Linea de trabajo

Apretemos las manos de nuevo

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15 de febrero de 2021

Apretemos las manos de nuevo

Los primeros días de febrero Colombia fue testigo de un intercambio epistolar que no es más que un grito para salvar la paz del país. Lo inédito de esta correspondencia es que fue protagonizada por los dos responsables de abrir la puerta a las negociaciones, y seguir el camino durante los cuatro años necesarios para alcanzar la firma del Acuerdo de Paz: Rodrigo Londoño de las FARC – ahora el partido Comunes – y el ex-Presidente Juan Manuel Santos.

Pregunta el señor Londoño si su interlocutor se acordaba de cuándo se dieron la mano al final de aquel proceso. Ante la afirmativa del antiguo jefe de Estado, nos atrevemos a sumar nuestra voz: ¡también nos acordamos! Nos acordamos no solo de las tensiones, sino también de la esperanza de un nuevo capítulo; de que las armas no siguieran siendo el mediador de los conflictos políticos y sociales; y de una oportunidad de sanación de las heridas abiertas después de largas décadas de conflicto.

Nosotros, tres redes de la sociedad civil colombiana e internacional, nos encontramos profundamente conmovidos ante las palabras sinceras y respetuosas de estos dos enemigos de antaño. Con sus cartas, han vuelto a liderar con el ejemplo. Muestran una vez más que las dificultades no impiden el diálogo, más bien lo justifican.

Los contratiempos que sufre la construcción de la paz en el marco del Acuerdo son ampliamente conocidos y en todo caso enumerados en la correspondencia publicada. Sin embargo, desde las perspectivas complementarias de las que gozamos, afirmamos que el proceso de paz de Colombia ha sido y sigue siendo motivo de orgullo y marca un hito para negociaciones futuras, a pesar de las demoras y los retrocesos en su implementación. Con estas palabras deseamos hacerles eco a las propuestas desarrolladas por los dos firmantes de la paz.

Concretamente solicitamos:

  • Que el ex-Presidente Santos y Rodrigo Londoño terminen de determinar la composición de sus delegaciones para una eventual audiencia en el Palacio de Nariño.
  • Una respuesta más generosa por parte del actual gobierno del Presidente Duque de la que ha manifestado hasta ahora. Qué el Presidente Duque abra las puertas a dicho encuentro, extendiéndoles la mano también, y que su Gobierno asuma un espíritu de voluntad política con los acuerdos firmados por el Estado.

Finalmente, no perdamos de vista nuestro papel como sociedad civil. Este intercambio de cartas nos remite a la necesidad de rodear nuevamente el diálogo. Exhortemos la implementación completa del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y apretemos nuevamente las manos de quienes dejaron las armas, manteniendo siempre la búsqueda de nuevas manos a las cuales estrechar.

#ApretemosLasManosDeNuevo

Rodeemos el Diálogo-Embrace Dialogue (Bogotá/Londres)

International Peace Research Association (Bogotá/Nueva York)

Servicio de Paz y Justicia-América Latina (Barranquilla/Buenos Aires)

“En la Comisión de la Verdad hay una esperanza”: comisionada Lucía González

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El sábado 13 de febrero iniciaron los Laboratorios de co-creación de herramientas pedagógicas en torno al sentido de la verdad para la sociedad.

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Comunidades educativas contribuyen a fortalecer el legado de la Comisión de la Verdad

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Con la cocreación y circulación de aprendizajes, experiencias y herramientas pedagógicas.

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El 2021 es crucial para la JEP

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No solo por el tipo de decisiones que adoptará, sino también por el contexto político, institucional y social que rodea la implementación del Acuerdo Final de Paz, que este año entrará en su primer quinquenio.

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Lo que está en juego para las víctimas con el caso de Salvatore Mancuso en la JEP

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Snapshot de Justicia Transicional #16

A través del Auto 90 de 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento de Salvatore Mancuso, uno de los creadores en 1997 de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), organización ilegal que bajo su mando cometió graves y sucesivas violaciones a derechos humanos en siete departamentos del Caribe y en la región del Catatumbo. 

