Rodeando la verdad: asesinatos a líderes sociales

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 3

“Cómo es posible que 4,757 líderes sociales hayan sido asesinados en Colombia en los últimos 30 años?” preguntó Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, a una audiencia de defensores de derechos humanos provenientes de múltiples departamentos, autoridades regionales, oficiales del gobierno nacional, delegados de agencias internacionales y miembros de la sociedad civil. 

Así comenzó el primer Diálogo por la No-repetición, liderado por la Comisión de la Verdad el 11 de Junio de 2019 llamado “Larga vida a los hombres y mujeres líderes sociales y defensores de derechos humanos’, dirigido a hablar sobre los asesinatos a líderes sociales cometidos alrededor de Colombia. 

Estos diálogos forman parte de la estrategia de la Comisión de la Verdad para crear espacios encaminados a una discusión profunda sobre las preguntas más difíciles y complejas sobre las causas y las consecuencias del conflicto armado colombiano. 

Este enfoque innovador trata de motivar a la sociedad a reflexionar sobre la violencia sufrida por aquellos dedicados a defender la paz en sus territorios. El diálogo fue transmitido en línea y proyectado en todas las 19 “casas de la verdad” alrededor de Colombia. 

¿Qué pierde Colombia cada vez que matan a un líder social?

Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, más de 600 líderes sociales han sido asesinados en Colombia.  Esta tendencia ha sido descrita por comentaristas como un intento deliberado para debilitar el tejido social. 

Como parte del dialogo, los nombres de 162 líderes sociales fueron escritos con vidrio roto en la Plaza de Bolivar, Bogotá. Este simbólico acto, “Quebrantos”, diseñado por la artista Doris Salcedo, quien hace parte del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, busca pagar tributo a las víctimas. 

Reconstruyendo confianza

El diálogo busca encontrar respuestas a: ¿Por qué los líderes sociales están siendo asesinados en los territorios? ¿Qué debería de hacer el estado diferente para que esta tendencia no continúe? ¿Qué debería de hacer Colombia como sociedad para superar esta situación? ¿Cuál es el impacto en la democracia, la participación y el desarrollo comunitario cuando los líderes sociales son amenazados y asesinados?

Por casi tres horas los doce participantes discutieron las causas y las consecuencias de los asesinatos a líderes sociales. Entre los presentes se encontraban Fernando Carrillo, Procurador General; Ricardo Arias, Vice Ministro del interior, Alberto Brunori, el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, y; Camilo Romero, Gobernador de Nariño, entre otros oficiales. 

Los participantes aceptaron que hay varias explicaciones para la violencia. Por mencionar algunas: disputas de tierras relacionadas a Megaproyectos, minería ilegal y cosecha de hoja de Coca – donde los activistas y líderes defendiendo las tierras son usualmente vistos como amenaza a intereses económicos; disputas sobre biodiversidad y medio ambiente, y, cuando líderes sociales son vistos desafiar el poder y la autoridad del estado. 

“Aquí en Colombia tenemos un modelo político de exclusión, el cual no permite la diferencia, la oposición, o el pensamiento alternativo” dijo Marylen Serna, líder agraria en la cumbre. 

En términos de soluciones, el Estado debe de reconocer oficialmente la autoridad de los líderes sociales, dijo Leyner Palacios, representante de las víctimas en Chocó, “No piensen en nosotros solamente para el baile y el entretenimiento”. Otras soluciones propuestas incluyen diálogos sinceros con el gobierno, rediseñando la Unidad Nacional de Protección (UNP) – la entidad responsable de proveer seguridad a líderes sociales – y fortalecer la guardia indígena y rural. 

Los participantes también discutieron la necesidad de que el gobierno de Duque implemente el Acuerdo de Paz, particularmente el programa de substitución de cultivos y la reforma rural integral, para así garantizar la seguridad de los líderes sociales. 

El Inspector General Carrillo, reconoció que en Colombia los líderes sociales están siendo asesinados sistemáticamente y comentó en la urgente necesidad de que el Estado actúe. 

