Linea de trabajo

Corporeconciliación y los retos de la Reincorporación

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Snapshot de Reincorporación #8

En anteriores snapshots, analizamos las dificultades de la reincorporación debido a las barreras institucionales. Este snapshot reúne los retos de la reincorporación política relacionados con el partido FARC, teniendo en cuenta las últimas noticias sobre la consolidación de nuevos grupos que buscan representar los intereses de algunos miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP.

Corporeconciliación: ampliar participación y descentralizar la reincorporación

En noviembre del año pasado, algunos antiguos comandantes y mandos medios, entre ellos Sonia (Anayibe Rojas Valderrama), Fabián Ramírez y Andrés París, crearon Corporeconciliación, una organización independiente del partido dirigida por Sonia. Esta surge, según sus fundadores, como una respuesta ante la negligencia del gobierno y a algunos descuidos del partido FARC, especialmente en la gestión de los proyectos productivos y en la exigencia de garantías de seguridad al gobierno, y busca apoyar el proceso de reincorporación de más de 2000 antiguos miembros de la guerrilla, quienes dicen no sentirse representados por el partido.

Con Corporeconciliación intentan abrirse campo en las diferentes instancias de implementación, como el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación para la Implementación (CSIVI). Como parte de sus objetivos está también el continuar con la reparación a las víctimas de manera independiente a través de aportes al esclarecimiento de la verdad y la reparación simbólica por medio de un monumento en honor a las víctimas en Caquetá. A pesar de que el gobierno no ha reconocido oficialmente a Corporeconciliación, ya que no es parte del Acuerdos de Paz, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila aseguró que las garantías que el gobierno ofrece a los excombatientes no están condicionadas a la pertenencia al partido FARC.

Otro de los objetivos de Corporeconciliación es la descentralización del proceso de reincorporación a través de proyectos productivos, ya que estos han sido entregados en su mayoría a las personas que se encuentran en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), donde residen menos del 30% de los excombatientes. La mayoría de ellos se encuentran repartidos entre las 93 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), las cuales están distribuidas en 17 departamentos del territorio nacional. Las NAR, hasta ahora, no cuentan con reconocimiento jurídico por parte del gobierno nacional y están en el proceso de solicitarlo. Grupos de excombatientes que consideran que la cooperativa nacional de las FARC, ECOMUN, no ha cumplido con sus expectativas, han emprendido proyectos independientes como Cooagropaz, que agrupa a unas 500 personas dedicadas a la producción agrícola en Neiva (Huila) y Raíces Caribe, con más de 70 miembros en el departamento de Córdoba.

Fragmentación: Retos de la reincorporación

En junio de 2020, algunos de los integrantes fueron expulsados del partido FARC. A través de una votación mayoritaria, la dirección del partido decidió que Fabián Ramírez, Andrés París, Pablo Atrato y Benedicto de Jesús González no seguirían haciendo parte de este colectivo “tras hacer críticas destructivas constantes y entorpecer la implementación de los acuerdos de Paz, buscando generar divisiones al interior del partido”. Esta situación confirmó una problemática que venía presentándose desde hace algún tiempo.

La fragmentación del partido en los tres primeros años desde su creación expone diferencias entre sus comandantes, que vienen desde la época de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda Vélez. Sin embargo, estas diferencias no eran palpables por la estructura misma de la antigua guerrilla, que estaba basada en un sistema militar de mando vertical, donde la disciplina y la obediencia eran necesarias para la supervivencia. Algo muy diferente a la vida política civil en democracia, en la que la división del poder y la inclusión de las diferentes voces hacen parte de sus fundamentos. Con esta división queda en evidencia que algunas dificultades del tránsito de la vida militar a la vida civil no fueron anticipadas por la dirigencia, además de dejar al descubierto que las antiguas FARC no estaban tan cohesionadas como se pensaba.

A pesar de las diferencias entre el partido FARC y Corporeconciliación, existe un objetivo en común frente al reconocimiento de diferentes sectores de ex- combatientes. Ya que las condiciones van cambiando, la implementación del Acuerdo de Paz debe ser lo suficientemente flexible para responder ante estos cambios.