El exjefe paramilitar solicitó que se le diera tratamiento de tercero civil no combatiente por la colaboración brindada en el periódo de 1989–1997 al Ejército Nacional como guía en actividades de inteligencia, entrenamiento y financiación, así como por la comisión de otros delitos relacionados con la paraeconomía y con los hechos ocurridos en municipios de competencia del Caso 004. Su comparecencia hubiera sido un hito para la JEP por los aportes a la verdad y a la reparación a las víctimas que podrían alcanzarse, algo que no se logró en el proceso de Justicia y Paz. Este snapshot analiza los desarrollos del caso Mancuso.

La Ley de Justicia y Paz

En 2005 los miembros de las ahora extintas AUC se desmovilizaron y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz como resultado de los diálogos de paz entablados con el Gobierno en 2003. Esta ley creó un marco jurídico que establecía un procedimiento especial para los miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, teniendo así un sesgo hacia lo militar, es decir, hacia los miembros que desempeñaron funciones militares dentro del conflicto. Por lo tanto, dejó por fuera a otros actores igual de importantes como los terceros financiadores de grupos paramilitares. 

En 2008, el Gobierno extraditó a 14 jefes de las AUC acusados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, entre ellos Salvatore Mancuso. Esto generó que la mayoría de ellos, siendo altos mandos cruciales para el proceso de paz, dejarán de colaborar con la justicia colombiana.

Los paramilitares y terceros civiles

Cuando el Gobierno suscribió el Acuerdo de Paz con las FARC surgió junto a la JEP un nuevo marco normativo que, contrario a Justicia y Paz, se estructuró sobre la base de que los terceros financiadores o colaboradores de cualquier actor del conflicto que hubiesen cumplido diferentes roles se podrían presentar voluntariamente ante el tribunal de justicia transicional. 

Además, se estableció que la JEP carece de competencia sobre exparamilitares, pues esta Jurisdicción no reemplaza las decisiones del proceso penal especial de Justicia y Paz. Sin embargo, como señaló la Sección de Apelación (SA) de la JEP en el caso de Fabio César Mejía Correa, un paramilitar pudo mutar en distintos roles a lo largo del tiempo, por lo que es posible, excepcionalmente, ampliar la competencia de la JEP cuando se pueda determinar que antes o luego de ejercer como combatiente, el solicitante ostentó la calidad de tercero civil en un periodo de su vida. Este es el caso de aquellos que inicialmente financiaron, patrocinaron, promovieron o auspiciaron grupos paramilitares y luego se transformaron en miembros de la estructura criminal paramilitar, o viceversa.

El caso de Mancuso

La SRVR decidió rechazar la solicitud de Mancuso porque no existía claridad en las sentencias de la justicia ordinaria que éste hubiera tenido un rol de civil en el periodo de 1989–1997. Sin embargo, 3 magistrados salvaron su voto porque consideraron que la decisión debió ser distinta. 

Los argumentos de estos magistrados se basan en que no se debió rechazar su solicitud como tercero civil por el periodo en el cual no perteneció a las ACCU y AUC, en tanto Mancuso sí cumple con esta condición durante el período de 1989–1994. Para la magistrada Belkis Izquierdo y el magistrado Óscar Parra sus conductas como civil no son visibles en las fuentes judiciales analizadas por la SRVR ya que son temas que no fueron tratados en profundidad por los jueces de Justicia y Paz, por esta razón sugieren que debió haberse dado la oportunidad de escuchar a Mancuso y a las víctimas frente a estos hechos no esclarecidos.

Por su parte, la magistrada Nadiezhda Henriquez aseguró que en la decisión tomada por la SRVR no se aplicaron las reglas de excepción desarrolladas por la SA para determinar cuándo un miembro de grupos paramilitares puede ser aceptado en la JEP, por lo que la decisión del caso no está en sintonía con los derechos de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido y de las garantías de no repetición en esta región del país tan duramente golpeada por el conflicto armado. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Ashton se estableció que el esclarecimiento de la verdad es una de las mayores necesidades de las víctimas, por lo que en un entorno de justicia transicional la búsqueda de la verdad impone una concepción no restrictiva y más amplia del derecho de acceso a la justicia especial de paz y de la competencia de la JEP.

Actualmente el caso de Mancuso se encuentra en manos de la SA, Sección que revisará la decisión tomada. De prosperar el recurso de apelación podrá continuar el caso en la JEP. De lo contrario, se estará a la espera de la decisión voluntaria del exjefe paramilitar de continuar aportando a la verdad en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Rodeemos el Diálogo reconoce los esfuerzos y avances de la JEP en la toma de decisiones de casos difíciles como son los de los terceros colaboradores del conflicto armado y  espera que las decisiones tengan como soporte el principio del interés superior de las víctimas y de esclarecimiento de la verdad.

