El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una guerrilla con más de 50 años de historia de rebelión contra el Estado colombiano. A diferencia de otros grupos guerrilleros con presencia en Colombia, el ELN ha fundamentado su accionar político y militar desde la teología de la liberación, además tiene una estructura organizacional de tipo horizontal y una distribución dispersa a lo largo del territorio nacional y países vecinos.
El 25 de Marzo, en alianza entre Rodeemos el Diálogo (ReD) y su grupo de trabajo para la negociación entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto con el Centro de Religión, Reconciliación y Paz (CRRP, por su siglas en inglés) de la Universidad de Winchester, se realizó el Diálogo Público sobre las dinámicas del conflicto y los retos de la paz con el ELN con Elizabeth Dickinson (International Crisis Group) y Kyle Johnson (Conflict Responses). El evento es la continuación de un encuentro anterior celebrado en febrero, y es el esfuerzo más reciente por promover el debate público en torno a las perspectivas de un proceso de paz
El conflicto con el ELN es complejo, y cualquier intento de establecer un diálogo debe ser consciente de tres retos claves. El primero, la renuencia del gobierno a comprometerse con el Acuerdo de Paz, tan amplio, logrado con las FARC-EP en 2016; el cual introducía importantes medidas socioeconómicas dirigidas a las causas del conflicto. Así mismo, el Estado ha fallado en la implementación integral de estas políticas de largo alcance y ha dejado a la expectativa al ELN sobre el compromiso institucional para realizar estar reformas estructurales. La implementación del Acuerdo de 2016 es crucial para construir confianza entre las partes.
El segundo reto, está en la falta de consenso al interior del ELN frente a la continuación del conflicto y la negociación de paz con el gobierno. Durante el 2020, el gobierno nacional se negó a conceder un cese bilateral de cese al fuego con el ELN. Esto ha contribuido a la incertidumbre entre algunos guerrilleros sobre los beneficios del proceso de paz. Igualmente, el ELN está preocupado por la formaen que los grupos armados ven el potencial vacío que dejaría en territorios estratégicos con importantes recursos. Abordar la presencia de otros grupos armados es clave para que el cese al fuego sea exitoso y pueda ayudar a un acuerdo entre escépticos de ambos lados.
El tercer, es el carácter transnacional del ELN, que ha operado por en Venezuela por décadas, complica aún la ruptura total de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. El reciente escalamiento de las tensiones entre las fuerzas de seguridad de Venezuela y los grupos armados en la frontera de Apure y Arauca que ha generado el desplazamiento de centenares de personas en ambos lugares; lo cual debe ser tenido en cuenta en próximas negociaciones con el ELN y sus operaciones en Venezuela. Establecer canales de comunicación entre las autoridades de Bogotá y Caracas es esencial para estabilizar el conflicto en la frontera Colombia-venezolana.
Los esfuerzos regionales como el acuerdo humanitario en el Chocó
demuestra el rol que pueden jugarlas organizaciones de la sociedad civil en presionar al gobierno y al ELN en el cese de hostilidades. Mientras que los acuerdos locales aportan a la reducción del impacto del conflicto en las comunidades, la responsabilidad no es exclusiva de las comunidades y debe ser acompañado por la altas instancias para aprovechar la apertura de espacios de diálogo.
ReD y el CRRP recuerdan al gobierno Colombiano y al ELN el impacto que un proceso de paz puede traer, en particular para las comunidades que viven día a día el rigor de la guerra. Urge la adecuada implementación del acuerdo de paz de 2016, reconocer los esfuerzos para la construcción de confianza entre las partes, y reafirmar la importancia de restablecer la comunicación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.
Durante los dos primeros meses de 2021, las condiciones de seguridad y goce efectivo de los derechos humanos en el Pacífico colombiano se han deteriorado, como varias organizaciones y comunidades manifiestan.
Nuestra preocupación es compartida por diferentes procesos, organizaciones y comunidades del occidente del país.
El conflicto armado no solo tiene un impacto local, debido a la expansión territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de otros grupos armados, sino también transnacional, al involucrar a países vecinos como Venezuela, Ecuador y Cuba.
En este contexto, el trabajo de diferentes grupos e instituciones religiosas y espirituales en el territorio como mediadores y acompañantes de las comunidades contribuye a preparar el terreno para una eventual negociación de paz, así como a la construcción de paz.
Desafortunadamente, estos procesos de base han sido objeto de amenazas y violencia, como lo evidencia recientemente el ataque contra el Obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Dario Jaramillo.
Por tanto, consideramos que es fundamental una agenda conjunta para:
Lograr acuerdos humanitarios locales para frenar la violencia.
Exigir el cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP,especialmente en los puntos sobre Reforma Rural Integral y Solución al Problema de lasDrogas Ilícitas.
Mejorar la actuación de la fuerza pública de tal manera que permita recuperar la confianza.
Retomar los diálogos con el ELN.
Desde Rodeemos el Diálogo mantendremos nuestra labor territorial y transnacional que permita aportar desde la cultura del diálogo a la salida negociada del conflicto armado colombiano, en especial en los territorios del pacifico.
Hoy más que nunca es necesaria la participación activa e informada de la sociedad civil frente ala construcción de una paz completa, dicha participación es fundamental para avanzar en unasalida política al conflicto con el ELN
El 9 de febrero el equipo de Rodeemos el Diálogo que hace seguimiento a una eventual negociación entre gobierno y ELN sostuvo un diálogo público con Socorro Ramírez, profesora emérita del Instituto de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Nacional, y Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado, sobre las perspectivas de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A raíz de ese diálogo, y dado que este 2021 se cumplen 30 años desde el primer intento de dialogar con el ELN, que la situación humanitaria en los territorios con presencia del ELN es crítica, y la pandemia la agrava aún más, consideramos que hoy es más urgente que nunca un proceso de paz.
