Más allá de las víctimas: reconociendo la verdad indígena

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La verdad indígena es un componente crucial de la memoria en Colombia.

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Los familiares de personas desaparecidas son los protagonistas para la Unidad de Búsqueda

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Snapshot 2

En Colombia, existen registros de desaparición forzada desde la década de 1950; las prácticas de búsqueda también tienen una larga trayectoria. Hay varios actores que se han concentrado en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Por un lado, el Estado colombiano, que por medio de entidades judiciales y policiales ejerce la búsqueda. Por el otro, los familiares de personas desaparecidas, quienes padecen profundamente la ausencia, la injusticia, y lideran estrategias e iniciativas de búsqueda y de encuentro. En ambos casos, se trata de búsquedas que se construyen rastreando posibilidades y siguiendo pistas e intuiciones. En el primero, implementando una búsqueda sistemática con apoyo logístico y técnico. En el caso de los familiares, las búsquedas son más erráticas, atravesadas por una profunda soledad, incertidumbre y riesgos, pero también por la capacidad de imaginar otras formas de encuentros. Este snapshot analiza la apuesta de la institucionalidad transicional por poner a los familiares en el centro de su trabajo.

La apuesta de la UBPD

El Registro Único de Víctimas (RUV), reporta más de 125.000 víctimas indirectas de desaparición forzada en Colombia y de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica, se calculan más de 80.000 víctimas directas. Dado el alto subregistro oficial, estas cifras son aproximadas y podrían ser mayores. Como producto del acuerdo de paz, se instauró la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), su labor es buscar a quienes han sido desaparecidos. Justamente esta tarea de buscar, es la que la UBPD ha propuesto que sea diferente, al darle protagonismo a los familiares de las personas desaparecidas, permitiéndoles nutrir el proceso de búsqueda con sus experiencias y saberes.

La UBPD ha creado espacios de encuentro, y diálogo con los familiares de personas desaparecidas. En estos espacios, los familiares son vinculados activamente, teniendo en cuenta sus necesidades y requerimientos específicos. Asimismo, la UBPD ha implementado varios canales de comunicación que facilitan el acceso de familiares a la información sobre sus procesos, y sobre las tareas generales de esta unidad. Con esto, la UBPD enfrenta el complejo reto de propiciar confianza y tranquilidad a las familias por medio de procesos colectivos y colaborativos. También ha desarrollado herramientas pedagógicas que han sido implementadas y difundidas en sus plataformas web y redes sociales, para ampliar la participación de las familias brindándoles canales de información y participación accesibles, y en diferentes formatos como video podcasts, animaciones y campañas informativas dirigidas a grupos diferenciales de víctimas como niñas, niños y adolescentes.

Las víctimas reconocen el cambio de enfoque

En los diferentes canales de comunicación que tiene la UBPD para socializar sus avances y retos se encuentran testimonios de personas, quienes, tras años de búsqueda de sus seres queridos, se sienten hoy acogidas, acompañadas y respaldadas. Estos cambios se evidencian en el acceso a la información y la asesoría sobre el desarrollo de las investigaciones, el hecho de que sus experiencias y saberes sobre la búsqueda de sus familiares sean incluídos en las investigaciones; la posibilidad de participación que tienen hoy las víctimas que viven en el exilio o que son parte de la diáspora colombiana; y la oportunidad de contar con espacios que si bien son confidenciales, también son colectivos y les permite vincularse a quienes viven experiencias similares.

Lo anterior es evidente en el testimonio de Martha.

Martha es la mamá de Enrique y Guillermo Andrés. El primero de Octubre de 2001, Andrés, su hijo menor, recibió una llamada y salió de su casa para encontrarse con alguien. Desde entonces, Andrés se convirtió en una más de las personas desaparecidas de manera forzada en el Meta.

Desde el 2001 hasta hoy, Martha ha vivido su espera a través de una forma de una búsqueda constante expresada en los recorridos que ha hecho en ríos, parajes, y pueblos. Pero también ha enfrentado esta experiencia desde la escritura, el dibujo, y a través de la forma en la que integra en su vida cotidiana, los objetos y pertenencias de su hijo.

En el 2019, después de más de 18 años de búsqueda y espera, la UBPD acogió el caso de la desaparición de Andrés. Esto se logró gracias al esfuerzo de la Fundación Nydia Erika Bautista, que ha acompañado y apoyado jurídicamente a Martha, desde el 2018.

Para Martha, el trabajo de la UBPD es muy diferente al de otras instituciones gubernamentales. Mi primer encuentro con la unidad fue en el 2019. Recuerdo que ese día llevé el libro y las fotografías de mi Andresito, para que conocieran mi historia. Ellos tomaron mi número telefónico, y a los pocos días me llamaron para una entrevista. El día de la cita, inicio a las 9 am, y terminamos a las 3pm. Me escucharon casi todo el día.

Los canales de acceso y comunicación de la UBPD han sido vitales, para mi todo este trabajo significa mucho porque por primera siento que una entidad del Estado me escucha, y me hace sentir respaldada. Eso es muy importante para las mamás de personas desaparecidas.

En cuanto a la búsqueda de su hijo y de otros desaparecidos, Martha manifiesta que tiene confianza en el trabajo que está haciendo la unidad y cree que van a poder identificar a muchas personas, y ayudar a muchas otras familias.

 

Rodeemos el Diálogo valora el esfuerzo de la UBPD para poner a los familiares en el centro e invita a la sociedad colombiana a reconocer el valor reparador que esto tiene para miles de personas que como Martha, se sienten dignificadas.

¿En qué va la reincorporación según la Procuraduría?

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Snapshot de Reincorporación #11

A principios de septiembre de 2020, la Procuraduría General de la Nación presentó, ante el Congreso de la República el segundo informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz. Un capítulo aborda la reincorporación económica y social de los exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil. Este snapshot reflexiona sobre los avances, retos  y recomendaciones presentadas por la Procuraduría.