La Unidad de Búsqueda avanza en la identificación de víctimas de la violencia en el Magdalena Medio caldense

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La Unidad de Búsqueda avanza en la identificación de víctimas de la violencia en el Magdalena Medio caldense.

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El reconocimiento a las víctimas: un pilar de la Comisión de la Verdad en sus primeros dos años

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 18

Con el cierre del 2020, termina también el segundo año de funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Este snapshot hace un breve balance del trabajo hecho hasta ahora por la Comisión como insumo para pensar en los retos que le esperan en su último año, tema que se desarrollará en el siguiente snapshot. 

Recomposición de la Comisión 

En su corta existencia, la Comisión ha debido recomponerse ante la temprana e inesperada muerte de dos de sus Comisionados. Alfredo Molano, reconocido sociólogo y escritor, quizás uno de los colombianos que más trabajó en la comprensión del conflicto desde las regiones, murió el 31 de octubre de 2019. De igual manera, la comisionada Ángela Salazar murió en pleno ejercicio de sus funciones el pasado 7 de agosto, dejando tras de sí un inmenso legado relacionado con el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, su victimización durante el conflicto y su aporte a la verdad. 

En su reemplazo han sido nombrados Alejandro Castillejo y Leyner Palacios. El primero es un reconocido académico que previamente había sido consultor de la Comisión de la Verdad en Perú y había asesorado al Grupo de Memoria Histórica en Colombia. El segundo, por su parte, es víctima de Bojayá y se ha dedicado desde entonces a representar al resto de víctimas de dicha tragedia y al trabajo con comunidades afrodescendientes en elPacífico. 

Recolección de testimonios 

La Comisión ha logrado superar los escollos planteados por la pandemia de la COVID-19 para continuar con su labor de recolección de testimonios. A fecha del 30 de junio de 2020, la Comisión había logrado realizar 8.977 entrevistas y había escuchado más de 16.500 personas, teniendo en cuenta que la recolección de testimonios es tanto individual como grupal. De estos, 1.339 corresponden a testimonios de pueblos étnicos y 2.323 testimonios mencionan a presuntos responsables. 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar el trabajo que ha venido realizando la Comisión en el exterior. Durante el año de 2019 logró recopilar 353 testimonios en las cinco regiones definidas previamente, a saber, Europa, Norteamérica, Andina, Centroamérica y América del Sur. Esta actividad ha continuado a buen paso durante el 2020, de tal manera que ya se han logrado recolectar más de mil testimonios en el exterior en más de 23 países en cooperación con los diferentes nodos de la sociedad civil. 

Reconocimiento 

El reconocimiento a las víctimas continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la Comisión. A través de los diferentes eventos de reconocimiento, la Comisión busca crear confianza con las víctimas en aquellos territorios donde la presencia del Estado ha sido mínima históricamente y donde los diferentes grupos armados en el conflicto jugaron un rol fundamental de intimidación y ataque sobre la población civil. Durante el año 2019, la Comisión utilizó una estrategia amplia de diálogo social, incluyendo los Encuentros por la Verdad, los Diálogos para la No Repetición, los Espacios de Contribución a la Verdad, en diferentes zonas del país, para escuchar los testimonios de las víctimas y victimarios en aras promover la reconstrucción del tejido social, y que se suman a las 28 Casas de la Verdad distribuidas por todo el territorio nacional. 

Durante el presente año, la Comisión logró adaptarse al reto de la pandemia para continuar exitosamente con dicha labor. Este año ha contado con eventos de reconocimiento tan importantes como el Encuentro por la Verdad, en el cual se escucharon las voces de los miles de exiliados que permanecen en diferentes lugares del mundo, y los encuentros alrededor de La Verdad Indígena, en los se rescataron las voces de las comunidades indígenas que quedaron en medio del conflicto y que clamanporunamayorprotecciónporpartedelEstadocolombiano. 

Entre los mayores logros recientes de la Comisión, destaca la participación de los actores del conflicto, quienes progresivamente han venido reconociendo sus responsabilidades. En particular, es importante señalar que la FARC ha aceptado su papel en el secuestro y asesinato de numerosos líderes políticos, incluyendo el secuestro de Ingrid Betancourt y el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Por su parte, los militares también han entregado su versión de la verdad sobre su rol en el conflicto. 

