La Jep protege los restos de las víctimas del conflicto armado como parte de la reparación integral

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Snapshot de Justicia Transicional #12

El 11 de agosto de 2020, la JEP prohibió cualquier manipulación de los lotes La Escombrera y la Arenera en la Comuna 13 de Medellín donde se presumen hay inhumadas víctimas de desaparición forzada. La JEP puede decretar medidas cautelares en los procesos que adelante, siempre que estén bien sustentadas. Este snapshot presenta los avances de la JEP en la protección de restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

¿Qué son las medidas cautelares y cómo surgen?

Las medidas cautelares a cementerios y otras zonas se decretan para asegurar la protección, cuidado y preservación de cuerpos sin identificar que están ahí y que, se asume, pertenecen a víctimas del conflicto armado. Es importante proteger estos restos dada la necesidad de identificarlos y entregarlos dignamente a sus familiares. Por ello, la JEP ordena a las autoridades competentes (según cada caso) detener la manipulación, inhumación, traslado o exhumación de cuerpos en los lugares señalados.

Las medidas cautelares son acciones que buscan evitar daños irreparables a personas o colectivos, así como garantizar el acceso a información que esté en riesgo inminente de destrucción o degradación, entre otros. Estas medidas las decreta la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Para los casos que dirime esta Sección actúa la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Y el Equipo Técnico Forense de la UIA es el encargado del manejo y exhumación de restos.

Algunas de las medidas surgen de los procesos que lleva la JEP, por ejemplo, el cementerio de La Dabeiba, que responde al caso 003. Pero, hay otras que han surgido en respuesta a peticiones interpuestas por terceros.

Avances en las medidas cautelares

El 29 de agosto de 2018, dos personas pertenecientes al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de víctimas de desaparición forzada presentaron ante la JEP la solicitud de que se dictaran medidas cautelares anticipadas. La petición requería que se aseguraran 16 lugares en los que se presume fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada. Como respuesta, la JEP solicitó la colaboración de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de acordar, de manera conjunta, el proceso a seguir y la definición de los 16 lugares a ser protegidos. Dentro de esta petición se han decretado medidas cautelares sobre las zonas de La Escombrera y La Arenera. También, sobre los cementerios El Universal, Medellín y el de Los Pobres, Aguachica, Cesar. Así como sobre unos de los restos óseos del laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia y el resguardo Indígena San Lorenzo, Caldas.

Igualmente, la JEP ha decretado medidas cautelares para el cementerio alterno El Copey, Cesar en respuesta a una solicitud realizada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien alertó que en el cementerio podría haber cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Sección Primera señaló que el cementerio es una zona de interés más amplio porque pueden encontrarse inhumadas ahí otras víctimas del conflicto armado.

La CCJ también hizo una solicitud para el cementerio de El Salado, Bolívar. A través de videos, evidenció restos óseos expuestos y tumbas afectadas, lo que pone en riesgo la preservación de estos restos, su futura posible identificación y entrega digna a los familiares. Teniendo en cuenta que la JEP presume que en ese cementerio hay inhumadas víctimas de desaparición forzada durante la masacre de El Salado (perpetrada por paramilitares en el año 2000), ordenó que la UBPD sea la entidad que reciba y maneje los restos cuando sean recuperados por el Equipo Técnico Forense de la UIA.

Por otra parte, la Junta de Acción Comunal del barrio la Esperanza de Yopal, Casanare, solicitó medidas cautelares sobre el antiguo cementerio de la ciudad. Por motivo de la implementación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que permite el cambio de uso del suelo del antiguo cementerio, se han traslado de cerca de 150 cuerpos sin identificar. Solo algunos de ellos fueron reubicados en el nuevo cementerio y los demás cuerpos fueron enviados a otros lugares, algunos de los cuales ya están ubicados. Para este proceso, y por tratarse de posibles víctimas de desaparición forzada, también fue incluida la UBPD, lo que evidencia el trabajo colaborativo entre las dos instituciones.

Píldora de innovación 

La JEP ha impuesto medidas cautelares en varias zonas del país para responder a la emergencia sanitaria del COVID-19. Con estas medidas se busca evitar que, ante la necesidad de disponer de los cuerpos de quienes mueren por COVID-19 (en lugares sin posibilidades de cremación), cuerpos inhumados sin identificar o identificados sin reclamar sean trasladados erróneamente y sin el debido rigor, lo que dificultaría su futura ubicación, el trabajo de identificación y entrega digna. El Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, así como el MOVICE alertaron sobre este riesgo. En zonas en las que se sospecha la existencia de restos de víctimas de desaparición, la UBPD dispondrá lo necesario para el manejo de los cuerpos.

Rodeemos el Diálogo reconoce el esfuerzo de la JEP para proteger los restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado como parte de la reparación integral y los procesos de verdad e invita a respaldar su trabajo.

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Nombrar lo innombrable: la Comisión de la Verdad y el arte

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 14

La Comisión de la Verdad ha iniciado una serie de encuentros bajo el nombre de Nombrar lo innombrable con diferentes artistas colombianos que han hecho de la reflexión sobre el conflicto armado un eje fundamental de su quehacer. Hasta el día de hoy, se han realizado seis de estos encuentros con invitados que han departido sobre la labor del arte como ejercicio de reconocimiento y de comprensión del conflicto armado.

La Comisión realiza estos encuentros bajo el presupuesto de que el arte ha ejercido en Colombia una función fundamental de resistencia y testimonio sobre los horrores vividos en medio de la violencia. Además, reconoce que el arte, gracias a los lenguajes que utiliza, puede ahondar sobre las condiciones más profundas del ser humano.

Arte y reconocimiento

Los diferentes artistas invitados a la serie Nombrar lo innombrable coincidieron en afirmar que el arte juega un rol fundamental a la hora de brindar espacios de reconocimiento para las víctimas y de comprender las dinámicas del conflicto. 

Doris Salcedo arguye que la función del artista es justamente ir detrás de las huellas dejadas por la violencia sobre las víctimas, de tal manera que puedan ser reconstruidas y así darle inteligibilidad al conflicto. El arte es entonces un medio para reconstruir lo dañado, para dignificar a aquel que perdió o que vio afectada su vida. El escritor Pablo Montoya, por su parte, utiliza la literatura para reflexionar sobre la degradación de los lazos y valores básicos de convivencia en medio las más difíciles condiciones económicas. Esto lo hace a través de una historia sobre la fosa común conocida como La Escombrera, en Medellín, en la que adopta la perspectiva los sectores populares y su relación con las diferentes formas de violencia en que se vieron inmersos. 

