Linea de trabajo
Los invitamos a nuestro Desayuno Virtual #31 de 2020 donde hablaremos sobre “Las vicisitudes del acuerdo de paz, los DD.HH y el 9S” con Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga.
Snapshot de Justicia Transicional #13
En agosto y septiembre de 2020 el equipo de Justicia Transicional de ReD realizó dos diálogos virtuales en los que se abordaron las perspectivas de liderazgos afrodescendientes sobre la justicia transicional. Específicamente, dialogamos sobre los tres casos macro-territoriales que se encuentran en curso en la JEP, Caso 002 en Nariño, Caso 004 Urabá y Caso 005 Cauca y Valle del Cauca, y sobre los retos que consideran enfrenta la JEP. Este snapshot recoge algunas reflexiones, preocupaciones y propuestas de estos eventos.
Lo que se reconoce
Reconocen el esfuerzo que ha realizado la JEP al llegar a los territorios y tratar de entender las necesidades de protección colectiva de las comunidades que participan en los casos, valorando positivamente la adopción de medidas cautelares para proteger y asegurar su participación.
Destacan el reconocimiento del territorio como víctima y sujeto de derecho. Para ello, la JEP retomó lo previsto en el Decreto Ley 4633 de 2011, que desarrolla la política pública de víctimas y restitución de derechos territoriales para los Pueblos Indígenas, así como las innovaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional en cuanto al reconocimiento de ecosistemas naturales y de territorios étnicos como sujetos de derechos [1]. En el Caso 002 la JEP acreditó como víctima al Katsa su, territorio indígena del pueblo Awa.
Además, recordaron que la participación de las autoridades étnicas es un pilar esencial para la construcción de paz. Los pueblos étnicos han impartido ancestralmente justicia restaurativa en sus territorios, por lo que sus conocimientos y experiencias son claves para la adopción de futuras sentencias, así como para garantizar y proteger los derechos de las víctimas.
Lo que preocupa
Pese a lo novedoso del Sistema de Justicia Transicional, y de lo que se valora como avance en la JEP, existen algunas preocupaciones. La principal es que sus instituciones están diseñadas para una etapa de posconflicto inexistente. Esta situación afecta directamente la garantía de participación de las víctimas desde los territorios, por cuanto las comunidades siguen siendo amenazadas por grupos armados ilegales que han copado territorios anteriormente controlados por las FARC o donde no hay institucionalidad.
Hacen un llamado a revisar la metodología de selección de los casos étnicos, específicamente en lo que respecta a la selección de los territorios a priorizar. Para ello, es importante tener en cuenta la integralidad de los territorios y sus vulneraciones, antes que sus divisiones administrativas. De lo contrario, como ha ocurrido, se tendería a excluir territorios gravemente afectados que hacen parte del mismo contexto macro de afectaciones y desarrollo del conflicto. Esto además puede asegurar una participación más amplia y un mejor manejo de los casos.
A nivel estructural, indican que la JEP, como entidad que pertenece a la sociedad colombiana, no escapa al racismo estructural. A pesar de que su magistratura está integrada por personas pertenecientes a pueblos étnicos, esto no es suficiente para garantizar la efectiva implementación del enfoque étnico. Por lo tanto, es un reto para la JEP hacerle frente a prácticas racistas que se encuentran enquistadas estructuralmente en las instituciones colombianas y avanzar en el reconocimiento de la diversidad en materia de necesidades y enfoques.
¿Qué hacer?
La violencia que está ocurriendo en estos momentos en Colombia, que sigue arrasando con los territorios y con toda la vida que hay en ellos, implica que seguimos acabando, en palabras de Francia Márquez, con La Casa Grande. Es un grito común el que se eleva el de: ‘no se puede avanzar en medio de la guerra’.
Para crear confianza en las entidades las comunidades solicitan el acompañamiento permanente de las autoridades civiles, no militares. Quitarle el control de los territorios a los grupos armados demanda la presencia permanente de la institucionalidad, específicamente del Ministerio Público, pues esto es una garantía para la participación de las víctimas.