La Comisión ha venido desarrollando enfoques diferenciales que dan cuenta de su interés por darle voz a aquellos sectores poblacionales que han sido victimizados con mayor encono y que son particularmente vulnerables debido a la falta de protección estatal. Entre estos enfoques diferenciales se encuentran el étnico, de género, para personas en situación de discapacidad, de niños, niñas y jóvenes, el de personas mayores, entre otros.

Pensando en el futuro 

La Comisión ha venido construyendo una red de apoyo con organizaciones nacionales e internacionales que le permitirá distribuir ampliamente el informe final. Se han identificado 689 aliados, entre los cuales destacan embajadas de diversos países, organismos multilaterales, agencias de cooperación, entre otras, y se han desarrollado 116 proyectos financiados por la comunidad internacional. Un ejemplo de lo anterior es el apoyo que recibió la Casa de la Verdad de Quibdó por parte de la Agencia de Cooperación Española Internacional para el Desarrollo para continuar con su labor, lo que demuestra el papel fundamental y el compromiso de la comunidad internacional que también espera que la Comisión ayude a superar dificultades históricas que Colombia ha enfrentado a lo largo de las últimas décadas.

Rodeemos el Diálogo celebra la labor hecha por la Comisión durante sus dos primeros años de funcionamiento, reconoce los avances, e invita a la sociedad a rodear a la Comisión ad portas de su último año.

El derecho a la verdad requiere del acceso a la información

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El 8 de diciembre de 2020, el Comisionado Alejandro Valencia Villa denunció, en una audiencia virtual organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Comisión de la Verdad en Colombia, la obstrucción al trabajo de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad por parte de diversas instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Militares.  

Las barreras al acceso a la información oficial que enfrenta la Comisión de la Verdad entorpecen su trabajo para esclarecer lo sucedido en el marco del conflicto armado colombiano, garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y que la sociedad colombiana conozca lo ocurrido para hacer memoria.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es una entidad estatal, con mandato y funciones establecidos en el Decreto Ley 588 de 2017. Su trabajo es un deber constitucional; por ello, el Gobierno debe dejar de ponerle cortapisas a la histórica labor de la Comisión.

Hacemos un llamado a las diferentes entidades a permitir el acceso oportuno, real y efectivo a la documentación solicitada.

Pedimos a la comunidad internacional vigilar el cumplimiento por parte del Estado colombiano de esta disposición del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que ha sido respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las víctimas y la sociedad colombiana tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido durante el largo y sangriento conflicto armado. 

El 21 de octubre cerca de dos mil firmantes del Acuerdo se movilizaron por la vida y por la paz

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Snapshot de Reincorporación #12

La peregrinación 

El 21 de octubre de 2020, desde la tumba del excombatiente de las FARC Jesús Monroy Ayala en el municipio de Mesetas, Meta, comenzó la “Peregrinación por la vida y por la paz”. Ese día, alrededor de dos mil firmantes del Acuerdo de Paz se empezaron a movilizar desde distintas partes del país hacia Bogotá, para hablar con el gobierno nacional y exigir el cumplimiento de lo pactado y la implementación de medidas de seguridad.

Con banderas blancas y con la consigna de caminar hacia la capital para que se les garantizara su vida y la de los líderes sociales, en su recorrido realizaron actos de perdón y reconciliación (como los de Pipiral y el Doradal), velatones, actos culturales y de reconciliación y mingas.

Razones para peregrinar

El principal motivo para la movilización fue la falta de garantías de seguridad para quienes dejaron las armas para apostarle a la paz. Las amenazas a la vida y homicidios de las personas en proceso de reincorporación son alarmantes, y la mayoría está ocurriendo fuera de los centros urbanos. Sólo desde diciembre de 2019 a marzo de 2020 el 73% de los actos en contra de la vida de los y las firmantes de la paz ocurrieron en zonas rurales.

Por la falta de garantías de seguridad varios ETCR han sido reubicados. Es el caso de Monterredondo (Miranda-Cauca), La Pradera (Puerto Asís-Putumayo), Yarí (La Macarena-Meta), El Ceral (Buenos Aires Cauca) y Santa Lucía (Ituango-Antioquia); en este último, en junio de 2020 las personas tuvieron que desplazarse masivamente al municipio de Mutatá, a unos 352 kilómetros de distancia. 