#26JMiGritoEs: Parar el Asesinato de líderes sociales en Colombia

El 26 de Julio de 2019, Francisco de Roux formalmente invitó a los colombianos a tomar las calles para marchar en defensa de la paz y demandar que se deje de asesinar a líderes sociales. El comisionado marchó junto a representantes del Sistema Integral por la Verdad, Justicia, Reparación y la No repetición incluyendo a la presidente de la JEP, Patricia Linares. 

En Londres, miembros de la sociedad civil se reunieron afuera de las oficinas de la BBC para llamar la atención sobre la falta de atención que los medios de comunicación le dan a la crisis de derechos humanos en Colombia, sosteniendo imágenes de líderes sociales asesinados y un pendón de 30 metros conteniendo los nombres de las más de 600 víctimas. Luego, marcharon a través de sitios icónicos en la ciudad como Regent Street, Picadilly Circus, Trafalgar Square y 10 Downing Street, gritando “¡Paren los asesinatos de líderes sociales en Colombia… paren, paren, paren!” La marcha terminó en una manifestación afuera de la Casa del Parlamento, donde los participantes exigieron la implementación total del acuerdo de paz y un final a la violencia en contra de los activistas sociales y los excombatientes de las FARC. 

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Los primeros pasos de la JEP

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Snapshot de Justicia Transicional #2

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) retomó desde el 2012 las negociaciones de paz con las Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo (FARC-EP), a través de un proceso de diálogo que contó con la participación de la sociedad civil y de grupos poblacionales que han sido víctimas históricas del conflicto como el campesinado y las comunidades indígenas y afros. Este proceso de negociación concluyó en el 2016 con la firma del Acuerdo Final para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; a partir de entonces Colombia enfrenta el desafío de implementar las 578 disposiciones del Acuerdo.

La JEP: ¿por qué nace, qué busca, y cómo funciona?

La justicia, como uno de los derechos en deuda con las víctimas, fue un punto de debate durante la etapa de negociación. Bajo la discusión de no sometimiento de las FARC-EP a la justicia ordinaria, y con base en los principios internacionales para la consecución de la paz con justicia, se acordó crear un mecanismo especial y transitorio con el fin de investigar, asegurar la participación de los máximos responsables de los crímenes más graves e impartir justicia restaurativa. La verdad y la reparación integral de las víctimas serían las bases de este mecanismo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el ente encargado del componente de justicia en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) creado por el Acuerdo.

La JEP, como entidad del Estado, tiene el deber de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el marco y en razón del conflicto armado. En este campo de acción la JEP tiene como objetivos ofrecer una verdad plena a la sociedad colombiana, contribuir a la lucha contra la impunidad y adoptar decisiones provistas de seguridad jurídica a quienes se sometan bajo su jurisdicción; contribuyendo con la construcción de paz estable y duradera.

Centrada en la garantía y protección de los derechos de las víctimas, la JEP actúa bajo los principios de enfoque diferencial, equidad de género y el juzgamiento de los casos más graves y representativos, y debe funcionar de manera articulada, efectiva y coherente con los demás componentes del SIVJRNR. Su competencia prevalecerá sobre las demás actuaciones penales, disciplinarias o administrativas que se realicen en el marco del conflicto armado.

Adicionalmente, la JEP es la encargada de decidir sobre la concesión de amnistías e indultos, de acuerdo con la normatividad internacional, la Constitución Política de Colombia y la Ley de Amnistía (Ley 1820 de 2016).

La JEP tiene a su cargo dos clases de procedimientos: 1) reconocimiento de verdad y responsabilidad y 2) de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Para ello se compone de cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva. Los cinco órganos están conformados por tres Salas: a) Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de Conductas, b) Sala de Amnistía e Indulto y c) Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; por la Unidad de Investigación y Acusación y por el Tribunal para la Paz, que está compuesto a su vez por cinco secciones.

La magistratura está compuesta por 38 titulares y 13 suplentes, la JEP además cuenta con la participación de 14 juristas extranjeros en calidad de Amicus Curiae (terceros ajenos al litigio que ofrecerán su opinión para colaborar en la resolución de la materia objeto de los procesos). La elección de sus integrantes fue realizada por el Comité de Escogencia, un órgano autónomo e independiente creado por el Acuerdo Final. La selección se realizó de manera pública, imparcial y diversa, con un resultado de 28 mujeres elegidas como magistradas y más de un 15% de miembros perteneciente a comunidades indígenas y afro, sentando un precedente en la selección de grupos étnicos.