Otra propuesta es priorizar macrocasos a nivel nacional y no territorial, que a su vez se divida en capítulos de acuerdo con las afectaciones que investiga la JEP. Por ejemplo, abrir un macrocaso nacional sobre las victimizaciones sufridas por el pueblo afrodescendiente con capítulos particulares sobre las afectaciones sufridas en materia ambiental y territorial, así como violaciones graves a los derechos humanos como desaparición forzada, reclutamiento forzado y violencia de género, entre otras. De esta manera, se pueden valorar las afectaciones de manera integral y no sectorizada.
La construcción de paz y la superación del racismo estructural que aqueja a nuestra sociedad es un trabajo mancomunado. Reconocer que existen posturas y enfoques racistas es un paso esencial hacia la comprensión de la dimensión racista y colonial del conflicto armado colombiano, prerrequisito fundamental para avanzar en la reparación histórica de las afectaciones sufridas por los pueblos afrodescendientes. La justicia racial permitirá a la sociedad entender parte de las causas del conflicto y propender por un diálogo colectivo que contribuya a reparar nuestras relaciones de hermandad y familiaridad no sólo entre la humanidad, sino con el planeta.
[1] La Corte Constitucional expidió la Sentencia T 622 de 2016, reconociendo al río Atrato como sujeto de derechos, el cual ha sido víctima de la explotación minera. La Corte además reconoció y recordó la importancia de estos ecosistemas en la relación estrechísima entre el territorio y la pervivencia de los pueblos étnicos.
Rodeemos el Diálogo saluda el reconocimiento que las comunidades afrocolombianas hacen sobre los avances de la JEP. Así mismo, comparte los retos identificados en materia de garantías de participación para la población afrocolombiana, respecto de la necesidad de que la JEP evalúe y transforme prácticas racistas que la inercia institucional tiende a reproducir.
Caminando con las víctimas, uno aprende a escuchar, fue una de las frases más distintivas de Ángela Salazar. Hasta su muerte, era la única comisionada mujer negra; desde antes había sido defensora de los derechos de las mujeres. Nacida en Chocó, Colombia, Angela vivió la mayor parte de su vida en Apartadó, Antioquia, donde comenzó su carrera como defensora de los derechos de las comunidades negras y de las mujeres. Angela murió de COVID-19 en la primera semana de agosto. Durante su trabajo como Comisionada de la Verdad, entendió que la historia de las comunidades negras (incluyendo las comunidades étnicas Raizal y Palenque) era prioritaria para la Comisión de la Verdad. En varias oportunidades, Salazar aseguró que la historia nacional colombiana había ignorado en su narrativa los aportes de la cultura de los pueblos negros. Para ella la Comisión debería ser una herramienta para reconsiderar estos silencios alrededor de la historia negra colombiana. Este Snapshot muestra el legado de Ángela Salazar dentro de la Comisión de la Verdad, reflexionando sobre cómo la Comisión está tratando la historia negra en medio del contexto del conflicto armado interno.
La Comisión, de la mano de Angela, entendió desde sus inicios que el trabajo con las comunidades negras y otros grupos étnicos requerirían un tratamiento diferencial. La Comisión formó entonces la Dirección de Pueblos Étnicos para liderar cada aspecto de la relación con las comunidades étnicas. Las responsabilidades de la dirección incluyen la provisión de guías metodológicas para la investigación y la coordinación de la relación entre las oficinas locales de la Comisión (Casas de la Verdad), es decir, por fuera de Bogotá, y las comunidades étnicas. Otra responsabilidad crítica ha sido la consulta con grupos étnicos para negociar el acceso de investigadores, permitiendo la recolección de testimonios sobre victimización o responsabilidades de violación a derechos humanos.
