vaya a entregar el país a las FARC. Así mismo, es impensable que el General Javier Alberto Flórez, subcomandante de las Fuerzas Militares, deje que sus hombres reciban órdenes de Iván Márquez.

Adicional a esto, la presencia de los militares tiene un gran valor simbólico. Si los militares, quienes han dedicado su vida la guerra contra las FARC, son capaces de sentarse a dialogar, con más razón podemos los demás civiles.

5. En La Habana no están representados los intereses de la mayoría de los colombianos

Es desafortunado que gran parte de la población no sepa que las propuestas llevadas a la mesa en La Habana provienen principalmente de insumos aportados por la sociedad civil a través de los formularios de la OACP, de los distintos foros que se han realizado y del desarrollo temático de académicos y asesores expertos en las materias. Las propuestas que se discuten son producto principalmente de los espacios de participación.

Se recogen formularios provenientes de todo el país, principalmente de zonas rurales apartadas y se envían a Cuba por correo o por medio de la página web cada mes. La editorial cubana José Martí entrega una copia de los documentos a las FARC y otra a la OACP, se comienza a trabajar en las propuestas a partir de estos insumos. Una vez llegan a la OACP, las propuestas son filtradas y divididas en subpuntos. Los delegados integran estos insumos de la sociedad civil con los insumos de expertos y técnicos de Ministerios y diversas entidades. A partir de esto se aterrizan en propuestas concretas que los delegados llevan a las mesa. La OACP afirma que las propuestas de comunidades rurales muchas veces son más importantes que los insumos de los Ministerios porque provienen de experiencias vividas en terreno. Además la OACP asegura que muchos de los puntos de encuentro entre las FARC y los delegados del gobierno que permiten llegar a consensos, surgen de estos insumos y de que ambas partes se hayan leído la misma propuesta reiterada en formularios de cientos de campesinos.

6. Los delitos de las FARC van a quedar en la impunidad

Tal vez el mayor miedo de los colombianos frente al proceso de paz es que a raíz de éste los delitos de los grupos armados queden en la impunidad. No obstante, se ha reiterado que el eje central del proceso de paz con las FARC son las víctimas, por lo cual el tratamiento penal a los desmovilizados tendrá necesariamente que reflejar eso. En el marco de la justicia transicional, se está negociando para obtener la paz, por tanto es necesario ceder un poco en materia de castigo, para que los actores armados tengan incentivos para contribuir con lo que se pide de ellos en términos de verdad, reparación y garantías de no repetición. Es fundamental tener en cuenta que la información que posee las FARC es esencial para poder construir estos otros tres pilares de la justicia transicional y dirigir el país hacia la reconciliación.

Es por esto que bajo el contexto de justicia transicional, se otorgarán penas alternativas a cambio de concesiones estrictas con las que deben cumplir los perpetradores. Estas concesiones, o condiciones son:1) el reconocimiento de responsabilidad por parte de los perpetradores, 2) la liberación de todos los secuestrados, 3) el esclarecimiento de la verdad, 4) la dejación de armas, 5) la reparación integral a víctimas, 6) la desvinculación de menores de edad y 7) garantías de no repetición. De esta forma, los delitos no quedan en la impunidad pues efectivamente los perpetradores están pagando por ellos a través de mecanismos útiles para una construcción de paz y que satisfagan las necesidades principales de las víctimas. Puede que la forma de pagar no sea precisamente que duren 30 años en prisión como muchos quisieran, pero esto a la larga puede ser más favorable ya que castigos en las cárceles en Colombia hoy en día  a menudo contribuyen a la continuación de la criminalidad y a cambio de ceder en materia de penas, se está obteniendo una mayor posibilidad de reconciliación.

Conclusión

Estos seis mitos surgen de una información inadecuada o incompleta pero con un conocimiento que es públicamente disponible sobre los diálogos son fácilmente desmentidos. Sobre estos mitos, aún se puede profundizar, y por tanto la invitación es a tener un papel proactivo en nuestros círculos sociales, para incitar el debate sobre estos temas e incentivar a las personas a informarse mejor sobre el proceso para no caer en los mitos.

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NOTA: El Desayuno 11 se realizó con el apoyo de Hagamos la Paz y la participación del a Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Es parte de una serie de cinco Desayunos planeados con la OACP para desmontar mitos sobre el proceso de paz.

