Los firmantes del acuerdo de paz de Colombia hablan de cómo la emergencia sanitaria del COVID-19 ha impactado su proceso de reincorporación y qué soluciones creativas han implementado.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/exfarc_etcr1.jpg656984Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-05-20 10:46:362021-03-30 00:59:56El impacto del COVID-19 en el proceso de reincorporación de las FARC en Colombia
La pandemia del COVID-19 ha planteado retos importantes a la implementación del Acuerdo de Paz. El 17 de marzo del presente año, la Comisión de la Verdad se anticipó a anunciar medidas que le permitieran proteger tanto a su personal como a las comunidades y grupos sociales con quienes necesariamente debe interactuar para adelantar su labor, tanto en Colombia como en el exterior.
Entre las medidas adoptadas se destacan el cierre de sus sedes y el fortalecimiento de los trámites a través de página web y del correo institucional, el aplazamiento de toda actividad pública, la concentración en el trabajo en casa, la revisión de fuentes ya disponibles y el aislamiento del personal de la Comisión mayor de 65 años, incluyendo a su director, Francisco de Roux.
Este contexto de pandemia también ha forzado a la Comisión a repensar la manera apropiada para continuar adelantando su labor y así poder cumplir un mandato que, a diferencia de las otras instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, posee un límite temporal de apenas 3 años, de los cuales ya ha pasado un año y medio.
La gestión del conocimiento continúa
Uno de los principales ejes sobre los cuales está dividida la labor de la Comisión es la gestión del conocimiento. Éste está enfocado en el esclarecimiento, la investigación y la recolección de la información para lograr una comprensión amplia de las dinámicas del conflicto armado colombiano. Sobre dicho eje recae la labor fundamental de construir el relato colectivo que de cuenta de dichas dinámicas y en el que todos los sectores de la población, especialmente de las víctimas, sean tenidos en cuenta.
Este eje ha sido quizá el más fácil de adaptar y sus labores continúan. La Comisión se ha dedicado a procesar la información que ya había sido recolectada previamente. Se están adelantando los procesos de transcripción y codificación de testimonios individuales, cuyo número asciende a más de 7000 y de los cuales ya han sido procesados cerca de 2400. El reto que se plantea la Comisión es realizar en mayo un primer borrador de revisión bibliográfica y de la información procesada.
En este primer eje se ha visto afectada la realización de entrevistas. Progresivamente se han venido adoptando entrevistas virtuales con la previa certeza de cumplir con los estándares de seguridad y confidencialidad, labor en la que la Comisión trabajó durante el inicio del aislamiento. La Comisión se ha enfocado en la realización de entrevistas a responsables ya que representan un número menor respecto al total de testimonios recolectados y de las dificultades que presentan muchas víctimas para acceder a las plataformas virtuales.
El diálogo social
El eje del diálogo social para la apropiación de la verdad, la convivencia y la no repetición comprende todas aquellos eventos y actividades encaminadas al reconocimiento de responsabilidades directas e indirectas en medio del conflicto armado, la promoción de la solución pacífica de conflictos y la dignificación de las víctimas.
Este eje requiere de un proceso de relacionamiento directo con los diferentes actores del conflicto, razón por la cual se ha visto particularmente afectado. Eventos públicos como los Encuentros por la Verdad y los Diálogos por la No Repetición han sido suspendidos en su formato presencial. De acuerdo a la comisionada Alejandra Miller, se está adelantando un proceso de virtualización de dichas actividades y la generación de contenidos para diferentes medios de comunicación, incluyendo plataformas virtuales, redes sociales, radio y televisión.
Por su parte, las Casas de la Verdad se encuentran cerradas. Sin embargo, los equipos territoriales continúan ejerciendo su labor en temas de gestión de conocimiento. Además, las líneas de atención telefónicas y virtuales continúan abiertas para las víctimas en los diferentes territorios del país.
Se están adelantando los procesos de transcripción y codificación de testimonios individuales, cuyo número asciende a más de 7000 y de los cuales ya han sido procesados cerca de 2400.
La otra pandemia
Como se observa la pandemia de COVID-19 plantea retos enormes a labor de la Comisión. Recurriendo a nuevas tecnologías, ésta ha continuado su labor investigativa para cumplir con la publicación de su informe final dentro de los tiempos establecidos en su mandato. Sin embargo, el asesinato de líderes sociales y la continuidad del conflicto en algunos de los territorios se han mantenido durante la pandemia, afectando su trabajo y la construcción de paz. Para enfrentar esta otra pandemia, la Comisión se ha expresado a favor de la ventana de oportunidad para abrir el diálogo con el ELN y ha invitado a todos los actores armados a cesar su accionar violento.
Rodeemos el Diálogo reconoce el esfuerzo de la Comisión para adaptarse a los retos derivados de la pandemia del Covid-19 y continuar con su labor pues ésta es fundamental para la construcción de la paz territorial, la dignificación de las víctimas y la comprensión del complejo conflicto armado. Expresamos, además, nuestra solidaridad con todas la víctimas del conflicto que están pasando dificultades en medio de la pandemia.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/DtLzZosXoAAuK5Q1.jpg12001200Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-05-12 10:01:202021-03-31 23:51:05Impacto del COVID-19 sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad
El 6 de marzo de 2020, se reportó en Colombia el primer caso de COVID-19 de lo que se ha declarado como una pandemia global. La crisis ha exacerbado las desigualdades y necesidades existentes, y las medidas que se han tomado, incluyendo el toque de queda y el aislamiento preventivo, se han sentido en todos los rincones del país. El segundo snapshot de reincorporación presentó los retos económicos y de seguridad que deben ser abordados en 2020. La crisis actual resalta la necesidad de atención urgente hacia estos mismos temas, pero también revela nuevas oportunidades y ejemplos de corresponsabilidad y solidaridad por parte de los ex-combatientes de las FARC.