La Dirección de Pueblos Étnicos reportó que había alcanzado dos de sus metas en Diciembre de 2019. Primero, presentó un modelo de investigación que fuese sensitivo a las comunidades étnicas. Este modelo se alimentó de múltiples procesos pedagógicos que incluyeron cientos de participantes de diferentes organizaciones a lo largo del país, haciendo honor al mecanismo colaborativo que incluye a las comunidades étnicas en todas sus fases del proceso de investigación. Segundo, la Dirección condujo cinco encuentros nacionales entre los grupos de trabajo permanentes entre la Comisión y las comunidades étnicas. Estos encuentros fueron un mecanismo para sincronizar las expectativas y acciones de las comunidades étnicas con aquellas de la Comisión.
En suma, a través de la Dirección de Pueblos Étnicos la Comisión ha demostrado su compromiso con la creación de las herramientas apropiadas para tratar con los grupos étnicos históricamente mal representados y excluidos.
El trabajo colaborativo de la Comisión con todas las comunidades negras para la clarificación ha tenido tres fases. La primera tuvo lugar desde la segunda mitad del año 2018 hasta la primera de 2019. Se trató de una fase de investigación y diseño metodológico guiado por un principio: hacer visibles las voces de las diferentes comunidades negras en Colombia. Las comisionadas Patricia Tobón Yagari y Ángela Salazar cumplieron un papel fundamental en esta fase, realizando encuentros con cientos de organizaciones sociales en las regiones Pacífico y Caribe.
La segunda fase del trabajo colaborativo de la Comisión con varias comunidades negras tuvo lugar en la primera mitad de 2019, llevando a cabo procesos de escucha y colaboración. En términos de escucha, tres Casas de la Verdad fueron inauguradas en Quibdó, Tumaco y Buenaventura. Estos municipios históricamente han tenido una proporción más alta de comunidades negras que otros municipios en Colombia. En términos de colaboración, fue creada la “Mesa de trabajo permanente” entre la Comisión de la Verdad y las autoridades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. También fue creado un equipo de trabajo técnico para analizar las relación entre racismo y la lógica del conflicto armado colombiano. De acuerdo a este grupo, hay un hilo conductor entre la violencia sufrida por los pueblos negros durante la colonia y la violencia que sufren las comunidades negras de hoy día.
La tercera fase del trabajo de la Comisión con las diferentes comunidades negras colombianas entró en operación desde el 2019 y continúa hasta el presente. Ésta consiste en una iniciativa de investigación-acción participativa. Su componente de acción resalta la necesidad urgente de trabajar en contra de las formas actuales de violencia que amenazan a los líderes sociales que representan a las múltiples comunidades negras. Aparte de su trabajo en el reclamo de acciones directas por parte del Estado para proteger a estas comunidades, la Comisión ha sido exitosa en la recopilación de los resultados de las fases de trabajo previas: ha recibido testimonios, ha acompañado diferentes iniciativas culturales, y también ha recibido diversos reportes de memoria de comunidades particulares.
Rodeemos el Diálogo reconoce el compromiso mostrado por la Comisión de la Verdad y por las diferentes comunidades negras que trabajan conjuntamente para proporcionar una visión más comprehensiva del complejo pasado colombiano. Conmemoramos la labor realizada por Ángela Salazar en la búsqueda de la paz y la verdad, convirtiéndose en un ejemplo de lucha contra toda forma de racismo.
Andrei Gómez-Suárez, uno de nuestros cofundadores, y ReD Pasto, conversaron sobre los retos y oportunidades para la construcción de paz en Colombia, en el marco de la edición número 33 de la Semana por la Paz
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Personas colombianas exiliadas en diferentes lugares del mundo que apoyan la labor de la Comisión de la Verdad compartieron sus experiencias de vida y cómo éstas han estado marcadas por el conflicto armado, el sindicalismo y el exilio.