La situación en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), donde se encuentra la mayoría de firmantes de la paz, no es diferente. La solución no puede ser los traslados, ya que obligan a las personas a dejar atrás avances en términos productivos o de vivienda y constituyen una pérdida de su arraigo y el de sus familias, generando nuevas fisuras en el tejido social. 

A la grave crisis humanitaria en términos de seguridad, se suman aspectos estructurales del Acuerdo de Paz y de la Política Nacional de Reincorporación que siguen sin resolverse, como ocurre con la Reforma Rural Integral y, por extensión, el acceso a tierra para vivienda y proyectos productivos, o la falta de un Sistema Nacional de Reincorporación que garantice compromisos, recursos y articulación institucional que permita que por fin llegue la oferta y se garanticen los derechos a las personas que habitan los territorios más afectados por el conflicto armado. 

Los peregrinos en la capital 

Al llegar a Bogotá, después de días de caminata, los firmantes de la paz tuvieron jornadas intensas en la Plaza de Bolívar y sostuvieron reuniones con distintos actores clave, como los Delegados de Gobierno ante el Consejo Nacional de Reincorporación, las Naciones Unidas y los países garantes, y las comisiones de paz del Senado, entre otras.

En la Plaza de Bolívar también se llevó a cabo el “Festival por la vida y por la paz”, en el que se presentaron los productos de algunos proyectos productivos y se hicieron varias actividades culturales, algunas de reconocimiento a las mujeres y a los pueblos indígenas. Cuando las personas en proceso de reincorporación marchaban pacíficamente por la ciudad, encontraron muestras de afecto y agradecimiento, aplausos y banderas blancas desde las ventanas y balcones de Bogotá. 

Los resultados de la peregrinación

En la reunión con el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, se llegaron a acuerdos significativos como la reunión con el Presidente Iván Duque; la planeación de sesiones ampliadas del Consejo Nacional de Reincorporación en los territorios; el esbozo de cronogramas para acceso a vivienda y el diseño de una estrategia de tierras, análisis y evaluación de las particularidades territoriales en materia de seguridad dentro y fuera de los ETCR. Así mismo, se acordó continuar con los consejos departamentales y municipales de paz y mantener un seguimiento exhaustivo al proceso.

Uno de los mayores logros de la peregrinación fue la reunión con el presidente Duque el 6 de noviembre. En esta, voceros representantes de las personas en proceso de reincorporación de todo el país expusieron 15 propuestas en la Casa de Nariño relacionadas con seguridad, tierras y vivienda, el Sistema Nacional de Reincorporación y el cumplimiento integral del Acuerdo. 

Después de estos espacios, las personas empezaron a retornar a sus territorios con esperanza. La peregrinación fue una oportunidad de reencuentro y camaradería en su máxima expresión. Los firmantes de la paz ya no recorren en silencio la selva, ahora lo hicieron pacíficamente por las carreteras de Colombia bajo un solo clamor: por la vida y por la paz. Lamentablemente, y a pesar de los acuerdos con el Presidente, después de la muerte de Jesús Monroy han ocurrido más asesinatos. A fecha de publicación, la desgarradora cifra ha subido a 244 firmantes de la paz muertos después de la firma del Acuerdo.

Rodeemos el Diálogo insta al Presidente Duque a cumplir lo pactado en el marco de la Peregrinación por la vida y por la paz y valora la movilización pacífica con actos de reconciliación realizada por los firmantes de la paz. 

La justicia ambiental en la JEP

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Snapshot de Justicia Transicional #15

Entender las disputas por la tierra y los recursos naturales como base del conflicto colombiano es un paso fundamental tanto para reconocer la justicia ambiental como un componente del proceso de construcción de la paz, como para tomar medidas que garanticen la no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está adoptando un innovador enfoque racial, étnico y territorial para la inclusión del medio ambiente en el proceso de justicia transicional. Este enfoque reconoce la importancia de la relación establecida por las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas con sus territorios, e investiga la degradación de los recursos naturales locales como una violación de los derechos colectivos de las comunidades. Tres de los macrocasos actualmente abiertos investigan los daños causados al medio ambiente en el contexto del conflicto armado: los casos 002, 004 y 005. Además, la JEP ha establecido una “Comisión Territorial y Ambiental” para investigar los vínculos entre el conflicto y la degradación ambiental y al mismo tiempo promover una reflexión de enfoque territorial y ambiental en los diversos órganos de la JEP. 