Avances 

Según la Procuraduría, la reincorporación económica y social es uno de los puntos que más ha avanzado en  términos de implementación, evidenciando cambios significativos en el periodo de análisis del informe (marzo de 2019 a mayo de 2020). Entre estos desarrollos cabe destacar la extensión de la renta básica más allá de los 24 meses después de la acreditación y la expedición de la Resolución 4309 (diciembre, 2019) como marco para la implementación de la Ruta de Reincorporación.

El informe  resalta un aumento en los proyectos productivos individuales y colectivos aprobados en los últimos once meses (1.118), los cuales representan un incremento del 601 por ciento en dicho periodo. También reconoce avances en la acreditación de 279 personas mediante resoluciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre noviembre de 2019 y abril de 2020. 

De las 19 recomendaciones hechas a entidades del orden nacional en materia de reincorporación económica y social por la Procuraduría en su primer informe (agosto, 2019), catorce han sido acogidas.

Reto 1: Articulación Institucional

La Procuraduría insiste que es urgente garantizar la articulación institucional de las autoridades nacionales y territoriales en la implementación de medidas de prevención, protección y seguridad para las comunidades y sus territorios. El desafío más importante continúa siendo la situación de seguridad, con la muerte de Albeiro Suárez van 234 personas en proceso de reincorporación asesinadas desde la firma del Acuerdo.

Las dificultades de articulación interinstitucional se hacen evidentes no solo en el tema de seguridad, sino también en la reincorporación económica y social debido a los retrasos en la implementación del Sistema Nacional de Reincorporación. La ausencia de un marco normativo vinculante hace que el compromiso institucional sea discrecional e impida planes y recursos específicos por parte de las entidades competentes para la reincorporación. 

Lo anterior pone en riesgo la estabilidad del proceso, ya que la arquitectura institucional se encuentra altamente focalizada en la Consejería para la Estabilización y la Agencia Reincorporación Nacional (ARN) y un alto porcentaje de las intervenciones en materia de reincorporación no son de competencia exclusiva de estas instancias, sino competencia de entidades líderes en temas de salud, educación, habitabilidad, vivienda, trabajo, entre otras.

Reto 2: Articulación Territorial

La situación de los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) es otra preocupación del informe. Estas instancias tienen limitaciones geográficas (sólo existen en los territorios donde hay Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR–) allí únicamente se encuentra un 20 por ciento de las personas en proceso de reincorporación, unas 2.600 personas, según datos de la ARN. 

Además, se han reportado dificultades de interlocución entre los CTR y los entes territoriales. Estos obstáculos redundan en un débil posicionamiento de las instancias y obstaculizan la incidencia para impulsar la reincorporación territorial.

Una de las recomendaciones hechas por la Procuraduría, y que aún no se ha cumplido, es la revisión geográfica de los CTR y la garantía de espacios de articulación con el objetivo de reconocer las Nuevas Áreas de Reincorporación (donde se encuentra la mayoría de personas que firmaron el Acuerdo), las cuales no se encuentran contempladas en la Estrategia de Consolidación de los ETCR.

La política de gobierno “Paz con Legalidad” a través de esta Estrategia contempla el acceso a tierras solo para los ETCR. Lo anterior genera incertidumbre y preocupación, ya que la tierra es uno de los principales cuellos de botella para los proyectos productivos y de vivienda de la población en reincorporación, sin mencionar que la mayoría de personas se encuentra por fuera de los espacios.

Reto 3: Medición del proceso

Existen desafíos frente a la documentación de la situación actual de las personas en proceso de reincorporación, la cual permitiría hacer mediciones más aproximadas sobre el impacto de la Ruta de Reincorporación. Preocupa que sus componentes tengan niveles disímiles de avance, habiendo un énfasis desproporcionado en los beneficios económicos respecto al desarrollo de los componentes sociales. Además, la Procuraduría manifiesta su preocupación frente a que la aprobación de la Ruta se diera mediante una resolución, pues pone en riesgo la sostenibilidad del proceso considerando que su alcance y temporalidad trascienden al periodo de la actual administración. 

La Procuraduría manifiesta que no son claros los criterios a través de los cuales se establece que el 50% de la ruta de reincorporación corresponde al desembolso de los proyectos productivos, toda vez que las hojas de ruta de reincorporación aún no han sido definidas de manera participativa en los territorios y que contemplan otros seis componentes (habitabilidad y vivienda, salud, educación, comunitario, familia y bienestar psicosocial).

La Procuraduría alerta que pandemia del COVID-19 ha significado retos aún mayores para el proceso de reincorporación económica y social y ha resultado en retrasos significativos en planes, programas y proyectos previstos para este proceso en la Política Nacional de Reincorporación, así como la puesta en marcha de la Ruta de Reincorporación. 

Rodeemos el Diálogo insta al gobierno a atender las recomendaciones y consideraciones de la Procuraduría y reitera su llamado “a que como sociedad asumamos el cumplimiento del Acuerdo de Paz como un compromiso que requiere el esfuerzo mancomunado de todos sus actores”.

Los avances de las FARC ante la JEP

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Snapshot de Justicia Transicional #14

Durante los últimos meses, dirigentes del Partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) han aceptado públicamente su responsabilidad por hechos que cometieron durante el conflicto armado. A principios de octubre, por medio de una carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aceptaron su responsabilidad en el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y el de otras cinco personas. Esto se suma a una carta de septiembre de 2020 en la que las FARC asumieron responsabilidad y pidieron perdón a las víctimas  de los secuestros que el grupo realizó. Asimismo, en agosto de 2020 iniciaron los testimonios con respecto al reclutamiento de menores. En este Snapshot abordamos los avances del Partido FARC para ofrecer verdad y reconocimiento ante la JEP.  

Macrocaso 001: Secuestro

Para el Caso 001 más de 300 ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han dado sus testimonios individuales y colectivos ante la Sala de Reconocimiento de la JEP con respecto a los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado. Siguiendo el principio rector de tener en el centro de los procesos de la JEP a los derechos de las víctimas, más de 2.400 víctimas han sido acreditadas por la Sala de Reconocimiento para este caso y más de 900 han hecho observaciones a las versiones dadas por los ex guerrilleros. 