La fractura de la FARC representa varios retos para todos los sectores involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos el intentar incluir todas las diferentes voces en el proceso de reincorporación. Todos los excombatientes que firmaron los acuerdos de paz deben contar con el apoyo necesario para avanzar en el desarrollo de su vida civil, tanto en sus proyectos productivos, como en las diferentes instancias de verdad y reparación.

Comprender a los excombatientes de las FARC-EP como un colectivo heterogéneo puede ayudar a descentralizar el proceso de reincorporación, reconociendo organizaciones y asentamientos independientes como Corporeconciliación y las NAR y a que el partido FARC, Corporeconciliación y demás “firmantes de la paz”* reconozcan el surgimiento de nuevos colectivos con necesidades y percepciones distintas pero que a través del diálogo pueden articularse para trabajar en conjunto por la implementación exitosa del Acuerdo de Paz.

Rodeemos el Diálogo insta al gobierno, a las instituciones del Estado, a las directivas del Partido FARC y a la sociedad en general a reconocer la complejidad de la reincorporación, con el fin de garantizar la seguridad, la sostenibilidad económica y la inclusión social de todos los firmantes de paz. 

*Exintegrantes del grupo guerrillero FARC-EP que firmaron los Acuerdos de Paz.

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El apoyo de la Comunidad Internacional a la Jurisdicción Especial para la Paz

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Snapshot de Justicia Transicional #11

El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para rodear el Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Desde el inicio de las negociaciones, el apoyo de los países garantes y acompañantes —Cuba, Noruega, Chile y Venezuela— fue clave para crear confianza entre las partes y continuar los diálogos en sus momentos más difíciles. Igualmente, apoyos concretos de algunos actores, como Estados Unidos que nombró a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz, la Unión Europea y las Naciones Unidas que hicieron lo propio con Eamon Gilmore y Jean Arnault, respectivamente, constituyeron un impulso adicional a la mesa.

El respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) al acuerdo y su implementación ha sido unánime. Ese órgano creó la misión política de verificación del cese bilateral y dejación de armas de la ONU con la Resolución 2261 de 2016 y renovó su mandato al crear una misión de verificación para la reincorporación e implementación de los acuerdos con la Resolución 2366 de 2017. Además, las resoluciones y reportes del Consejo de Seguridad, así como los informes del Secretario General António Guterres han respaldado de forma constante la implementación.

Apoyo político y financiero 

Colombia es signataria del Estatuto de Roma, es decir, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que no sean investigadas, juzgadas y sancionadas por las instancias nacionales. La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sigue de cerca la situación en Colombia ya que la Corte tiene abierto un examen preliminar en el país por el caso de los falsos positivos. En ese contexto, ha manifestado su apoyo al funcionamiento del marco de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016, en especial a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y ha alentado a esa instancia a seguir trabajando para combatir la impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su apoyo a la JEP al afirmar que su funcionamiento es “clave para el modelo restaurativo de justicia transicional, indispensable para avanzar en la implementación del Acuerdo y garantizar los derechos de las víctimas”. El apoyo de la CPI y la CIDH dotan de legitimidad a la JEP.

Para la etapa de la implementación el apoyo político y financiero de la comunidad internacional también ha sido fundamental. La ONU, a través de su Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, ha destinado alrededor de 150 millones de dólares desde 2016. El aporte de cerca de 5 millones de dólares provenientes del Fondo Multidonante en 2017 permitió que la Secretaría Ejecutiva de la JEP, así como sus Salas y Secciones, entraran en funcionamiento. El Fondo Europeo para la Paz ha destinado desde 2016 más de 125 millones de euros para la implementación del acuerdo. En 2019, los aportes de ese Fondo permitieron que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición llegara de forma más efectiva a las regiones del país, a pesar de la disminución del presupuesto destinado por el gobierno nacional a las instituciones que componen al Sistema. 

La comunidad internacional jugó un papel clave durante las objeciones a la Ley Estatutaria 1957 de 2019 (que reglamenta el funcionamiento de la JEP), presentadas por el presidente Iván Duque y apoyadas por el gobierno estadounidense. El Consejo de Seguridad de la ONU, los diferentes órganos de las Naciones Unidas en Colombia, la CIDH, la CPI, así como las embajadas de la Unión Europea y varios países europeos, enviaron mensajes solicitando al gobierno la firma de dicha ley. La Corte Constitucional sentenció que el presidente debía firmar la ley finalmente, pero la presión política de la comunidad internacional fue esencial para crear un ambiente favorable para dejar en firme el funcionamiento de la JEP. 