El 27 de junio tuvimos un diálogo con Rodrigo Londoño sobre el rol de la verdad y el perdón en el proceso de reconciliación. El presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y jefe negociador de la exguerrilla, habló con los miembros de ReD, de manera honesta y generosa, sobre su experiencia en la mesa de negociación, las dificultades que ha encontrado en la implementación y la voluntad y compromiso que siguen teniendo los firmantes del acuerdo con alcanzar la paz en Colombia.
Rodrigo resaltó dos elementos clave que permitieron llegar al Acuerdo Final de paz, y que es crucial que se sigan manteniendo en su implementación: la vinculación de los militares activos en función de la paz y la vinculación de la comunidad internacional de manera proactiva. Por un lado, los mandos activos del Ejército y la Policía nacional tienen una comprensión profunda de las implicaciones de la guerra y asimismo los beneficios de la paz. Por otro, la comunidad internacional representa una posición externa.
Hablamos de las dificultades que se presentan actualmente en el proceso de reincorporación, como el asesinato de 212 firmantes del acuerdo de paz hasta el momento (sumados a los más de 400 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo), y el no reconocimiento del gobierno de las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), los asentamientos que los exguerrilleros han conformado después de tener que salir de las ETCR por problemas de seguridad o falta de garantías. Por lo tanto, Rodrigo instó a la sociedad civil a rodear el proceso de implementación para poder superar estas dificultades y alcanzar la paz:
“La rueda de la historia tiene que girar hacia la paz, pero eso depende de nosotros y de que consigamos cada vez más gente para rodear -como dicen ustedes muy acertadamente-, el diálogo que estamos necesitando entre los diferentes sectores de la sociedad” dijo.
El desayuno nunca abandonó un tono positivo y de esperanza. Sus asistentes recibieron el mensaje de reconciliación a la que están comprometida los firmantes del acuerdo de paz, y el impulso para continuar trabajando día a día para generar condiciones de igualdad en el país, pues finalmente este proceso de paz no solo es para los exguerrilleros sino para todos los colombianos.
Snapshot de Reincorporación #9
El 9 de julio de 2020, Rodeemos el Diálogo y el Instituto Kroc mantuvieron un diálogo público para discutir el Cuarto Informe del Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz sobre el estado de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, el cual examina el período de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 (ver video aquí, en inglés).
El Instituto Kroc es responsable de la verificación técnica y del seguimiento a implementación del acuerdo a través de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM). Es la primera vez que un centro de investigación universitario ha desempeñado un papel tan directo en apoyar la implementación de un acuerdo de paz y que la implementación ha sido evaluada por investigadores en tiempo real. Este snapshot presenta reflexiones sobre el diálogo público y los hallazgos del informe del Instituto Kroc.
Desafíos de la implementación
El acuerdo de paz colombiano, uno de los más amplios del mundo, cuenta con un enfoque diferencial que tiene en cuenta a grupos específicos, los cuales se han visto afectados de manera desproporcionada por el conflicto armado. Los mayores desafíos que enfrenta el acuerdo, según el Instituto Kroc, son los retrasos en su implementación y el desconocimiento por parte del gobierno colombiano sobre la interdependencia existente entre los seis puntos del acuerdo.
Las demoras son especialmente evidentes en los componentes étnico y de género, donde hasta noviembre de 2019 solo se había implementado el 11% y el 4% de acuerdo, respectivamente. Algunos compromisos a nivel local, tales como el mecanismo para incluir a mujeres y comunidades afrocolombianas en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, siguen pendientes. También hay una falta de coordinación institucional, especialmente en las zonas rurales. En el caso de la reincorporación, por ejemplo, se ha avanzado a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y a través del diseño e implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs). Sin embargo, a pesar de operar mayoritariamente en los mismos territorios, estas iniciativas no han logrado articularse.