El aumento de los retos actuales
Los ex-combatientes en proceso de reincorporación son una población vulnerable con una limitada e incluso a veces inexistente solvencia económica, y una alta proporción de niños y niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad que viven en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).
La emergencia sanitaria actual resalta la importancia de atender sus necesidades básicas, especialmente el acceso a agua potable, buenas condiciones de vivienda y atención médica.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), solo un tercio de ex-combatientes tiene acceso a un acueducto, mientras el resto depende de otros mecanismos y sistemas para recibir agua potable. Sin embargo, desde mediados de abril 2020, algunas de las regiones vienen reportando problemas de agua principalmente debido a fallas en los equipos de abastecimiento o porque viven en NAR al lado de comunidades que enfrentan la misma problemática. Adicionalmente, la provisión de alimentos también se ha visto afectada por las restricciones y la necesidad de renegociar con los proveedores locales. En caso de reportarse síntomas de COVID-19 dentro de los antiguos ETCR y NAR la mayoría de ellos no tiene acceso a instalaciones para el auto-aislamiento ya que las viviendas son compartidas -y en muchos casos los baños también- o alquiladas. Aunque aproximadamente el 85% de los ex-combatientes se encuentra dentro del sistema de salud colombiano, y el gobierno se comprometió a proveer los recursos médicos necesarios, continúan los retrasos en la entrega de kits y tapabocas.
La seguridad es también una preocupación recurrente debido a los grupos armados y disidentes que se aprovechan de las restricciones de movilidad y el aislamiento preventivo para victimizar a individuos y grupos. Desde el inicio de año, 22 personas en proceso de reincorporación han sido asesinados, 7 de ellos desde la llegada del virus a Colombia. Se han puesto en marcha algunas medidas y acciones específicas siguiendo las advertencias tempranas de la Defensoría del Pueblo. En una entrevista reciente con El Espectador, Emilio Archila – El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Post-conflicto en Colombia- explicó que los ex-combatientes tienen disponible 1 miembro de la fuerza pública por cada 16 (comparado con 1 en 500 para la población general) y 340 de las personas en el proceso de reincorporación tienen esquemas de protección específicos. Sin embargo, el pasado abril en la mitad de la pandemia, el ejército tuvo que evacuar a tres familias en la NAR La Blanquita de Frontino Antioquia tras una seria amenaza al antiguo ETCR Llano grande.
Desde el inicio de año, 22 personas en proceso de reincorporación han sido asesinados, 7 de ellos desde la llegada del virus a Colombia.
Apoyando a la comunidad de forma más amplia
A pesar de estos retos, muchas de las personas en proceso de reincorporación han estado trabajando activamente para apoyar a otras comunidades. En Cali, ex-combatientes han ayudado voluntariamente a distribuir suministros a las personas más vulnerables. En diferentes áreas como Anorí e Icononzo se están fabricando miles de tapabocas -los cuales escasean en todo el mundo-, para ser donados a hospitales cercanos y a aquellos con más necesidades.
Adicionalmente, aunque solo una minoría de ex-combatientes se beneficia actualmente de proyectos productivos muchos han seguido siendo aprobados durante la pandemia. Pese a que el momento actual es un desafío para todos los empresarios, algunos sectores manufactureros – el de la cerveza, el café, la miel y las hamacas- se han adaptado y están ofreciendo sus productos para ser entregados directamente en las casas. ECOMUN, la cooperativa de las FARC que surgió del Acuerdo de Paz, ha lanzado una iniciativa de intercambio solidario entre productores en los antiguos ETCR rurales y las NAR y las fundaciones benéficas en espacios urbanos con el fin de permitir la adquisición de productos a bajo costo, a cambio de una donación voluntaria.
Rodeemos el Diálogo se solidariza con todas las personas durante la pandemia global y celebra el compromiso y la solidaridad por parte de los ex-combatientes de las FARC, quienes están contribuyendo dentro de sus posibilidades a solucionar algunos de los problemas actuales de la sociedad colombiana. Finalmente, instamos al gobierno colombiano a atender las necesidades básicas de los ex-combatientes y reiteramos nuestro llamado a mejorar la respuesta estatal sobre las constantes amenazas que afectan a las personas en proceso de reincorporación y sus familias para que puedan gozar de garantías a la salud.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/04/629760_11.jpg553553Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-04-29 16:05:102020-07-02 10:56:55El impacto del COVID-19 en la reincorporación
La Unión Patriótica (UP) surgió tras los acuerdos de cese al fuego, paz y tregua de la Uribe entre el gobierno y las FARC-EP en 1984. La UP nació como movimiento político con todas las garantías jurídicas para que la insurgencia participara legalmente en escenarios políticos a través de cargos de elección popular. El creciente respaldo a su propuesta, especialmente en las regiones más apartadas del país, se materializó en la elección de 19 diputados, 286 concejales y varios representantes al Congreso. Como respuesta se desató una ofensiva en contra de sus líderes y militantes por parte de grupos paramilitares, agentes del estado y sectores políticos, situación que casi condujo al genocidio de la UP. Con base en estos hechos, la Fiscalía General de la Nación (FGN) declaró en el 2014 como crimen de Lesa Humanidad algunos crímenes cometidos contra militantes de la UP.