Una solución negociada con el ELN depende del contexto geopolítico en la región, especialmente de Estados Unidos, Cuba y Venezuela. La reciente acción de Cuba de informar al gobierno colombiano sobre un supuesto ataque militar del Frente Oriental del ELN es otra prueba del apoyo de ese país a la paz de Colombia. Este gesto abre una oportunidad para que Cuba y Colombia aborden conjuntamente la presencia de la delegación de paz del ELN en La Habana y busquen soluciones tomando en cuenta los protocolos de ruptura. También es una oportunidad para que la administración Biden retire a Cuba de su lista de países que apoyan al terrorismo, ya que una de las justificaciones del gobierno Trump para incluirlo en la lista fue la presencia de la delegación del ELN. Así Biden podría promover un ambiente regional más cooperativo para resolver un conflicto cada vez más transnacional.
Derrotar al ELN por la vía militar no tiene mayores posibilidades de éxito. El Estado ha logrado debilitar al ELN en muchos momentos, pero nunca lo ha derrotado. A pesar de tener diferencias internas a lo largo de su historia, el ELN se ha mostrado resistente frente a los grandes golpes militares. Por el contrario, un proceso de construcción de Estado en las regiones con presencia del ELN ayudaría a ambas partes a lograr sus metas por vías democráticas.
Una negociación con el ELN debe contener dos elementos: un compromiso de Estado de hacer transformaciones reales en las regiones, y la participación de las comunidades en este proceso. Esto responde a las demandas históricas del ELN, al discurso del gobierno de paz con legalidad, y sobre todo al pedido de las comunidades, quienes exigen ser escuchadas y protegidas. Para avanzar, ambas partes podrían primero priorizar acuerdos humanitarios para aliviar la situación en las regiones.
Para retomar una solución negociada es fundamental acordar una agenda delimitada en el tiempo, que incluya la discusión de transformaciones estructurales co-construidas con la participación de las comunidades en las zonas de conflicto. La sociedad civil puede ayudar reforzando la voz de las comunidades, exigiendo la terminación del conflicto y preparando el terreno para la construcción de una paz completa en Colombia. Invitamos a las partes a buscar urgentemente salidas a la guerra, con el apoyo de la comunidad internacional.
En Rodeemos el Diálogo iniciamos nuestro año con una dialogo con un panel del lujo sobre las perspectivas de negociación con el ELN en 2021.
El pasado 8 de agosto, Rodeemos el Diálogo se reunió en un desayuno virtual con Socorro Ramírez para discutir acerca de la situación actual de la frontera colombo-venezolana y las perspectivas de paz con el ELN. Socorro es profesora jubilada de la Universidad Nacional y se desempeñó como negociadora en el proceso de paz que se llevó a cabo con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
El desayuno estuvo enmarcado en el aporte que puede hacer la sociedad civil a la salida negociada con el ELN, basándose en las experiencias de intentos anteriores. Socorro indicó la existencia de tres grandes avances que deja la Mesa de Negociación que sesionó hasta comienzos de agosto de 2018:
1) la revisión del cese al fuego bilateral cuya evaluación permitió diseñar protocolos más precisos que hubieran podido ser la base para antender el pedido de Naciones Unidas de cese al fuego humanitario en este contexto de emergencia sanitaria;
2) el examen de la urgencia de aplicar el derecho internacional humanitario para acabar el secuestro, el confinamiento o desplazamiento de comunidades, el reclutamiento o uso de niños para acciones armadas, etc, que alivian graves efectos del conflicto armado sobre las poblaciones;
3) la construcción participativa de una propuesta de participación de la sociedad, primer punto de la agenda negociadora, que debe nutrir a la Mesa para que procese el resto de puntos y logre un acuerdo de fin de la resistencia armada del ELN y su implementación que impulse transformaciones significativas en problemas que alimentaron ese conflicto.
En relación al contexto internacional, elemento decisivo a la hora de negociar, se resaltó que las negociaciones no serán posibles sin el apoyo de Venezuela y Cuba, lo que exige al actual gobierno repensar su política hacia esos dos países. Asimismo, la salida negociada con el ELN dependerá de la implementación del Acuerdo con las Farc, en particular del impulso a la construcción del Estado desde y con la periferia nacional, así como del desarrollo de una paz territorial soportada en el fortalecimiento de la institucionalidad y en la participación de las comunidades locales.
El desayuno concluyó con dos reflexiones:
-la participación de la sociedad civil en los territorios es vital para aportar a la salida negociada con el ELN;
-la sociedad civil está construyendo Puentes Ciudadanos entre organizaciones e instituciones en Colombia y Venezuela para apoyar salidas negociadas entre los diversos sectores venezolanos que abra una transición pacífica y democrática para la reconstrucción de ese país, fortalecer nexos positivos colombo-venezolanos que estimulen desbloqueos para hacerle frente a la crisis humanitaria en la frontera, atender el éxodo de la población por la crisis de Venezuela, y apoyar la construcción de paz en Colombia.
¿Se alinearán las estrellas para negociar la paz con el ELN? Karen Arteaga Garzón, Gwen Burnyeat, Andrei Gómez-Suárez y Germán Otálora Gallego, miembros de ReD, argumentan que las posibilidades de una futura negociación con el ELN dependen de una solución a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Colombia.
Después de un breve cese al fuego unilateral declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en abril de 2020, el conflicto armado entre el último grupo guerrillero de Colombia y el Estado se reanudó con fuerza. Los ataques del ELN contra oleoductos y los bombardeos de las fuerzas armadas contra los campamentos del ELN no solo afectan la situación humanitaria de las poblaciones rurales más vulnerables en zonas con presencia del ELN, sino que muestra que una negociación de paz con el ELN parece cada vez más remota. Con base en reportes de prensa y conversaciones confidenciales con expertos y actores clave, este artículo argumenta que la posibilidad de una futura negociación con el ELN depende tanto de la coyuntura geopolítica regional, en particular las relaciones entre Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Colombia, como de los desarrollos políticos al interior de cada uno de estos países.
El ELN fue fundado en 1964 por un grupo de estudiantes colombianos entrenados en La Habana e inspirados por la revolución cubana, quienes adoptaron la doctrina de guerra de guerrillas del Che Guevara. A pesar que la ideología marxista-guevarista del ELN ha evolucionado a través de los años, incorporando aspectos de la teología de la liberación (representada por la figura icónica del sacerdote guerrillero Camilo Torres y, después, por los sacerdotes españoles Manuel Pérez y Domingo Laín), desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999, el ELN ha desarrollado fuertes afinidades con el chavismo y la revolución bolivariana.