En el intento por comprender el conflicto armado, la historia se convierte en la mejor aliada de los artistas entrevistados tanto para comprender sus orígenes como para encontrar antecedentes de resistencia y conciliación. Esta visión histórica es de largo plazo, encontrando en el período colonial un caldo de cultivo de los mayores horrores y de resquicios de esperanza. Pablo Montoya propone la violencia como una herencia del proceso de conquista a través del cual se impusieron los españoles sobre las comunidades amerindias. Este autor encuentra en la literatura del período colonial una exaltación a este proceso de imposición, conformando mitos fundacionales que marcarían la violencia posterior que viviría Colombia.

Por su parte, la actriz Patricia Ariza, antigua militante de la UP, propone en sus distintas obras de teatro una reinterpretación de la famosa Rebelión de los Comuneros de 1781 como un precedente de resistencia.

Las víctimas, el eje de la reflexión

Las víctimas son el punto de encuentro entre la reflexión artística y el conflicto armado. La necesidad de darles voz, de reconocerles y de dignificarlas permea la obra artística de todos los entrevistados. En particular, la obra de Doris Salcedo explora con gran profundidad y desde diferentes perspectivas y momentos históricos el problema de la memoria y el reconocimiento. Salcedo nos habla sobre la ruptura que implica el desplazamiento y la nostalgia por la vida abandonada en su obra “La casa viuda”. En su obra “Plegaria muda”, retoma las ejecuciones extrajudiciales hechas por el ejército colombiano para reflexionar sobre el lugar en la sociedad de los jóvenes asesinados, buscando así rediginificar sus vidas, en contraste con las fosas comunes en las que fueron enterrados. Otros de los temas explorados por la artista incluyen la rotura temporal que implica el asesinato, el recuerdo de las vidas olvidadas, los momentos claves del conflicto, entre otros.

En el caso de la cineasta Laura Mora, su arte es en sí un acto de liberación y catarsis dado que ella misma es víctima del conflicto. Según nos cuenta, la idea de su película Matar a Jesús estuvo intrínsecamente ligada con su historia personal pues su padre fue asesinado en el año 2002. Esta película es un intento por comprender las razones y las condiciones del asesino de su padre. Su testimonio, sin embargo, va mucho más allá y nos permite adentrarnos en los dilemas profundos que enfrentan las víctimas una vez se encontraron frente a frente con el conflicto. Laura nos habla sobre la compleja relación con su ciudad, Medellín, cómo el arte se convirtió en una vía de escape para emprender un viaje hacia Australia, donde viviría un largo tiempo, y cómo la realización de la película la llevó hasta Buenos Aires, la ciudad preferida de su padre, permitiéndole concluir el duelo por su pérdida.

Rodeemos el Diálogo celebra esta iniciativa de la Comisión de la Verdad, pues reconoce el potencial que tiene el arte dentro del proceso de reconocimiento de las víctimas del conflicto armado e invita a la sociedad civil a conocer y apropiarse de este proyecto.

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Corporeconciliación y los retos de la Reincorporación

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Snapshot de Reincorporación #8

En anteriores snapshots, analizamos las dificultades de la reincorporación debido a las barreras institucionales. Este snapshot reúne los retos de la reincorporación política relacionados con el partido FARC, teniendo en cuenta las últimas noticias sobre la consolidación de nuevos grupos que buscan representar los intereses de algunos miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP.

Corporeconciliación: ampliar participación y descentralizar la reincorporación

En noviembre del año pasado, algunos antiguos comandantes y mandos medios, entre ellos Sonia (Anayibe Rojas Valderrama), Fabián Ramírez y Andrés París, crearon Corporeconciliación, una organización independiente del partido dirigida por Sonia. Esta surge, según sus fundadores, como una respuesta ante la negligencia del gobierno y a algunos descuidos del partido FARC, especialmente en la gestión de los proyectos productivos y en la exigencia de garantías de seguridad al gobierno, y busca apoyar el proceso de reincorporación de más de 2000 antiguos miembros de la guerrilla, quienes dicen no sentirse representados por el partido.

Con Corporeconciliación intentan abrirse campo en las diferentes instancias de implementación, como el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación para la Implementación (CSIVI). Como parte de sus objetivos está también el continuar con la reparación a las víctimas de manera independiente a través de aportes al esclarecimiento de la verdad y la reparación simbólica por medio de un monumento en honor a las víctimas en Caquetá. A pesar de que el gobierno no ha reconocido oficialmente a Corporeconciliación, ya que no es parte del Acuerdos de Paz, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila aseguró que las garantías que el gobierno ofrece a los excombatientes no están condicionadas a la pertenencia al partido FARC.

Otro de los objetivos de Corporeconciliación es la descentralización del proceso de reincorporación a través de proyectos productivos, ya que estos han sido entregados en su mayoría a las personas que se encuentran en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), donde residen menos del 30% de los excombatientes. La mayoría de ellos se encuentran repartidos entre las 93 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), las cuales están distribuidas en 17 departamentos del territorio nacional. Las NAR, hasta ahora, no cuentan con reconocimiento jurídico por parte del gobierno nacional y están en el proceso de solicitarlo. Grupos de excombatientes que consideran que la cooperativa nacional de las FARC, ECOMUN, no ha cumplido con sus expectativas, han emprendido proyectos independientes como Cooagropaz, que agrupa a unas 500 personas dedicadas a la producción agrícola en Neiva (Huila) y Raíces Caribe, con más de 70 miembros en el departamento de Córdoba.

Fragmentación: Retos de la reincorporación

En junio de 2020, algunos de los integrantes fueron expulsados del partido FARC. A través de una votación mayoritaria, la dirección del partido decidió que Fabián Ramírez, Andrés París, Pablo Atrato y Benedicto de Jesús González no seguirían haciendo parte de este colectivo “tras hacer críticas destructivas constantes y entorpecer la implementación de los acuerdos de Paz, buscando generar divisiones al interior del partido”. Esta situación confirmó una problemática que venía presentándose desde hace algún tiempo.