El 26 de febrero de 2019 la Sala de Reconocimiento de la JEP decidió abrir el caso número 006 que busca investigar, juzgar y sancionar a quienes, desde el Estado, fueron responsables de las victimizaciones cometidas en contra de los miembros de la UP. Para la apertura del caso la JEP se apoyó en informes de la Secretaría Ejecutiva de la misma jurisdicción, de la FGN, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Corporación Reiniciar (que agrupa a víctimas de la UP), así como en providencias judiciales de instancias nacionales (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) e internacionales (Sistema Interamericano de Derechos Humanos).
De dicha información la JEP dedujo la existencia de un patrón de violencia sistemática y generalizada en contra de los miembros de la UP, en razón de su identidad política, el cual tenía por finalidad el exterminio de los copartidarios y del partido mismo. Esto, aunado con el elevado grado de impunidad reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reflejado en los escasos avances de la justicia ordinaria, fueron razones de peso para abrir el caso.
Dentro de los presuntos responsables se incluyen miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y combatientes de grupos paramilitares. Durante la apertura del caso, se discutió la posibilidad de incluir preliminarmente a la investigación al menos a 33 comparecientes ante la JEP, entre quienes se encontraban miembros de la fuerza pública de distintos rangos y 13 agentes y exfuncionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La JEP dedujo la existencia de un patrón de violencia sistemática y generalizada en contra de los miembros de la UP, en razón de su identidad política, el cual tenía por finalidad el exterminio de los copartidarios y del partido mismo.
Avances y retos
En marzo de 2020 la JEP decidió acreditar a la UP como víctima en calidad de sujeto colectivo dentro del caso 006, lo que en sí mismo es una novedad dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esta decisión se fundamentó en el reconocimiento de que la persecución contra los miembros de la UP afectó las prácticas y formas organizativas del partido, lo que limitó su capacidad para intervenir en la contienda democrática por falta de garantías mínimas que hicieran posible, real, segura y efectiva su participación, lo que se reflejó en el debilitamiento de su potencial electoral y en la desarticulación de sus redes de militantes y que, en últimas, se materializó en la pérdida de la personería jurídica del partido. También en relación con las víctimas, la JEP ha avanzado significativamente en establecer contactos con personas en el exilio, para lo cual ya se han realizado encuentros en Canadá, Argentina y Suiza. Estos acercamientos le han permitido a la jurisdicción comprender que el exilio en sí mismo es una forma de victimización, que debe ser reconocida y reparada. Con base en expedientes judiciales, fuentes públicas, informes, cruce de distintas bases de datos y consulta de los archivos del DAS, la JEP ha logrado identificar a más de un centenar de posibles responsables que tendrán que rendir sus versiones sobre lo sucedido, al tiempo que ha logrado establecer un número de víctimas que alcanzan las 8.200; esta cifra es mayor incluso que la reportada en cualquier otro informe.
La JEP ha forjado una relación estrecha con las víctimas sobrevivientes de la UP, algunas de ellas, y tras décadas de total abandono, por primera vez han sido escuchadas directamente por una institución del Estado colombiano. Dado que muchas de esas víctimas se encuentran en el exilio, la JEP y la Comisión de la Verdad han articulado su trabajo para escuchar y responder a las demandas de las víctimas en el exterior, poniendo en práctica la integralidad del sistema. Lo anterior ha permitido entender que el exilio es una situación que produce doble victimización, pues las víctimas cargan consigo las consecuencias de lo sufrido en el país y la limitación del ejercicio de derechos que genera una serie de afectaciones a los proyectos de vida en un contexto desconocido. Así, el Sistema Integral está innovando en el campo de la justicia transicional al acercarse a las víctimas en el exilio.
Rodeemos el Diálogo celebra los avances de la JEP en el Caso 006 y el reciente reconocimiento de la UP como víctima en este proceso. Esta es una oportunidad para que la sociedad sepa lo que sucedió, acabar con décadas de impunidad y que las víctimas del genocidio de la UP en Colombia y en el exilio obtengan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/unixn-patrixtica-compressor.jpg_17184833471.jpg338600Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-04-20 10:56:412020-07-02 10:56:59Caso 006: Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de miembros del Estado
Entre los días 5 y 11 de marzo, una delegación de la Comisión de la Verdad compuesta por el Comisionado Carlos Beristain y las funcionarias Tatiana Pedraza y Alejandra Coll, además de su representante en el Reino Unido, Peter Drury, sostuvo una serie importante de encuentros con la comunidad colombiana en el Reino Unido, incluyendo exiliados víctimas del Estado, estudiantes y migrantes en general, además de líderes de diferentes organizaciones no gubernamentales, sindicatos, académicos y representantes del establecimiento político del Reino Unido.
La visita cumplió tres objetivos. Primero, llevar la Comisión de la Verdad más allá de Londres, donde ha enfocado buena parte de su trabajo durante el último año, para conocer la diáspora colombiana que habita en diferentes zonas de Inglaterra y Escocia e invitarla a presentar su testimonios a la Comisión. Segundo, crear confianza hacia la Comisión y su trabajo. Y, tercero, la búsqueda de apoyo político por parte del estamento político del Reino Unido que le permita continuar reafirmándose y legitimándose ante la comunidad internacional.