En general, la falta de coordinación institucional, de reformas estructurales, y de garantías de seguridad y protección ha perjudicado el impacto y el avance de las iniciativas que buscan implementar el acuerdo. El impacto en la reincorporación se hace aún más evidente si se considera que 2019 ha sido el año más violento para los excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. La inseguridad que enfrentan los excombatientes, la mayoría de los cuales ahora viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs), se ve agravada por la falta de articulación en la implementación de los mecanismos de seguridad y protección. Estos están contenidos en los puntos 2 (participación política) y 3 (fin del conflicto) del acuerdo de paz. También ha habido poca participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Avanzando juntos
Los estudios realizados por el Instituto Kroc han demostrado que el riesgo de fortalecimiento de grupos disidentes disminuye con el tiempo cuando se da una sólida implementación. Lo mismo ocurre cuando la situación se invierte. Otros contextos han demostrado que la polarización inicial que suele darse después de los acuerdos de paz a menudo se convierte en apoyo público que aumenta a medida que avanza la implementación. Esto ofrece esperanza para el caso colombiano.
Colombia está subutilizando una herramienta poderosa: un acuerdo transformador que incida positivamente en la vida de todos sus ciudadanos. La implementación es un proceso continuo y los resultados de largo plazo no se verán antes de 15 años. Gestionar las expectativas de los ciudadanos y partidarios del acuerdo de paz, a la vez que se garantiza un progreso tangible en la implementación de los diferentes componentes, es fundamental para asegurar su éxito. El gobierno y las agencias encargadas deben garantizar que la implementación sea sistemática y completa, ya que una operación desarticulada por parte de las entidades y agencias de seguridad solo conducirá a una paz fragmentada.
Además, quienes implementan el acuerdo de paz deben asegurarse de que el proceso no vuelva a victimizar a aquellos a quienes debería proteger. La falta de articulación entre los sistemas existentes y las organizaciones que se han creado como parte del acuerdo ha llevado a que las víctimas tengan que repetir varias veces sus testimonios a diferentes entidades a lo largo de los años. Esto les obliga a revivir innecesariamente su dolor, lo que podría profundizar su trauma. La implementación del punto 5 (enfocado a las víctimas) ha experimentado uno de los mayores avances, en parte debido a la instauración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto ya ha generado algunas iniciativas conjuntas de documentación de testimonios por parte de las instituciones encargadas- Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Aunque todos ellos operan independientemente del gobierno, el apoyo gubernamental es indispensable para que las víctimas reciban el apoyo efectivo que merecen.
Un mensaje clave del informe es que una paz transformadora, duradera e inclusiva requiere mucho más que esfuerzos coordinados entre el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los excombatientes. Nosotros, como individuos, tenemos el poder de hablar, cuestionar y dialogar, y es la corresponsabilidad de todos a nivel local, nacional e internacional lo que hace de la idea de paz una realidad.
Rodeemos el Diálogo insta al gobierno colombiano a implementar el acuerdo de manera coordinada e integral de forma que represente a aquellas voces históricamente silenciadas, como las de las mujeres y las minorías étnicas. Solicitamos que se implementen medidas institucionales para garantizar la seguridad y protección de los líderes sociales y excombatientes. También hacemos un llamado a todos los colombianos y amigos de Colombia a participar en la transformación que el camino hacia la paz requiere.
Snapshot de Justicia Transicional #12
El 11 de agosto de 2020, la JEP prohibió cualquier manipulación de los lotes La Escombrera y la Arenera en la Comuna 13 de Medellín donde se presumen hay inhumadas víctimas de desaparición forzada. La JEP puede decretar medidas cautelares en los procesos que adelante, siempre que estén bien sustentadas. Este snapshot presenta los avances de la JEP en la protección de restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
¿Qué son las medidas cautelares y cómo surgen?
Las medidas cautelares a cementerios y otras zonas se decretan para asegurar la protección, cuidado y preservación de cuerpos sin identificar que están ahí y que, se asume, pertenecen a víctimas del conflicto armado. Es importante proteger estos restos dada la necesidad de identificarlos y entregarlos dignamente a sus familiares. Por ello, la JEP ordena a las autoridades competentes (según cada caso) detener la manipulación, inhumación, traslado o exhumación de cuerpos en los lugares señalados.