La fragmentación del partido en los tres primeros años desde su creación expone diferencias entre sus comandantes, que vienen desde la época de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda Vélez. Sin embargo, estas diferencias no eran palpables por la estructura misma de la antigua guerrilla, que estaba basada en un sistema militar de mando vertical, donde la disciplina y la obediencia eran necesarias para la supervivencia. Algo muy diferente a la vida política civil en democracia, en la que la división del poder y la inclusión de las diferentes voces hacen parte de sus fundamentos. Con esta división queda en evidencia que algunas dificultades del tránsito de la vida militar a la vida civil no fueron anticipadas por la dirigencia, además de dejar al descubierto que las antiguas FARC no estaban tan cohesionadas como se pensaba.

A pesar de las diferencias entre el partido FARC y Corporeconciliación, existe un objetivo en común frente al reconocimiento de diferentes sectores de ex- combatientes. Ya que las condiciones van cambiando, la implementación del Acuerdo de Paz debe ser lo suficientemente flexible para responder ante estos cambios.

La fractura de la FARC representa varios retos para todos los sectores involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos el intentar incluir todas las diferentes voces en el proceso de reincorporación. Todos los excombatientes que firmaron los acuerdos de paz deben contar con el apoyo necesario para avanzar en el desarrollo de su vida civil, tanto en sus proyectos productivos, como en las diferentes instancias de verdad y reparación.

Comprender a los excombatientes de las FARC-EP como un colectivo heterogéneo puede ayudar a descentralizar el proceso de reincorporación, reconociendo organizaciones y asentamientos independientes como Corporeconciliación y las NAR y a que el partido FARC, Corporeconciliación y demás “firmantes de la paz”* reconozcan el surgimiento de nuevos colectivos con necesidades y percepciones distintas pero que a través del diálogo pueden articularse para trabajar en conjunto por la implementación exitosa del Acuerdo de Paz.

Rodeemos el Diálogo insta al gobierno, a las instituciones del Estado, a las directivas del Partido FARC y a la sociedad en general a reconocer la complejidad de la reincorporación, con el fin de garantizar la seguridad, la sostenibilidad económica y la inclusión social de todos los firmantes de paz. 

*Exintegrantes del grupo guerrillero FARC-EP que firmaron los Acuerdos de Paz.

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El apoyo de la Comunidad Internacional a la Jurisdicción Especial para la Paz

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Snapshot de Justicia Transicional #11

El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para rodear el Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Desde el inicio de las negociaciones, el apoyo de los países garantes y acompañantes —Cuba, Noruega, Chile y Venezuela— fue clave para crear confianza entre las partes y continuar los diálogos en sus momentos más difíciles. Igualmente, apoyos concretos de algunos actores, como Estados Unidos que nombró a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz, la Unión Europea y las Naciones Unidas que hicieron lo propio con Eamon Gilmore y Jean Arnault, respectivamente, constituyeron un impulso adicional a la mesa.

El respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) al acuerdo y su implementación ha sido unánime. Ese órgano creó la misión política de verificación del cese bilateral y dejación de armas de la ONU con la Resolución 2261 de 2016 y renovó su mandato al crear una misión de verificación para la reincorporación e implementación de los acuerdos con la Resolución 2366 de 2017. Además, las resoluciones y reportes del Consejo de Seguridad, así como los informes del Secretario General António Guterres han respaldado de forma constante la implementación.

Apoyo político y financiero 

Colombia es signataria del Estatuto de Roma, es decir, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que no sean investigadas, juzgadas y sancionadas por las instancias nacionales. La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sigue de cerca la situación en Colombia ya que la Corte tiene abierto un examen preliminar en el país por el caso de los falsos positivos. En ese contexto, ha manifestado su apoyo al funcionamiento del marco de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016, en especial a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y ha alentado a esa instancia a seguir trabajando para combatir la impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su apoyo a la JEP al afirmar que su funcionamiento es “clave para el modelo restaurativo de justicia transicional, indispensable para avanzar en la implementación del Acuerdo y garantizar los derechos de las víctimas”. El apoyo de la CPI y la CIDH dotan de legitimidad a la JEP.

Para la etapa de la implementación el apoyo político y financiero de la comunidad internacional también ha sido fundamental. La ONU, a través de su Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, ha destinado alrededor de 150 millones de dólares desde 2016. El aporte de cerca de 5 millones de dólares provenientes del Fondo Multidonante en 2017 permitió que la Secretaría Ejecutiva de la JEP, así como sus Salas y Secciones, entraran en funcionamiento. El Fondo Europeo para la Paz ha destinado desde 2016 más de 125 millones de euros para la implementación del acuerdo. En 2019, los aportes de ese Fondo permitieron que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición llegara de forma más efectiva a las regiones del país, a pesar de la disminución del presupuesto destinado por el gobierno nacional a las instituciones que componen al Sistema. 

La comunidad internacional jugó un papel clave durante las objeciones a la Ley Estatutaria 1957 de 2019 (que reglamenta el funcionamiento de la JEP), presentadas por el presidente Iván Duque y apoyadas por el gobierno estadounidense. El Consejo de Seguridad de la ONU, los diferentes órganos de las Naciones Unidas en Colombia, la CIDH, la CPI, así como las embajadas de la Unión Europea y varios países europeos, enviaron mensajes solicitando al gobierno la firma de dicha ley. La Corte Constitucional sentenció que el presidente debía firmar la ley finalmente, pero la presión política de la comunidad internacional fue esencial para crear un ambiente favorable para dejar en firme el funcionamiento de la JEP. 

La comunidad internacional y la legitimidad de la JEP

El apoyo de la comunidad internacional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuará siendo clave en el futuro. Con las primeras sentencias de la JEP, las expectativas de la sociedad y las víctimas frente al alcance punitivo de esas sentencias podrían no ser cumplidas en su totalidad.