Dialogando con la comunidad colombiana en el exilio
La Comisión de la Verdad conoció y escuchó a la comunidad colombiana en el exilio en diferentes eventos a lo largo de la gira en Oxford, Newcastle, York, Nottingham, Edimburgo y Londres. Esta comunidad se destaca, sobre todo, por la presencia de víctimas del Estado y perseguidos políticos en medio del conflicto armado. Las historias personales de quienes hacen parte de esta comunidad continúan cargadas de un dolor incontestable e insisten en la necesidad de continuar en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos ocurridos a lo largo del conflicto. Sin embargo, como también quedó claro durante el evento organizado por Congreso de los Pueblos, el Grupo Europa de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia, Colombia Humana Londres, Colectivo Aji, y United Migrant Workers Education Programme, hay muchas personas que hoy están dispuestas a dar su testimonio.
No obstante, uno de los mayores retos que enfrenta la Comisión es romper la barrera de la desconfianza que muchas personas sienten, comprensiblemente, hacia el Estado colombiano. La Comisión, sin embargo, insistió en acercarse a ellas para dialogar sobre la importancia de escuchar de manera formal sus testimonios en aras de comprender dinámicas del conflicto y los impactos del exilio que, de otra manera, quedarían ocultas y en el olvido.
Diálogo con académicos y políticos del Reino Unido
Llevar la experiencia de la Comisión al debate académico también fue uno de los ejes de la gira. La academia es fundamental en la generación de conocimiento sobre el ambicioso proceso de justicia transicional, la construcción de paz y las razones y dinámicas del conflicto armado. La reflexión crítica entre académicos, víctimas y funcionarios de la Comisión permitió poner sobre la mesa las lecciones aprendidas y los retos en perspectiva comparada con otras comisiones de la verdad.
Los debates académicos tuvieron lugar en la Universidad de Oxford, la Universidad de Nottingham, la Universidad de Newscastle y la Universidad de York. El historiador Malcolm Deas reconoció el papel esencial que está jugando la Comisión, al tiempo que le instó a mantener un enfoque claro. Por su parte, la profesora de sociología de la Universidad de Oxford, Leigh Payne, reconoció el gran alcance de la propuesta de justicia transicional propuesta en el Acuerdo de Paz y resaltó la importancia que la Comisión busque la convivencia como el camino para romper con el círculo vicioso de la violencia.
Por otro lado, la Comisión se acercó al estamento político del Reino Unido para buscar apoyo y legitimidad por parte de la comunidad internacional. Se abrieron nuevas puertas para involucrar otros sectores políticos en apoyo a la labor de la Comisión. Ésta sostuvo reuniones con la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Parlamento del Reino Unido y socializó su labor ante altas instancias del Parlamento Escocés. Adicionalmente, participó en una mesa redonda organizada por Legatum Institute y Rodeemos el Diálogo, en la que participaron instituciones enfocadas en la construcción de paz como la Oficina de Estabilización del Reino Unido.
La perspectiva de género y los medios de comunicación
Tatiana Pedraza y Alejandra Coll, miembros del grupo de género de la Comisión presentaron los avances en términos de la perspectiva de género. Esto se llevó a cabo en los eventos en lo que participó tanto la comunidad de exiliados como los académicos y políticos. Además, se tuvo una reunión la ONG Mujer Diáspora y se participó en las marchas organizadas en Londres en apoyo al día internacional de la mujer.
La delegación también participó en varias entrevistas y reuniones con medios de comunicación para difundir los avances, retos y crear conciencia sobre el nuevo precedente internacional que marca la Comisión de la Verdad en Colombia para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas.
Rodeemos el Diálogo celebra el trabajo de la Comisión de la Verdad con la diáspora colombiana y el respaldo logrado por la institucionalidad británica. Invitamos a la comunidad colombiana en el Reino Unido a participar activamente en el diálogo social adelantado por la Comisión y a la comunidad internacional a continuar apoyando sus labores.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/image_21.png320320Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-04-13 11:09:222021-04-01 00:29:33La Comisión de la Verdad consolida su trabajo en el Reino Unido
En nuestro segundo Snapshot de Justicia Transicional, mencionamos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz.
La JEP se encuentra integrada entre otras, por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). La UIA es el único órgano dentro de la JEP que cuenta con poderes de policía judicial. Está compuesta por 16 fiscales y un Director, y su función es investigar y ejercer acciones penales en los casos en que los presuntos responsables individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, no reconozcan verdad o responsabilidad sobre los hechos que los involucran. Así mismo, la UIA apoya a los magistrados y a los jueces de la JEP en labores de investigación; determina medidas de protección a las víctimas, testigos y declarantes ante la JEP que estén en peligro; y solicita medidas cautelares y de aseguramiento cuando los comparecientes no ofrezcan reconocimiento de verdad y responsabilidad.
La Unidad de Investigación y Acusación: el órgano disuasorio de la JEP
El principio de centralidad de las víctimas en el Acuerdo de Paz se puede observar en el funcionamiento de la JEP, la cual busca un balance entre justicia retributiva (castigo penal a los perpetradores) y justicia restaurativa (centrada en la reconstrucción del tejido social). Para hacer efectivo este balance, la JEP conoce de todos los casos de quienes comparezcan y respecto de aquellos que estén involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, sigue dos rutas distintas:
Cuando los perpetradores ofrecen verdad plena y aceptan su responsabilidad: en este escenario los responsables pueden recibir sanciones propias, con restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios y encaminadas a la reparación de las víctimas, hasta por ocho años. Las víctimas pueden participar en la determinación de estas penas.
