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Seguridad y Reincorporación: amenazas, acción y desafíos
Snapshot de Reincorporación #3
El balance después de dos años y medio desde el inicio de la reincorporación de las FARC en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs) arroja datos preocupantes. Urge implementar acciones que fortalezcan los mecanismos de seguridad. De los más de 10,000 excombatientes registrados en 2017, actualmente solo el 26% están dentro de los ETCRs mientras que los demás han seguido distintas trayectorias de reincorporación dentro de las cuales destacan los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPRs), ubicados en zonas rurales con una fuerte presencia de grupos armados y economías ilegales. La dispersión de los excombatientes es el principal reto para la seguridad ya que no existe un marco jurídico para el despliegue de la fuerza pública fuera de los ETCRs. Este snapshot presenta las principales amenazas, la acción institucional y los desafíos en materia de seguridad para la reincorporación de las FARC.
Amenazas
En diciembre 2019, la Misión de la ONU registró 77 muertes de ex-combatientes durante 2019, siendo el año más violento desde la firma del acuerdo, con un total de 178 asesinatos, a los que se suman aproximadamente diez desapariciones y treinta intentos de homicidio. Particularmente preocupante son los asesinatos de Dimar Torres, en el Catatumbo (Norte de Santander) por parte de miembros del Ejército Nacional en abril 2019 y Alexander Parra, asesinado dentro del anillo de protección del ETCR de Mesetas (Meta) en octubre del mismo año. Estos crímenes incrementan la desconfianza en la fuerza pública y la percepción de inseguridad entre los excombatientes y las comunidades locales.
En enero 2020, a raíz del asesinato de César Herrera en Ituango (Antioquia), los excombatientes en proceso de reincorporación decidieron abandonar el ETCR en los próximos dos meses. La idea errada de que quienes dejan los ETCRs regresan a la armas influyen en el debate público de forma distorsionada y pone en riesgo a los ex-combatientes que se mantienen, a pesar de las dificultades, dentro del acuerdo de paz.
Acción Institucional
Existen avances en: la arquitectura institucional y normativa, la creación de mecanismos de coordinación y seguimiento, y el despliegue de los esquemas de protección estipulados en el acuerdo de paz. Hasta la fecha, la fuerza pública ha mantenido la seguridad alrededor de los ETCRs, a través de la Policía Nacional, el Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército y el programa Carpa Azul. En cuanto a los atentados, la Unidad Especial de Investigación reportó que el 80% están vinculados a organizaciones criminales. A pesar de los avances, con 21 casos en los que se han dictado condenas y 13 casos que se encuentran en la etapa de juicio, hay todavía grandes dificultades para desmantelar las estructuras detrás de esos asesinatos; solo 9 de los 67 sospechosos detenidos son autores intelectuales. La mayoría de los homicidios fueron atribuidos al Clan del Golfo, el ELN, el EPL y grupos disidentes de las FARC. Sin embargo, no hay una única explicación para los asesinatos y es un error atribuir el problema exclusivamente a los grupos armados ilegales. Como lo indica la Fundación Ideas para la Paz, los asesinatos deben ser leídos en un contexto más amplio donde confluyen los vacíos de regulación, la presencia de economías ilegales, y la incapacidad del Estado para proveer seguridad y justicia en amplias zonas del país.
El Ministerio de Defensa resalta que seguirá garantizando la seguridad alrededor de los ETCRs. No obstante, es importante que la seguridad llegue también a los NPRs y otras áreas donde la situación es aún más precaria adoptando los mecanismos existentes así como medidas no estrictamente militaristas.
Desafíos
Es necesario desmantelar las organizaciones criminales identificadas como las principales responsables de las agresiones contra excombatientes de las FARC. Para ello, se requiere enfocar los esfuerzos de seguridad en las zonas más críticas adoptando un enfoque que vaya más allá de las respuestas reactivas y que aborde la seguridad desde el territorio fortaleciendo las capacidades locales y la reincorporación comunitaria. La inseguridad de los excombatientes no se puede separar de las dinámicas de violencia y criminalidad que afectan por igual al resto de la población.
Rodeemos el Diálogo reconoce los resultados en el esclarecimiento de casos específicos, sin embargo, aún falta avanzar en investigaciones que logren identificar a los máximos responsables y los móviles detrás de estos asesinatos. Por tanto, es necesario abordar la seguridad de los excombatientes desde la perspectiva del territorio y su problemática política y socio-económica.
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