La comunidad internacional y la legitimidad de la JEP

El apoyo de la comunidad internacional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuará siendo clave en el futuro. Con las primeras sentencias de la JEP, las expectativas de la sociedad y las víctimas frente al alcance punitivo de esas sentencias podrían no ser cumplidas en su totalidad.

La JEP está diseñada para ofrecer un balance entre justicia restaurativa —centrada en la reconstrucción del tejido social, la reconciliación, la verdad, reparación y restitución de derechos a las víctimas—  y justicia retributiva —que tradicionalmente se entiende en términos de cárcel para los perpetradores. La JEP privilegia la justicia restaurativa, pero no descarta algunas formas de justicia retributiva. Aun en los casos en los que los perpetradores de crímenes no amnistiables ofrecen plena verdad acerca de sus acciones, éstos deben cumplir algunos años con restricción efectiva de la libertad; mientras que aquellos que no reconozcan sus actos y no ofrezcan plena verdad a las víctimas pueden pagar hasta veinte años de cárcel.  

La confusión acerca del tipo de justicia que la JEP impartirá, sumada a los ataques políticos,  puede socavar su legitimidad. En este sentido,  la comunidad internacional podría jugar un papel trascendental para rodear a la JEP, fortaleciendo procesos de pedagogía jurídica que ayuden a comprender la dimensión ética de sus sentencias y aterricen en la vida cotidiana y el imaginario colectivo tareas para reconstruir el tejido social y garantizar no repetición de la violencia.

Píldora de innovación 

El Acuerdo de 2016 encargó al Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame el seguimiento técnico a la etapa de implementación. El monitoreo que hace Kroc como centro académico e independiente es una herramienta valiosa para que el gobierno, la comunidad internacional y la sociedad colombiana tome acción con respecto al progreso y los retrasos en la implementación. En su último reporte, se identifica que si bien hay avances importantes en el funcionamiento de las instituciones de justicia transicional, también hay alertas urgentes en cuanto a la lenta implementación del acuerdo en su integralidad durante el gobierno de Iván Duque.

Rodeemos el Diálogo reconoce el papel de  la comunidad internacional en la implementación en acuerdo de paz del 2016. Su apoyo a la JEP es importante dado el ambiente político desfavorable. Invitamos a la comunidad internacional a continuar apoyando a la JEP para derrotar la impunidad que prevalece frente a los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

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Retos y soluciones creativas al Covid-19 por parte de los firmantes de paz de Farc

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Snapshot de Reincorporación #7

Este Snapshot resume reflexiones de nuestro evento Impacto del COVID-19 en la Reincorporación de las FARC en Colombia. Desde los antes llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs) varios firmantes del acuerdo de paz y Laura Villa del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) hablaron sobre los retos antes y durante la pandemia y las soluciones creativas generadas desde los territorios. 

Inconforme con la injusticia social del país, Laura ingresó a la guerrilla en 2003 tras culminar sus estudios de medicina. En las FARC, cumplió principalmente labores relacionadas con la salud y –como lo establece su estatuto– siempre contempló la salida negociada al conflicto. Actualmente, tiene varios roles como estudiante, madre y funcionaria del CNR. A través de mesas de trabajo, Laura trabaja en la creación de lineamientos para abordar aspectos psicosociales, étnicos, de salud y género que afectan a los ETCRs y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NARs), estas últimas no reconocidas oficialmente por el gobierno y por ende no reciben la asignación monetaria mensual (90% del salario mínimo en Colombia, CO$ 877.802, aproximadamente £189 libras esterlinas). 

Ver el video en inglés aquí.

Los desafíos

Según Laura, la pandemia ha profundizado problemas estructurales como la desigualdad, la violencia –incluida la violencia de género– y la brecha entre las ciudades y el campo, donde vive la mayoría de los exguerrilleros. Uno de los problemas de la reincorporación –la cual está desfinanciada bajo la administración actual– es la dispersión hacia las NARs donde no hay garantías económicas o de seguridad. Aproximadamente 200 exguerrilleros han abandonado recientemente dos ETCRs en Antioquia y Cauca debido a amenazas por parte de grupos paramilitares, convirtiéndose así en desplazados del conflicto. 