La JEP está diseñada para ofrecer un balance entre justicia restaurativa —centrada en la reconstrucción del tejido social, la reconciliación, la verdad, reparación y restitución de derechos a las víctimas—  y justicia retributiva —que tradicionalmente se entiende en términos de cárcel para los perpetradores. La JEP privilegia la justicia restaurativa, pero no descarta algunas formas de justicia retributiva. Aun en los casos en los que los perpetradores de crímenes no amnistiables ofrecen plena verdad acerca de sus acciones, éstos deben cumplir algunos años con restricción efectiva de la libertad; mientras que aquellos que no reconozcan sus actos y no ofrezcan plena verdad a las víctimas pueden pagar hasta veinte años de cárcel.  

La confusión acerca del tipo de justicia que la JEP impartirá, sumada a los ataques políticos,  puede socavar su legitimidad. En este sentido,  la comunidad internacional podría jugar un papel trascendental para rodear a la JEP, fortaleciendo procesos de pedagogía jurídica que ayuden a comprender la dimensión ética de sus sentencias y aterricen en la vida cotidiana y el imaginario colectivo tareas para reconstruir el tejido social y garantizar no repetición de la violencia.

Píldora de innovación 

El Acuerdo de 2016 encargó al Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame el seguimiento técnico a la etapa de implementación. El monitoreo que hace Kroc como centro académico e independiente es una herramienta valiosa para que el gobierno, la comunidad internacional y la sociedad colombiana tome acción con respecto al progreso y los retrasos en la implementación. En su último reporte, se identifica que si bien hay avances importantes en el funcionamiento de las instituciones de justicia transicional, también hay alertas urgentes en cuanto a la lenta implementación del acuerdo en su integralidad durante el gobierno de Iván Duque.

Rodeemos el Diálogo reconoce el papel de  la comunidad internacional en la implementación en acuerdo de paz del 2016. Su apoyo a la JEP es importante dado el ambiente político desfavorable. Invitamos a la comunidad internacional a continuar apoyando a la JEP para derrotar la impunidad que prevalece frente a los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

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La Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas en Colombia: un ejemplo para el mundo

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 13

La relación entre una Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas en una transición política es comunmente tensa. En Argentina, las Fuerzas Armadas negaron los hallazgos del informe Nunca Más y promovieron su propia versión de lo que pasó durante la dictadura. En Perú, el ejército declaró públicamente en contra del informe final de la Comisión de la Verdad, sugiriendo que ésta favorecía a los “terroristas”. En Guatemala, las Fuerzas Armadas se opusieron a la Comisión de la Verdad desde el inicio mismo de su mandato hasta el final.

El caso colombiano, sin embargo, parece ir encaminado hacia un resultado diferente. Como lo señala Eduardo Pizarro, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y antiguo embajador en la Haya, esta podría ser la primera transición política en tener una relación positiva entre la Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas. Este Snapshot analiza dicha relación.

El nombramiento del Mayor Retirado Carlos Ospina como comisionado

Carlos Ospina, abogado y mayor retirado del ejército, ha liderado la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado desde 2013. Ospina es el comisionado encargado de los ejercicios de clarificación de la verdad a través de la región Andina (Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila). Es el responsable de tres Casas de la Verdad y ha liderado estrategias para acercar a las autoridades civiles a los Espacios Territoritoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en algunos municipios de Tolima, para facilitar la inclusión de las preocupaciones de los excombatientes de las FARC-EP en los planes locales de desarrollo. Sin embargo, su rol más importante es el de servir de puente entre la Comisión y las Fuerzas Armadas.

La contribución de las Fuerzas armadas a la Comisión de la Verdad

La relación entre las Fuerzas Armadas colombianas y la Comisión de la Verdad es definida por el interés de los militares de contribuir a la Comisión y por la disposición de ésta para recibir dichas contribuciones. En octubre de 2018, al comienzo del mandato de la Comisión, las Fuerzas Armadas entregaron el informe Génesis, un conjunto de 50 volúmenes que describen, desde su perspectiva, las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por la guerrilla de las FARC.

En abril de 2019, la Comisión de la Verdad sostuvo su primer encuentro con el Centro de Análisis de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. El Centro entregó informes que discuten los orígenes del conflicto. Este encuentro buscó analizar cómo la Comisión podría beneficiarse de este conocimiento del conflicto colombiano.

En noviembre de 2019, el Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional entregó el informe Luces para la verdad. El documento está compuesto por 8 reportes que dan cuenta de 19 casos en los que hubo actos de violencia cometidos por las FARC-EP en contra de militares y miembros de sus familias. Éstos cubren incidentes ocurridos en la región del Magdalena Medio, Catatumbo, El Paramillo, Meta, Tolima, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Orinoquía. El informe también explora el reclutamiento forzado de menores por parte de la guerrilla.

La Comisión ha permanecido receptiva al contenido de los informes entregados por las Fuerzas Armadas, y Francisco de Roux, presidente de la Comisión, ha reconocido la existencia de las víctimas militares. Luego de reseñar el informe Luces para la Verdad, declaró que “estos informes nos muestran el dolor de las familias de los militares que sufrieron como pocos el rigor de este conflicto. Les invitamos a que nos ayuden con más contribuciones.” 

La discusión del rol de las Fuerzas Armadas en el conflicto

La Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas también han compartido el escenario en eventos públicos y privados. En febrero de 2020, el simposio Fuerzas Armadas y Comisión de la Verdad tuvo lugar en la Universidad Javeriana, en Bogotá.

De acuerdo a la Comisión, el simposio fue importante para la construcción de lazos más fuertes entre las instituciones. Desde el simposio, la Comisión de la Verdad ha tenido al menos tres encuentro privados orientados a establecer diálogo directo con las Fuerzas Armadas, todos los cuales han sido dirigidos por el comisionado Carlos Ospina. El primero de estos, se enfocó en inteligencia militar; el segundo, en las transformaciones institucionales de las Fuerzas Armadas; y el tercero, en considerar temas como la Doctrina de Seguridad Nacional y la Doctrina del Enemigo Interno. El propósito de estos encuentros es informar a los investigadores de la Comisión de los matices del involucramiento militar en el conflicto armado. Estos encuentros también proveen una oportunidad vital para establecer un diálogo productivo y significativo que lleve a una comprensión más diversa y completa del pasado.

Rodeemos el Diálogo llama la atención sobre la contribución de las Fuerzas Armadas colombianas a la Comisión de la Verdad y resalta la buena disposición de ésta para escuchar y permitir la activa participación de las Fuerzas Armadas. Invitamos a la sociedad colombiana a reconocer el progreso hecho por la Comisión en la documentación de los testimonio de aquellos quienes fueron afectados por el conflicto armado.   