Antecedentes 

En una declaración de prensa dada el 5 de octubre de 2019, Giovanni Alvarez Santoyo, director de la UIA (Unidad de Investigación y Acusación), declaró que la JEP está comprometida con reconocer al medio ambiente como una “víctima silenciosa del conflicto”. En efecto, el conflicto armado ha dejado marcas significativas en el paisaje colombiano, alterando los sistemas socioecológicos locales, despojando a las comunidades del acceso a los recursos naturales y contribuyendo a la degradación de la tierra, los ríos y los bosques. Los grupos guerrilleros han desempeñado un papel en el bloqueo de la expansión de los proyectos extractivos en zonas del país como el Amazonas y el Putumayo. Sin embargo, al mismo tiempo, la necesidad de financiar las acciones militares dio lugar a la insostenible explotación y degradación de los recursos naturales. La minería ilegal, las plantaciones de coca y otras actividades extractivas que causan una grave contaminación, deforestación y degradación del suelo, representaron una importante fuente de ingresos para los actores involucrados en el conflicto. Ataques selectivos también han causado daños ambientales masivos, como los realizados por grupos armados contra los oleoductos de Ecopetrol y otras empresas, derramando millones de litros de petróleo. Además, la práctica de la fumigación aérea para erradicar las plantaciones de coca que lleva a cabo el Gobierno ha tenido graves repercusiones en el suelo, los cultivos y la biodiversidad de las zonas fumigadas.

Caso 002 

El caso 002, abierto en julio de 2018, tiene como objetivo comprender la historia del conflicto en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en el departamento de Nariño. En particular, se centra en los territorios indígenas de las comunidades Awà y Eperara Siapiadaara y en los territorios bajo la jurisdicción de los Consejos Comunitarios Afrocolombianos locales. Los daños socio-ambientales y territoriales causados por el conflicto, aproximadamente entre el 1 de enero de 1990 y el 1 de diciembre de 2016, se encuentran entre los acontecimientos que se están investigando. En este caso por primera vez se reconocen como víctimas del conflicto a los propios territorios étnicos, en particular, al “Katsa Su” de las comunidades Awà, 27 territorios indígenas y 5 territorios afrocolombianos. Para los Awà, el “Katsa su” representa la patria, un territorio vivo, y la fuente del “buen vivir”. Su inclusión entre las víctimas del conflicto representa un reconocimiento del principio constitucional del pluralismo jurídico y un avance en relación con el capítulo étnico del acuerdo de paz. El trabajo de la magistrada indígena Belkis Izquierdo, del pueblo Ikju Arhuaco, ha sido de fundamental importancia en esta investigación y, en una entrevista en febrero de 2020 declaró: “La concepción de los pueblos étnicos es que el territorio es inseparable de las personas. Queremos fortalecer una línea de pensamiento que nos permita entender que todos los seres vivos, no solo los seres humanos, tienen la posibilidad de existir”. 

Justicia ambiental

Ha habido muchos avances importantes en relación con la justicia ambiental en el caso 002. No obstante, la JEP enfrenta desafíos tanto para la inclusión efectiva de los derechos ambientales en el proceso de justicia transicional, como para garantizar la verdad, reparación y no repetición en relación con los daños ambientales. Los delitos ambientales contenidos en el Código Penal colombiano, como el daño en los recursos naturales locales y la contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, no se mencionan explícitamente en el marco normativo de la paz y no está claro si el enjuiciamiento de esos delitos será competencia de la JEP. A pesar de estos desafíos, los acontecimientos relacionados con los daños ambientales están siendo investigados por declaraciones hechas ante la JEP por los actores del conflicto armado, en particular dentro de los macrocasos citados anteriormente. La magistrada Izquierdo sostiene que el derecho a la reparación de las comunidades étnicas cuyos territorios han sido afectados por el conflicto podría garantizarse proponiendo vías alternas de reparación como la reforestación, la remoción de minas terrestres y otras intervenciones diseñadas con la colaboración de las comunidades étnicas.

Rodeemos el Diálogo celebra los esfuerzos realizados por la JEP para reconocer al medio ambiente como víctima del conflicto y para contemplar la justicia ambiental como un componente fundamental del proceso de justicia transicional.