Cuando los perpetradores no reconocen su responsabilidad ni contribuyen a la verdad plena: estos casos pueden resultar en sanciones ordinarias, que son penas de hasta de 20 años de prisión.
Es en este segundo escenario donde interviene la UIA. A partir de la remisión que le haga la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad o la Sección de Revisión del Tribunal o la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Amnistías e Indultos, la UIA iniciará investigaciones para demostrar la culpabilidad de quienes no han reconocido verdad plena y responsabilidad sobre los hechos. Por tanto, la UIA cumple una función de disuasión para evitar que los comparecientes oculten la verdad, obstruyan la justicia, no reparen a las víctimas.
Una vez terminada la recolección de pruebas, el compareciente tiene una nueva oportunidad de satisfacer los derechos de las víctimas y recibir una sanción alternativa: si reconoce verdad plena y responsabilidad antes de que se produzca la sentencia definitiva, podrá recibir una pena privativa de libertad de entre 5 a 8 de cárcel. En ese sentido, la UIA es un órgano disuasorio ya que su labor puede llevar a que la JEP imponga penas restrictivas de la libertad, siempre y cuando los comparecientes se comprometan a reconocer la verdad, a contribuir a la justicia, a reparar a las víctimas y por ende a la no repetición.
Avances de la UIA
La UIA cuenta con un equipo técnico de investigación (conformado por investigadores y técnicos forenses para poder avanzar en macrocasos como el 003, que presentamos en nuestro quinto Snapshot de Justicia Transicional), un grupo de análisis, contexto y estadística, un equipo de investigación para casos de violencia sexual, un grupo de protección a victimas, intervinientes y testigos y un grupo de alertas tempranas.
Debido a las constantes amenazas contra los comparecientes a la JEP, la UIA ha recibido 137 solicitudes de protección. Hasta el momento, ha ordenado la implementación de 46 esquemas de protección, 33 esquemas duros (carros blindados) y 13 esquemas alternativos (reubicación).
La UIA ha realizado consultas y capacitaciones con las víctimas individuales y colectivas afectadas por el conflicto armado. A la fecha, se ha reunido con más de 4,600 víctimas, entre ellas víctimas de violencia sexual, comunidades LBGTI y Rom. A partir de estos encuentros y los insumos aportados por las víctimas, la UIA ha construido un protocolo diferencial para la atención de estas poblaciones.
Adicionalmente, la UIA ha abierto ocho oficinas regionales en Corozal (Sucre), Pasto (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta), Neiva (Huila), Bucaramanga (Santander), Quibdó (Chocó) y Florencia (Caquetá). Estas sedes regionales parten del reconocimiento de la necesidad de llegar a las poblaciones que han sido más golpeadas por la violencia, en lugar de esperar que ellas lleguen a la JEP.
Rodeemos el Diálogo reconoce la importante labor de la UIA de la JEP, valora los avances para cumplir con su mandato y confía que como factor disuasorio contribuirá a implementar un modelo de justicia restaurativa para reconstruir el tejido social.
Píldora de innovación
La JEP y su UIA priorizan la investigación de los delitos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. La UIA tiene un equipo especial para ese fin y construyó un protocolo de atención en conjunto con víctimas de estos crímenes. Hasta ahora, la UIA ha realizado 14 eventos con 598 víctimas de violencia sexual y ha registrado 1,398 hechos de violencia sexual en su plataforma virtual, lo que podría sentar las bases para la apertura de un macro caso que investigue la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/hkZzLco-1.png512512Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-03-20 10:48:002020-07-02 10:59:36El ABC de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP
Uno de los retos centrales de la Comisión de la Verdad es que tanto las personas que brindan sus testimonios, como los entrevistadores que los reciben, cuenten con herramientas para manejar el impacto de estas historias a nivel emocional. Para la comisión, la importancia de los testimonios yace no sólo en la comprensión de la complejidad del conflicto armado interno del país, sino en el reconocimiento de las historias de víctimas y responsables a lo largo de los años. Así, el enfoque psicosocial busca dar respuesta a este reto, al integrar profesionales en los diferentes equipos que toman testimonios, con el fin de diseñar estrategias que promuevan la salud mental y el cuidado de los entrevistados y los entrevistadores antes, durante y después de la toma de testimonios.
El acompañamiento psicosocial cobra especial sentido para la diáspora colombiana, que ha vivido durante muchos años en otros países, en muchas ocasiones exiliados por causa del conflicto armado. La Comisión de la Verdad colombiana es pionera en incorporar los testimonios de ciudadanos colombianos que residen diversos países del mundo, incluida Europa. Por primera vez, una comisión de la verdad reconoce las voces del exilio a nivel mundial y las incorpora dentro del informe final. Hasta el momento, se han recibido 400 relatos en los más de 14 países que han participado.
En otros snapshots hemos contado sobre el rol de los nodos que se crearon en cada país para apoyar el trabajo de la comisión en cada territorio. En este snapshot reflexionaremos sobre la importancia del trabajo psicosocial con población en el exilio y los avances que se han hecho sobre este proceso, en particular en el Reino Unido.
¿Qué se está haciendo en Reino Unido?
