La JEP Incorporó muchas Lecciones de Justicia y Paz: Giovanni Álvarez, Fiscal de la JEP, conferencia University College London

El 26 de febrero de 2020, Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP), dio una conferencia en University College London (UCL). Esta fue organizada por el Instituto de las Américas de UCL, en alianza con el Centro de Latinoamérica y el Caribe de LSE, y por Rodeemos el Diálogo.

Antes de convertirse en director de la UIA y Fiscal de la JEP, Giovani Álvarez trabajó 25 años en la oficina de la Fiscalía General de Colombia, investigando casos de violaciones de derechos humanos, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados. También dirigió casos contra comandantes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz (LJP) de 2005, un importante antecedente de la JEP. A continuación, presentamos los aspectos más relevantes de su conferencia.

De La Ley de Justicia y Paz a la JEP

La LJP buscaba reintegrar a los paramilitares a la vida civil de acuerdo con los pilares de la justicia transicional – verdad, justicia reparación y no repetición. Algunos de los mayores logros de este proceso fueron: el enjuiciamiento de 470 comandantes paramilitares, la investigación de 60 congresistas por apoyar grupos paramilitares, la identificación de 4.300 víctimas de desaparición forzada, y las reparaciones de 10.855 víctimas por vías administrativas. Sin embargo, este proceso solo se enfocó en los grupos paramilitares, lo que implicó que otros actores del conflicto armado, como los agentes del estado y terceros civiles, fueran excluidos de las sentencias de la LJP. Esto se convirtió en un obstáculo para acceder a la verdad detrás de la multiplicidad de crímenes cometidos durante el conflicto armado. Además, algunos dirigentes paramilitares continuaron liderando estructuras criminales desde la cárcel, lo que contribuyó a la continuación del conflicto armado.

El acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incorporó muchas de las lecciones aprendidas en la LJP. A diferencia de la LJP, la JEP investiga crímenes de lesa humanidad, las violaciones al derecho internacional humanitario y los crímenes de guerra cometidos por las FARC y por las Fuerzas Armadas de Colombia en el conflicto armado (1958-2016). Además, la JEP puede investigar a civiles o a agentes del estado que hayan sido acusados de participar directamente en el conflicto y que decidan presentarse voluntariamente ante esta jurisdicción. Para acceder a los beneficios de la JEP, todas las partes deben comprometerse a contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Avances y Retos de la JEP

Hasta la fecha, 12.481 personas han solicitado ser procesados por la JEP: 9.734 excombatientes de las FARC, 2.640 miembros de las Fuerzas Armadas y 95 agentes estatales no militares. Los magistrados también están estudiando las peticiones de 900 terceros civiles, que incluyen empresarios, congresistas y alcaldes.

Luego de dos años de implementación del acuerdo de paz, la JEP enfrenta  varios retos. Primero, proteger las vidas de las personas que participan en sus procesos; más de 160 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, y estas amenazas también van en contra de testigos y víctimas. Segundo, para cumplir con las expectativas de la sociedad colombiana, la JEP debe mostrar resultados pronto, emitiendo sentencias e iniciando investigaciones en contra de actores que se han negado a aceptar la responsabilidad de sus crímenes. Tercero, acelerar el proceso de apertura de oficinas regionales en las zonas más afectas por el conflicto, pues la distancia de estas regiones hace más difícil la recolección de evidencias. Cuarto, abrir un macrocaso sobre el delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Hasta ahora, la JEP ha priorizado siete macrocasos (algunos de ellos basados en regiones, otros en grupos objetivo y otros en patrones de victimización), pero un macrocaso sobre el delito de violencia sexual es un tema muy anhelado por la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Finalmente, fortalecer las capacidades forenses para acelerar la búsqueda de más de 100.000 personas desaparecidas.

Las Tareas de la UIA

La UIA tiene seis tareas. Primero, investigar y recolectar evidencia sobre la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, para investigar y juzgar a los perpetradores que no acepten su responsabilidad en los casos y que no contribuyan a la verdad. Segundo, solicitar la expulsión de los beneficios de la JEP a los actores acusados que no cumplan con su compromiso a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Tercero, ordenar medidas de protección para las víctimas, testigos y acusados; en el contexto actual de recrudecimiento de la violencia, la UIA ha asignado 46 esquemas de protección y ha realizado 90 evaluaciones de riesgo. Cuarto, realizar la exhumación y devolución de los restos a las familias. Quinto, priorizar los casos de violencia sexual,  para ello la UIA ha diseñado un software llamado “Layna” para registrar los expedientes de forma virtual; con este instrumento, se han registrado 1400 violaciones. Sexto, diseñar un protocolo de comunicación con las víctimas, que se lanzará el 9 de abril de 2020.

En conclusión, la conferencia de Giovanni Álvarez mostró que la justicia transicional en Colombia está avanzando. Si se implementa correctamente, este proceso de justicia transicional, aclamado como el más innovador del mundo hasta la fecha, podría establecer importantes precedentes para otros países; el mundo está pendiente de sus desarrollos, pero hay muchos desafíos que enfrentar.

Este artículo fue publicado en UCL Institute of the Americas: https://www.ucl.ac.uk/americas/news/2020/mar/ucl-americas-co-hosts-lecture-eminent-colombian-jurist