Un Enfoque de Seguridad Comunitario como Instrumento de Paz

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Snapshot de Reincorporación #10

Pese a los avances en aspectos técnicos de la reincorporación, existen serias demoras en la implementación integral del Acuerdo de Paz como lo muestra nuestro último Snapshot. En particular, genera preocupación la falta de garantías de seguridad y el aumento de la violencia en las áreas históricamente afectadas por el conflicto. Un tema central del Capítulo Étnico del Acuerdo es la propuesta de abordar el tema de seguridad desde una perspectiva territorial, más participativa e incluyente que vaya más allá del tradicional enfoque estatal basado en el despliegue de fuerza policial y militar. Por eso, este Snapshot reflexiona sobre la necesidad de implementar de forma rápida y eficaz el Capítulo Étnico, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las comunidades indígenas y las poblaciones de afrocolombianos.

Avances y Desafíos

Para dar cumplimiento a los puntos 2.1.2.1 y 3.4.8 del Acuerdo Final se expidieron decretos de ley que definieron la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (decreto 895 de 2017) y el Programa Integral de Seguridad para las Comunidades y Organizaciones en los territorios (decreto 1066 de 2015).

Sin embargo, estos mecanismos no están siendo implementados y no se traducen en medidas que garanticen el derecho a la seguridad y el bienestar en muchas áreas donde hoy en día coexisten comunidades indígenas y afro, campesinos, grupos de personas en proceso de reincorporación y sus familias junto con varios grupos armados. Lamentablemente, desde la firma del Acuerdo en 2016 han asesinado a 229 ex-combatientes de las FARC-EP y a 270 líderes indígenas y a estas cifras se suman más de 60 masacres cometidas en lo corrido del 2020, cuyos autores intelectuales no han sido identificados o procesados por los entes judiciales.

Como resultado, predomina una percepción de total inseguridad y según algunos líderes comunitarios, los datos cuantitativos generados por el Sistema de Monitoreo de Cumplimiento de Políticas Públicas, SisConpes, o del Instituto Kroc – encargado de evaluar la implementación del acuerdo de paz – no reflejan de forma cualitativa los avances en seguridad o dan cuenta de las acciones del gobierno para disminuir la violencia.

Esta problemática resalta la importancia de incrementar la presencia institucional en los territorios. Sin embargo, dicha presencia no se debe limitar a las fuerzas militares y policiales, sino que debe incluir la acción rápida y efectiva de instituciones civiles y judiciales que esclarezcan los crímenes y desmantelen las estructuras violentas.

Aunque la violencia no obedece la misma lógica del conflicto armado, continúa afectando indiscriminadamente a la población civil, incluidos los ex-combatientes de las FARC-EP y las comunidades indígenas de los territorios donde se desarrolla el proceso de reincorporación. Por eso, además de las reformas políticas y socio- económicas contenidas en el Acuerdo, se requieren acciones y cambios estructurales en seguridad y el cumplimiento de los marcos normativos existentes. Aún más importante es abordar la seguridad “desde abajo”; es decir, desde un enfoque comunitario, más humano e incluso ancestral.

Una visión alternativa

Actualmente, la Unidad Técnica de Reincorporación (UTR), la Agencia para la Reincorporación (ANR) y el componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), están trabajando en el programa especial de armonización para la reincorporación, uno de los compromisos expresados dentro del marco del Acuerdo. Este pretende brindar rutas y medios para que los ex-combatientes que se auto-identifican como de origen étnico puedan regresar a sus comunidades.

Según el marco, deben existir garantías para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos reconocidos a nivel nacional e internacional, como la Guardia Cimarrona y la Guardia Indígena. En el caso particular de las guardias indígenas, estas no son estructuras policiales, sino mecanismos humanitarios, colectivos y voluntarios de resistencia civil. Las guardias indígenas buscan defender los territorios y a quienes los habitan desde la cosmovisión ancestral, reconociendo a los seres humanos como parte de su entorno, por lo que existe un profundo respeto por la tierra y la vida.

La reincorporación representa una oportunidad para impulsar estos sistemas, como lo demuestra el caso del departamento de Nariño, en donde la gobernación y la ARN firmaron un convenio interadministrativo que cuenta con 5 municipios priorizados (Cumbal, El Charco, Ipiales, Pasto y Tumaco). En el componente de seguridad de este convenio, se prevé el fortalecimiento de las guardias indígenas de las comunidades presentes en estos territorios, las cuales requieren medidas urgentes para contrarrestar los crecientes índices de violencia.

Actualmente, las guardias indígenas están promoviendo la campaña #SoyGuardiaindigena, a fin de que el Estado y la sociedad entiendan que la seguridad concebida desde la defensa de la vida y la naturaleza para el bienestar común contribuye a la construcción de paz en Colombia.

Rodeemos el Diálogo insta al gobierno colombiano a implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y su respectiva normatividad, particularmente la implementación efectiva del Sistema Integral de Seguridad y de las medidas correspondientes al fortalecimiento de los mecanismos propios de seguridad propios de los pueblos étnicos. Además, hace un llamado al desarrollo de acciones que garanticen la seguridad y protección de los indígenas, personas en proceso de reincorporación, líderes y comunidades, más allá de aumentar la presencia de la fuerza pública.

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