En las observaciones las víctimas exigen una verdad más amplia y un reconocimiento no sólo de responsabilidades, sino también de los dolores que los secuestros causaron a las víctimas. Con base en esas observaciones y en los informes que sirven como base para este caso, en septiembre de 2020 la JEP llamó a rendir versiones libres a diez ex comandantes de las FARC-EP. Al ser mencionados por las víctimas y los informes como actores relevantes, la Sala de Reconocimiento considera que éstos pueden aportar información importante para atender a las demandas de verdad de las víctimas. 

En ese contexto, y después del testimonio de  Ingrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad sobre sus siete años de secuestro a manos de las FARC-EP, ocho miembros del antiguo secretariado de esa guerrilla publicaron una carta en la que expresan su arrepentimiento por los secuestros cometidos. En la carta, el Partido FARC por primera vez habla de ‘secuestro’  en lugar de ‘retenciones’ y se compromete a ofrecer verdad acerca de esa práctica en la antigua guerrilla. El cambio de lenguaje al reconocer el secuestro y el sufrimiento causado es un paso importante ya que este era un reclamo de las víctimas y representa un impulso para el desarrollo del Caso 001 ante la JEP.

Macrocaso 007: Reclutamiento de niños y niñas

Este macrocaso, abierto en marzo de 2019, está dividido entre el sub-caso FARC-EP y el sub-caso Fuerza Pública. El caso investiga el reclutamiento y la utilización de menores y otros crímenes como la victimización de pueblos indígenas y afrodescendientes, violencia sexual, tortura, fusilamientos y desplazamientos forzados. 

Hasta ahora se han acreditado 108 víctimas individuales para este caso.  38 ex combatientes de las FARC han sido citados; 13 de ellos ya presentaron sus versiones voluntarias ante la Sala de Reconocimiento, incluyendo a Rodrigo Londoño —el último jefe de las FARC— y a otros comandantes de la antigua guerrilla. El número de víctimas que la JEP estima para este caso supera las 27.000 y el informe ‘Una Guerra sin Edad’ del Centro de Memoria Histórica calcula que las FARC fueron responsables de un 54% del total de reclutamientos de niños, niñas y adolescentes entre 1960 y 2016. 

La JEP decidió hacer públicas las versiones libres por parte de los ex combatientes de las FARC-EP en el marco de este caso, siguiendo la solicitud de los propios miembros de la antigua guerrilla. De acuerdo con las versiones que se han hecho públicas, los antiguos comandantes han aceptado que las FARC-EP reclutaron menores, pero no que hubo una política de reclutamiento de menores de 15 años, ni una política de reclutamiento forzado. 

Otros casos

A principios de octubre de 2020 y luego de recibir la carta de reconocimiento, la JEP llamó a rendir versiones libres a Rodrigo Londoño y a Julián Gallo, presidente y senador del Partido FARC respectivamente, por hechos relacionados con los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, los ex guerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez, el general Fernando Landazábal Reyes y el asesor de paz Jesús Antonio Bejarano. Si bien no hay un caso abierto en la JEP en el que se puedan enmarcar estos hechos, el reconocimiento por parte del Partido FARC y sus testimonios ante la JEP contribuyen al esclarecimiento de crímenes en el marco del conflicto armado y que, en el caso de Gómez Hurtado, llevaba 25 años sin ser esclarecido en la justicia ordinaria. 

Tanto en este como en todos los casos ante la JEP, las versiones de los comparecientes serán contrastadas con la información contenida en los informes que sirven como base para los casos, así como con versiones de otros comparecientes y las pruebas que recolecte la JEP. Como presentamos en nuestro Snapshot de Justicia Transicional 7, en caso de que los comparecientes no ofrezcan plena verdad a las víctimas y/o no reconozcan su responsabilidad, éstos podrán ser sujetos a sanciones de hasta 20 años de prisión.

Rodeemos el Diálogo saluda el compromiso de la antigua guerrilla de las FARC para ofrecer verdad y reconocer sus responsabilidades ante la JEP y ante las víctimas. Invitamos a la sociedad colombiana a valorar los avances sin precedentes en materia de justicia que están ocurriendo gracias a la JEP, ya que son una contribución importante para la reconciliación. 

El reconocimiento del secuestro por parte de FARC: logro de la Comisión de la Verdad

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 16

Tras escuchar el testimonio de Ingrid Betancourt en un espacio de escucha liderado por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, la antigua dirección de las FARC-EP decidió publicar una carta reconociendo el sufrimiento causado durante el secuestro. Este es un logro importante de la Comisión de la Verdad, pues evidencia su efectividad para lograr el reconocimiento de verdad y responsabilidades, y muestra su capacidad de movilizar emociones alrededor de la reconciliación. Este snapshot analiza este desarrollo como parte del círculo virtuoso de la verdad.

El reconocimiento del Partido FARC 

El secuestro fue uno de los delitos que marcaron el conflicto armado interno en la consciencia colectiva de la sociedad colombiana. Las FARC-EP secuestró a cientos de empresarios, políticos y miembros de la fuerza pública. Algunos de estos secuestros duraron más de una década.

El 14 de septiembre de 2020, el Partido FARC publicó un comunicado reconociendo el secuestro y pidiendo perdón: el secuestro fue un “gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”. Agrega que a las víctimas “les arrebatamos lo más preciado: su libertad y su dignidad”. Por último, dice tener una “daga profunda de la vergüenza” por el caso de Andrés Felipe Pérez, un niño que murió de cáncer mientras esperaba la liberación de su padre. Además, incluyen a miembros de la fuerza pública como víctimas, a quienes en otras oportunidades habían considerado eran prisioneros de guerra. 

La Comisión escucha a Ingrid Betancurt

Este comunicado respondió a un espacio de escucha que desarrolló la Comisión de la Verdad sobre el secuestro. Fue un diálogo entre Ingrid Betancourt, candidata presidencial que estuvo más de seis años secuestrada, y el padre de Roux. Betancourt fue generosa en reconocer la voluntad de paz de sus victimarios mientras también fue exigente respecto a la exigencia de verdad y justicia. También reflexionó sobre las controversias alrededor del lenguaje utilizado en diligencias de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y del uso de los medios de comunicación para revictimizar a las víctimas de secuestro.

