Caso 006: Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de miembros del Estado

Snapshot de Justicia Transicional #8

La Unión Patriótica (UP) surgió tras los acuerdos de cese al fuego, paz y tregua de la Uribe entre el gobierno y las FARC-EP en 1984. La UP nació como movimiento político con todas las garantías jurídicas para que la insurgencia participara legalmente en escenarios políticos a través de cargos de elección popular. El creciente respaldo a su propuesta, especialmente en las regiones más apartadas del país, se materializó en la elección de 19 diputados, 286 concejales y varios representantes al Congreso. Como respuesta se desató una ofensiva en contra de sus líderes y militantes por parte de grupos paramilitares, agentes del estado y sectores políticos, situación que casi condujo al genocidio de la UP. Con base en estos hechos, la Fiscalía General de la Nación (FGN) declaró en el 2014 como crimen de Lesa Humanidad algunos crímenes cometidos contra militantes de la UP.

El 26 de febrero de 2019 la Sala de Reconocimiento de la JEP decidió abrir el caso número 006 que busca investigar, juzgar y sancionar a quienes, desde el Estado, fueron responsables de las victimizaciones cometidas en contra de los miembros de la UP. Para la apertura del caso la JEP se apoyó en informes de la Secretaría Ejecutiva de la misma jurisdicción, de la FGN, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Corporación Reiniciar (que agrupa a víctimas de la UP), así como en providencias judiciales de instancias nacionales (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) e internacionales (Sistema Interamericano de Derechos Humanos).

De dicha información la JEP dedujo la existencia de un patrón de violencia sistemática y generalizada en contra de los miembros de la UP, en razón de su identidad política, el cual tenía por finalidad el exterminio de los copartidarios y del partido mismo. Esto, aunado con el elevado grado de impunidad reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reflejado en los escasos avances de la justicia ordinaria, fueron razones de peso para abrir el caso.

Dentro de los presuntos responsables se incluyen miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y combatientes de grupos paramilitares. Durante la apertura del caso, se discutió la posibilidad de incluir preliminarmente a la investigación al menos a 33 comparecientes ante la JEP, entre quienes se encontraban miembros de la fuerza pública de distintos rangos y 13 agentes y exfuncionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La JEP dedujo la existencia de un patrón de violencia sistemática y generalizada en contra de los miembros de la UP, en razón de su identidad política, el cual tenía por finalidad el exterminio de los copartidarios y del partido mismo.

Avances y retos

En marzo de 2020 la JEP decidió acreditar a la UP como víctima en calidad de sujeto colectivo dentro del caso 006, lo que en sí mismo es una novedad dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esta decisión se fundamentó en el reconocimiento de que la persecución contra los miembros de la UP afectó las prácticas y formas organizativas del partido, lo que limitó su capacidad para intervenir en la contienda democrática por falta de garantías mínimas que hicieran posible, real, segura y efectiva su participación, lo que se reflejó en el debilitamiento de su potencial electoral y en la desarticulación de sus redes de militantes y que, en últimas, se materializó en la pérdida de la personería jurídica del partido. También en relación con las víctimas, la JEP ha avanzado significativamente en establecer contactos con personas en el exilio, para lo cual ya se han realizado encuentros en Canadá, Argentina y Suiza. Estos acercamientos le han permitido a la jurisdicción comprender que el exilio en sí mismo es una forma de victimización, que debe ser reconocida y reparada. Con base en expedientes judiciales, fuentes públicas, informes, cruce de distintas bases de datos y consulta de los archivos del DAS, la JEP ha logrado identificar a más de un centenar de posibles responsables que tendrán que rendir sus versiones sobre lo sucedido, al tiempo que ha logrado establecer un número de víctimas que alcanzan las 8.200; esta cifra es mayor incluso que la reportada en cualquier otro informe.

La JEP cuenta con el reto enorme de que muy pocos comparecientes se han presentado por su posible participación en hechos relacionados con la persecución a la UP, razón que explica que hasta el momento no se haya realizado ninguna versión en este caso. Sin embargo, sí se ha avanzado tanto en la identificación de posibles responsables y de las víctimas. Con base en expedientes judiciales, fuentes públicas, informes, cruce de distintas bases de datos y consulta de los archivos del DAS, la JEP ha logrado identificar a más de un centenar de posibles responsables que tendrán que rendir sus versiones sobre lo sucedido, al tiempo que ha logrado establecer un número de víctimas que alcanzan las 8.200; esta cifra es mayor incluso que la reportada en cualquier otro informe.

Píldora de innovación

La JEP ha forjado una relación estrecha con las víctimas sobrevivientes de la UP, algunas de ellas, y tras décadas de total abandono, por primera vez han sido escuchadas directamente por una institución del Estado colombiano. Dado que muchas de esas víctimas se encuentran en el exilio, la JEP y la Comisión de la Verdad han articulado su trabajo para escuchar y responder a las demandas de las víctimas en el exterior, poniendo en práctica la integralidad del sistema. Lo anterior ha permitido entender que el exilio es una situación que produce doble victimización, pues las víctimas cargan consigo las consecuencias de lo sufrido en el país y la limitación del ejercicio de derechos que genera una serie de afectaciones a los proyectos de vida en un contexto desconocido. Así, el Sistema Integral está innovando en el campo de la justicia transicional al acercarse a las víctimas en el exilio.

Rodeemos el Diálogo celebra los avances de la JEP en el Caso 006 y el reciente reconocimiento de la UP como víctima en este proceso. Esta es una oportunidad para que la sociedad sepa lo que sucedió, acabar con décadas de impunidad y que las víctimas del genocidio de la UP en Colombia y en el exilio obtengan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

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