Muchos colombianos ven al ELN erróneamente como “el hermano menor” de las FARC: menor en tamaño, importancia, y poder militar. Podría argumentarse que ese fue el error del gobierno Santos – creyó que, si el ELN veía que el proceso avanzaba con las FARC, se alinearía fácilmente, por ende no avanzaron las negociaciones en paralelo. No obstante, aunque los objetivos de la lucha armada del ELN y las FARC fueron similares, sus proyectos e ideologías tenían diferencias sustanciales. Es crucial entender cómo el ELN se ve a sí mismo para analizar las posibilidades de unas negociaciones de paz en el futuro. A pesar de que el Estado colombiano dio por muerto al ELN en 1970 después de la ‘Operación Anorí’, en la que se diezmaron las tropas de esa guerrilla, el ELN ha resistido las ofensivas contrainsurgentes por décadas. En la década de 1980, el ELN empezó a extorsionar grandes compañías petroleras, entre ellas las involucradas con el oleoducto Caño Limón–Coveñas, de interés estratégico para Estados Unidos; y ocupó territorios en los que había presencia de proyectos mineros y energéticos, lo que supuso una rápida expansión de esta guerrilla. Si bien la capacidad militar del ELN se debilitó a finales de los 90 y principios de los 2000 cuando grupos paramilitares atacaron algunos de los bastiones del ELN, desde que inició la implementación del Acuerdo Final del 2016 el poder y la presencia territorial del ELN han incrementado.
La frontera colombo-venezolana ha sido tradicionalmente una de las regiones clave del control territorial del ELN. Antes de que Chávez llegara al poder, los gobiernos venezolanos históricamente mantuvieron al margen de su territorio al ELN, pero Chávez hizo caso omiso de su presencia en Venezuela, lo que permitió que el ELN se consolidara como una insurgencia bolivariana binacional. Hoy, el ELN tiene presencia en 13 de los 23 estados venezolanos, controla rutas lucrativas de narcotráfico, y mantiene una lucha ideológica compartida contra lo que el ELN y el chavismo perciben como ‘imperialismo estadounidense’.
Desde el inicio del conflicto armado interno con las FARC, el ELN y otros grupos guerrilleros en la década de 1960, los diferentes gobiernos en Colombia han adelantado esfuerzos de guerra y paz en paralelo, influenciados en buena parte por sus relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos. Durante la administración de Obama, EE.UU. jugó un rol clave en los diálogos entre el gobierno de Santos y las FARC al delegar en 2015 a Bernie Aronson como su enviado especial para las negociaciones de La Habana, y al pasar del ‘Plan Colombia’ (acuerdo bilateral firmado en 2000 para canalizar el apoyo de EE.UU. en la lucha contrainsurgente en Colombia) a ‘Paz Colombia’, un acuerdo que ofreció 450 millones de dólares en ayuda para consolidar la paz en Colombia.
El gobierno de Santos inició negociaciones de paz con el ELN en 2017, lo que coincidió con la llegada de Trump a la Casa Blanca. EE.UU. no participó en esas conversaciones. Por el contrario, Trump inició una línea de mano dura hacia Latinoamérica en general, reviviendo una política exterior al estilo de la Guerra Fría y un discurso anticomunista. Mientras que Obama restableció las relaciones diplomáticas con Cuba con el objetivo de normalizar gradualmente la relación bilateral y llevar a la isla hacia una transformación controlada del régimen, Trump deshizo esas esperanzas. Ya que la Florida es un estado clave para la reelección de Trump, y su población incluye un número considerable de cubanoamericanos de derecha y políticamente activos, al igual que una creciente diáspora venezolana que rechaza a Nicolás Maduro y al chavismo, la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica se ha volcado cada vez más hacia posturas anticomunistas hacia Cuba y Venezuela.
El principal asesor de Trump en el Concejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental es Mauricio Claver-Carone, aliado cercano del Senador republicano Marco Rubio y quien Trump acaba de nominar para la dirección del Banco Interamericano del Desarollo. Claver-Carone considera a Cuba como el centro de la política de izquierda en Latinoamérica y ha abogado por una estrategia de “presión máxima” contra Venezuela. Esto se ha materializado en sanciones contra la administración de Maduro (entre ellas sanciones contra PDVSA, la empresa petrolera estatal), el apoyo al fallido golpe liderado por Juan Guaidó desde enero de 2019 y el envío de ayuda humanitaria politizada desde Colombia y Brasil que se adelantó en contra las recomendaciones de la Cruz Roja y las Naciones Unidas en febrero de 2019. La reciente imputación contra Maduro por narcotráfico y terrorismo, junto al anuncio de una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda llevar a su arresto —al igual que la condena contra 14 de sus colaboradores más cercanos—, son muestra de cómo se está intensificando la estrategia de Estados Unidos contra Venezuela.
Desde que se posesionó Trump, su relación con Colombia se ha concentrado casi exclusivamente en dos frentes: Venezuela y narcotráfico, temas que son afines a las narrativas dominantes del gobierno de Duque, incluso desde su campaña electoral. La paz ha sido dejada completamente de lado en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. La agenda antinarcóticos de Trump se centra en el incremento de los cultivos de coca en Colombia, que llegaron a 154,000 hectareas en 2019. El primer funcionario del gobierno estadounidense con el que se reunió Duque en su gobierno fue el Subdirector de Política Nacional de Control de Drogas, en septiembre de 2018; mientras que en la primera reunión entre Trump y Duque, Trump presionó al nuevo presidente colombiano para que retomara el uso de glifosato para fumigar los cultivos de coca en el país, una petición en la que el gobierno de Trump ha insistido desde entonces. Recientemente, Duque manifestó su intención de implementar de nuevo una estrategia de fumigación aérea con glifosato, a pesar de los impactos sociales y ambientales que ello supone, de las limitaciones que la Corte Constitucional ha establecido para el uso de glifosato, de los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, y a pesar de las protestas en contra de la fumigación aérea por parte de campesinos, movimientos de cocaleros y organizaciones afines al proceso de paz que abogan por la implementación del punto cuatro del acuerdo de paz de La Habana, en el que se privilegia la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada. En mayo de 2020, la embajada de EE.UU. en Bogotá anunció que una brigada de 800 tropas sería desplegada en Colombia para apoyar operaciones de inteligencia y antinarcóticos, una muestra más de la dirección que la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia ha tomado.