“Yo entiendo que para ellos tiene que ser muy violento mirarse en el espejo del posconflicto, darse cuenta de que lo que hicieron no tenía justificación y mucho menos justificación ideológica como ellos pretendían. Que todos esos abusos que cometieron, amparados supuestamente en la guerra, en el conflicto ideológico, en que eran las FARC en contra de la oligarquía. Todo eso con lo cual trataban de maquillar el horror que estaba produciendo, hoy en día eso se cayó. Entonces ni siquiera confrontar su propia verdad. Y yo creo que eso es uno de los puntos sobre los cuales vamos a medir la capacidad que se tenga en Colombia de avanzar hacia una verdadera paz y una verdadera reconciliación. Es decir: ¿cuándo va a ser el momento en que ellos puedan llorar con nosotros?” le dijo Betancourt al padre de Roux. 

La escucha del Partido FARC 

El Partido FARC escuchó el testimonio de Betancourt mientras se reunía la dirección nacional del Partido de forma ordinaria. Sin ser invitados por la Comisión o por las víctimas, tampoco como parte del caso abierto por la JEP, se dio una aceptación de los hechos. Aunque el secuestro por parte de las FARC-EP nunca ha sido un secreto para la sociedad colombiana, es un paso importante que antiguos victimarios reconozcan el daño causado en esos hechos y acepten que nunca debieron ocurrir. El reconocimiento público de estos hechos es también una garantía para las víctimas y la sociedad de la seriedad con la que los excombatientes aportan al mecanismo de justicia transicional. 

“Para mi fue una sorpresa el comunicado (…) Más allá del lenguaje, que yo creo, que es muy importante porque obviamente denota el proceso interno. Está también la dialéctica. Es decir, ellos por primera vez tienen una reflexión de: ‘nos estamos preguntando y cuestionando la validez de lo que hicimos’. Y esto para mi, yo creo que es muy importante en lo que estamos viviendo en Colombia” dijo Betancourt en entrevista con María Jimena Duzán. La Comisión, en un comunicado, resaltó el hecho de que fue este testimonio el que “los tocó” y llevó a este reconocimiento. 

El círculo virtuoso de la verdad

El reconocimiento del secuestro es el primero de varios momentos de verdad que vienen por parte de las FARC-EP. El sábado 3 de octubre, en una carta dirigida a la JEP, reconoció seis asesinatos, entre ellos los de Álvaro Gómez Hurtado y Jesús Bejarano. En el primer caso, ante los medios, el senador Julián Gallo aceptó haber ejecutado la orden. Aunque siguen pendientes los detalles de estas verdades, su actitud muestra que la antigua dirigencia de las FARC-EP ha madurado para contar verdades que antes no sabían cómo afrontar. 

Aunque la Comisión de la Verdad ha desarrollado diversos espacios con el fin de que los responsables reconozcan sus crímenes del pasado, en particular durante los Encuentros por la Verdad, no ha sido fácil. Ahora que las FARC comienzan a aceptar responsabilidades colectivas, quedan pendientes las responsabilidades que deberán aceptar los agentes del Estado y las fuerzas militares y de policía.

Rodeemos el Diálogo valora el reconocimiento y la solicitud pública de perdón del Partido FARC, exhorta a otros actores a contribuir a la verdad e invita a la sociedad colombiana a recibir generosamente la verdad y convertirla en una herramienta para un diálogo transformador que libere al país del odio.

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ABC de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

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Snapshot 1

Octubre 2020

¿Qué es?

La UBPD está a cargo de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, y es uno de los tres organismos ligados al Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación (SIVJR), como parte del Acuerdo de Paz de 2016. Esta unidad surgió como respuesta a la solicitud de los familiares de personas desaparecidas, y de las organizaciones civiles que participaron en los diálogos de paz, para crear una institución encargada de buscar a las personas dadas por desaparecidas, sin discriminar su procedencia, edad, género, religión, militancia o condiciones diferentes.

Naturaleza

La UBPD es una entidad estatal de carácter humanitario, en tanto que la búsqueda e identificación debe contribuir a que las víctimas puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación. Y es extrajudicial, porque la información que produce no puede ser utilizada como elemento probatorio para fines judiciales. Estos dos elementos diferencian a la UBPD de otras entidades que se han dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, como son la Fiscalía General de la Nación o la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. 

Como parte de su metodología de trabajo con familiares de personas desaparecidas y respondiendo a su enfoque diferencial y de género, la unidad creó espacios de diálogo que involucran a los familiares de manera activa en el proceso de búsqueda, teniendo en cuenta sus conocimientos y sus necesidades particulares.

Casos que acoge

Las desapariciones ocurridas antes del 1ro de diciembre de 2016 (fecha de entrada en vigencia de los Acuerdos), que hayan ocurrido en el contexto y en razón del conflicto armado, y que corresponden a cualquiera de las siguientes circunstancias:

  • Desaparición forzada
  • Secuestro
  • Reclutamiento ilícito
  • Durante las hostilidades: combatientes, tanto regulares (miembros de la Fuerza Pública) como irregulares (miembros de grupos armados al margen de la ley).

Objetivos

La UBPD tiene un período de vigencia de 20 años (desde 20 de febrero de 2018), en los cuales debe cumplir con los siguientes objetivos: 

1) Implementar planes de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas, en el caso de que se encuentren con vida.

2) Coordinar y cooperar con la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos. 

3) Diseñar y poner en marcha el Plan Nacional y los Planes Regionales de Búsqueda.

4) Comunicar a los familiares y a la sociedad, información sobre el desarrollo de los planes de búsqueda.

5) Atender los requerimientos y lineamientos de la Comisión de la Verdad, y entregarles los informes que produzca sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas.