Además, se han reportado 200 asesinatos de exguerrilleros desde la firma de la acuerdo en 2016 y 26 desde que empezó la cuarentena. Aunque hasta el momento solo hay dos exguerrilleros afectados por el COVID-19 y una alerta de contagio, la muerte de un bebé por falta de atención médica oportuna resalta la gravedad de los problemas de acceso al sistema de salud y la falta de presencia estatal en las zonas rurales. 

Pese a esto, Laura, cuya experiencia en la búsqueda de soluciones consensuadas se remonta a las negociaciones de la Habana, trabaja incansablemente en la implementación de los acuerdos, la cual reconoce no es solamente responsabilidad del estado. 

Uno de los problemas de la reincorporación –la cual está desfinanciada bajo la administración actual– es la dispersión hacia las Nuevas Áreas de Reincorporación (NARs) donde no hay garantías económicas o de seguridad.

La respuesta

Al igual que la pandemia, el conflicto armado pone en peligro la vida, por lo cual los exguerrilleros aprendieron desde la guerra a priorizar el trabajo en equipo, la solidaridad y el compañerismo en situaciones de riesgo. “Durante 53 años de conflicto adquirimos habilidades que no solo fueron en el manejo de armas, sino en el cuidado de la salud, construcción de viviendas y producción de alimentos”, explicó Laura resaltado el papel de dichas habilidades en procesos comunitarios y construcción de paz. 

En el ETCR de Miravalle (Caquetá), por ejemplo, los exguerrilleros, la comunidad y las Fuerzas Armadas construyeron conjuntamente un sistema de tuberías para solucionar la falta de suministro de agua. En varios ETCRs se han fabricado máquinas de desinfección y tapabocas para donar a las comunidades aledañas y poblaciones vulnerables. Este es el caso de las cárceles, que albergan a  el mayor porcentaje de personas con COVID-19. En respuesta a esta situación, el ETCR de Icononzo (Tolima) está abasteciendo de mascarillas las cárceles de Bogotá.

Implementación, transformación y paz

Laura habló sobre la reincorporación política, la financiación de la paz –seriamente cuestionada por presuntos desvíos – y otros aspectos de la implementación tales como los proyectos de economía solidaria que adelantan los firmantes de paz durante la crisis actual. 

Mejorar los canales de comunicación, conocer la problemática territorial y hacer trabajo pedagógico son, según Laura, las respuestas del partido FARC para dejar atrás la estructura militar donde los antiguos comandantes debían solucionar los problemas de la guerrillerada. 

Sobre la reincorporación y el presupuesto para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTEs), Laura aclaró que estos dos aspectos corresponden a puntos diferentes del acuerdo, explicó la dificultad de armonizar soluciones dentro de un marco de implementación fragmentado. 

También explicó que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) –  una institución compuesta por tres representantes de las FARC y tres del gobierno encargada de hacer seguimiento, promover y verificar conjuntamente la implementación del Acuerdo –  la cual es también la autoridad responsable de monitorear el presupuesto para la implementación pasa actualmente por un impasse ya que los Estados Unidos ha identificado a Cuba como uno de los países que no colabora con la lucha antiterrorista norteamericanas, a pesar del apoyo cubano a la construcción de paz en Colombia. En respuesta, el partido FARC ha retirado su participación en la CSIVI, indicando su preocupación por las políticas de Duque y Trump para el futuro de la paz.

Rodeemos el Diálogo reafirma su apoyo a los esfuerzos los firmantes de paz que reconstruyen el tejido social y luchan por la paz, aún en medio de la pandemia. Instamos a los académicos, el sector privado, las ONGs, la sociedad civil y a la comunidad internacional a que continúen apoyando las iniciativas de reincorporación que se generan desde los territorios y a que expresen su rechazo ante los actos de violencia. 

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El compromiso de los excombatientes con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 12

Aunque las víctimas están en el centro del Acuerdo de Paz, para que salga adelante es necesario que los y las excombatientes estén comprometidos con éste. Vale la pena recalcar que, a diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no es un órgano judicial y por tanto no tiene el poder para obligar a alguien a asistir a las sesiones.