Las posibilidades de una negociación entre el gobierno de Duque y el ELN parecen limitadas en este momento por la retórica anticomunista y de ‘narcoterrorismo’ que comparten Duque, Trump y sus respectivas bases políticas. Durante su campaña presidencial, Duque prometió una política de mano dura contra el ELN, así como modificar sustancialmente el acuerdo de paz con las FARC. Cuando se posesionó en el cargo, en agosto de 2018, Duque anunció que haría una evaluación del progreso que del gobierno de Santos en sus negociaciones con el ELN, y dejó al equipo negociador del ELN esperando durante seis meses en La Habana. Entre agosto de 2018 y enero de 2019, el Alto Comisionado de Paz de Duque, Miguel Ceballos, trató de persuadir al ELN de forma confidencial para que accediera a las condiciones de Duque para una negociación: cesar toda actividad criminal y liberar a todos los secuestrados.
En enero de 2019, el ELN detonó un carro bomba en una Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá que mató a 22 cadetes. Duque levantó formalmente a las negociaciones con el ELN y solicitó a Cuba, que había actuado como garante del incipiente proceso de paz y fue aliada clave en las negociaciones entre Santos y las FARC, que entregara al equipo negociador del ELN. Igualmente solicitó una orden de arresto por parte de la Interpol contra los delegados del ELN y pidió a Cuba y Noruega, otro de los países garantes, ignorar los protocolos que la administración Santos había firmado para que los negociadores del ELN retornaran a la selva colombiana en caso de que las negociaciones fracasaran.
En mayo de 2020, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos, usando la presencia del ELN en Venezuela y Cuba como justificación, lo que fue celebrado por Miguel Ceballos, quien hizo énfasis en la negativa de Cuba para entregar a los negociadores del ELN. Como respuesta, el partido político FARC decidió levantarse de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de paz (CSIVI) —mecanismo clave bilateral que reúne al gobierno y FARC para mantener un diálogo acerca de la implementación del acuerdo—, lo que demuestra su preocupación por las políticas de Duque y Trump frente a la sostenibilidad de la paz en Colombia; una preocupación que muchos comparten, incluyendo analistas de Rodeemos el Diálogo.
Con la llegada de Trump en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, la región ha visto un viraje notable hacia la derecha. Inclusive, países como Bolivia y Ecuador se han alineado inesperadamente a la política exterior de Trump. La crisis venezolana ha debilitado la posición de Cuba en el hemisferio occidental y ha fortalecido a la derecha cubana en Miami. Maduro ha resistido hasta ahora la oposición de Guaidó, así como los intentos de EE.UU. y Colombia de desestabilizar su régimen, mantiene el control de las fuerzas armadas, y aún cuenta con un apoyo popular amplio. Sin embargo, el país está dividido entre chavistas y la oposición. Millones de venezolanos han dejado el país, aunque muchos han regresado después de encontrar condiciones difíciles en Colombia y otros países suramericanos. La ausencia de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia ha llevado a que la zona fronteriza sea tierra de nadie y sea propensa a la proliferación de actores armados no estatales.
Trump está llegando al final de su primer periodo presidencial y su campaña por la reelección ya está en pleno furor. En junio será su primer evento de campaña en Tulsa, Oklahoma, a pesar del riesgo de infecciones masivas en medio de la pandemia por COVID-19. En parte por los efectos de su manejo del coronavirus y del asesinato de George Floyd, los índices de popularidad de Trump están por debajo del 40%, por lo que deberá esforzarse para ser reelegido. Trump depende de Claver-Carone, Rubio y sus bases latinas anticomunistas, lo que implica que su discurso y política exterior al estilo de la Guerra Fría seguirán siendo piedras angulares de su campaña electoral.
En Colombia, la popularidad del Presidente Duque, quien está a mitad de su mandato, está erosionado. Su pobre manejo de la implementación del acuerdo de paz ha llevado a muchos moderados hacia la oposición, al tiempo que ha perdido el apoyo de los sectores más radicales de su coalición política por no “hacer trizas” el acuerdo. Con las protestas masivas de noviembre de 2019 la popularidad de Duque llegó a ser menor al 30%. Si bien este índice ha aumentado gracias a la percepción de que el presidente ha manejado adecuadamente la emergencia del coronavirus, su favorabilidad solo llega al 54%. El capital político de Duque depende del apoyo del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, cuya prioridad en la actualidad es asegurar que su partido, el Centro Democrático, mantenga el poder en las elecciones presidenciales del 2022. El apoyo reciente de Uribe al proceso de paz con el ELN se podría atribuir a estos objetivos electorales.
Las negociaciones entre el gobierno Santos y las FARC lograron un acuerdo de paz en gran parte gracias a la coyuntura geopolítica: Obama estaba en la Casa Blanca y apoyaba al proceso de paz, al igual que la Unión Europea y la ONU, mientras que Castro y Chávez ofrecieron su apoyo desde la izquierda latinoamericana y alentaron a las FARC para que negociaran la paz. Con la llegada de Trump y Bolsonaro, las muertes de Castro y Chávez, y la crisis de legitimidad del régimen de Maduro, el contexto geopolítico es sustancialmente diferente en este momento. La región parece estar dividida en polos ideológicos como en los tiempos de la Guerra Fría: por un lado están Cuba, Venezuela y el ELN en Colombia, quienes predican un socialismo del siglo XXI; por el otro, los EE UU., Colombia, Brasil y las diásporas cubanas y venezolanas de derecha, quienes se atrincheran en un neoconservadurismo cada vez más radical.