Retos 

Desde el inicio de su funcionamiento, a finales del año 2018, La UBPD ha asumido varios retos:

1. Acceder a los recursos necesarios para cumplir de manera autónoma con sus funciones. En comparación con las otras dos instituciones del SIJVR, la puesta en marcha de la UBPD tardó más.

2. Organizar y consolidar el universo de personas por buscar. Tras el trabajo realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (y el Registro Único de Víctimas) de depurar los datos del Registro Nacional de Desaparecidos, y la Fiscalía General de la Nación, se estima una cifra aproximada superior a 100 mil personas desaparecidas.

3. Con el apoyo y la información aportada por las familias, las comunidades de estos territorios, las organizaciones de víctimas, y otras fuentes oficiales, estructurar planes regionales y locales de búsqueda y estrategias de investigación a través de la creación de un Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, para ubicación lugares donde haya restos de personas, 

4. Fortalecer las herramientas necesarias para la identificación de los cuerpos hallados, y la de los que permanecen en cementerios o repositorios de universidades.

5. Realizar la búsqueda en medio de un conflicto persistente y heterogéneo, garantizando la participación permanente de las víctimas, y la confidencialidad sobre la información que reciba.

Logros

La labor de la UBPD no ha sido fácil, sin embargo, ha avanzado tanto en su estructura como en el trabajo con las víctimas.Así, se destaca que la UBPD.

  1. Ha realizado jornadas pedagógicas para la búsqueda; 
  2. Ha colaborado con la JEP en la definición de las 16 zonas del país que requieren medidas cautelares que aseguren la protección de restos óseos de posible víctimas de desaparición forzada; 
  3. Ha creado canales para que las víctimas de desaparición forzada puedan acceder a la información y al proceso de búsqueda de manera eficaz y rápida, a través de líneas telefónicas y de la página web, a parte de la posibilidad de asistir presencialmente a las instalaciones de la UBPD;
  4. Ha aportado información para la localización de cadáveres; y ha realizado coordinación, acompañamientos y apoyo a siete ceremonias de entrega digna tanto de carácter individual como colectivo;
  5. La toma de muestras de información genética, a cincuenta familias de personas dadas por desaparecidas en el Magdalena Caldense;
  6. Ha avanzado en un estado del arte amplio y robusto sobre el fenómeno de la desaparición, a causa y en razón del conflicto armado.

Rodeemos el Diálogo valora el esfuerzo realizado por la UBPD para apoyar el ejercicio al derecho a la verdad y la reparación de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este Snapshot es el primero de una serie de publicaciones periódicas que informará en detalle sobre los avances, los retos y las oportunidades que esta institución ofrece para cerrar la página de la guerra en Colombia.

Un Enfoque de Seguridad Comunitario como Instrumento de Paz

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Snapshot de Reincorporación #10

Pese a los avances en aspectos técnicos de la reincorporación, existen serias demoras en la implementación integral del Acuerdo de Paz como lo muestra nuestro último Snapshot. En particular, genera preocupación la falta de garantías de seguridad y el aumento de la violencia en las áreas históricamente afectadas por el conflicto. Un tema central del Capítulo Étnico del Acuerdo es la propuesta de abordar el tema de seguridad desde una perspectiva territorial, más participativa e incluyente que vaya más allá del tradicional enfoque estatal basado en el despliegue de fuerza policial y militar. Por eso, este Snapshot reflexiona sobre la necesidad de implementar de forma rápida y eficaz el Capítulo Étnico, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las comunidades indígenas y las poblaciones de afrocolombianos.

Avances y Desafíos

Para dar cumplimiento a los puntos 2.1.2.1 y 3.4.8 del Acuerdo Final se expidieron decretos de ley que definieron la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (decreto 895 de 2017) y el Programa Integral de Seguridad para las Comunidades y Organizaciones en los territorios (decreto 1066 de 2015).

Sin embargo, estos mecanismos no están siendo implementados y no se traducen en medidas que garanticen el derecho a la seguridad y el bienestar en muchas áreas donde hoy en día coexisten comunidades indígenas y afro, campesinos, grupos de personas en proceso de reincorporación y sus familias junto con varios grupos armados. Lamentablemente, desde la firma del Acuerdo en 2016 han asesinado a 229 ex-combatientes de las FARC-EP y a 270 líderes indígenas y a estas cifras se suman más de 60 masacres cometidas en lo corrido del 2020, cuyos autores intelectuales no han sido identificados o procesados por los entes judiciales.

Como resultado, predomina una percepción de total inseguridad y según algunos líderes comunitarios, los datos cuantitativos generados por el Sistema de Monitoreo de Cumplimiento de Políticas Públicas, SisConpes, o del Instituto Kroc – encargado de evaluar la implementación del acuerdo de paz – no reflejan de forma cualitativa los avances en seguridad o dan cuenta de las acciones del gobierno para disminuir la violencia.

Esta problemática resalta la importancia de incrementar la presencia institucional en los territorios. Sin embargo, dicha presencia no se debe limitar a las fuerzas militares y policiales, sino que debe incluir la acción rápida y efectiva de instituciones civiles y judiciales que esclarezcan los crímenes y desmantelen las estructuras violentas.

Aunque la violencia no obedece la misma lógica del conflicto armado, continúa afectando indiscriminadamente a la población civil, incluidos los ex-combatientes de las FARC-EP y las comunidades indígenas de los territorios donde se desarrolla el proceso de reincorporación. Por eso, además de las reformas políticas y socio- económicas contenidas en el Acuerdo, se requieren acciones y cambios estructurales en seguridad y el cumplimiento de los marcos normativos existentes. Aún más importante es abordar la seguridad “desde abajo”; es decir, desde un enfoque comunitario, más humano e incluso ancestral.

Una visión alternativa

Actualmente, la Unidad Técnica de Reincorporación (UTR), la Agencia para la Reincorporación (ANR) y el componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), están trabajando en el programa especial de armonización para la reincorporación, uno de los compromisos expresados dentro del marco del Acuerdo. Este pretende brindar rutas y medios para que los ex-combatientes que se auto-identifican como de origen étnico puedan regresar a sus comunidades.