Las medidas cautelares son acciones que buscan evitar daños irreparables a personas o colectivos, así como garantizar el acceso a información que esté en riesgo inminente de destrucción o degradación, entre otros. Estas medidas las decreta la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Para los casos que dirime esta Sección actúa la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Y el Equipo Técnico Forense de la UIA es el encargado del manejo y exhumación de restos.
Algunas de las medidas surgen de los procesos que lleva la JEP, por ejemplo, el cementerio de La Dabeiba, que responde al caso 003. Pero, hay otras que han surgido en respuesta a peticiones interpuestas por terceros.
Avances en las medidas cautelares
El 29 de agosto de 2018, dos personas pertenecientes al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de víctimas de desaparición forzada presentaron ante la JEP la solicitud de que se dictaran medidas cautelares anticipadas. La petición requería que se aseguraran 16 lugares en los que se presume fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada. Como respuesta, la JEP solicitó la colaboración de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de acordar, de manera conjunta, el proceso a seguir y la definición de los 16 lugares a ser protegidos. Dentro de esta petición se han decretado medidas cautelares sobre las zonas de La Escombrera y La Arenera. También, sobre los cementerios El Universal, Medellín y el de Los Pobres, Aguachica, Cesar. Así como sobre unos de los restos óseos del laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia y el resguardo Indígena San Lorenzo, Caldas.
Igualmente, la JEP ha decretado medidas cautelares para el cementerio alterno El Copey, Cesar en respuesta a una solicitud realizada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien alertó que en el cementerio podría haber cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Sección Primera señaló que el cementerio es una zona de interés más amplio porque pueden encontrarse inhumadas ahí otras víctimas del conflicto armado.
La CCJ también hizo una solicitud para el cementerio de El Salado, Bolívar. A través de videos, evidenció restos óseos expuestos y tumbas afectadas, lo que pone en riesgo la preservación de estos restos, su futura posible identificación y entrega digna a los familiares. Teniendo en cuenta que la JEP presume que en ese cementerio hay inhumadas víctimas de desaparición forzada durante la masacre de El Salado (perpetrada por paramilitares en el año 2000), ordenó que la UBPD sea la entidad que reciba y maneje los restos cuando sean recuperados por el Equipo Técnico Forense de la UIA.
Por otra parte, la Junta de Acción Comunal del barrio la Esperanza de Yopal, Casanare, solicitó medidas cautelares sobre el antiguo cementerio de la ciudad. Por motivo de la implementación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que permite el cambio de uso del suelo del antiguo cementerio, se han traslado de cerca de 150 cuerpos sin identificar. Solo algunos de ellos fueron reubicados en el nuevo cementerio y los demás cuerpos fueron enviados a otros lugares, algunos de los cuales ya están ubicados. Para este proceso, y por tratarse de posibles víctimas de desaparición forzada, también fue incluida la UBPD, lo que evidencia el trabajo colaborativo entre las dos instituciones.
Píldora de innovación
La JEP ha impuesto medidas cautelares en varias zonas del país para responder a la emergencia sanitaria del COVID-19. Con estas medidas se busca evitar que, ante la necesidad de disponer de los cuerpos de quienes mueren por COVID-19 (en lugares sin posibilidades de cremación), cuerpos inhumados sin identificar o identificados sin reclamar sean trasladados erróneamente y sin el debido rigor, lo que dificultaría su futura ubicación, el trabajo de identificación y entrega digna. El Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, así como el MOVICE alertaron sobre este riesgo. En zonas en las que se sospecha la existencia de restos de víctimas de desaparición, la UBPD dispondrá lo necesario para el manejo de los cuerpos.
Rodeemos el Diálogo reconoce el esfuerzo de la JEP para proteger los restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado como parte de la reparación integral y los procesos de verdad e invita a respaldar su trabajo.
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