La posibilidad de una solución negociada al conflicto con el ELN depende de un cambio en esa polarización, lo cual pasa por los desarrollos políticos internos en esos cuatro países y sus relaciones exteriores durante los próximos dos años, especialmente en lo que se refiere a las elecciones presidenciales en EE.UU. y Colombia. Si Joe Biden es elegido para la Casa Blanca, es posible que éste dé un giro a la política exterior estadounidense para volver a las doctrinas de Obama, posiblemente normalizaría las relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba, y sería más factible una solución diplomática a la crisis en Venezuela en lugar de una solución militar. Además, se podría fortalecer un apoyo bipartidista a un enfoque integral frente a la construcción de paz en Colombia, en lugar de privilegiar una estrategia puramente antinarcóticos y antiterrorista, al igual que una actitud más positiva ante unas posibles negociaciones con el ELN. Una solución diplomática a la crisis en Venezuela es fundamental si se quiere llegar a una salida negociada con el ELN. Dada la naturaleza cada vez más binacional tanto de las tropas como de las narrativas ideológicas del ELN, este conflicto solo podrá resolverse en conjunto con una solución a la situación en Venezuela.
Un gobierno de Biden tendría un impacto considerable en la administración de Duque, ya que los gobiernos colombianos han sido tradicionalmente pragmáticos y complacientes frente a la política exterior de Estados Unidos. En tal escenario, los sectores moderados de la coalición de Duque ganarían fuerza y podrían alejar al gobierno de sus facciones más radicales, para así evitar una victoria fácil de los defensores del acuerdo de paz en las elecciones presidenciales de 2022. En esas elecciones, la paz va a pasar a entenderse como la protección de las vidas de las poblaciones más vulnerables, tanto a la violencia como al COVID-19. Algunos de los asuntos clave van a ser los asesinatos de líderes sociales, la implementación del acuerdo de paz de 2016 con las FARC y la solución al conflicto armado con el ELN.
Sin embargo, si Trump es reelegido las posibilidades de paz no se cerrarían necesariamente. Una vez asegure su segundo período, Trump no tendría que preocuparse por alebrestar a sus bases políticas en Florida. Sus prioridades, usualmente impredecibles e inconsistentes ideológicamente, podrían cambiar dramáticamente. Si Trump, por ejemplo, identifica intereses económicos en Venezuela o Cuba, no es imposible que su política exterior hacia la región tome una dirección más constructiva.
En cualquier caso, la coyuntura que se avecina ofrece una ventana de oportunidad para establecer un diálogo que pueda armonizar las agendas de política exterior en la región, por lo que es importante pensar en soluciones viables a la crisis actual. En la década de 1980, el Grupo de Contadora, impulsado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, buscó establecer un diálogo regional que diera solución a la crisis centroamericana causada por los conflictos militares en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Un posible camino a seguir en el actual impase geopolítico puede inspirarse en el ejemplo de Contadora, y abrir un diálogo regional entre Cuba, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Algunos de los actores clave en ese proceso podrían ser el Instituto de Paz de EE.UU. y el Alto Comisionado para la Paz en Colombia. Veremos si las estrellas se alinean para cerrar de una vez por todas el reciclaje de la violencia política en Colombia y sus efectos en los países vecinos.
Karen Arteaga Garzón es la Directora de Rodeemos el Diálogo en Colombia. Tiene una maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, ha trabajado en análisis de conflictos, participación de la sociedad civil en procesos de paz y en metodologías de diálogo.
Gwen Burnyeat es Wolfson Scholar y Candidata a Doctora en Antropología en UCL, autora de Chocolate, Politics and Peace-building: An Ethnography of the Peace Community of San José de Apartadó, Colombia (Palgrave Macmillan 2018) y productora del documental etnográfico Chocolate de Paz (2016).
Andrei Gómez-Suárez es co-fundador de Rodeemos el Diálogo, investigador asociado en la Universidad de Bristol y el Instituto de las Américas de UCL, es autor de los libros Genocidio, Geopolítica y Redes Transnacionales (Uniandes 2018), y El Triunfo del No (Ícono 2016).
Germán Otálora Gallego es miembro de los equipos de Justicia Transicional y ELN de Rodeemos el Diálogo. Tiene una maestría en Prevención de Conflictos y Construcción de Paz de la Universidad de Durham y una maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Anteriormente fue asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2011-2018).
El 28 de mayo, académicos de diferentes universidades británicas se encontraron de manera virtual en el noveno seminario de Rodeemos el Diálogo Academia (ReD Academia), organizado en conjunto con el Instituto de las Américas de University College London (UCL). La discusión se centró en las posibilidades de negociación con el ELN.
La pandemia hace que un proceso de paz con el ELN sea improbable en el corto plazo, dado que una amplia participación de la sociedad civil, condición necesaria para unas negociaciones incluyentes, es imposible en el contexto actual. El deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la crisis venezolana, y las tensas relaciones entre el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y la delegación del ELN en Cuba dificultan aún más las posibilidades de establecer negociaciones. Mientras tanto, la situación humanitaria ha empeorado en aquellos territorios con presencia de ELN desde el fin del cese unilateral de dicho grupo armado, requiriendo atención urgente, y las noticias de la llegada de tropas estadounidenses a Colombia para apoyar las estrategias antinarcóticos ha causado temor de una mayor militarización y un escalamiento de la violencia en estos territorios.
Hay también algunas ventanas de oportunidad en la situación actual. A pesar de algunos discursos mediáticos que de manera simplista confunden al ELN con otras organizaciones criminales armadas, existe ahora un amplio consenso sobre la necesidad de un acuerdo de paz separado con el ELN para que Colombia finalice su conflicto armado. En particular, el cese al fuego unilateral del ELN, dado el alivio humanitario que supuso, impulsó el creciente apoyo dentro de la Iglesia Católica a las negociaciones de paz con este grupo. El apoyo público del ex-presidente Álvaro Uribe a las negociaciones también es una señal positiva, especialmente dado que el ELN ha expresado su deseo de que Uribe esté involucrado en discusiones futuras.