En alianza con psicólogas y psicólogos expertos en trabajo psicosocial, así como el nodo Reino Unido e Irlanda y otras organizaciones no gubernamentales, Peter Drury, representante de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en el Reino Unido, ha venido trabajando en el diseño e implementación de la ruta de apoyo psicosocial para la toma de testimonios en este país. El eje central de la estrategia es construir relaciones de confianza entre los testimoniantes y los entrevistadores, a través de un acompañamiento riguroso a todas las fases del proceso.
El primer paso para promover el bienestar emocional de las personas que participan en el proceso con la Comisión de la Verdad es crear espacios seguros y de confianza para escuchar a los entrevistadores, sus dudas, tensiones y preocupaciones. El autocuidado es uno de los elementos centrales pues implica que las personas que escuchan a diario historias de personas que han sido directa o indirectamente afectadas por el conflicto armado, también necesitan espacios específicos para reflexionar sobre sus propias emociones. El 22 de Febrero de 2020 se realizó una primera sesión enfocada en autocuidado y manejo de emociones con profesionales de la salud encargados de dar herramientas prácticas a los 5 entrevistadores encargados de la toma de testimonios en el Reino Unido.
En el caso de las personas que brindan su testimonio, la estrategia (que se encuentra en proceso de construcción) está centrada en el acompañamiento antes, durante y después de que comparten su relato. El antes, está centrado en la preparación de las personas sobre las emociones que pueden surgir al contar su historia. Este proceso se realiza con los entrevistadores antes de iniciar el relato. Una vez la persona empieza a contar su historia, el entrevistador debe escuchar activamente tanto el relato oral, como su respuesta emocional. Así, después de la entrevista se pueden activar diferentes rutas:
Si la persona necesita un mayor acompañamiento individual, se pueden contactar con instituciones aliadas en Reino Unido que puedan proveer este tipo de servicios.
Si la persona quisiera compartir su historia con la comunidad de la diáspora colombiana, es posible construir talleres con grupos de testimoniantes, con el objetivo de construir piezas divulgativas o simbólicas sobre su proceso en la comisión de la verdad.
Algunas de estas iniciativas colectivas ya se han presentado en Colombia en los Encuentros por la Verdad. Esperamos que en el futuro este tipo de actividades puedan replicarse en Reino Unido.
Rodeemos el Diálogo valora los avances en acompañamiento psicosocial en la macro región exilio e invita a toda la comunidad colombiana en el exterior a considerar entregar sus testimonios antes de junio de 2020, fecha límite para su recepción por parte de los entrevistadores. Si desean mayor información no duden en contactarnos.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/borrar-1.jpg225225Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-03-09 10:37:242024-08-13 19:21:30La Comisión de la Verdad y la diáspora colombiana: apuestas desde el enfoque psicosocial
Este cuarto Snapshot de Reincorporación resalta el compromiso con la reconciliación de los ex integrantes de la guerrilla de las FARC-EP, tanto aquellos que pertenecen al partido político FARC así como los que hacen parte de otras colectividades. La implementación del Acuerdo de Paz tiene grandes desafíos para lograr su reincorporación a la vida civil. A pesar de estos desafíos, los esfuerzos que desde diferentes sectores se vienen haciendo son importantes para que el proceso de reincorporación siga adelante.
Compromiso de excombatientes de FARC-EP con la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las instituciones más importantes en la implementación del Acuerdo de Paz porque lucha contra la impunidad con una perspectiva de justicia restaurativa. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Paz, ha sido una de la instituciones más atacadas por los detractores del Acuerdo. En las últimas semanas fue objeto de críticas por la aceptación en primera instancia de la ex-guerrillera alias Mata Hari pudiera ser excarcelada para participar en la JEP, y por mantener el término “retención” utilizado por la FARC en sus relatos otorgados a la JEP, para referirse al secuestro. Algunos sectores políticos y de la opinión pública, en especial algunas víctimas, expresaron su indignación ante estos hechos.
No obstante, el Partido FARC ha reiterado su compromiso con la JEP, su deseo de ayudar a esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y su arrepentimiento frente a las víctimas, a quienes aseguran desean aclararles todas las dudas que tengan. Recientemente, declararon que iban a hacer pública su versión colectiva completa sobre los secuestros además de hacer actos públicos de reconocimiento. Esta decisión aporta al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, fortaleciendo además la reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP en sus comunidades.
Por su parte, la JEP se ha mantenido firme en el cumplimiento de su mandato. En días pasados, su presidenta – Patricia Linares – dijo que estas críticas, evidencian el avance de la JEP, ya que la sociedad está discutiendo sobre sus decisiones, y esto hace parte de la participación indirecta de la ciudadanía en la justicia transicional.
Comisión de la Verdad escucha a excombatientes de FARC-EP
El 9 de marzo de 2020, se realizó el primer espacio de escucha con los excombatientes y sus familiares, quienes pudieron relatar sus versión sobre hechos de violencia ocurridos en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz: amenazas, atentados y asesinatos a exintegrantes de las FARC-EP y líderes sociales de los territorios en donde los residen los primeros. Según el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas 173 excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Otros 14 han sido desaparecidos y 29 intentos de homicidios, siendo el 2019 el año más violento para los excombatientes.