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Retos y soluciones creativas al Covid-19 por parte de los firmantes de paz de Farc

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Snapshot de Reincorporación #7

Este Snapshot resume reflexiones de nuestro evento Impacto del COVID-19 en la Reincorporación de las FARC en Colombia. Desde los antes llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs) varios firmantes del acuerdo de paz y Laura Villa del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) hablaron sobre los retos antes y durante la pandemia y las soluciones creativas generadas desde los territorios. 

Inconforme con la injusticia social del país, Laura ingresó a la guerrilla en 2003 tras culminar sus estudios de medicina. En las FARC, cumplió principalmente labores relacionadas con la salud y –como lo establece su estatuto– siempre contempló la salida negociada al conflicto. Actualmente, tiene varios roles como estudiante, madre y funcionaria del CNR. A través de mesas de trabajo, Laura trabaja en la creación de lineamientos para abordar aspectos psicosociales, étnicos, de salud y género que afectan a los ETCRs y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NARs), estas últimas no reconocidas oficialmente por el gobierno y por ende no reciben la asignación monetaria mensual (90% del salario mínimo en Colombia, CO$ 877.802, aproximadamente £189 libras esterlinas). 

Ver el video en inglés aquí.

Los desafíos

Según Laura, la pandemia ha profundizado problemas estructurales como la desigualdad, la violencia –incluida la violencia de género– y la brecha entre las ciudades y el campo, donde vive la mayoría de los exguerrilleros. Uno de los problemas de la reincorporación –la cual está desfinanciada bajo la administración actual– es la dispersión hacia las NARs donde no hay garantías económicas o de seguridad. Aproximadamente 200 exguerrilleros han abandonado recientemente dos ETCRs en Antioquia y Cauca debido a amenazas por parte de grupos paramilitares, convirtiéndose así en desplazados del conflicto. 

Además, se han reportado 200 asesinatos de exguerrilleros desde la firma de la acuerdo en 2016 y 26 desde que empezó la cuarentena. Aunque hasta el momento solo hay dos exguerrilleros afectados por el COVID-19 y una alerta de contagio, la muerte de un bebé por falta de atención médica oportuna resalta la gravedad de los problemas de acceso al sistema de salud y la falta de presencia estatal en las zonas rurales. 

Pese a esto, Laura, cuya experiencia en la búsqueda de soluciones consensuadas se remonta a las negociaciones de la Habana, trabaja incansablemente en la implementación de los acuerdos, la cual reconoce no es solamente responsabilidad del estado. 

Uno de los problemas de la reincorporación –la cual está desfinanciada bajo la administración actual– es la dispersión hacia las Nuevas Áreas de Reincorporación (NARs) donde no hay garantías económicas o de seguridad.

La respuesta

Al igual que la pandemia, el conflicto armado pone en peligro la vida, por lo cual los exguerrilleros aprendieron desde la guerra a priorizar el trabajo en equipo, la solidaridad y el compañerismo en situaciones de riesgo. “Durante 53 años de conflicto adquirimos habilidades que no solo fueron en el manejo de armas, sino en el cuidado de la salud, construcción de viviendas y producción de alimentos”, explicó Laura resaltado el papel de dichas habilidades en procesos comunitarios y construcción de paz. 

En el ETCR de Miravalle (Caquetá), por ejemplo, los exguerrilleros, la comunidad y las Fuerzas Armadas construyeron conjuntamente un sistema de tuberías para solucionar la falta de suministro de agua. En varios ETCRs se han fabricado máquinas de desinfección y tapabocas para donar a las comunidades aledañas y poblaciones vulnerables. Este es el caso de las cárceles, que albergan a  el mayor porcentaje de personas con COVID-19. En respuesta a esta situación, el ETCR de Icononzo (Tolima) está abasteciendo de mascarillas las cárceles de Bogotá.

Implementación, transformación y paz

Laura habló sobre la reincorporación política, la financiación de la paz –seriamente cuestionada por presuntos desvíos – y otros aspectos de la implementación tales como los proyectos de economía solidaria que adelantan los firmantes de paz durante la crisis actual. 

Mejorar los canales de comunicación, conocer la problemática territorial y hacer trabajo pedagógico son, según Laura, las respuestas del partido FARC para dejar atrás la estructura militar donde los antiguos comandantes debían solucionar los problemas de la guerrillerada. 

Sobre la reincorporación y el presupuesto para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTEs), Laura aclaró que estos dos aspectos corresponden a puntos diferentes del acuerdo, explicó la dificultad de armonizar soluciones dentro de un marco de implementación fragmentado. 

También explicó que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) –  una institución compuesta por tres representantes de las FARC y tres del gobierno encargada de hacer seguimiento, promover y verificar conjuntamente la implementación del Acuerdo –  la cual es también la autoridad responsable de monitorear el presupuesto para la implementación pasa actualmente por un impasse ya que los Estados Unidos ha identificado a Cuba como uno de los países que no colabora con la lucha antiterrorista norteamericanas, a pesar del apoyo cubano a la construcción de paz en Colombia. En respuesta, el partido FARC ha retirado su participación en la CSIVI, indicando su preocupación por las políticas de Duque y Trump para el futuro de la paz.

Rodeemos el Diálogo reafirma su apoyo a los esfuerzos los firmantes de paz que reconstruyen el tejido social y luchan por la paz, aún en medio de la pandemia. Instamos a los académicos, el sector privado, las ONGs, la sociedad civil y a la comunidad internacional a que continúen apoyando las iniciativas de reincorporación que se generan desde los territorios y a que expresen su rechazo ante los actos de violencia. 

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Política de reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia

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Snapshot de Justicia Transicional #10

A través de la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras, y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 el Estado creó un sistema de reparaciones (unidad de víctimas, tribunales de restitución, procesos administrativos, etc.) para las víctimas del conflicto armado. Este es considerado como el programa de reparaciones más ambicioso del mundo porque incluye medidas de asistencia humanitaria a las víctimas, contempla todas las formas de reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y busca reparar a más de 8 millones de víctimas. 