Según el marco, deben existir garantías para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos reconocidos a nivel nacional e internacional, como la Guardia Cimarrona y la Guardia Indígena. En el caso particular de las guardias indígenas, estas no son estructuras policiales, sino mecanismos humanitarios, colectivos y voluntarios de resistencia civil. Las guardias indígenas buscan defender los territorios y a quienes los habitan desde la cosmovisión ancestral, reconociendo a los seres humanos como parte de su entorno, por lo que existe un profundo respeto por la tierra y la vida.

La reincorporación representa una oportunidad para impulsar estos sistemas, como lo demuestra el caso del departamento de Nariño, en donde la gobernación y la ARN firmaron un convenio interadministrativo que cuenta con 5 municipios priorizados (Cumbal, El Charco, Ipiales, Pasto y Tumaco). En el componente de seguridad de este convenio, se prevé el fortalecimiento de las guardias indígenas de las comunidades presentes en estos territorios, las cuales requieren medidas urgentes para contrarrestar los crecientes índices de violencia.

Actualmente, las guardias indígenas están promoviendo la campaña #SoyGuardiaindigena, a fin de que el Estado y la sociedad entiendan que la seguridad concebida desde la defensa de la vida y la naturaleza para el bienestar común contribuye a la construcción de paz en Colombia.

Rodeemos el Diálogo insta al gobierno colombiano a implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y su respectiva normatividad, particularmente la implementación efectiva del Sistema Integral de Seguridad y de las medidas correspondientes al fortalecimiento de los mecanismos propios de seguridad propios de los pueblos étnicos. Además, hace un llamado al desarrollo de acciones que garanticen la seguridad y protección de los indígenas, personas en proceso de reincorporación, líderes y comunidades, más allá de aumentar la presencia de la fuerza pública.

La participación de las comunidades étnicas, clave para la construcción de paz en Colombia

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Snapshot de Justicia Transicional #13

En agosto y septiembre de 2020 el equipo de Justicia Transicional de ReD realizó dos diálogos virtuales en los que se abordaron las perspectivas de liderazgos afrodescendientes sobre la justicia transicional. Específicamente, dialogamos sobre los tres casos macro-territoriales que se encuentran en curso en la JEP, Caso 002 en Nariño, Caso 004 Urabá y Caso 005 Cauca y Valle del Cauca, y sobre los retos que consideran enfrenta la JEP. Este snapshot recoge algunas reflexiones, preocupaciones y propuestas de estos eventos.

Lo que se reconoce

Reconocen el esfuerzo que ha realizado la JEP al llegar a los territorios y tratar de entender las necesidades de protección colectiva de las comunidades que participan en los casos, valorando positivamente la adopción de medidas cautelares para proteger y asegurar su participación.

Destacan el reconocimiento del territorio como víctima y sujeto de derecho. Para ello, la JEP retomó lo previsto en el Decreto Ley 4633 de 2011, que desarrolla la política pública de víctimas y restitución de derechos territoriales para los Pueblos Indígenas, así como las innovaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional en cuanto al reconocimiento de ecosistemas naturales y de territorios étnicos como sujetos de derechos [1]. En el Caso 002 la JEP acreditó como víctima al Katsa su, territorio indígena del pueblo Awa.

Además, recordaron que la participación de las autoridades étnicas es un pilar esencial para la construcción de paz. Los pueblos étnicos han impartido ancestralmente justicia restaurativa en sus territorios, por lo que sus conocimientos y experiencias son claves para la adopción de futuras sentencias, así como para garantizar y proteger los derechos de las víctimas.

Lo que preocupa

Pese a lo novedoso del Sistema de Justicia Transicional, y de lo que se valora como avance en la JEP, existen algunas preocupaciones. La principal es que sus instituciones están diseñadas para una etapa de posconflicto inexistente. Esta situación afecta directamente la garantía de participación de las víctimas desde los territorios, por cuanto las comunidades siguen siendo amenazadas por grupos armados ilegales que han copado territorios anteriormente controlados por las FARC o donde no hay institucionalidad.

Hacen un llamado a revisar la metodología de selección de los casos étnicos, específicamente en lo que respecta a la selección de los territorios a priorizar. Para ello, es importante tener en cuenta la integralidad de los territorios y sus vulneraciones, antes que sus divisiones administrativas. De lo contrario, como ha ocurrido, se tendería a excluir territorios gravemente afectados que hacen parte del mismo contexto macro de afectaciones y desarrollo del conflicto. Esto además puede asegurar una participación más amplia y un mejor manejo de los casos.

A nivel estructural, indican que la JEP, como entidad que pertenece a la sociedad colombiana, no escapa al racismo estructural. A pesar de que su magistratura está integrada por personas pertenecientes a pueblos étnicos, esto no es suficiente para garantizar la efectiva implementación del enfoque étnico. Por lo tanto, es un reto para la JEP hacerle frente a prácticas racistas que se encuentran enquistadas estructuralmente en las instituciones colombianas y avanzar en el reconocimiento de la diversidad en materia de necesidades y enfoques.

¿Qué hacer?

La violencia que está ocurriendo en estos momentos en Colombia, que sigue arrasando con los territorios y con toda la vida que hay en ellos, implica que seguimos acabando, en palabras de Francia Márquez, con La Casa Grande. Es un grito común el que se eleva el de: ‘no se puede avanzar en medio de la guerra’.

Para crear confianza en las entidades las comunidades solicitan el acompañamiento permanente de las autoridades civiles, no militares. Quitarle el control de los territorios a los grupos armados demanda la presencia permanente de la institucionalidad, específicamente del Ministerio Público, pues esto es una garantía para la participación de las víctimas.

Otra propuesta es priorizar macrocasos a nivel nacional y no territorial, que a su vez se divida en capítulos de acuerdo con las afectaciones que investiga la JEP. Por ejemplo, abrir un macrocaso nacional sobre las victimizaciones sufridas por el pueblo afrodescendiente con capítulos particulares sobre las afectaciones sufridas en materia ambiental y territorial, así como violaciones graves a los derechos humanos como desaparición forzada, reclutamiento forzado y violencia de género, entre otras. De esta manera, se pueden valorar las afectaciones de manera integral y no sectorizada.