En general, resaltamos la necesidad de un proceso de paz con el ELN, el cual necesita ser parte de una política de estado de paz en el largo plazo, en lugar de ser un tema político de las administraciones de turno. La reconstrucción en los escenarios de posconflicto toma décadas, y demanda el compromiso de gobiernos sucesivos. En el clima actual, instamos al gobierno Duque y al ELN a enfocarse en construir acuerdos humanitarios localizados, como han sido pedidos por diferentes comunidades en Chocó y otros lugares, y en línea con la necesidad imperante durante esta pandemia de proteger la vida sobre todo lo demás. También llamamos al gobierno de los Estados Unidos y a otras misiones diplomáticas y agencias internacionales en Colombia a dirigir su apoyo a la implementación de los puntos uno y cuatro del acuerdo de paz de 2016 sobre la reforma rural y las drogas ilícitas, que incluyen transformaciones estructurales para construir una paz sostenible, en lugar de privilegiar esfuerzos militares antinarcóticos. Acuerdos humanitarios efectivos en regiones con presencia del ELN podrían impulsar el apoyo de la sociedad civil, incrementando la legitimidad de las instituciones estatales, y construyendo círculos virtuosos que podrían llevar a un clima más favorable para eventuales negociaciones en el futuro.
Rodeemos el Diálogo (ReD) acoge a un conjunto de académicos trabajando sobre diferentes aspectos del proceso de paz colombiano a través de diálogos itinerantes para compartir conocimiento y análisis, y así trabajar unidos por un impacto práctico. Participaron en este novena seminario académicos de University College London, la Escuela de Estudios Avanzados, Royal Holloway (todos de la Universidad de Londres), de la Universidad de Essex y de la Universidad de Bristol.
Por: Gwen Burnyeat y Andrei Gómez-Suarez
¿Podrían las transformaciones globales impulsadas por la pandemia del coronavirus abrir una oportunidad para una futura negociación en Colombia entre el gobierno de Iván Duque y el grupo insurgente del ELN? Los miembros de ReD, Gwen Burnyeat y Andrei Gómez-Suárez, analizan las perspectivas de ambos lados, sus gestos unilaterales recientes, y evalúan las posibilidades y retos para la paz en el contexto actual.
Recientemente se ha especulado mucho que la pandemia COVID-19 podría ofrecer una ventana de oportunidad para reiniciar las negociaciones entre el gobierno de Iván Duque y la última guerrilla insurgente en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en guerra contra el gobierno colombiano desde 1964. Estas especulaciones surgen principalmente de dos gestos unilaterales, uno por parte del ELN y otro por parte del gobierno de Duque.
Primero, el 29 de marzo el Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Duque, Miguel Ceballos, designó nuevamente a dos antiguos comandantes del ELN, Francisco Galán y Felipe Torres, como “promotores de paz”, un rol dado a miembros o exmiembros de grupos armados que se comprometen a contribuir con su experiencia a preparar el camino para las negociaciones de paz con grupos armados ilegales, mientras el gobierno suspende cualquier proceso legal en su contra por sus acciones en estos grupos. Galán y Torres, quienes renunciaron al ELN y se desmovilizaron hace varios años, habían sido designados previamente por la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) como “promotores de paz”. En enero de 2019, luego de que el ELN detonara un carro bomba en la Academia Nacional de Policía General Santander, matando a 23 personas, Duque había cancelado el nombramiento de todos los promotores de paz, reactivando las órdenes de captura en su contra. Además de Galán y Torres, esto incluyó a Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, miembros activos del ELN, quienes también habían sido designados promotores de paz. Galán y Cuéllar fueron capturados; Martínez y Torres pasaron a la clandestinidad. Galán y Torres eran buscados por una investigación contra todo el Comando Central del ELN (COCE) por un secuestro en 1999, en el cual ellos no participaron porque entonces se encontraban en prisión, pero hasta que esta investigación no sea cerrada formalmente, necesitan el perdón presidencial para caminar libremente.
En segundo lugar, el 30 de marzo, el ELN declaró el cese al fuego unilateral por todo el mes de abril. En su comunicado, el ELN enfatizó que esta decisión respondía al pedido hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por un cese al fuego global durante la pandemia del coronavirus, una petición replicada por millones de personas alrededor del mundo, incluyendo funcionarios de las Naciones Unidas en Colombia quienes específicamente han llamado al ELN a cesar hostilidades y aliviar la dimensión humanitaria de la crisis actual.
Ambos gestos unilaterales son esperanzadores. Sin embargo, para ser realistas sobre las posibilidades de nuevas negociaciones entre el gobierno y el ELN, y para entender los retos y oportunidades que estos gestos ofrecen, es necesario considerar las perspectivas de ambos lados. Utilizamos los comunicados públicos de ambos, reuniones a puerta cerrada con actores involucrados en el proceso, y el diálogo público organizado recientemente por Rodeemos el Diálogo con varios expertos sobre las posibilidades de un proceso de paz con el ELN, para tratar de ponernos en los zapatos tanto del gobierno de Duque como del ELN.
Contextualizando las perspectivas de cada lado: “resistencia” versus “legalidad”
Ni el ELN ni el gobierno de Duque son entidades homogéneas. Ambos son ecosistemas complejos, cada uno con sus propias dinámicas internas, narrativas identitarias, equilibrios políticos de poder, e ideas sobre cómo la opinión pública colombiana les percibe.
El ELN, el grupo insurgente más antiguo de Colombia, con raíces ideológicas en el marxismo y la teología de la liberación, tiene más de 4000 combatientes y ha expandido progresivamente su control geográfico sobre áreas previamente controladas por las FARC. La cohesión del ELN está fundamentada en el compromiso ideológico compartido por numerosas facciones locales con gran diversidad territorial y considerable autonomía. Las decisiones del COCE fluctúan de acuerdo a la interacción dinámica de sus facciones y su posición geográfica, y entre más moderados y quienes le apuestan a una línea más dura. El Quinto Congreso del ELN en 2014 alcanzó un consenso para explorar negociaciones de paz con el gobierno de Santos – una expresión del dominio del ala moderada. A esto le siguió una fase exploratoria, que resultó en el inicio de negociaciones formales en febrero de 2017 en Quito, con el anuncio de una agenda oficial de seis puntos.
