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La Jep protege los restos de las víctimas del conflicto armado como parte de la reparación integral
Snapshot de Justicia Transicional #12
El 11 de agosto de 2020, la JEP prohibió cualquier manipulación de los lotes La Escombrera y la Arenera en la Comuna 13 de Medellín donde se presumen hay inhumadas víctimas de desaparición forzada. La JEP puede decretar medidas cautelares en los procesos que adelante, siempre que estén bien sustentadas. Este snapshot presenta los avances de la JEP en la protección de restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
¿Qué son las medidas cautelares y cómo surgen?
Las medidas cautelares a cementerios y otras zonas se decretan para asegurar la protección, cuidado y preservación de cuerpos sin identificar que están ahí y que, se asume, pertenecen a víctimas del conflicto armado. Es importante proteger estos restos dada la necesidad de identificarlos y entregarlos dignamente a sus familiares. Por ello, la JEP ordena a las autoridades competentes (según cada caso) detener la manipulación, inhumación, traslado o exhumación de cuerpos en los lugares señalados.
Las medidas cautelares son acciones que buscan evitar daños irreparables a personas o colectivos, así como garantizar el acceso a información que esté en riesgo inminente de destrucción o degradación, entre otros. Estas medidas las decreta la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Para los casos que dirime esta Sección actúa la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Y el Equipo Técnico Forense de la UIA es el encargado del manejo y exhumación de restos.
Algunas de las medidas surgen de los procesos que lleva la JEP, por ejemplo, el cementerio de La Dabeiba, que responde al caso 003. Pero, hay otras que han surgido en respuesta a peticiones interpuestas por terceros.
Avances en las medidas cautelares
El 29 de agosto de 2018, dos personas pertenecientes al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de víctimas de desaparición forzada presentaron ante la JEP la solicitud de que se dictaran medidas cautelares anticipadas. La petición requería que se aseguraran 16 lugares en los que se presume fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada. Como respuesta, la JEP solicitó la colaboración de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de acordar, de manera conjunta, el proceso a seguir y la definición de los 16 lugares a ser protegidos. Dentro de esta petición se han decretado medidas cautelares sobre las zonas de La Escombrera y La Arenera. También, sobre los cementerios El Universal, Medellín y el de Los Pobres, Aguachica, Cesar. Así como sobre unos de los restos óseos del laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia y el resguardo Indígena San Lorenzo, Caldas.
Igualmente, la JEP ha decretado medidas cautelares para el cementerio alterno El Copey, Cesar en respuesta a una solicitud realizada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien alertó que en el cementerio podría haber cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Sección Primera señaló que el cementerio es una zona de interés más amplio porque pueden encontrarse inhumadas ahí otras víctimas del conflicto armado.
La CCJ también hizo una solicitud para el cementerio de El Salado, Bolívar. A través de videos, evidenció restos óseos expuestos y tumbas afectadas, lo que pone en riesgo la preservación de estos restos, su futura posible identificación y entrega digna a los familiares. Teniendo en cuenta que la JEP presume que en ese cementerio hay inhumadas víctimas de desaparición forzada durante la masacre de El Salado (perpetrada por paramilitares en el año 2000), ordenó que la UBPD sea la entidad que reciba y maneje los restos cuando sean recuperados por el Equipo Técnico Forense de la UIA.
Por otra parte, la Junta de Acción Comunal del barrio la Esperanza de Yopal, Casanare, solicitó medidas cautelares sobre el antiguo cementerio de la ciudad. Por motivo de la implementación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que permite el cambio de uso del suelo del antiguo cementerio, se han traslado de cerca de 150 cuerpos sin identificar. Solo algunos de ellos fueron reubicados en el nuevo cementerio y los demás cuerpos fueron enviados a otros lugares, algunos de los cuales ya están ubicados. Para este proceso, y por tratarse de posibles víctimas de desaparición forzada, también fue incluida la UBPD, lo que evidencia el trabajo colaborativo entre las dos instituciones.
Píldora de innovación
La JEP ha impuesto medidas cautelares en varias zonas del país para responder a la emergencia sanitaria del COVID-19. Con estas medidas se busca evitar que, ante la necesidad de disponer de los cuerpos de quienes mueren por COVID-19 (en lugares sin posibilidades de cremación), cuerpos inhumados sin identificar o identificados sin reclamar sean trasladados erróneamente y sin el debido rigor, lo que dificultaría su futura ubicación, el trabajo de identificación y entrega digna. El Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, así como el MOVICE alertaron sobre este riesgo. En zonas en las que se sospecha la existencia de restos de víctimas de desaparición, la UBPD dispondrá lo necesario para el manejo de los cuerpos.
Rodeemos el Diálogo reconoce el esfuerzo de la JEP para proteger los restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado como parte de la reparación integral y los procesos de verdad e invita a respaldar su trabajo.
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