Los ataques a la JEP y la respuesta de la comunidad internacional

Desde la llegada de Iván Duque a la presidencia en agosto de 2018, el libre funcionamiento de la JEP ha estado en riesgo. Pese a que la Corte Constitucional declaró constitucional el Acto Legislativo 01 de 2017 mediante la cual se dio vida a la JEP; el presidente presentó en el primer semestre de 2019 una serie de objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, las cuales fueron negadas por la Corte Constitucional, permitiendo la sanción de la Ley 1957 de 2019.

A pesar de estos obstáculos, la comunidad internacional y diferentes organizaciones internacionales de DDHH, organismos de la ONU, sectores académicos y sociales del mundo, así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, han reforzado su apoyo a la implementación del Acuerdo y a la JEP específicamente. Este apoyo ha sido y continúa siendo fundamental para que la JEP cumpla su mandato.

En el tercer TJS presentaremos los casos que la JEP está investigando y los avances en pro de cumplir con su tarea de satisfacer los derechos de las víctimas e impartir justicia para garantizar la no repetición.

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Rodeando la verdad: la violencia de género

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 2

La violencia sexual se ha utilizado estratégicamente en el conflicto armado de Colombia para romper los lazos comunitarios, castigar, humillar y subordinar, y silenciar a quienes denuncian estas atrocidades. Sin embargo, la magnitud de la violencia sexual usada en el conflicto contra las mujeres y la comunidad LGBTI en Colombia aún no se ha podido comprender completamente. Es un crimen que permanece masivamente denunciado, silenciado y negado.

No obstante, la agenda de género del Acuerdo de Paz de 2016 sentó un precedente mundial. Colombia ahora tiene la oportunidad de descubrir la verdad sobre la violencia de género en el contexto del conflicto armado, empoderar a las mujeres y a la comunidad LGBTI, fomentar la igualdad de género y promover un cambio estructural.

Mi cuerpo Dice la Verdad – Las víctimas de violencia sexual dicen su verdad

La Comisión de la Verdad de Colombia incluye una perspectiva de género que busca descubrir el impacto desproporcionado del conflicto armado en las vidas de mujeres, niñas y comunidad LGBTI como consecuencia de la violencia ejercida contra ellas debido a su género, orientación sexual e identidad. 

El miércoles 26 de junio, en Cartagena, 30 mujeres y miembros de la comunidad LGBTI presentaron sus historias de violencia sexual en el primer ‘Encuentro por la verdad’, una serie de eventos organizados por la Comisión de la Verdad para reconocer oficialmente las experiencias de las víctimas y traer las injusticias del pasado al dominio público.

Los sobrevivientes de violencia sexual contaron sus historias de tortura, violación, abortos forzados y esclavitud sexual, entre otros, ante una audiencia de más de 500 personas integradas por líderes de todo el país, miembros de la comunidad internacional, organizaciones de víctimas, medios de comunicación y, fundamentalmente, perpetradores de la violencia, cuya función fue la de guardar silencio y escuchar.

Algunos participantes dieron sus propios testimonios mientras que otros proporcionaron una declaración escrita que fue leída en voz alta por figuras públicas elegidas por la Comisión de la Verdad, entre ellas John Petter Opdahl, Embajador de Noruega, y Gonzalo Sánchez, ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.

Cada emotivo testimonio transmitió el dolor y el sufrimiento de estas experiencias y el gran peso de la vergüenza y el estigma que rodea a la violencia sexual.

“Fue impactante, muy difícil digerir. El impacto de los testimonios se siente en el cuerpo, los sentimientos permanecen contigo, consciente e inconscientemente” Andrei Gómez-Suárez, refiriéndose al evento. 

Arte y resistencia

Este evento también se basa en el importante trabajo de las organizaciones que han apoyado a las mujeres y la comunidad LGBTI a lo largo de los años y reconoce sus esfuerzos por arrojar luz sobre la violencia sexual durante el conflicto.