Entre octubre de 2017 y enero de 2018, un círculo virtuoso de gestos unilaterales y bilaterales llevaron a un cese al fuego bilateral de cien días, el cual incluyó un mecanismo híbrido de monitoreo compuesto por representantes de la comunidad internacional y la sociedad civil colombiana. Mientras el cese al fuego bilateral fue bienvenido por redes pro paz, dado que aliviaba el sufrimiento humanitario, el ELN y el gobierno sostenían diferentes interpretaciones sobre qué constituía violaciones al cese al fuego, y al final fue imposible extenderlo. Paradójicamente, lo que buscaba ser un paso para crear confianza terminó creando un profundo impase en las negociaciones. Esto, agravado por el corto tiempo que le restaba al gobierno Santos en el poder, la creciente crítica del ELN al gobierno por la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana firmado con las FARC en 2016, y el secuestro de dos periodistas ecuatorianos por parte del ELN, entre otros sucesos, arruinaron el progreso hecho en las negociaciones adelantadas por Santos. El apoyo dentro del ELN y entre sus bases giró hace la facción de línea dura, la cual no ve en la paz negociada una solución viable y más bien aboga por continuar el fortalecimiento militar del ELN, en el cual ve su resistencia contra una oligarquía que permanece.
El presidente Duque, el candidato del partido de derecha Centro Democrático, ganó las elecciones de 2018 con la promesa de modificar drásticamente el Acuerdo de Paz de la Habana con las FARC y tomar una posición de línea dura contra el ELN. Los gobiernos en sí mismos son ecosistemas complejos y dinámicos dentro de la estructura más amplia del Estado, e incluyen múltiples personas e instituciones inmersas en relaciones entre ellas mismas, con varios jugadores dentro del establecimiento político, con la oposición política, y con la opinión pública colombiana. El capital político de Duque proviene de manera abrumadora del apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), hoy Senador, cuya popularidad yace sobre su política de “Seguridad Democrática”, quien fue un opositor acérrimo a las negociaciones de Santos con las FARC, liderando el triunfo del “No” en la votación del plebiscito de paz de 2016. Sin embargo, el gobierno también está compuesto por una alianza con el Partido Conservador a través de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y múltiples otras alianzas con políticos nacionales y locales de diferentes partidos.
Cuando Duque asumió la presidencia en agosto de 2018, el equipo de negociación del ELN estaba en la Habana, a donde la mesa de negociación fue trasladada en mayo de 2018. Allí esperaron, y declararon públicamente su intención de continuar el diálogo con el nuevo gobierno. Duque anunció que evaluaría el estado de las negociaciones antes de tomar una decisión definitiva. Su gobierno ha presionado constantemente por la liberación de todos los secuestrados del ELN y la cesación de toda actividad criminal como condiciones para la negociación. El ELN, por su parte, argumentó que tales acciones se harían en una serie de gestos humanitarios bilaterales una vez las negociaciones progresaran.
Mientras tanto, las negociaciones permanecieron congeladas, ninguna delegación del gobierno llegó a la Habana, y el conflicto se intensificó en regiones como el Catatumbo, Cauca, Chocó y Nariño. Con el carro bomba del ELN en enero de 2019, el gobierno Duque finalizó formalmente las negociaciones, argumentando que el ELN no mostraba voluntad depaz, y pidió una orden judicial de la Interpol en contra de los negociadores del ELN en Cuba. El gobierno instó a Cuba y a Noruega, garantes de las negociaciones de Santos con el ELN, a ignorar los protocolos firmados con su predecesor que garantizaba el retorno seguro del equipo de negociación del ELN a la selva colombiana en caso de ruptura de las conversaciones de paz, y devolver a los negociadores a Colombia para ser capturados.
Desde entonces, dos miembros del COCE del ELN (Nicolás Rodríguez y Pablo Beltrán) han permanecido en la Habana (Cuba decidió respetar los protocolos), dando entrevistas de manera frecuente a la prensa en las que expresan su deseo de reiniciar las negociaciones e instando a Duque a enviar un equipo de negociación para continuar con la agenda existente, dado que ésta fue firmada por el Estado colombiano. El gobierno de Duque, mientras tanto, sostiene que la agenda previa fue firmada por el gobierno de Santos, y que las nuevas negociaciones requerirían una nueva agenda. Duque continúa enfatizando mayores gestos unilaterales permanentes como condiciones para la negociación, especialmente la liberación de secuestrados y la cesación de actividades criminales, en línea con el la consigna insigne de su gobierno, “paz con legalidad”.
Interpretando los gestos unilaterales
Mientras algunos observadores especulaban con que el gesto del ELN de declarar el cese al fuego y el gesto del gobierno de Duque de restablecer a Felipe Torres y Francisco Galán como promotores de paz fuesen signos de negociaciones secretas en progreso, la declaración pública hecha por el ELN rechazando a Torres y a Galán como facilitadores legítimos del diálogo, y su posterior declaración el 27 de abril, que pone fin al cese al fuego unilateral, confirman que estos dos gestos unilaterales no fueron más que coincidencia. Sin embargo, ambos gestos son esperanzadores en sí mismos si los situamos en el contexto de la perspectiva de cada lado.
El ELN tiende a rechazar gestos unilaterales, aseverando que el gobierno no los ve como un gesto de un grupo fuerte dispuesto a hacer concesiones y preparar el camino hacia la paz, trabajando colaborativamente entre dos antagonistas, sino más bien una muestra de debilidad. El gesto del ELN es entonces sugestivo de un posible giro hacia un consenso, al menos sobre la búsqueda de un camino para aliviar el sufrimiento humanitario. El cumplimiento de todos los frentes del ELN del cese al fuego hasta ahora (entre el 1 y el 22 de abril no ha habido ataques por parte del ELN) es también positivo, considerando la fragmentación geográfica del ELN y su jerarquía no-vertical, y es indicativo de la capacidad de comando y control del COCE. El Ejército colombiano no ha instigado ningún ataque desde el 12 de marzo, lo que sugiere que el gobierno, de igual manera, ha priorizado la respuesta a la crisis del Coronavirus. Esta convergencia de estrategias unilaterales ha materializado una tregua tácita, la cual podría dar surgimiento a un círculo virtuoso de decisiones que lleven a desescalar el conflicto en el largo plazo. Mucho sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional han celebrado el impacto positivo del cese al fuego en la vida de aquellas comunidades desgarradas por la guerra.