La construcción de paz y la superación del racismo estructural que aqueja a nuestra sociedad es un trabajo mancomunado. Reconocer que existen posturas y enfoques racistas es un paso esencial hacia la comprensión de la dimensión racista y colonial del conflicto armado colombiano, prerrequisito fundamental para avanzar en la reparación histórica de las afectaciones sufridas por los pueblos afrodescendientes. La justicia racial permitirá a la sociedad entender parte de las causas del conflicto y propender por un diálogo colectivo que contribuya a reparar nuestras relaciones de hermandad y familiaridad no sólo entre la humanidad, sino con el planeta.

[1] La Corte Constitucional expidió la Sentencia T 622 de 2016, reconociendo al río Atrato como sujeto de derechos, el cual ha sido víctima de la explotación minera. La Corte además reconoció y recordó la importancia de estos ecosistemas en la relación estrechísima entre el territorio y la pervivencia de los pueblos étnicos.

Rodeemos el Diálogo saluda el reconocimiento que las comunidades afrocolombianas hacen sobre los avances de la JEP. Así mismo, comparte los retos identificados en materia de garantías de participación para la población afrocolombiana, respecto de la necesidad de que la JEP evalúe y transforme prácticas racistas que la inercia institucional tiende a reproducir.

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El legado de Ángela Salazar: reconociendo la compleja historia de la Colombia negra

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Snapshot de la Comisión de la Verdad # 15

Caminando con las víctimas, uno aprende a escuchar, fue una de las frases más distintivas de Ángela Salazar. Hasta su muerte, era la única comisionada mujer negra; desde antes había sido defensora de los derechos de las mujeres. Nacida en Chocó, Colombia, Angela vivió la mayor parte de su vida en Apartadó, Antioquia, donde comenzó su carrera como defensora de los derechos de las comunidades negras y de las mujeres. Angela murió de COVID-19 en la primera semana de agosto. Durante su trabajo como Comisionada de la Verdad, entendió que la historia de las comunidades negras (incluyendo las comunidades étnicas Raizal y Palenque) era prioritaria para la Comisión de la Verdad. En varias oportunidades, Salazar aseguró que la historia nacional colombiana había ignorado en su narrativa los aportes de la cultura de los pueblos negros. Para ella la Comisión debería ser una herramienta para reconsiderar estos silencios alrededor de la historia negra colombiana. Este Snapshot muestra el legado de Ángela Salazar dentro de la Comisión de la Verdad, reflexionando sobre cómo la Comisión está tratando la historia negra en medio del contexto del conflicto armado interno.

La Dirección de Pueblos Étnicos

La Comisión, de la mano de Angela, entendió desde sus inicios que el trabajo con las comunidades negras y otros grupos étnicos requerirían un tratamiento diferencial. La Comisión formó entonces la Dirección de Pueblos Étnicos para liderar cada aspecto de la relación con las comunidades étnicas. Las responsabilidades de la dirección incluyen la provisión de guías metodológicas para la investigación y la coordinación de la relación entre las oficinas locales de la Comisión (Casas de la Verdad), es decir, por fuera de Bogotá, y las comunidades étnicas. Otra responsabilidad crítica ha sido la consulta con grupos étnicos para negociar el acceso de investigadores, permitiendo la recolección de testimonios sobre victimización o responsabilidades de violación a derechos humanos.

La Dirección de Pueblos Étnicos reportó que había alcanzado dos de sus metas en Diciembre de 2019. Primero, presentó un modelo de investigación que fuese sensitivo a las comunidades étnicas. Este modelo se alimentó de múltiples procesos pedagógicos que incluyeron cientos de participantes de diferentes organizaciones a lo largo del país, haciendo honor al mecanismo colaborativo que incluye a las comunidades étnicas en todas sus fases del proceso de investigación. Segundo, la Dirección condujo cinco encuentros nacionales entre los grupos de trabajo permanentes entre la Comisión y las comunidades étnicas. Estos encuentros fueron un mecanismo para sincronizar las expectativas y acciones de las comunidades étnicas con aquellas de la Comisión.

En suma, a través de la Dirección de Pueblos Étnicos la Comisión ha demostrado su compromiso  con la creación de las herramientas apropiadas para tratar con los grupos étnicos históricamente mal representados y excluidos.

Trabajando con las comunidades negras

El trabajo colaborativo de la Comisión con todas las comunidades negras para la clarificación ha tenido tres fases. La primera tuvo lugar desde la segunda mitad del año 2018 hasta la primera de 2019. Se trató de una fase de investigación y diseño metodológico guiado por un principio: hacer visibles las voces de las diferentes comunidades negras en Colombia. Las comisionadas Patricia Tobón Yagari y Ángela Salazar cumplieron un papel fundamental en esta fase, realizando encuentros con cientos de organizaciones sociales en las regiones Pacífico y Caribe.

La segunda fase del trabajo colaborativo de la Comisión con varias comunidades negras tuvo lugar en la primera mitad de 2019, llevando a cabo procesos de escucha y colaboración. En términos de escucha, tres Casas de la Verdad fueron inauguradas en Quibdó, Tumaco y Buenaventura. Estos municipios históricamente han tenido una proporción más alta de comunidades negras que otros municipios en Colombia. En términos de colaboración, fue creada la “Mesa de trabajo permanente” entre la Comisión de la Verdad y las autoridades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. También fue creado un equipo de trabajo técnico para analizar las relación entre racismo y la lógica del conflicto armado colombiano. De acuerdo a este grupo, hay un hilo conductor entre la violencia sufrida por los pueblos negros durante la colonia y la violencia que sufren las comunidades negras de hoy día.

