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El ABC de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP
Snapshot de Justicia Transicional #7
En nuestro segundo Snapshot de Justicia Transicional, mencionamos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz.
La JEP se encuentra integrada entre otras, por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). La UIA es el único órgano dentro de la JEP que cuenta con poderes de policía judicial. Está compuesta por 16 fiscales y un Director, y su función es investigar y ejercer acciones penales en los casos en que los presuntos responsables individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, no reconozcan verdad o responsabilidad sobre los hechos que los involucran. Así mismo, la UIA apoya a los magistrados y a los jueces de la JEP en labores de investigación; determina medidas de protección a las víctimas, testigos y declarantes ante la JEP que estén en peligro; y solicita medidas cautelares y de aseguramiento cuando los comparecientes no ofrezcan reconocimiento de verdad y responsabilidad.
La Unidad de Investigación y Acusación: el órgano disuasorio de la JEP
El principio de centralidad de las víctimas en el Acuerdo de Paz se puede observar en el funcionamiento de la JEP, la cual busca un balance entre justicia retributiva (castigo penal a los perpetradores) y justicia restaurativa (centrada en la reconstrucción del tejido social). Para hacer efectivo este balance, la JEP conoce de todos los casos de quienes comparezcan y respecto de aquellos que estén involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, sigue dos rutas distintas:
- Cuando los perpetradores ofrecen verdad plena y aceptan su responsabilidad: en este escenario los responsables pueden recibir sanciones propias, con restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios y encaminadas a la reparación de las víctimas, hasta por ocho años. Las víctimas pueden participar en la determinación de estas penas.
- Cuando los perpetradores no reconocen su responsabilidad ni contribuyen a la verdad plena: estos casos pueden resultar en sanciones ordinarias, que son penas de hasta de 20 años de prisión.
Es en este segundo escenario donde interviene la UIA. A partir de la remisión que le haga la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad o la Sección de Revisión del Tribunal o la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Amnistías e Indultos, la UIA iniciará investigaciones para demostrar la culpabilidad de quienes no han reconocido verdad plena y responsabilidad sobre los hechos. Por tanto, la UIA cumple una función de disuasión para evitar que los comparecientes oculten la verdad, obstruyan la justicia, no reparen a las víctimas.
Una vez terminada la recolección de pruebas, el compareciente tiene una nueva oportunidad de satisfacer los derechos de las víctimas y recibir una sanción alternativa: si reconoce verdad plena y responsabilidad antes de que se produzca la sentencia definitiva, podrá recibir una pena privativa de libertad de entre 5 a 8 de cárcel. En ese sentido, la UIA es un órgano disuasorio ya que su labor puede llevar a que la JEP imponga penas restrictivas de la libertad, siempre y cuando los comparecientes se comprometan a reconocer la verdad, a contribuir a la justicia, a reparar a las víctimas y por ende a la no repetición.
Avances de la UIA
La UIA cuenta con un equipo técnico de investigación (conformado por investigadores y técnicos forenses para poder avanzar en macrocasos como el 003, que presentamos en nuestro quinto Snapshot de Justicia Transicional), un grupo de análisis, contexto y estadística, un equipo de investigación para casos de violencia sexual, un grupo de protección a victimas, intervinientes y testigos y un grupo de alertas tempranas.
Debido a las constantes amenazas contra los comparecientes a la JEP, la UIA ha recibido 137 solicitudes de protección. Hasta el momento, ha ordenado la implementación de 46 esquemas de protección, 33 esquemas duros (carros blindados) y 13 esquemas alternativos (reubicación).
La UIA ha realizado consultas y capacitaciones con las víctimas individuales y colectivas afectadas por el conflicto armado. A la fecha, se ha reunido con más de 4,600 víctimas, entre ellas víctimas de violencia sexual, comunidades LBGTI y Rom. A partir de estos encuentros y los insumos aportados por las víctimas, la UIA ha construido un protocolo diferencial para la atención de estas poblaciones.
Adicionalmente, la UIA ha abierto ocho oficinas regionales en Corozal (Sucre), Pasto (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta), Neiva (Huila), Bucaramanga (Santander), Quibdó (Chocó) y Florencia (Caquetá). Estas sedes regionales parten del reconocimiento de la necesidad de llegar a las poblaciones que han sido más golpeadas por la violencia, en lugar de esperar que ellas lleguen a la JEP.
Rodeemos el Diálogo reconoce la importante labor de la UIA de la JEP, valora los avances para cumplir con su mandato y confía que como factor disuasorio contribuirá a implementar un modelo de justicia restaurativa para reconstruir el tejido social.
Píldora de innovación
La JEP y su UIA priorizan la investigación de los delitos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. La UIA tiene un equipo especial para ese fin y construyó un protocolo de atención en conjunto con víctimas de estos crímenes. Hasta ahora, la UIA ha realizado 14 eventos con 598 víctimas de violencia sexual y ha registrado 1,398 hechos de violencia sexual en su plataforma virtual, lo que podría sentar las bases para la apertura de un macro caso que investigue la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.
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