¿En qué va la reincorporación según la Procuraduría?

Snapshot de Reincorporación #11

A principios de septiembre de 2020, la Procuraduría General de la Nación presentó, ante el Congreso de la República el segundo informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz. Un capítulo aborda la reincorporación económica y social de los exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil. Este snapshot reflexiona sobre los avances, retos y recomendaciones presentadas por la Procuraduría.

Avances

Según la Procuraduría, la reincorporación económica y social es uno de los puntos que más ha avanzado en términos de implementación, evidenciando cambios significativos en el periodo de análisis del informe (marzo de 2019 a mayo de 2020). Entre estos desarrollos cabe destacar la extensión de la renta básica más allá de los 24 meses después de la acreditación y la expedición de la Resolución 4309 (diciembre, 2019) como marco para la implementación de la Ruta de Reincorporación.

El informe resalta un aumento en los proyectos productivos individuales y colectivos aprobados en los últimos once meses (1.118), los cuales representan un incremento del 601 por ciento en dicho periodo. También reconoce avances en la acreditación de 279 personas mediante resoluciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

De las 19 recomendaciones hechas a entidades del orden nacional en materia de reincorporación económica y social por la Procuraduría en su primer informe (agosto, 2019), catorce han sido acogidas.

Reto 1: Articulación Institucional

La Procuraduría insiste que es urgente garantizar la articulación institucional de las autoridades nacionales y territoriales en la implementación de medidas de prevención, protección y seguridad para las comunidades y sus territorios. El desafío más importante continúa siendo la situación de seguridad, con la muerte de Albeiro Suárez van 234 personas en proceso de reincorporación asesinadas desde la firma del Acuerdo.

Las dificultades de articulación interinstitucional se hacen evidentes no solo en el tema de seguridad, sino también en la reincorporación económica y social debido a los retrasos en la implementación del Sistema Nacional de Reincorporación. La ausencia de un marco normativo vinculante hace que el compromiso institucional sea discrecional e impida planes y recursos específicos por parte de las entidades competentes para la reincorporación.

Lo anterior pone en riesgo la estabilidad del proceso, ya que la arquitectura institucional se encuentra altamente focalizada en la Consejería para la Estabilización y la Agencia Reincorporación Nacional (ARN) y un alto porcentaje de las intervenciones en materia de reincorporación no son de competencia exclusiva de estas instancias, sino competencia de entidades líderes en temas de salud, educación, habitabilidad, vivienda, trabajo, entre otras.

Reto 2: Articulación Territorial

La situación de los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) es otra preocupación del informe. Estas instancias tienen limitaciones geográficas (sólo existen en los territorios donde hay Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR–) allí únicamente se encuentra un 20 por ciento de las personas en proceso de reincorporación, unas 2.600 personas, según datos de la ARN.

Además, se han reportado dificultades de interlocución entre los CTR y los entes territoriales. Estos obstáculos redundan en un débil posicionamiento de las instancias y obstaculizan la incidencia para impulsar la reincorporación territorial.

Una de las recomendaciones hechas por la Procuraduría, y que aún no se ha cumplido, es la revisión geográfica de los CTR y la garantía de espacios de articulación con el objetivo de reconocer las Nuevas Áreas de Reincorporación (donde se encuentra la mayoría de personas que firmaron el Acuerdo), las cuales no se encuentran contempladas en la Estrategia de Consolidación de los ETCR.

La política de gobierno “Paz con Legalidad” a través de esta Estrategia contempla el acceso a tierras solo para los ETCR. Lo anterior genera incertidumbre y preocupación, ya que la tierra es uno de los principales cuellos de botella para los proyectos productivos y de vivienda de la población en reincorporación, sin mencionar que la mayoría de personas se encuentra por fuera de los espacios.

Reto 3: Medición del proceso

Existen desafíos frente a la documentación de la situación actual de las personas en proceso de reincorporación, la cual permitiría hacer mediciones más aproximadas sobre el impacto de la Ruta de Reincorporación. Preocupa que sus componentes tengan niveles disímiles de avance, habiendo un énfasis desproporcionado en los beneficios económicos respecto al desarrollo de los componentes sociales. Además, la Procuraduría manifiesta su preocupación frente a que la aprobación de la Ruta se diera mediante una resolución, pues pone en riesgo la sostenibilidad del proceso considerando que su alcance y temporalidad trascienden al periodo de la actual administración.

La Procuraduría manifiesta que no son claros los criterios a través de los cuales se establece que el 50% de la ruta de reincorporación corresponde al desembolso de los proyectos productivos, toda vez que las hojas de ruta de reincorporación aún no han sido definidas de manera participativa en los territorios y que contemplan otros seis componentes (habitabilidad y vivienda, salud, educación, comunitario, familia y bienestar psicosocial).

La Procuraduría alerta que pandemia del COVID-19 ha significado retos aún mayores para el proceso de reincorporación económica y social y ha resultado en retrasos significativos en planes, programas y proyectos previstos para este proceso en la Política Nacional de Reincorporación, así como la puesta en marcha de la Ruta de Reincorporación.

Rodeemos el Diálogo insta al gobierno a atender las recomendaciones y consideraciones de la Procuraduría y reitera su llamado “a que como sociedad asumamos el cumplimiento del Acuerdo de Paz como un compromiso que requiere el esfuerzo mancomunado de todos sus actores”.