Estos espacios aportan a la reconciliación, ya que permiten conocer otro lado de la historia, ese lado que por lo general la sociedad colombiana no conoce, esa otra realidad que ayuda a cambiar la imagen de los ex integrantes de las FARC-EP como simples asesinos o terroristas, y así mismo la visión dual de la guerra: víctimas y victimarios, buenos y malos, etc. Así mismo estos espacios sensibilizan a la ciudadanía frente a las dificultades de seguridad que tienen los excombatientes y sus familiares, y a la necesidad de brindarles a ellos la seguridad adecuada que contribuya de manera significativa a su reincorporación a la sociedad.
Retos: seguridad y coexistencia
El primer espacio de escucha resalta el reto persistente para la reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP: la seguridad. Un reto aún más complejo ahora, por los 2000 excombatientes que quieren contribuir a la consolidación de la paz pero no se sienten identificados con el Partido FARC. A ellos, se les debe garantizar la seguridad y la de sus familiares. Además es necesario proteger a los líderes de las comunidades donde viven estos excombatientes de las FARC-EP.
Por otra parte, los procesos de esclarecimiento y de justicia son complejos, están cargados de emocionalidad y de manera diferenciada tocan la sensibilidad de diversos sectores sociales. El gran reto para la sociedad colombiana es que, a través del diálogo sobre el pasado y la aceptación de responsabilidades por parte de quienes participaron en la guerra, logre emerger lo que la profesora Leigh Payne ha llamado “la coexistencia contenciosa” entre víctimas, responsables y otros sectores sociales.
Rodeemos el Diálogo valora el compromiso de los excombatientes de FARC-EP e invita a la sociedad colombiana reconocer su contribución ante los mecanismos de justicia transicional para ir pasando una de las páginas de la guerra.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/04/629760_11.jpg553553Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-03-01 10:14:512020-07-02 11:00:51El compromiso de excombatientes de FARC-EP con la JEP y la Comisión de la Verdad
El balance después de dos años y medio desde el inicio de la reincorporación de las FARC en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs) arroja datos preocupantes. Urge implementar acciones que fortalezcan los mecanismos de seguridad. De los más de 10,000 excombatientes registrados en 2017, actualmente solo el 26% están dentro de los ETCRs mientras que los demás han seguido distintas trayectorias de reincorporación dentro de las cuales destacan los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPRs), ubicados en zonas rurales con una fuerte presencia de grupos armados y economías ilegales. La dispersión de los excombatientes es el principal reto para la seguridad ya que no existe un marco jurídico para el despliegue de la fuerza pública fuera de los ETCRs. Este snapshot presenta las principales amenazas, la acción institucional y los desafíos en materia de seguridad para la reincorporación de las FARC.
Amenazas
En diciembre 2019, la Misión de la ONU registró 77 muertes de ex-combatientes durante 2019, siendo el año más violento desde la firma del acuerdo, con un total de 178 asesinatos, a los que se suman aproximadamente diez desapariciones y treinta intentos de homicidio. Particularmente preocupante son los asesinatos de Dimar Torres, en el Catatumbo (Norte de Santander) por parte de miembros del Ejército Nacional en abril 2019 y Alexander Parra, asesinado dentro del anillo de protección del ETCR de Mesetas (Meta) en octubre del mismo año. Estos crímenes incrementan la desconfianza en la fuerza pública y la percepción de inseguridad entre los excombatientes y las comunidades locales.
En enero 2020, a raíz del asesinato de César Herrera en Ituango (Antioquia), los excombatientes en proceso de reincorporación decidieron abandonar el ETCR en los próximos dos meses. La idea errada de que quienes dejan los ETCRs regresan a la armas influyen en el debate público de forma distorsionada y pone en riesgo a los ex-combatientes que se mantienen, a pesar de las dificultades, dentro del acuerdo de paz.
Acción Institucional
Existen avances en: la arquitectura institucional y normativa, la creación de mecanismos de coordinación y seguimiento, y el despliegue de los esquemas de protección estipulados en el acuerdo de paz. Hasta la fecha, la fuerza pública ha mantenido la seguridad alrededor de los ETCRs, a través de la Policía Nacional, el Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército y el programa Carpa Azul. En cuanto a los atentados, la Unidad Especial de Investigación reportó que el 80% están vinculados a organizaciones criminales. A pesar de los avances, con 21 casos en los que se han dictado condenas y 13 casos que se encuentran en la etapa de juicio, hay todavía grandes dificultades para desmantelar las estructuras detrás de esos asesinatos; solo 9 de los 67 sospechosos detenidos son autores intelectuales. La mayoría de los homicidios fueron atribuidos al Clan del Golfo, el ELN, el EPL y grupos disidentes de las FARC. Sin embargo, no hay una única explicación para los asesinatos y es un error atribuir el problema exclusivamente a los grupos armados ilegales. Como lo indica la Fundación Ideas para la Paz, los asesinatos deben ser leídos en un contexto más amplio donde confluyen los vacíos de regulación, la presencia de economías ilegales, y la incapacidad del Estado para proveer seguridad y justicia en amplias zonas del país.
El Ministerio de Defensa resalta que seguirá garantizando la seguridad alrededor de los ETCRs. No obstante, es importante que la seguridad llegue también a los NPRs y otras áreas donde la situación es aún más precaria adoptando los mecanismos existentes así como medidas no estrictamente militaristas.