El periodo de vigencia se fijó hasta junio del 2021. Sin embargo, en diciembre de 2019, la Corte Constitucional decidió prorrogar la Ley y los Decretos Ley hasta el 7 de agosto de 2030, si el Congreso de la República no regula la materia antes de que se venza el plazo. Esta decisión se sumó al Acuerdo Final de Paz de 2016 (AFP) que plantea una articulación integral con la Ley 1448 y los Decretos Ley. 

Por tanto, es importante entender los principales logros del sistema de reparaciones, así como algunos de los obstáculos que enfrenta para satisfacer el derecho a la reparación integral de las víctimas. Este Snapshot reflexiona al respecto con base en la presentación de Clara Sandoval en nuestro evento “reparaciones, lecciones desde Colombia y más allá”. 

Avances

A diferencia de otros contextos de post-conflicto caracterizados por fuertes déficits institucionales, el programa de reparaciones colombiano se apoyó en institucionales que ya existían. El programa se articuló con instituciones al nivel local, regional y nacional, lo que creó un contexto que favoreció la implementación de las reparaciones. Por ejemplo, funcionarios locales apoyaron a la Unidad de Víctimas en el proceso de identificación de las víctimas a reparar. A su vez, al articularse con dicha institucionalidad, el sistema contribuyó a aumentar, fortalecer y mejorar la presencia del Estado en algunos lugares del país antes abandonados.  

El sistema de reparaciones se apoyó en una red de organizaciones de víctimas en todo el país. Es más, las organizaciones presionaron políticamente para que se creara un sistema de asistencia y reparación para las víctimas. Este rico sustrato organizativo es el que ha buscado constantemente la mejora en la implementación de la Ley y los Decretos Ley, al tiempo que ha mantenido vigente el apoyo político que necesita la reparación de las víctimas. 

La reparación de las víctimas del conflicto armado sigue siendo parte sustancial de la agenda política. Este momento político se inició durante el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares entre el 2003 y el 2006, cuando se identificó la obligación ética de reparar a las víctimas, y no ha dejado de estar presente desde entonces. Esto quedó evidente en el proceso de paz con las FARC-EP, donde se acordó hacer efectiva la reparación a través del sistema creado con la Ley 1448 y los Decretos Ley.

Retos 

El principal obstáculo que enfrenta la política de reparaciones es la persistencia del conflicto armado. Este no sólo hace que se sigan presentando nuevos hechos de violencia que afectan a la población civil, sino que incluso dificulta la reparación de aquellas víctimas que han sufrido la violencia en el pasado. Por ejemplo, a los reclamantes de tierras no se les inicia el proceso de restitución si la zona donde tienen sus predios todavía cuenta con presencia activa de actores armados. 

Hoy, a casi nueve años de vigencia de la ley, sólo se ha indemnizado monetariamente al 11% del total de víctimas registradas. A este ritmo, el Estado tardaría más de 70 años para indemnizar a todas las víctimas. Tratándose de restitución de tierras es más difícil determinar el avance de la política puesto que no hay consenso sobre la magnitud del despojo. A la fecha, hay sentencias de restitución sobre 380 mil hectáreas, mientras que las estimaciones más conservadoras señalan que se despojaron cerca de 1.500.000 hectáreas. 

Pese a que en el AFP se respaldó el sistema de reparaciones, todavía resta ver cómo se desarrollan y articulan. Por un lado, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que fueron previstos como elementos reparadores de las víctimas en los territorios más afectados por la violencia, se formularon, pero no se ha avanzado en su implementación (el punto 1 del AFP es el menos ejecutado). Por otro lado, la JEP debe imponer unas Sanciones Propias en cuya esencia está la idea de reparar a las víctimas, pero aún hace falta que se doten de contenido concreto y se apliquen en la práctica para saber su dimensión reparadora.   

El sistema de reparaciones no puede producir por sí solo los cambios estructurales que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de las víctimas y de la sociedad en general. Avanzar en la consolidación de una democracia más justa implica cambios estructurales que complementen los esfuerzos hechos con el sistema de reparaciones. En tanto esto no suceda, será imposible que la reparación integral consolide sus efectos positivos en las víctimas del conflicto armado.

Píldora de innovación 

Mientras el Estado se encarga de la reparación de las víctimas a través del sistema de reparaciones y transforma las condiciones socioeconómicas de las zonas más golpeadas por el conflicto, los comparecientes ante la JEP contribuyen a la reparación, por ejemplo, a través de su participación en la ejecución de programas de desarrollo rural. 

Rodeemos el Diálogo reconoce los esfuerzos por consolidar el sistema de reparaciones más ambicioso en el mundo, valora sus efectos positivos, y resalta el papel que han jugado las organizaciones sociales en su continuo mejoramiento. Entendiendo las dificultades que limitan el éxito de la política, ReD anima a las instituciones y actores a perseverar en el deber ético de lograr la reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado. 

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El compromiso de los excombatientes con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 12

Aunque las víctimas están en el centro del Acuerdo de Paz, para que salga adelante es necesario que los y las excombatientes estén comprometidos con éste. Vale la pena recalcar que, a diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no es un órgano judicial y por tanto no tiene el poder para obligar a alguien a asistir a las sesiones.

La participación de los excombatientes, particularmente de los exdirigentes de grupos armados, es clave para el objetivo de reconocimiento de responsabilidad que busca la Comisión de la Verdad. Además, estos espacios ayudan a la Comisión a esclarecer la forma en que se desarrolló el conflicto. Este snapshot analiza su contribución. 

Compromiso con la Verdad por parte del exsecretariado de las FARC-EP

Los días 18 y 19 de febrero, quienes integraron el secretariado de las FARC-EP atendieron al llamado de la Comisión de la Verdad. Los ahora integrantes del Partido FARC entregaron reportes respecto a siete temas: tierra y territorio, contrainsurgencia, insurgencia, bloques y frentes, relación de las FARC-EP con la población civil, su política y una autocrítica. A la sesión asistieron los senadores Sandra Ramírez y Julián Gallo, el representante Rodrigo Granda, el representante en el Consejo Nacional de Reincorporación Pastor Alape, y Rodrigo Londoño, presidente del partido, entre otros. La sesión fue cerrada y poco se sabe sobre los detalles.  