Los Desayunos de Paz son un espacio informal para hablar sobre la construcción de paz en Colombia y son organizados por Rodeemos el Diálogo (ReD), una red transnacional de la sociedad civil que busca informar sobre los desarrollos del proceso de paz y construir una cultura de dialogo entre los colombianos. Visita nuestra página web www.rodeemoseldialogo.org y síguenos en Facebook o twitter @RodeemosDialogo

DESAYUNO DE PAZ 9

Invitado especial: Gustavo Gallón

Director Comisión Colombiana de Juristas

9 de agosto de 2014

“Agradezco la invitación y me encantó la charla porque me permitió conocer más a fondo el tema y entender la Ley, cambiando unas posturas y refinando otras, dejando puntos claros y directos con el tema.”

Participante

En esta conversación informal Gustavo Gallón explicó en qué consiste el Marco Jurídico para la Paz (MJP) y qué alcances puede tener éste como iniciativa del gobierno, de cara a las negociaciones que se están adelantando con miembros de las FARC en La Habana, Cuba.

El referente legal del anterior proceso, en el gobierno de Álvaro Uribe, fue la Ley 975 del 2005, o Ley de Justicia y Paz, que fue aprovechada –y diseñada– en mayor medida para los grupos paramilitares, mientras que el Marco Jurídico para la Paz está pensado para las guerrillas.

Con la Ley de Justicia y Paz se cambió en la Constitución el concepto de que el Estado podía negociar con actores políticos que estuvieran en rebelión –como fue el caso del M19-, para dejar consignado el término de “grupos armados al margen de la ley”. Lo que hizo dicha Ley fue avalar hechos cumplidos. Las negociaciones con los grupos de autodefensas se iniciaron hacia el 2002 y esa Ley se promulgó en 2005. Vale la pena recordar que este proceso no se adelantó con opositores del gobierno. En el caso del MJP, Gallón expresó que era loable de parte del actual gobierno el haber previsto un marco jurídico antes de las negociaciones de La Habana.

La Ley de Justicia y Paz, que ha tenido algunos aciertos, muestra sin embargo una gran ineficiencia, no sólo por las escasas sentencias que se han proferido, sino también porque se han desatendido las otras condiciones de la justicia, como son la verdad (que en su mayoría quedó truncada por la extradición de los dirigentes de los grupos desmovilizados), la reparación y las garantías de no repetición.

Por su parte, el Marco Jurídico para la Paz ha presentado un camino complicado también. En opinión de Gallón, éste, tal como estaba, no garantizaba el derecho a la justicia para las víctimas, lo que condujo a que la CCJ impugnara esta reforma constitucional.

En los primeros días de agosto de 2014 se determinaron dos temas importantes: se resolvió la impugnación ante la Corte Constitucional, dejando en claro, por una parte, que se debe establecer una Comisión de la Verdad y aclarando que los criterios de priorización y selección de casos estarán en manos de la Fiscalía y del Congreso, respectivamente. Y, por otra parte, la Corte se pronunció en el sentido de que ningún integrante de los grupos alzados en armas que haya cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra podrá participar en política.

Por otra parte, los delitos atroces no podrán, en ningún caso, ser objeto de amnistía o indulto. Según Gustavo Gallón, se podría eventualmente sacrificar la sanción, siempre y cuando se mantengan vigentes las otras condiciones de la justicia: la verdad, el claro reconocimiento del daño por parte de todos los actores, la solicitud genuina de perdón y la oferta amplia y generosa de reparación. Gallón también se refirió a problemas prácticos de operatividad que deben ser atendidos, como que la rama judicial, de por sí congestionada, reciba miles de casos al mismo tiempo si el proceso de La Habana prospera. Se puede ser creativo en la manera de afrontar este problema, por ejemplo, realizando juicios colectivos o por bloques. Además, agregó que hay delitos que, al no considerarse atroces, se podrían dejar de juzgar en el contexto de un proceso de paz, como el porte ilegal de armas y de uniformes y la falsedad en documentos públicos.

Finalmente, Gallón llamó la atención sobre la dificultad de identificar a los máximos responsables en cada caso de violaciones grandes de derechos, teniendo en cuenta que existen tantos actores del conflicto. Advirtiendo también la posibilidad de que la Corte Interamericana intervenga por violación de obligaciones internacionales en caso de no cumplirse los estándares del derecho internacional en la definición del MJP.

Posteriormente, los asistentes al desayuno participaron activamente en una discusión que permitió que Gustavo Gallón aclarará temas complejos como la conexidad de crímenes asociados al narcotráfico con el delito político y la posibilidad que grupos distintos a las guerrillas puedan beneficiarse del MJP. La conclusión fue que está en manos del legislador crear la ley estatutaria que regule estos temas, la cual sin duda será producto de la voluntad política de los partidos y el gobierno y tendrá que ser refrendada por la sociedad colombiana mediante un mecanismo de consulta popular.

                             

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