La participación de los excombatientes, particularmente de los exdirigentes de grupos armados, es clave para el objetivo de reconocimiento de responsabilidad que busca la Comisión de la Verdad. Además, estos espacios ayudan a la Comisión a esclarecer la forma en que se desarrolló el conflicto. Este snapshot analiza su contribución. 

Compromiso con la Verdad por parte del exsecretariado de las FARC-EP

Los días 18 y 19 de febrero, quienes integraron el secretariado de las FARC-EP atendieron al llamado de la Comisión de la Verdad. Los ahora integrantes del Partido FARC entregaron reportes respecto a siete temas: tierra y territorio, contrainsurgencia, insurgencia, bloques y frentes, relación de las FARC-EP con la población civil, su política y una autocrítica. A la sesión asistieron los senadores Sandra Ramírez y Julián Gallo, el representante Rodrigo Granda, el representante en el Consejo Nacional de Reincorporación Pastor Alape, y Rodrigo Londoño, presidente del partido, entre otros. La sesión fue cerrada y poco se sabe sobre los detalles.  

Se sabe que los comisionados cuestionaron los informes entregados y que acordaron  continuar la comunicación.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de nuestra trágica historia de dolor y desarraigo, bajo el compromiso de poner todo lo que tenemos para no repetirnos jamás y completar la paz inconclusa,” dijo Pastor Alape.

Por otro lado, el presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, dijo: “seguramente vamos a tener más reuniones sobre el mismo tema, siempre buscando contrastar la información que recibimos con la idea de conseguir una narrativa que nos ayude a construir un futuro a todos los colombianos.”

En marzo, la Comisión de la Verdad escuchó a la exguerrilla respecto al asesinato de sus integrantes. Este espacio fue conocido como un Espacio de Escucha. 

Contribución a la Verdad de exintegrantes del M-19

Vera Grabe, Darío Villamizar, Otty Patiño y Álvaro Jiménez, excombatientes del M-19, participaron en una contribución a la verdad denominada “M-19: rebelión, negociación, democratización”. Este fue un espacio público virtual que fue transmitido en las redes de la Comisión. Fue liderado por los comisionados Marta Ruiz, Alejandra Miller y el Mayor Carlos Ospina.  

El Movimiento 19 de abril fue una guerrilla que estuvo activa entre 1974 y 1990. Su acción fue más urbana que la de otras guerrillas y con un enfoque particular en la acción política sobre la puramente militar. Se destacan en su historia acciones como la toma de la Embajada de República Dominicana, la toma del Palacio de Justicia, el robo de la espada de Bolívar, entre otros. 

En este espacio hablaron sobre diferentes temas. En primer lugar, hablaron sobre el rol de las elecciones de 1970 y la creación del Movimiento 19 de abril. Se expresaron las dudas respecto a la vinculación del movimiento tanto a la ANAPO como a las FARC-EP en sus orígenes, y lo que esto implicó en la conformación del grupo. 

Luego el Mayor Ospina cuestionó a los participantes sobre el asesinato en 1976 del lider sindical José Raquel Mercado y el vínculo que tuvo este momento histórico en los ciclos de violencia contra líderes sociales y sindicales posteriores. Vera Grabe reconoció que el manejo de la situación de Mercado fue inapropiado, dado que el interés del “juicio revolucionario” era dialogar con el gobierno. No obstante, hizo un llamado a contextualizar las acciones del conflicto armado en su respectivo momento. 

Los diferentes participantes hablaron sobre la experiencia de investigar el asesinato de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y candido a la presidencia de la republica; contaron cómo habían logrado esclarecer vínculos entre entidades estatales y grupos paramilitares; y denunciaron el poco interés de los organismos estatales en investigar dichos vínculos, una de las razones para que el caso siga en la impunidad.

Para la Comisión, revisar estas experiencias es clave para la no repetición, más aún si se tiene en cuenta que casi 200 excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados.

Rodeemos el Diálogo resalta el trabajo de los excombatientes comprometidos con la verdad y el esfuerzo de la Comisión de la Verdad por escucharlos para que puedan participar de forma activa en la construcción de paz. Sus explicaciones le permiten a la sociedad entender lo ocurrido, sin justificarlo. Invitamos a la sociedad colombiana a reconocer los esfuerzos de paz de quienes en otro momento hicieron la guerra. 

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