Se sabe que los comisionados cuestionaron los informes entregados y que acordaron  continuar la comunicación.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de nuestra trágica historia de dolor y desarraigo, bajo el compromiso de poner todo lo que tenemos para no repetirnos jamás y completar la paz inconclusa,” dijo Pastor Alape.

Por otro lado, el presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, dijo: “seguramente vamos a tener más reuniones sobre el mismo tema, siempre buscando contrastar la información que recibimos con la idea de conseguir una narrativa que nos ayude a construir un futuro a todos los colombianos.”

En marzo, la Comisión de la Verdad escuchó a la exguerrilla respecto al asesinato de sus integrantes. Este espacio fue conocido como un Espacio de Escucha. 

Contribución a la Verdad de exintegrantes del M-19

Vera Grabe, Darío Villamizar, Otty Patiño y Álvaro Jiménez, excombatientes del M-19, participaron en una contribución a la verdad denominada “M-19: rebelión, negociación, democratización”. Este fue un espacio público virtual que fue transmitido en las redes de la Comisión. Fue liderado por los comisionados Marta Ruiz, Alejandra Miller y el Mayor Carlos Ospina.  

El Movimiento 19 de abril fue una guerrilla que estuvo activa entre 1974 y 1990. Su acción fue más urbana que la de otras guerrillas y con un enfoque particular en la acción política sobre la puramente militar. Se destacan en su historia acciones como la toma de la Embajada de República Dominicana, la toma del Palacio de Justicia, el robo de la espada de Bolívar, entre otros. 

En este espacio hablaron sobre diferentes temas. En primer lugar, hablaron sobre el rol de las elecciones de 1970 y la creación del Movimiento 19 de abril. Se expresaron las dudas respecto a la vinculación del movimiento tanto a la ANAPO como a las FARC-EP en sus orígenes, y lo que esto implicó en la conformación del grupo. 

Luego el Mayor Ospina cuestionó a los participantes sobre el asesinato en 1976 del lider sindical José Raquel Mercado y el vínculo que tuvo este momento histórico en los ciclos de violencia contra líderes sociales y sindicales posteriores. Vera Grabe reconoció que el manejo de la situación de Mercado fue inapropiado, dado que el interés del “juicio revolucionario” era dialogar con el gobierno. No obstante, hizo un llamado a contextualizar las acciones del conflicto armado en su respectivo momento. 

Los diferentes participantes hablaron sobre la experiencia de investigar el asesinato de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y candido a la presidencia de la republica; contaron cómo habían logrado esclarecer vínculos entre entidades estatales y grupos paramilitares; y denunciaron el poco interés de los organismos estatales en investigar dichos vínculos, una de las razones para que el caso siga en la impunidad.

Para la Comisión, revisar estas experiencias es clave para la no repetición, más aún si se tiene en cuenta que casi 200 excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados.

Rodeemos el Diálogo resalta el trabajo de los excombatientes comprometidos con la verdad y el esfuerzo de la Comisión de la Verdad por escucharlos para que puedan participar de forma activa en la construcción de paz. Sus explicaciones le permiten a la sociedad entender lo ocurrido, sin justificarlo. Invitamos a la sociedad colombiana a reconocer los esfuerzos de paz de quienes en otro momento hicieron la guerra. 

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La educación como estrategia para la reincorporación

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Snapshot de Reincorporación #6

La educación para las personas en proceso de reincorporación y sus familias es clave para promover la justicia social y la equidad en el país. Este snapshot presenta  los avances y retos de los procesos educativos en los diversos espacios de reincorporación donde algunos de los firmantes de la paz de la FARC y sus familias han decidido construir su proyecto de vida. 

Los centros poblados (antiguos Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación), así como las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) son espacios donde los ex-guerrilleros han formado nuevas y reconstruido antiguas familias. Según las cifras del primer censo socioeconómico de las FARC, realizado por la Universidad Nacional en 2017, aunque el 90% de los encuestados sabe leer y escribir, solo el 57% tiene educación básica primaria. Además, el 54% tiene al menos un hijo. 

En este sentido, existen dos necesidades urgentes. Primero, los adultos que no culminaron el primer ciclo educativo requieren formación básica secundaria y la homologación de saberes, considerando los roles que algunos asumieron durante el conflicto. Segundo, teniendo en cuenta que la mayoría de los hijos de los ex-guerrilleros viven en zonas rurales alejadas de la oferta educativa, es esencial garantizar el acceso a una educación integral que responda a las necesidades del territorio y sus comunidades. 

Avances: El apoyo y articulación de organizaciones internacionales

Diversas entidades han trabajado conjuntamente para garantizar el acceso a la educación como lo estipula el acuerdo de paz. El programa Arando la Educación, por ejemplo, surge de una alianza entre el Consejo Noruego para Refugiados (CNR), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz (FUCEPAZ) en convenio con el Ministerio de Educación. Este programa busca acompañar la alfabetización en primaria y secundaria con profesores que viajan hasta los centros poblados para dar las clases. En el proyecto, iniciado en 2017, han participado más de 3.000 ex-guerrilleros y se han graduado alrededor de 300. Otro programa es el proyecto “Fortalecimiento de Comunidades para la Paz”, donde la Cruz Roja Colombiana y Noruega se aliaron para ofrecer programas de homologación de saberes en salud. Así, muchos de los ex-guerrilleros que trabajaban en labores como enfermería y odontología obtuvieron títulos de técnicos en programas de salud. 

Según las cifras del primer censo socioeconómico de las FARC, realizado por la Universidad Nacional en 2017, aunque el 90% de los encuestados sabe leer y escribir, solo el 57% tiene educación básica primaria. Además, el 54% tiene al menos un hijo.

Enfoque diferencial

En abril de 2019 se inauguró el Programa de Reincorporación Integral, liderado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU, que articula los esfuerzos del Gobierno de Colombia, la ONU y el Consejo Nacional de Reincorporación (componente FARC) el cual busca promover el desarrollo económico y empoderamiento de las mujeres a través de proyectos productivos, así como la construcción de espacios para el cuidado  los menores de 5 años. Para esta población, se ha adelantado la construcción de Centros de Desarrollo Integral en cinco centros poblados con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).