La tarde trajo música y actuación a Cartagena, desde percusión tradicional hasta Aterciopelados, (una popular banda colombiana) en un evento público diseñado para llegar a más personas y despertar a la sociedad colombiana a la importancia de la verdad. Estas actividades demuestran que los seres humanos tenemos la capacidad de superar el dolor extremo y transformarlo en algo positivo.

Estas actividades artísticas también fomentan la inclusión y la tolerancia, esenciales para la convivencia y la no repetición de la violencia, ya que las mujeres y la comunidad LGBTI de las regiones marginales de Colombia participaron y demostraron que tienen mucho que aportar para enriquecer la cultura colombiana.

¿Qué contribución hace la Comisión de la Verdad a este debate?

Este evento fue una oportunidad importante para escuchar a las víctimas de violencia sexual que han sido silenciadas durante años.

Dirigiéndose a los participantes, la comisionada, Alejandra Miller, dijo: “Hoy, la Comisión de la Verdad quiere decirles que los escuchamos, les creemos, los abrazamos y nos preocupamos por ustedes”. Por eso, explicó, La Comisión de la Verdad decidió comenzar estas discusiones con “un crimen que se ha normalizado, silenciado y negado en esta guerra y en todas las guerras”.

Una nueva forma de relacionarse y la verdad se están reconstruyendo gradualmente. Al cerrar el evento, la comisionada Angela Salazar y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, dijeron que la Comisión había escuchado las historias de las víctimas, escuchado sus necesidades y prometió que la comisión haría todo lo posible para satisfacer estas necesidades.

Si bien algunos cuestionan si fue apropiado enfocarse en la violencia sexual desde el principio, expresando preocupación de que esto definirá temas de género en el conflicto armado, se espera que este encuentro ayude a crear una mayor conciencia sobre la violencia sexual y motive a más personas a dar su testimonio. 

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Garantías para transitar hacia la paz

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Snapshot de Justicia Transicional #1

La acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, es una de las definiciones de “transición” que contempla la Real Academia Española (RAE). En términos generales, transitar sugiere un paso de un momento a otro, pero en Colombia, el tránsito hacia la paz nos ha costado mucho; mas de 60 años de conflictos y cuatro intentos previos de paz, y aún sigue la violencia. 

Todos los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y los grupos alzados en armas, ya sea guerrillas o paramilitares, han fracasado en el intento de consolidar la paz. Los patrones de violencia contra las apuestas de construir un mejor país, libre de la guerra, en el que la reconciliación y la solidaridad pesen más que los odios aprendidos y arraigados, han frustrado su posibilidad de éxito. 

Hablar de Justicia Transicional en Colombia no es fácil. Su base fundamental es el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas. El componente de verdad, asusta a quienes han participado en la violencia, pero no han reconocido responsabilidades, no obstante recientemente ha crecido el número de quienes quieren hacerlo. 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, el gobierno Uribe (2002-2010) prefirió extraditar a los comandantes paramilitares que empezaron a revelar la verdad sobre sus actuaciones, a quiénes favorecían y quiénes las ordenaban. Esa verdad amordazada, no garantizó la reparación de las víctimas, en consecuencia, no hubo proceso satisfactorio de justicia transicional. 

Con la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP en el año 2016, las víctimas se volvieron el eje de los acuerdos. No en vano, se acordó la necesidad de crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las tres instituciones a cargo de esta difícil labor – la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CdV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)-, han tenido que dar sus propias batallas, jurídicas, políticas y sociales, contra el intento de desacreditar su labor por parte de grupos de interés que promueven el odio, y que no aceptan la imperiosa necesidad de cambio. 

En este sentido, las garantías para transitar hacia la paz, dependerán ahora de una ciudadanía innovadora que crea profundamente en la verdad y la reparación como pilares de la justicia trasicional, que esté informada sobre los avances y retos, y que acompañe desde sus diferentes procesos colectivos e individuales, la construcción de paz. 

Este escrito, es el primero de nuestra serie Transitional Justice Snapshoths que proveerá a los lectores información verídica y actualizada sobre el desarrollo de la JEP; es nuestro aporte para rodear la transición hacia la paz.

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