Sin embargo, esto no puede ser malinterpretado como un paso hacia la apertura de una mesa de negociación y un giro dentro del ELN hacia el consenso para una paz negociada. Por el contrario, la geopolítica alrededor de Venezuela ofrece un contexto propicio para la radicalización del ELN. Las amenazas constantes de Donald Trump hacia el régimen de Maduro y la aproximación confrontacional de Duque hacia Venezuela refuerzan la percepción que tiene el ELN de sí mismo de ser el bastión de la resistencia en contra del neoliberalismo global y el fascismo. El cese al fuego unilateral podría también ser leído como un movimiento para reconquistar legitimidad internacional en el contexto de declive de las democracias neoliberales, y posicionarse como opositores a Trump.
El gesto de la administración Duque de reinstaurar a Torres y Galán como promotores de paz sugiere la voluntad de por lo menos un sector del gobierno de tomar pasos tangibles hacia la paz, respondiendo así al llamado de muchos sectores pro paz de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional para que el gobierno busque una “paz completa” – una que abarque a todos los grupos armados ilegales del país. Así como una insurgencia tiene posiciones internas duras y moderadas, que fluctúan en el poder y visibilidad de acuerdo al desenlace del presente político, así sucede con un gobierno. La intensificación de la violencia en el conflicto con el ELN, y la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos llegando a Colombia, han sido agravadas ahora por la crisis del coronavirus. Los sectores pro-paz dentro del gobierno tienen ahora la oportunidad de elevar la protección de la vida al mandato central de la administración Duque, más allá de la lucha sectaria entre la derecha y la izquierda que hasta ahora ha dominado sus narrativas políticas, en las cuales la administración Duque ha quedado atrapada desde su llegada al poder sobre la base de su oposición a Santos y su proceso de paz.
Posibilidades y retos para la paz: abriendo la ventana de oportunidad
La paz no es un proceso linear. Aunque estos dos gestos unilaterales no lleven a ambos lados hacia una mesa de negociación en el futuro inmediato, de todas formas dan más oxígeno a los elementos pro-paz dentro del gobierno, el establecimiento político, y entre la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional.
Los impactos de estos gestos positivos deben ser reconocidos y protegidos para mantener la posibilidad de abrir una ventana que eventualmente podría traer de vuelta los diálogos malogrados. Por ejemplo, la plataforma multipartidista, Defendamos la Paz, ha incrementado su lobby a favor de las negociaciones, llamando al ELN a extender el cese al fuego o incluso a hacerlo permanente y al gobierno para responder en la misma tónica. De manera significativa, Álvaro Uribe ha hecho declaraciones vía Twitter en apoyo de la paz, añadiendo su voz al llamado internacional para el cese al fuego en el contexto del coronavirus, e incentivando al gobierno a designar nuevamente a Felipe Torres y a Francisco Galán como promotores de paz. El apoyo de Uribe sería crucial para que cualquier diálogo futuro prospere, dado que su influencia determinaría no sólo la posición del Centro Democrático, sino que también podría moldear la opinión pública hacia las negociaciones con el ELN.
Vemos cuatro condiciones interdependientes que se refuerzan mutuamente como esenciales para la negociación Duque-ELN. La primera, el gobierno Duque necesita mostrar suficiente voluntad y capital político para llevar a cabo negociaciones de paz. La segunda, el ELN debe construir internamente un consenso suficiente para comprometerse con una solución negociada al conflicto, y aceptar que la agenda sería diferente a la que concebían cuando se comprometieron a negociar con la administración Santos. La tercera, el crecimiento del apoyo en la opinión pública colombiana para un fin de la violencia en el país. En cuarto lugar, un ambiente geopolítico favorable para la promoción de una paz sostenible en Colombia, el cual ha sido afectado de manera adversa por el desdén de la administración Trump al Acuerdo de Paz de la Habana con las FARC y el deterioro de la crisis venezolana.
La pandemia del coronavirus está modificando radicalmente el mundo. Mientras los gobiernos están extendiendo los bloqueos, ¿podría el ELN de manera semejante reconsiderar y extender el cese al fuego? ¿Podría el aumento del apoyo ciudadano y político cristalizarse alrededor de un mandato gubernamental por la protección a la vida? ¿Podría el gobierno continuar absteniéndose del combate militar con el ELN y ofrecer un gesto unilateral explícito de desescalamiento? Y ¿podría el resultado de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos crear un contexto geopolítico más favorable para las futuras negociaciones con el ELN? Las transformaciones de las identidades políticas alrededor del mundo bajo el coronavirus cambiarán las tendencias globales en muchas dimensiones, desde las políticas económicas neoliberales, el estado de bienestar, populismo, hasta la solidaridad comunitaria. Estas transformaciones podrían redefinir cómo el gobierno Duque y el ELN se ven a sí mismos y al otro, y cómo la sociedad colombiana se siente frente a la solución negociada al conflicto. La ventana de oportunidad queda para abrirse.
Sobre los autores
Gwen Burnyeat es Wolfson Scholar y Candidata a Doctora en Antropología en UCL, autora de Chocolate, Politics and Peace-building: An Ethnography of the Peace Community of San José de Apartadó, Colombia (Palgrave Macmillan 2018) y productora del documental etnográfico Chocolate de Paz (2016).
Andrei Gómez-Suárez es cofundador de Rodeemos el Diálogo (ReD), Investigador Asociado en Memoria y Reconciliación en Colombia en la Universidad de Bristol, Investigador Honorario en el Instituto de las Americas en UCL, y Consultor Senior para Positive Negatives. Es autor de Genocide, Geopolitics and Transnational Networks: a Con-textualisation of the destruction of the Unión Patriótica in Colombia (Routledge, 2015) y El Triunfo del No (Ícono, 2016).
Nota sobre la traducción: este texto originalmente publicado en inglés fue traducido por Jorge Varela, miembro de ReD y Candidato a Doctor en Historia de UCL. Los errores son responsabilidad exclusiva de los autores.
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