Retos de los procesos educativos  

Pese a los  avances en la educación primaria, secundaria y técnica, es importante destacar las dificultades para acceder a educación universitaria y al mercado laboral que tienen los firmantes de la paz. En el caso de sus hijos, los proyectos apenas se iniciaron en  2019 y están dedicados principalmente a la primera infancia dado el  incremento de nacimientos desde la firma del acuerdo de paz. 

Debido a la falta de cobertura educativa en zonas rurales, gran parte de la población en edad escolar debe caminar largas distancias para acceder a una escuela veredal. En el caso del centro poblado Héctor Ramírez, en la Montañita, Caquetá, por ejemplo, solo hay una escuela primaria, mientras que los estudiantes de grado sexto a noveno tienen que caminar alrededor de una hora para llegar a la escuela más cercana. Aquellos que quieren continuar sus estudios de noveno en adelante tienen que asistir a colegios en los cascos urbanos. 

Así, una de las estrategias del proceso de reincorporación por parte de la comunidad fariana ha sido diseñar proyectos educativos propios que articulen sus principios ideológicos, las prácticas campesinas y los saberes locales. En este momento, el centro poblado Héctor Ramírez y la Biblioteca Popular Alfonso Cano, en alianza con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana en Bogotá, está consolidando un modelo alternativo a través de programas educativos impartidos después de la jornada escolar para complementar el  proceso de aprendizaje. 

Rodeemos el Diálogo observa que hay algunos avances en materia educativa, sin embargo, identifica serios retos para  que la educación sea una herramienta efectiva para la reincorporación. Se requiere mayor articulación entre las diferentes entidades nacionales e internacionales, así como un apoyo gubernamental más efectivo en términos de calidad y cobertura en zonas rurales. Como parte del acuerdo de paz la educación tiene un impacto no solo en los firmantes de la paz de la FARC y sus familias, sino en las comunidades rurales en general.  

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Pueblos étnicos en la Jurisdicción Especial para la Paz

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Snapshot de Justicia Transicional #9

El reconocimiento de la contribución a la construcción de paz y desarrollo social y económico del país por los pueblos étnicos en Colombia fue consagrado en el punto 6.2 del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, que se conoce como el Capítulo Étnico. Este reconocimiento además enfatizó las condiciones históricas de exclusión, esclavitud, exterminio físico y cultural, y despojo territorial; con relación al impacto diferenciado sufrido por los pueblos étnicos como consecuencia del conflicto armado. Situación que requiere la comprensión de los sistemas organizativos tradicionales, cosmovisiones, contextos, necesidades y aspiraciones de los pueblos étnicos, bajo la aplicación transversal de un enfoque diferencial para la implementación del Acuerdo y la construcción de paz. 

En el marco de dicha transversalidad, se consagraron una serie de salvaguardas, que serán los principios que guíen no sólo la implementación de lo acordado, sino su interpretación. Principalmente, la etapa de implementación debe estar guiada por el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, derecho universal de los pueblos indígenas y tribales que fue consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Enfoque étnico en el componente de justicia del Sistema Integral

En lo que respecta al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sistema Integral), se acordó, entre otras salvaguardas, el respeto del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales en sus territorios, la garantía al derecho fundamental a la participación en el diseño y ejecución de mecanismos judiciales y extrajudiciales, y su articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena. 

En el marco de la garantía de aplicación de estas salvaguardas, la JEP creó una Comisión Étnica que está integrada entre otros, por Magistrados y Magistradas de la JEP pertenecientes a los grupos étnicos, que tendrá como objeto principal la implementación del enfoque étnico racial en el componente de justicia del Sistema Integral. Así mismo, la Comisión Étnica tendrá, entre otras funciones, las de promover estudios sobre el estado y desarrollo de las diferentes formas de justicia propia; orientar el ejercicio de las funciones de la Salas que componen la JEP sobre casos relacionados con población étnica; y contribuir con criterios de justicia restaurativa con enfoque étnico, para que sean tenidos en cuenta a la hora de imponer sanciones propias. 

Avances en la aplicación del enfoque étnico

En armonía con estas disposiciones, la Comisión Étnica ha avanzado en la aplicación del criterio de integración jurisdiccional, con el respeto de las funciones jurisdiccionales que desarrollan las autoridades étnicas en su territorio, a través de la consulta y construcción con los pueblos indígenas, de un instrumento denominado Protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz. En él se establecen disposiciones con relación a la implementación del componente de justicia en consonancia con los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, en un diálogo interjurisdiccional.

Así mismo, avanzando en garantizar la participación de los pueblos étnicos que se consideren víctimas de los hechos que se investigan en los macrocasos territoriales de Nariño (Caso 002), Urabá (Caso 004) y Cauca (Caso 005); la Comisión Étnica ha diseñado material audiovisual que incluye una serie de cuñas radiales en 8 lenguas nativas, Emberá Chamí, Kamentsá, Nasa Yuwe, Wayuunaiki, Iku, Namtrik, Siapedee y Awapit, invitando a la elaboración y presentación de informes para cada uno de los casos. 

Recientemente, para el Caso 004 que abarca la región de Urabá, la JEP anunció la acreditación de más de 20.000 víctimas afrocolombianas, agrupadas en los 4 Consejos Comunitarios de Curbaradó, Los Manatíes, Puerto Girón, y la Larga y Tumaradó. Este reconocimiento les permitirá participar activamente durante todas las etapas del proceso, presentar pruebas, interponer recursos y presentar observaciones sobre las versiones libres de los comparecientes.  

Rodeemos el Diálogo reconoce la importancia de los avances de la JEP en la comprensión de la transversalidad del enfoque étnico, y valora la importancia y el papel histórico de los pueblos étnicos en la utilización del diálogo, la concertación y la armonización como elementos necesarios para la construcción de paz. 

Píldora de innovación

La integración jurisdiccional como criterio interpretativo es una de las innovaciones de la JEP, que opera a través del reconocimiento de la existencia de daños y afectaciones diferenciales ocasionadas por el conflicto armado, y del respeto y la necesidad de integrar sistemas de justicia propios al sistema ordinario de justicia transicional. A través de este acercamiento y construcción dialógica, la Sala de Reconocimiento de la JEP, puede incluso tomar en cuenta prácticas restaurativas de los pueblos étnicos para la búsqueda de la verdad, la armonización, la sanación individual, colectiva y territorial y la construcción de acuerdos.

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