Desafíos
Es necesario desmantelar las organizaciones criminales identificadas como las principales responsables de las agresiones contra excombatientes de las FARC. Para ello, se requiere enfocar los esfuerzos de seguridad en las zonas más críticas adoptando un enfoque que vaya más allá de las respuestas reactivas y que aborde la seguridad desde el territorio fortaleciendo las capacidades locales y la reincorporación comunitaria. La inseguridad de los excombatientesno se puede separar de las dinámicas de violencia y criminalidad que afectan por igual al resto de la población.
Rodeemos el Diálogo reconoce los resultados en el esclarecimiento de casos específicos, sin embargo, aún falta avanzar en investigaciones que logren identificar a los máximos responsables y los móviles detrás de estos asesinatos. Por tanto, es necesario abordar la seguridad de los excombatientes desde la perspectiva del territorio y su problemática política y socio-económica.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/AFP_1N543I_20191217200507-kDjB-U472663509893tkB-992x558@LaVanguardia-Web1.jpg558989Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-02-27 10:07:332020-07-02 11:01:35Seguridad y Reincorporación: amenazas, acción y desafíos
En septiembre de 2018 la Sala de Reconocimiento de la JEP decidió abrir un caso dedicado a la región del Urabá para investigar los responsables de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en entre 1986 y 2016. El macrocaso incluye un total de 10 municipios, seis de los cuales se encuentran en el departamento de Antioquia (Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba) y los 4 restantes en el departamento del Chocó (Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí).
Este macrocaso es el resultado de la articulación de diversos enfoques de priorización en la JEP. Un enfoque territorial determinado por la importancia de la región en el contexto del conflicto armado dada su ubicación geostratégica en conexión con el Golfo de Urabá; un enfoque diferencial basado en la presencia de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, y en el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre ellas; y un enfoque de género que se concentra en las victimizaciones sufridas por las mujeres.
¿Por qué se priorizó esta región?
El macrocaso se abrió con base en los informes presentados por instituciones como la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, entre ellas el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Corporación Reiniciar y la Ruta Pacífica de las Mujeres. Lo anterior permitió establecer aspectos determinantes para la priorización del caso, entre otros:
La región como un epicentro del conflicto armado, situación que la Sala considera como un hecho notorio, y actualmente como una zona de relevancia económica por diversos proyectos de infraestructura y agroindustriales, a lo que se suma fuerte presencia de narcotráfico.
La existencia de suficiente información disponible sobre las características y el impacto del conflicto armado en la región, lo que permitió establecer que al menos el 50% de los crímenes identificados están impunes.
La ocurrencia de un importante número de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, entre las cuales destaca el desplazamiento forzado, despojo de tierras y territorios, desapariciones forzadas, así como la persecución hacia organizaciones sociales (e.g. Comunidad de Paz de San José de Apartadó), sindicales, partidos políticos (UP) y otros colectivos.
MúltiplesResponsables
Este macrocaso difiere de otros abiertos por la JEP, ya que en este no predomina la responsabilidad de uno solo de los actores del conflicto. Según la información recibida por la Sala, las conductas fueron cometidas por la Fuerza Pública (Brigadas XV y XVII del Ejército Nacional) en conjunto con grupos paramilitares, pero también por las antiguas FARC-EP (Frentes 5, 34 y 57) quienes cometieron crímenes en su afán de controlar e influir en el territorio. Se estima que al menos el 42% de los presuntos responsables de los crímenes eran miembros de las FARC-EP y 8% miembros de la Fuerza Pública. Por lo tanto, este macrocaso es importante para avanzar de forma simultánea y equilibrada en el esclarecimiento de crímenes cometidos por los principales actores involucrados en el conflicto armado.
Avances
Se han rendido 14 versiones individuales y un total de 9 informes de la sociedad civil y de víctimas. El último de estos informes fue presentado en enero de 2020 por representantes del Consejo Comunitario Curbaradó, Departamento de Chocó, en el que se da cuenta de situaciones de desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos selectivos y amenazas de las que han sido víctimas las 24 comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario. También se destaca que entre la apertura del macrocaso en septiembre de 2018 y lo que va del 2020, alrededor de 5.000 personas de la región se han acreditado como víctimas. En septiembre de 2019 se presentó la primera acreditación colectiva: un total de 22 grupos, organizados bajo la figura de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en el Bajo Atrato chocoano, fueron acreditados como víctimas y tienen el derecho a participar en la investigación del caso.
Para hacer efectiva esa participación, la Sala decretó medidas cautelares a favor de comunidades indígenas y afrodescendientes del Bajo Atrato, pues se estaban presentando hechos de violencia con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas de la región conformaron una Comisión Mixta de Seguimientopara verificar el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares.
Rodeemos el Diálogo valora el esfuerzo de la JEP por atacar la impunidad en la región de Urabá, al investigar a los múltiples responsables y garantizar la participación de las víctimas a través de medidas cautelares que eviten que la violencia impida su participación.
Píldora de innovación
En este caso se construyó una ruta de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena con los pueblos del Urabá antioqueño y del Bajo Atrato. Esto permite que la labor de la JEP se desarrolle respetando las autoridades tradicionales en los territorios, y además fomenta la participación colectiva de los pueblos, respondiendo así de forma más adecuada a sus necesidades de verdad y justicia.
https://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2020/05/borrar-4.jpg19201484Rodeemos el Diálogohttps://rodeemoseldialogo.org/wp-content/uploads/2024/05/Logo-azul-espanol-300x270.pngRodeemos el Diálogo2020-02-20 11:58:002024-08-13 19:22:43Caso 004: Situación territorial en la región del Urabá
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