La tercera fase del trabajo de la Comisión con las diferentes comunidades negras colombianas entró en operación desde el 2019 y continúa hasta el presente. Ésta consiste en una iniciativa de investigación-acción participativa. Su componente de acción resalta la necesidad urgente de trabajar en contra de las formas actuales de violencia que amenazan a los líderes sociales que representan a las múltiples comunidades negras. Aparte de su trabajo en el reclamo de acciones directas por parte del Estado para proteger a estas comunidades, la Comisión ha sido exitosa en la recopilación de los resultados de las fases de trabajo previas: ha recibido testimonios, ha acompañado diferentes iniciativas culturales, y también ha recibido diversos reportes de memoria de comunidades particulares.

Rodeemos el Diálogo reconoce el compromiso mostrado por la Comisión de la Verdad y por las diferentes comunidades negras que trabajan conjuntamente para proporcionar una visión más comprehensiva del complejo pasado colombiano. Conmemoramos la labor realizada por Ángela Salazar en la búsqueda de la paz y la verdad, convirtiéndose en un ejemplo de lucha contra toda forma de racismo.

 

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Avances y desafíos en la implementación de los Acuerdos de Paz con garantías para la vida

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Snapshot de Reincorporación #9

El 9 de julio de 2020, Rodeemos el Diálogo y el Instituto Kroc mantuvieron un diálogo público para discutir el Cuarto Informe del Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz sobre el estado de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, el cual examina el período de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 (ver video aquí, en inglés).

El Instituto Kroc es responsable de la verificación técnica y del seguimiento a implementación del acuerdo a través de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM). Es la primera vez que un centro de investigación universitario ha desempeñado un papel tan directo en apoyar la implementación de un acuerdo de paz y que la implementación ha sido evaluada por investigadores en tiempo real. Este snapshot presenta reflexiones sobre el diálogo público y los hallazgos del informe del Instituto Kroc.

Desafíos de la implementación

El acuerdo de paz colombiano, uno de los más amplios del mundo, cuenta con un enfoque diferencial que tiene en cuenta a grupos específicos, los cuales se han visto afectados de manera desproporcionada por el conflicto armado. Los mayores desafíos que enfrenta el acuerdo, según el Instituto Kroc, son los retrasos en su implementación y el desconocimiento por parte del gobierno colombiano sobre la interdependencia existente entre los seis puntos del acuerdo.

Las demoras son especialmente evidentes en los componentes étnico y de género, donde hasta noviembre de 2019 solo se había implementado el 11% y el 4% de acuerdo, respectivamente. Algunos compromisos a nivel local, tales como el mecanismo para incluir a mujeres y comunidades afrocolombianas en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, siguen pendientes. También hay una falta de coordinación institucional, especialmente en las zonas rurales. En el caso de la reincorporación, por ejemplo, se ha avanzado a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y a través del diseño e implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs). Sin embargo, a pesar de operar mayoritariamente en los mismos territorios, estas iniciativas no han logrado articularse.

En general, la falta de coordinación institucional, de reformas estructurales, y de garantías de seguridad y protección ha perjudicado el impacto y el avance de las iniciativas que buscan implementar el acuerdo. El impacto en la reincorporación se hace aún más evidente si se considera que 2019 ha sido el año más violento para los excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. La inseguridad que enfrentan los excombatientes, la mayoría de los cuales ahora viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs), se ve agravada por la falta de articulación en la implementación de los mecanismos de seguridad y protección. Estos están contenidos en los puntos 2 (participación política) y 3 (fin del conflicto) del acuerdo de paz. También ha habido poca participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Avanzando juntos

Los estudios realizados por el Instituto Kroc han demostrado que el riesgo de fortalecimiento de grupos disidentes disminuye con el tiempo cuando se da una sólida implementación. Lo mismo ocurre cuando la situación se invierte. Otros contextos han demostrado que la polarización inicial que suele darse después de los acuerdos de paz a menudo se convierte en apoyo público que aumenta a medida que avanza la implementación. Esto ofrece esperanza para el caso colombiano.

Colombia está subutilizando una herramienta poderosa: un acuerdo transformador que incida positivamente en la vida de todos sus ciudadanos. La implementación es un proceso continuo y los resultados de largo plazo no se verán antes de 15 años. Gestionar las expectativas de los ciudadanos y partidarios del acuerdo de paz, a la vez que se garantiza un progreso tangible en la implementación de los diferentes componentes, es fundamental para asegurar su éxito. El gobierno y las agencias encargadas deben garantizar que la implementación sea sistemática y completa, ya que una operación desarticulada por parte de las entidades y agencias de seguridad solo conducirá a una paz fragmentada.

Además, quienes implementan el acuerdo de paz deben asegurarse de que el proceso no vuelva a victimizar a aquellos a quienes debería proteger. La falta de articulación entre los sistemas existentes y las organizaciones que se han creado como parte del acuerdo ha llevado a que las víctimas tengan que repetir varias veces sus testimonios a diferentes entidades a lo largo de los años. Esto les obliga a revivir innecesariamente su dolor, lo que podría profundizar su trauma. La implementación del punto 5 (enfocado a las víctimas) ha experimentado uno de los mayores avances, en parte debido a la instauración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto ya ha generado algunas iniciativas conjuntas de documentación de testimonios por parte de las instituciones encargadas- Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Aunque todos ellos operan independientemente del gobierno, el apoyo gubernamental es indispensable para que las víctimas reciban el apoyo efectivo que merecen.

Un mensaje clave del informe es que una paz transformadora, duradera e inclusiva requiere mucho más que esfuerzos coordinados entre el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los excombatientes. Nosotros, como individuos, tenemos el poder de hablar, cuestionar y dialogar, y es la corresponsabilidad de todos a nivel local, nacional e internacional lo que hace de la idea de paz una realidad.

Rodeemos el Diálogo insta al gobierno colombiano a implementar el acuerdo de manera coordinada e integral de forma que represente a aquellas voces históricamente silenciadas, como las de las mujeres y las minorías étnicas. Solicitamos que se implementen medidas institucionales para garantizar la seguridad y protección de los líderes sociales y excombatientes. También hacemos un llamado a todos los colombianos y amigos de Colombia a participar en la transformación que el camino hacia la paz requiere.